El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes, ingresa esta semana en su tramo decisivo. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto luego de casi cuatro meses de debate.

El proceso comenzó el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya acumuló 30 audiencias, con testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación vinculada al estado del buque y al desarrollo de su última navegación.

Este lunes será el turno de los alegatos de las defensas. Una vez cumplida esa instancia, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras y el tribunal podría anticipar su decisión el miércoles. En caso de dictarse el veredicto, los fundamentos de la sentencia se conocerían aproximadamente un mes después.

Los cuatro acusados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, exoficiales de la Armada Argentina. Están imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

El juicio busca determinar si existieron responsabilidades penales en relación con el estado, la operación y las decisiones vinculadas al submarino durante su última misión.

La fiscalía ya concluyó sus alegatos con pedidos de condena que van desde los cinco años hasta los tres años y seis meses de prisión. Además, en algunos casos solicitó inhabilitación especial perpetua.

Durante la etapa acusatoria, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide.

También pidieron cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso, y tres años y seis meses de prisión para Correa.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y plantearon que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad penal.

Las defensas cuestionan que no se haya determinado con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones atribuidas a los acusados y el siniestro.

El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, de manera subsidiaria, la absolución, al sostener que “no son conocidas las causas del estrago”.

Por su parte, las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa anticiparon que objetarán la falta de explicación sobre cómo los supuestos incumplimientos habrían incrementado el riesgo y se habrían vinculado con la última navegación del submarino.

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017. Llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar de un ejercicio antisubmarino y luego de una patrulla de control de pesca ilegal.

El 15 de noviembre de 2017, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se había registrado esa misma mañana, a las 7:19.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, quienes cerrarán el debate tras escuchar las últimas palabras de los acusados.

Cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I (URI) fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por vejaciones en contra de la misma víctima.

          Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Ezequiel Hernández, ante la jueza Cecilia Labanca, en una audiencia desarrollada ayer a la tarde en los tribunales de la capital provincial.

          El fiscal remarcó que “los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento”. Al respecto, indicó que “los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta”.

          Los uniformados del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, cuyas iniciales son LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. Por otra parte, las iniciales del agente de Infantería son JCB.

Agresiones sucesivas

          Hernández relató que “minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero de este año, los imputados de iniciales LGA y MGD fueron hasta las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú, a raíz de que se había pedido presencia policial porque González padecía una crisis subjetiva”.

          “Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”, aseveró el fiscal. “Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas”, sostuvo y agregó que “luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.

          El fiscal también indicó que “los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos”. También mencionó que “un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor”.

           “Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás”, afirmó Hernández. “Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”, manifestó. “Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta”, precisó.

          “Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo”, especificó el fiscal. “A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios”, puntualizó.

          “Más tarde, fueron a la sede de Medicina Legal, en 1° Junta al 2.800, y luego hasta la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7.300”, expuso Hernández. “En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud”, detalló.

          Finalmente, subrayó que “unas horas después, la víctima falleció como consecuencia del accionar delictivo de las personas investigadas”.

Delitos

          A los cinco policías del Comando se les endilgó la coautoría de tortura seguida de muerte. Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas (por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima).

          En tanto, el hombre de iniciales FSA es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

Medidas cautelares

          La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se desarrollará el próximo miércoles, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, el fiscal adelantó que solicitará que las seis personas imputadas transiten el proceso judicial en prisión preventiva.

Personal de la Sección Robos y Hurtos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente de la Región 5 – Rafaela, llevó adelante tareas investigativas en el marco de una causa por robo en una vivienda, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Doro.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 2 de mayo en una vivienda de la ciudad de Rafaela. Según se informó, un individuo ingresó al inmueble y sustrajo un televisor LED de 32 pulgadas, mientras otro sujeto aguardaba en el exterior a bordo de una bicicleta.

A partir de distintas diligencias, los efectivos lograron establecer la presunta participación de A. G. Z. y B. B. en el hecho investigado.

Con los elementos reunidos y los recaudos legales correspondientes, personal de la PDI realizó allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, donde se secuestró una prenda de vestir de interés para la causa.

Por disposición de la fiscal interviniente, A. G. Z. fue notificado de la causa mientras permanecía detenido por otro expediente judicial.

En tanto, el pasado 31 de mayo fue detenido B. B., quien posteriormente también fue notificado de la imputación.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia y a la espera de la audiencia imputativa correspondiente.

En la tarde noche del martes, el fiscal Carlos Koguc imputó a Luis Daniel Quintana, Juan Cruz Esquivel, Etelvina Silva, Carmen Patricia Lugo y Emanuel Jesús Pared (exfuncionario policial de la PAT Rosario) por dos episodios de abigeato ocurridos en zona rural de la ciudad de Vera, en perjuicio del productor Julio Dante Thomas. La audiencia estuvo presidida por el juez Sergio Olivera.

El primero de los hechos imputados ocurrió el 13 de agosto de 2025 en el paraje La Concordia, a 4 kilómetros al norte de Vera.

Según la acusación, Quintana y Esquivel maniataron un ternero de unos 150 kilos, pelaje pampa colorado e identificado con caravana, que se encontraba en el corral junto a otros 38 animales, y lo cargaron en la caja de una camioneta para transportarlo.

Emanuel Pared fue condenado el 29 de mayo de 2023 por encubrimiento agravado en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de 3 años de ejecución condicional e igual plazo de inhabilitación efectiva para ejercer la función policial.

Mientras tanto, Pared, Silva y Lugo se desplazaban en un Fiat Palio gris (dominio LLQ 713), haciendo de “campana” y comunicándose por handy con los otros imputados. Para ingresar al predio, los acusados rompieron el candado del portón de ingreso.

Este hecho fue calificado como abigeato doblemente calificado, por haberse concretado mediante la ruptura de candado y por la participación de varios sujetos activos.

En tanto, el segundo atribuido a la banda se produjo el 21 de julio de 2025 en el establecimiento Las Turquitas, también propiedad de Thomas, ubicado a 2,5 km de Vera.

Allí, de acuerdo al relato del fiscal, los acusados faenaron una vaca preñada de unos 450 kilos, pelaje colorado pampa e identificada con caravana interna.

En el lugar dejaron la cabeza del animal sin cuerear y se llevaron el resto del cuerpo. Durante un allanamiento en el domicilio de Etelvina Silva se secuestraron trozos de cuero que, según pericia veterinaria, pertenecían a la vaca sustraída. En el mismo procedimiento se incautó el Fiat Palio, en cuyo baúl se hallaron restos de sangre vacuna.

Este hecho fue caratulado como abigeato agravado por la participación de dos o más personas.

La Fiscalía detalló que se cuentan con actas de procedimiento, entrevistas a testigos, informes veterinarios, allanamientos positivos, secuestro de elementos y pericias que vinculan directamente a los imputados con ambos hechos.

Actuaron como defensores el abobado Guido Fernández, en representación de Esquivel, y el Luis Pérez, de la Defensa Pública, por el resto de los imputados.

Trece policías de Rosario y cuatro civiles serán imputados este martes en la causa por la malversación de $45 millones en recursos en la carga de combustible de los patrulleros. A su vez, se espera que se dé a conocer información obtenida de la caja negra del área de seguridad para saber las maniobras de los involucrados.

A partir de las 8.00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario se espera que todos los implicados se presenten en la audiencia donde se confirmará el detrás de la investigación, la cual comenzó hace 10 meses.

Los agentes acusados son Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B., Gerardo R., Juan Pablo O., Sergio Darío L., Fabián F., Jorge D., Fernando C., Mario B., Javier A. y Rodrigo D.

Mientras que los civiles, pertenecientes a la estación de servicio utilizada para la malversación de fondos y que se encuentra clausurada, son Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R.

Todos los involucrados en la causa serán imputados por los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

La investigación se dio a conocer hace más de una semana cuando el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal José Luis Caterina realizaron una conferencia de prensa donde revelaron que se hicieron 36 allanamientos donde se lograron varias detenciones por el robo de $45 millones, sobre un total de $380 millones asignados mensualmente al patrullaje.

Con el avance de la pesquisa, las autoridades provinciales dictaminaron que, pese a que no están sospechados en esta causa, el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi, fueran desplazados de sus cargos.

NA

El Comité de Ética y Disciplina de la confederación europea decidió abrir una procedimiento contra el mediocampista y el delantero. Ambos, durante los festejos por la obtención de la Eurocopa por parte de España, cantaron por el territorio ubicado en el extremo sur del la península ibérica.

La UEFA abrió este martes un procedimiento disciplinario contra los jugadores de la selección española Álvaro Morata y Rodri por su comportamiento durante una celebración de la Eurocopa 2024 en Madrid.

Los jugadores cantaron "Gibraltar es español" el 15 de julio, el día después de ganar la competición continental con una victoria por 2-1 sobre Inglaterra en Berlín, en una acto público en la capital española. Cabe destacar que Gibraltar es un territorio británico situado en el extremo sur de España.

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La Asociación de Fútbol de Gibraltar presentó una queja formal a la UEFA por el cántico, y la UEFA designó a un inspector de ética y disciplina para evaluar si infringía la normativa: "Se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para evaluar una posible violación del reglamento disciplinario de la UEFA por parte de los jugadores Rodrigo Hernández Cascante y Álvaro Morata en el contexto de la conducta ocurrida durante la presentación pública del trofeo del Campeonato de Europa de la UEFA 2024 en Madrid el 15 de julio de 2024. Se dará más información sobre este asunto a su debido tiempo", explicó el ente por entonces.

Los cargos contra Rodri y Morata incluyen la violación de las normas básicas de conducta decente, los principios generales de conducta, la utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y el desprestigio del deporte del fútbol, informó el organismo rector del fútbol europeo.