La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González, acusados por el homicidio de Ángel López, el niño de 4 años cuya muerte generó conmoción en la ciudad.

La medida fue dispuesta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención, en la que se evaluaron los elementos reunidos en la etapa inicial de la investigación. El magistrado fundamentó la decisión en los riesgos procesales, principalmente la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la causa.

Según expuso la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones, la autopsia preliminar determinó la presencia de traumatismos craneales múltiples, lo que descartaría un hecho accidental.

En ese sentido, el juez sostuvo que “se puede afirmar con la certeza que requiere esta instancia que los golpes no fueron producto de una situación accidental” y remarcó que ambos imputados estaban a cargo del cuidado del menor al momento del hecho.

La calificación legal distingue los roles: González fue imputado por homicidio simple, mientras que Altamirano enfrenta una acusación más grave, por homicidio agravado por el vínculo y omisión.

Durante la audiencia surgió una fuerte controversia a partir de un planteo de la defensa, que señaló que los más de 20 golpes detectados en la cabeza del niño podrían ser compatibles con “coscorrones”, una afirmación que fue cuestionada por la fiscalía.

En paralelo, los investigadores buscan determinar distintos aspectos del entorno familiar, entre ellos si el padrastro practicaba artes marciales, un dato que podría ser relevante para reconstruir la mecánica de las lesiones.

El fiscal Oribones indicó que el objetivo es completar la investigación dentro del plazo de seis meses fijado por la Justicia.

En el transcurso de la audiencia, González declaró ante el juez y aseguró que tanto él como Altamirano son inocentes. “También queremos saber qué pasó”, expresó.

Sin embargo, el momento más tenso se vivió hacia el final, cuando el padre del niño, Luis López, increpó a los imputados y los acusó de ser responsables del crimen.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos meses se profundicen las pericias y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

“Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”, fue uno de los primeros mensajes que Máximo U., de 18 años, le envió a un joven conocido que había realizado un posteo en Instagram pidiendo Justicia por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.

Esto fue expuesto por la fiscal Rosana Peresín este jueves por la mañana, cuando ante el juez penal Leandro Lazzarini atribuyó al recientemente mayor de edad la autoría de “amenazas coactivas”.

La audiencia se realizó en la sala 7 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en las vísperas de una imputación sobre la que hay grandes expectativas. A las 11, el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, endilgará un delito a la única adulta detenida en el marco de la investigación del homicidio triplemente calificado.

La fiscalía sostuvo que Máximo U., hermano mayor de uno de los adolescentes imputados por el homicidio que no será juzgado por tener menos de 16 años, profirió una serie de amenazas a otro joven a través de su perfil de Instagram, luego de haber visto que la víctima había pedido Justicia por Jeremías.

Los primeros mensajes datan del 22 de enero, pasadas las 17: “Ey guacho; queres que te rompa la cabeza; dejá de subir gilada; porque ya te busco; mi hermano va a pagar lo que hizo; pero por giles como vos casi la ligan mis hermanitos me entendiste”. Le dijo que le dispararía y luego comenzó a llamarlo.

Horas más tarde, por la noche, retomó la seguidilla de mensajes intimidatorios: “¿y, no contestás? Arrugaste cagón”. También lo llamó.

Al día siguiente, Máximo U. continuó con el amedrentamiento, todo con el objetivo de obligar a la víctima a bajar los posteos y reposteos que había realizado el 22 de enero.

La fiscal Peresín pidió que se fije audiencia de medidas cautelares para este viernes, cuando solicitará la prisión preventiva y discutirá con el defensor particular Martín Durando el futuro procesal del imputado.

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.

Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser juzgados.

El Litoral

La Justicia confirmó este lunes el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos comerciales vinculados a las marcas del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución también alcanzó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla; a Sergio Alejandro Garmendia, quien se desempeñó como administrador designado; a la escribana Sandra Iampolsky y a las hermanas del Diez Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, todos ellos imputados en el mismo expediente.

Además, los jueces confirmaron la aplicación de un embargo preventivo por 2.000 millones de pesos. Según detalla el fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el monto fue calculado teniendo en cuenta las utilidades generadas por la explotación de las marcas de Maradona, la cotización de las divisas, la variación por el paso del tiempo y una eventual indemnización, además de las costas judiciales y honorarios profesionales.

El procesamiento había sido dictado en septiembre de este año, pero tanto Morla como el resto de los involucrados habían presentado apelaciones y recursos con el objetivo de revertir la medida. Finalmente, los magistrados Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron esos planteos y ratificaron lo resuelto en primera instancia.

La causa fue iniciada por Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, quienes aportaron documentación que incluiría movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales. De acuerdo a la investigación, esos fondos estarían vinculados a acuerdos comerciales celebrados bajo la marca de su padre y habrían beneficiado al entorno de Morla.

El expediente vuelve a colocar al abogado en el centro de las sospechas judiciales sobre el entramado económico y legal que rodeó el manejo del legado comercial de Maradona durante sus últimos años de vida. En ese esquema también aparece Pomargo, quien convivía con el exjugador en la casa de Tigre y estuvo presente el día de su fallecimiento.Por su parte, Garmendia figura como uno de los responsables del control de contratos y derechos comerciales, mientras que la inclusión de las hermanas de Maradona en la causa expone la complejidad y los conflictos internos vinculados a la herencia simbólica y económica del ídolo.

En términos legales, Morla, Pomargo y Garmendia quedaron procesados como coautores de los delitos de defraudación y administración fraudulenta, mientras que Rita y Claudia Maradona, junto a Sandra Iampolsky, fueron imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito. La confirmación del procesamiento profundiza así el conflicto judicial entre los herederos del Diez y el círculo que lo rodeó en la etapa final de su vida.

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula dirigencial de la entidad por la presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social, en una causa cuyo monto investigado asciende a más de 19.000 millones de pesos.La imputación surge a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inicialmente había señalado a Tapia como responsable de las maniobras en su carácter de presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal.        Sin embargo, el fiscal consideró que la estructura institucional y societaria de la entidad obliga a extender la investigación al resto de los integrantes de la comisión directiva.

En ese marco, el dictamen menciona de manera expresa a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, todos miembros de la conducción de la AFA. Toviggino, además, ocupa el cargo de tesorero del organismo que nuclea a los clubes del fútbol argentino.La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y fue incorporada al expediente por una presunta infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Tanto en la presentación original como en su ampliación, ARCA acusa a la AFA de haber retenido impuestos y contribuciones previsionales que no fueron ingresados dentro de los plazos legales, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° de la normativa vigente.

Según el organismo recaudador, la AFA actuó como agente de retención, descontando tributos y cargas sociales a terceros, pero utilizó esos fondos para financiarse, sin realizar los depósitos correspondientes. En una primera estimación, el monto involucrado rondaba los 7.500 millones de pesos, pero una ampliación posterior elevó la cifra tras detectar nuevos períodos y conceptos tributarios no ingresados.De acuerdo al último informe, al que tuvo acceso la prensa, las nuevas irregularidades detectadas suman 11.759 millones de pesos, lo que eleva el monto total denunciado a $19.353.546.843,85. El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social.

ARCA sostuvo que existió dolo, al considerar que la AFA conocía su rol como agente de retención y contaba con la capacidad operativa para cumplir con las obligaciones fiscales. En ese sentido, el organismo encuadró la conducta dentro de la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen los tributos retenidos en los plazos establecidos.La agencia solicitó al juzgado a cargo de Diego Amarante que cite a declaración indagatoria a Tapia y a los demás responsables, y pidió que se aplique la pena máxima prevista por la ley.

Otras causas en cursoEsta investigación es una de las tres causas judiciales que actualmente involucran a las autoridades de la AFA. Las restantes están vinculadas a los negocios de la financiera Sur Finanzas, relacionada con Ariel Vallejo —cercano a Tapia—, y a una lujosa propiedad en Pilar que estaría a nombre de presuntos testaferros vinculados a Toviggino.

La causa de Sur Finanzas tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, bajo la órbita de la fiscal Cecilia Incardona, e investiga presuntas irregularidades financieras entre la AFA, clubes del fútbol argentino y dicha firma. En ese expediente se realizaron allanamientos en 18 clubes, entre ellos San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, además de la sede de la AFA y domicilios relacionados con la financiera.

En paralelo, la Justicia avanza en la investigación por una quinta de lujo en Pilar, que cuenta con helipuerto y haras, adquirida por un monotributista y una jubilada. La sospecha es que se trataría de prestanombres dentro de un presunto esquema de lavado de activos. Ambos deberán prestar declaración en los próximos días.

La Justicia imputó este miércoles por lavado de dinero a Foster Gillett y Guillermo Tofoni, dos empresarios con fuerte presencia en el fútbol argentino y cercanos al presidente Javier Milei, según pudo confirmar Doble Amarilla a través de fuentes judiciales.La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, que ya dispuso una serie de medidas de prueba. Entre ellas, se destacan pedidos de información a Estudiantes de La Plata y a otros clubes vinculados a las operaciones bajo análisis, además de la revisión de movimientos de las empresas Grupo Gillett y World Eleven.Gillett, empresario estadounidense, desembarcó en la Argentina de la mano de Tofoni y tuvo como principal puerta de entrada a Estudiantes, donde anunció una inversión cercana a los 150 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de esos compromisos económicos nunca se materializaron en los términos inicialmente planteados.El arribo de Gillett al fútbol local se dio en un contexto político y económico particular, marcado por el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En ese escenario, el empresario mantuvo conversaciones con distintas instituciones y avanzó en un principio en un esquema de asociación con el club platense que presidía Juan Sebastián Verón.No obstante, ese proyecto nunca llegó a concretarse a nivel institucional. Desde Estudiantes reconocieron que el plan de inversión —que incluía no solo al plantel profesional sino también obras de infraestructura— quedó trunco, en parte por la falta de un marco legal claro.

Operaciones fallidas y conflictos en el mercado de pasesEl primer desembolso concreto de Gillett se dio a fines de año, cuando Cristian Medina arribó a Estudiantes tras el pago de los 15 millones de dólares de su cláusula de salida de Boca. Sin embargo, lejos de allanar el camino, la intervención del empresario derivó en una serie de negociaciones frustradas y promesas incumplidas.En ese contexto, sonaron nombres de peso como Rafael Santos Borré, Valentín Barco, Luciano Acosta, Sebastián Driussi, Gerónimo Rulli y Joaquín Correa, entre otros. Finalmente, solo se concretó la llegada de Ezequiel Piovi, cuyo pase debió ser abonado por el propio Estudiantes ante los problemas financieros de Gillett en el exterior.

El caso Valentín Gómez y la expansión del conflictoLos inconvenientes no se limitaron a Estudiantes. Durante el último mercado, Valentín Gómez quedó envuelto en una compleja situación luego de que Vélez acordara su venta al grupo inversor por 8,5 millones de dólares, con destino al Udinese.La operación nunca se pagó, el defensor no pudo ser inscripto en Italia como jugador libre y el pase terminó cayéndose, dejando al futbolista en un limbo contractual y deportivo.Con este panorama, la imputación por lavado de dinero abre un nuevo capítulo judicial que pone bajo la lupa las inversiones privadas en el fútbol argentino, sus vínculos políticos y la falta de controles en operaciones millonarias que, en muchos casos, quedaron solo en promesas.

Lo que parecía un episodio menor dentro de un maxikiosco familiar terminó convirtiéndose en el comentario obligado de todo barrio Las Mercedes, en Recreo. Todo comenzó cuando una comerciante revisó las cámaras de su local y asegura haber descubierto que un vecino —que además trabaja como movilero para un canal santafesino— habría aprovechado una visita para llevarse golosinas sin pagar.

La Policía ya tomó intervención y la situación, que comenzó como una simple sospecha, ahora quedó formalmente asentada en una causa por hurto.

Paula, de 46 años, dueña de un kiosco ubicado en Ghandi al 1800, revisó las cámaras de seguridad del comercio durante la mañana del miércoles. Según su denuncia, allí observó a un vecino, conversar distendidamente dentro del local mientras, en simultáneo, ocultaba discretamente caramelos y otras golosinas entre sus prendas.

El episodio habría ocurrido el día anterior, pero recién quedó expuesto cuando la mujer miró las grabaciones completas.

“Entró a charlar como cualquier cliente, pero mientras hablaba iba guardando cosas”, relató en sede policial. Tras la maniobra, el sospechoso se retiró sin abonar nada.

A las 08.50 del jueves, la mujer formalizó su denuncia en la comisaría correspondiente. El hecho fue caratulado como Hurto, intervino el ETAF y se dio aviso al fiscal en turno, para avanzar con los pasos procesales habituales.

La Policía dejó constancia de la acusación y tomó nota del material fílmico que respalda la versión de la víctima. No se descarta que sean convocados testigos o que se requieran las cámaras para anexarlas al expediente.

El señalamiento recayó sobre un rostro conocido de la zona. El hombre en cuestión, movilero de un canal local, ya había quedado envuelto tiempo atrás en una causa judicial vinculada a presuntas irregularidades en la organización de un bingo solidario. Esa investigación continúa abierta.

El nuevo episodio avivó el comentario en el barrio y entre vecinos que reconocieron al sospechoso en las imágenes.

Tras la denuncia, algunos frentistas de Las Mercedes comentaron que reforzarán la vigilancia en sus propios comercios. No solo por el episodio puntual, sino por la preocupación que genera el hecho de que una persona conocida en la comunidad y con exposición pública esté involucrada en este tipo de maniobras. “Si pasa con alguien que ves todos los días, imaginate con el resto”, lamentó una vecina.

"Esta ciudad se caracterizó siempre por ser un lugar amable y tranquilo. No nos gusta la inseguridad. Y hechos como éste alteran la paz del lugar", cerró otro vecino.

EL 

Este viernes por la mañana, un hombre identificado con las iniciales I.S.R., de 33 años, fue imputado como autor del brutal homicidio de José Ricardo Cejas, reconocido peluquero santafesino asesinado el pasado domingo 27 de abril en su vivienda y lugar de trabajo, ubicada en calle Francia al 3400. La audiencia se desarrolló en tribunales, donde el fiscal Carlos Lacuadra formalizó la acusación por el delito de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito o lograr impunidad.

La víctima, conocida en el ambiente como un profesional respetado, fue hallada sin vida dentro de su casa, en el mismo predio donde atendía a sus clientes. El caso generó conmoción en el barrio y entre colegas del estilista.

Según detalló el fiscal durante la audiencia, todo ocurrió alrededor de las 2:19 de la madrugada. El acusado tocó el timbre de la vivienda, que funcionaba como peluquería al frente y domicilio en la parte trasera. Fue el propio Cejas quien abrió la puerta, momento en que fue atacado de forma sorpresiva y violenta.

“La agresión se produjo en el hall de ingreso y fue letal. La víctima murió en el acto producto de múltiples heridas”, precisó Lacuadra ante el juez Pablo Spekuljak.

Una vez cometido el crimen, el atacante sustrajo dinero de la caja registradora, el teléfono celular de la víctima y prendas de vestir, algunas de las cuales utilizó para disfrazar su salida del lugar. Fue visto a las 3:12 caminando por calle Francia hacia el norte, vistiendo ropa de Cejas.

Uno de los elementos clave para identificar al agresor fueron las cámaras de seguridad aportadas por vecinos. En esas imágenes se lo observa saliendo del domicilio y descartando una bolsa negra en un cesto de residuos. Esa bolsa contenía pertenencias de Cejas, lo que permitió reforzar las pruebas en su contra.

La secuencia grabada fue determinante para reconstruir el hecho y ubicar al imputado en la escena del crimen antes, durante y después del ataque.

Para el Ministerio Público de la Acusación, la figura del homicidio criminis causa es clara: matar para asegurar el éxito de otro delito. En este caso, el robo.

“La evidencia reunida hasta ahora nos permite sostener esa calificación legal. Sin embargo, la investigación continúa y no se descartan otras hipótesis”, sostuvo Lacuadra.

La fiscalía solicitó la audiencia de medidas cautelares para el próximo martes, donde se debatirá el futuro procesal del acusado. El fiscal ya adelantó que pedirá la prisión preventiva de I.S.R., al considerar que existen riesgos procesales si continúa en libertad.

Mientras tanto, familiares, amigos y clientes de José Cejas continúan exigiendo justicia por el crimen que estremeció a toda la comunidad.

Este martes se esperaban novedades en torno al hallazgo de un cuerpo, en zona rural de la localidad de Progreso, y que todo indicaría que se trata del policía Cristian Abrigo, desaparecido el viernes 28 de febrero en circunstancias que están siendo investigadas por la Justicia santafesina.

Mientras aguardan el resultado de la autopsia, ordenada a los peritos del Equipo Médico Forense local; los fiscales de las unidades de Delitos Complejos -María Laura Urquiza- y de Homicidios -Andrés Marchi-, citaron a los familiares del hombre buscado para el reconocimiento del cuerpo.

En tanto, ambos funcionarios judiciales continúan trabajando en lo que será la audiencia de atribución imputativa, cuyo plazo máximo vence el viernes de esta semana y que por el momento tendrá a dos hombres que se encuentran detenidos.

Luciano S. y Fernando Gabriel C. -este último, también policía de la provincia-, permanecen detenidos desde el viernes 7 de marzo, sospechados de haber cometido el delito de “privación ilegítima de la libertad”, al cual dadas las circunstancias del caso, se sumará el de “homicidio”.

Lo que no fue definido aún es si la audiencia se limita a la imputación fiscal o si además tendrán tratamiento las medidas cautelares, donde se espera que el Ministerio Público de la Acusación reclame la prisión preventiva.

En cuanto al hallazgo del cadáver, fuentes del caso deslizaron que se encontraba enterrado, aunque no precisaron detalles. Asimismo, se conoció que gracias a la labor de un perro rastreador del Organismo de Investigación (OI) fue hallada un arma de fuego de puño, también enterrada, por lo que no se descarta que Abrigo haya sido víctima de una ejecución.

Cristian Abrigo, de 38 años, fue visto por última vez el mediodía del viernes 28 de febrero, cuando tras recibir una llamada salió de su casa del barrio La Esmeralda para encontrarse con una persona que lo esperaba en la esquina, en un auto.

Para los investigadores, desde allí se dirigieron a la localidad de Progreso, 75 km al noroeste de la ciudad capital. Se cree que fue Luciano S. quien lo trasladó y más tarde se les unió Fernando Gabriel C., quien cuidaba o administraba un campo en la zona.

A ambos les secuestraron 4 teléfonos celulares, cuyos peritajes habrían sido clave para orientar la búsqueda en el mencionado predio rural.

Cabe recordar que el teléfono de Abrigo permaneció encendido al menos una semana después de que sus familiares denunciaran la desaparición, por lo que en un principio se pensó que podría estar con vida.

EL

El simpatizante, de 51 años, fue incriminado por los delitos de 'Lesiones leves dolosas agravadas por ser cometidas en un espectáculo deportivo', atribuidos por el Fiscal Dr. Fernando Dalmau.

El futbolista de Peñarol de Uruguay, Maximiliano Olivera, fue agredido con un objeto lanzado por un simpatizante de Rosario Central, en el partido correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El hecho ocurrió en el Estadio Gigante de Arroyito y la Justicia imputó al agresor.

En una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el hincha de 51 años fue incriminado por los delitos de Lesiones leves dolosas agravadas por ser cometidas en un espectáculo deportivo en concurso real con el delito de promoción de tumultos y desórdenes públicos, atribuídos por el Fiscal Dr. Fernando Dalmau.

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El fanático quedó en libertad pero deberá cumplir una serie de restricciones: fijar residencia, la entrega de un vehículo por un valor de $12.000.000 como caución, fijar domicilio en la ciudad de Rosario, restricción de ingresar a cualquier tipo de evento y/o espectáculo deportivo en Argentina por un plazo de 2 años, firma semanal en la oficina de gestión judicial y prohibición de salir del país sin previa autorización, sumado a la entrega del pasaporte.

El jugador del ‘Aurinegro’ sufrió un corte en debajo del ojo izquierdo y, una vez que llegó a las duchas, se habría desvanecido. Esta situación derivó en un trasladado de urgencia al sanatorio para que le realicen una tomografía y el cierre de la herida con varios puntos de sutura, ya que el pómulo estaba expuesto.(DA)

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la instrucción de la causa, resolvió imputar al exfuncionario por omisión de los deberes de funcionario público, el mismo delito que ya pesa sobre el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama.

El exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, fue imputado por el presunto delito de "omisión de los deberes de funcionario público" en la causa que investiga la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la capital de Córdoba, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la instrucción de la causa, resolvió imputar al exfuncionario por el mismo delito que ya pesa sobre el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama.

El fiscal resolvió las imputaciones a los efectos de determinar si conocían, y no denunciaron, los casos de muertes sospechosas que estaban ocurriendo en ese nosocomio público provincial.

Hasta el momento suman siete los imputados desde que comenzó la investigación judicial ya que las acusaciones también alcanzan a la exdirectora, Liliana Asís; a las ex jefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".

En tanto, la única detenida, y sobre quien pesa el cargo más grave, es la enfermera Brenda Agüero (de 27 años), quien enfrenta la calificación legal de “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, también en grado de “tentativa” por los bebés sobrevivientes y “falsedad ideológica”.

Según la investigación preliminar de la causa, que aún permanece con secreto de sumario, Agüero está sindicada como sospechosa de inocular intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés, lo que luego le ocasionó la muerte.

También se investiga ocho casos de bebés que habrían sido inoculados con las mismas sustancias y sobrevivieron, que es lo que motivó que la enfermera también fuera acusada por ‘homicidio en grado de tentativa”.

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La investigación judicial

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, debió renunciar el 25 de agosto y fue imputado tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.

En su lugar asumió Gabriela Barbás, quien estaba al frente de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de esa cartera.

En una causa conexa la justicia investiga si algún funcionario judicial también había sido notificado sobre las muertes sospechosas de los bebés y no actuó al respecto.