El Gobierno nacional comenzó a evaluar las propuestas de los sectores productivos y de la industria semillera para avanzar en una eventual modificación de la Ley de Semillas, con el objetivo de definir uno de los puntos centrales del debate: quiénes deberán pagar por el uso propio de semillas y quiénes podrán mantener ese derecho sin costo.

La discusión se desarrolló durante una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura, donde participaron funcionarios nacionales, representantes de la Mesa de Enlace y referentes de la industria semillera.

Del encuentro formaron parte el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, junto a representantes de distintos sectores vinculados a la producción.

El eje principal del intercambio estuvo puesto en el equilibrio entre el derecho de los productores a guardar semilla para futuras campañas y la necesidad de reconocer económicamente el trabajo de quienes desarrollan nuevas variedades y tecnologías aplicadas al agro.

Tras escuchar las distintas posiciones, el Ejecutivo analizará la información recibida y avanzará en la elaboración de un proyecto de ley.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, señaló que la reunión tuvo un resultado positivo y destacó que, aunque existen diferencias entre productores y obtentores, se logró mantener un espacio de diálogo.

“Representantes de los productores y de los obtentores mantuvieron una reunión con la presencia de autoridades del Gobierno nacional. El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias”, expresó.

Magnano explicó que ahora será el Gobierno quien evalúe las propuestas planteadas y que antes de avanzar con una iniciativa formal volverá a convocar a los sectores involucrados.

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la definición del alcance del denominado uso propio, que permite a los productores conservar parte de la cosecha para volver a sembrarla.

Durante las reuniones previas, las partes coincidieron en utilizar la información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) como una posible herramienta para establecer criterios. El sistema permite conocer datos como superficie sembrada y producción, y clasifica a los productores según su escala.

La propuesta en análisis apunta a utilizar esa información para determinar qué productores podrían continuar utilizando semilla propia sin pagar nuevamente por la tecnología y cuáles deberían abonar una compensación económica. Sin embargo, todavía no existe acuerdo sobre los límites concretos.

Desde las entidades agropecuarias plantean que los productores de menor escala deberían conservar el beneficio del uso propio gratuito, mientras que los establecimientos de mayor tamaño podrían quedar alcanzados por un esquema de pago.

Por su parte, la industria semillera trabaja sobre una propuesta que busca establecer excepciones comenzando desde los productores más pequeños hacia arriba.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó la importancia del diálogo y señaló que continuará trabajando junto a las entidades del sector para construir una posición común.

La entidad consideró que una eventual reforma debe contemplar consenso, equilibrio, previsibilidad y reglas claras, combinando el impulso a la innovación tecnológica con la realidad productiva y los derechos de los agricultores.

La Federación Agraria Argentina (FAA) no participó del encuentro por cuestiones de agenda, debido a la realización de su Congreso Anual Ordinario en Rosario.