El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. La resolución declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la normativa. El fallo cuestionó la frase que condicionaba la aplicación de la ley a que el Congreso definiera las fuentes de recursos y las partidas presupuestarias correspondientes. Según el magistrado, el decreto funcionó como una herramienta para detener una ley ratificada por el legislativo tras el rechazo de un veto presidencial.

El conflicto se originó a mediados de 2025, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.795. Tras el veto inicial mediante el Decreto 647/2025, ambas cámaras insistieron con los dos tercios de los votos, obligando al presidente Javier Milei a promulgarla. Sin embargo, el Ejecutivo incorporó una salvedad en el decreto de promulgación que suspendía su ejecución material.

La UBA denunció un escenario de asfixia financiera, señalando que la falta de actualización presupuestaria durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación defendieron la legalidad del decreto, argumentando que la implementación de la ley demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

En su sentencia, el juez Cormick desestimó los planteos estatales y señaló:

El Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones.

El magistrado consideró irrazonable que el Ejecutivo pretendiera otorgar mayor jerarquía a leyes generales del pasado por sobre una ley especial y posterior.

Finalmente, el fallo homologó acuerdos paritarios firmados el 10 de junio pasado, que incluyen una actualización salarial del 24,33% y una partida especial de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Con esta decisión, la justicia ratificó la plena vigencia de la ley y ordenó al Ejecutivo dictar las medidas necesarias para asegurar el flujo de fondos.