El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa orientada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.Al respecto, el funcionario explicó que “hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

 En el procedimiento realizado por la Policía, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.El ministro, en la conferencia de la tarde, detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.

El caso del futbolista argentino Emiliano Sala llegó a su resolución final luego de siete años. Este lunes, el Tribunal Mercantil de Nantes dictó sentencia en la disputa económica entre el Cardiff City y el FC Nantes, y determinó que el club galés deberá indemnizar a la institución francesa con 480.000 euros.

El fallo marca el cierre de un largo conflicto judicial que se inició tras la muerte del delantero, ocurrida el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, cuando viajaba para incorporarse a su nuevo equipo. El pase desde Nantes a Cardiff se había concretado por 17 millones de euros, aunque el jugador nunca llegó a debutar.

En 2023, el Cardiff había impulsado una demanda ante la Justicia francesa en la que reclamaba una indemnización millonaria por pérdidas económicas derivadas de la tragedia. El club británico argumentaba que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya había considerado válido el traspaso, pero señalaba responsabilidades en la organización del vuelo privado.

En ese marco, apuntaron a la intervención del agente Willie McKay y sostuvieron que la logística del viaje fue determinante en el desenlace fatal. Incluso, el Cardiff llegó a reclamar 122 millones de euros en concepto de daños, basando su cálculo en el rendimiento deportivo que el delantero podría haber aportado al equipo.

Sin embargo, la resolución judicial fue en sentido contrario a sus pretensiones. El tribunal rechazó el reclamo del club galés y estableció que deberá compensar al Nantes, poniendo fin a una de las disputas más prolongadas y sensibles del fútbol internacional reciente.

Durante la audiencia estuvo presente la madre del futbolista, en una jornada cargada de emoción que marcó el cierre formal de una causa que conmovió al mundo del deporte.

El último mensaje antes del accidente

Horas antes del trágico desenlace, Sala había enviado un audio a sus amigos en el que expresaba temor por el vuelo que lo trasladaba a su nuevo destino. En ese mensaje, el delantero advertía sobre el estado de la aeronave y dejaba entrever su inquietud.

“Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos”, decía en uno de los fragmentos más impactantes. Incluso, llegó a manifestar su miedo ante la posibilidad de que algo sucediera durante el trayecto.

El fallo judicial pone punto final a un conflicto que atravesó lo deportivo y lo humano, y que mantuvo en vilo durante años a dos clubes y a la familia de Emiliano Sala, cuya historia sigue generando conmoción.

Un empleado que fue despedido por mantener relaciones sexuales en su lugar de trabajo logró un fallo favorable en la Justicia y ahora la empresa deberá indemnizarlo con más de 10.000 euros o readmitirlo en su puesto.

El caso ocurrió en Canarias, España, en 2023, aunque trascendió en las últimas horas tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró que la sanción aplicada por la compañía fue desproporcionada.

Según la información publicada por Diario Constitucional, el episodio se registró el 26 de julio de 2023, cuando un compañero ingresó a un cuarto que el personal utilizaba para descansar entre turnos y encontró al trabajador desnudo junto a una mujer.

El hombre se encontraba fuera de su horario laboral, pero utilizó las instalaciones de la empresa para mantener el encuentro sexual. Para la firma, el hecho constituyó una falta grave, y dos meses después envió el telegrama de despido.

El empleado trabajaba allí desde abril de 2018 y fue desvinculado el 20 de septiembre de 2023. Tras la decisión, decidió acudir a la Justicia para cuestionar el despido. En primera instancia, el tribunal respaldó la postura de la empresa, pero el trabajador apeló.

El argumento central del demandante fue que el uso de una instalación de la empresa fuera de la jornada de trabajo no implicaba una deslealtad grave ni un abuso de confianza que justificara un despido disciplinario.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al empleado. Entendió que la compañía describió de manera ambigua la supuesta deslealtad derivada del hecho y que, si bien hubo un incumplimiento de la normativa interna, no se produjo un perjuicio real para la organización.

En su fallo, la Justicia dispuso que la empresa deberá optar entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 9.174 euros, cifra que se estima en más de 15 millones de pesos.

El motivo del fallo tiene que ver con la publicación, en su sitio web y sin consentimiento, de imágenes de una mujer argentina.

La denunciante detectó en 2010 que su fotografía aparecía en la página oficial de Iberia, en secciones relacionadas con vuelos desde Buenos Aires, sin que hubiese dado su consentimiento. 

Tras certificarse en 2020 que la imagen seguía publicada, inició un procedimiento que se extendió durante alrededor de 15 años. 

Iberia sostuvo en diciembre de 2022 que las imágenes habían sido adquiridas a través del banco de imágenes Getty Images por 35 euros, pero el juez determinó que la empresa no logró acreditar la licencia de uso.

El fallo fue publicado el 13 de noviembre de 2025, con sede en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El uso no autorizado de la imagen se detectó desde 2010 y fue acreditado formalmente en 2020.

El juez concluyó que no existió consentimiento ni autorización para captar ni reproducir la imagen de la demandante, lo que configura una vulneración del derecho a la imagen conforme al artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 31 de la Ley 11.723 de propiedad intelectual. La compañía no pudo demostrar de forma creíble que la compra de derechos o licencia habilitara el uso de la imagen ni el vínculo con la denunciada.

El monto fijado asciende a $24.110.000 más intereses, los cuales deben ser abonados por Iberia en un plazo de diez días. 

La Cámara Civil ordenó compensarla con $4.235.000, junto a intereses, tras considerar que la empresa incumplió con su deber de seguridad .

El 22 de agosto de 2017, la joven bajaba por las escaleras del McDonald’s ubicado en Puerto Madero. Pisó un charco de mayonesa en el primer escalón, perdió el equilibrio y cayó desde su propia altura.

Sufrió un edema perimaleolar en el tobillo izquierdo, con afectación tendinosa y ligamentaria, perdiendo aproximadamente un 10 % de capacidad física. También desarrolló un trastorno por estrés postraumático con estado depresivo, lo que implicó otra incapacidad parcial y permanente del 10 %.

Fue atendida en el local por personal de Vittal y luego en el Hospital Cosme Argerich, según consta en la causa.

Primera instancia: El juzgado inicial condenó a ADA S.A. (operadora de McDonald’s) a pagar $1.249.800 por las incapacidades y tratamiento psicológico, $160.000 por daño moral, $14.000 por gastos médicos, y $210.000 por lucro cesante. La empresa y la víctima apelaron.

Cámara Civil – Sala L: Confirmó que existía relación de consumo y que la empresa incumplió su obligación de seguridad. Ratificó testigos que narraron la caída “fuerte y rápida” y evidenciaron la falta de asistencia inmediata tras el accidente.

Indemnización final: La Cámara elevó la compensación a:

El fallo reafirma que los establecimientos comerciales están obligados por la ley de Defensa del Consumidor a asegurar la seguridad de los clientes. Cualquier descuido que derive en daño les transforma en civilmente responsables.

El caso subraya la importancia de mantener condiciones seguras en locales de comida rápida, tanto para evitar accidentes como para prevenir consecuencias legales y daños a la reputación. Para los consumidores, sirve como recordatorio de que pueden reclamar justicia ante negligencias comprobadas.

El Gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), reglamentó días atrás la puesta en marcha de un nuevo sistema de cese laboral optativo, que habilita una modalidad diferente para afrontar los costos derivados de la terminación de una relación laboral.

Esta iniciativa se inscribe en el marco de la Ley Bases, específicamente bajo las condiciones establecidas en la Resolución General 847/2024 de la CNV, que introduce mecanismos de ahorro e inversión aplicables al empleo registrado, en acuerdo con los convenios colectivos de trabajo.

Este nuevo sistema no elimina la indemnización tradicional por despido estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, sino que ofrece un esquema optativo que puede ser adoptado por sectores o empresas que así lo definan a través de la negociación colectiva. La iniciativa retoma la lógica utilizada en el sector de la construcción, donde empleadores realizan aportes mensuales a un fondo de cese que se liquida al finalizar la relación laboral.

A continuación, se detallan las siete claves fundamentales para comprender esta reforma:

1. Aplicación opcional y acordada

El nuevo sistema de fondo de cese no constituye una imposición ni reemplaza automáticamente el esquema vigente. La normativa dispone que su implementación debe surgir del acuerdo entre empleadores y trabajadores, a través de convenios colectivos debidamente homologados. Esto significa que ninguna empresa puede imponerlo de manera unilateral, y que su adopción depende del ámbito paritario correspondiente.

En ese marco, los actores sociales podrán acordar la creación de un sistema que sustituya, total o parcialmente, los conceptos indemnizatorios previstos en la normativa laboral general, con el objeto de generar un mecanismo más previsible y estable para cubrir las desvinculaciones.

2. Sustitución de la indemnización por antigüedad

El artículo 1 de la resolución habilita expresamente a los convenios a sustituir la indemnización por antigüedad, prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, permite reemplazar otros conceptos como la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva de preaviso y cualquier rubro cuyo cálculo utilice como base esa indemnización.

En este contexto, el fondo de cese funcionará como un instrumento de capitalización periódica, que busca evitar el conflicto derivado de los despidos y dotar de certidumbre tanto a empleadores como a trabajadores.

3. Aportes mensuales durante la relación laboral

Uno de los pilares del sistema reside en su estructura contributiva anticipada. A lo largo de la relación laboral, el empleador deberá realizar aportes mensuales a un fondo destinado al trabajador, cuyo monto podrá estar estipulado como un porcentaje del salario o en una suma fija, dependiendo de lo pactado en la convención colectiva.

Adicionalmente, el convenio podrá establecer que el trabajador también realice aportes voluntarios, creando así un sistema mixto. Al finalizar el vínculo, el capital acumulado pasará a ser propiedad del trabajador y podrá ser utilizado libremente.

4. Instrumentos financieros habilitados

La norma de la CNV habilita dos estructuras para canalizar los aportes: Fondos Comunes de Inversión (FCI) cerrados o Fideicomisos Financieros, ambos orientados exclusivamente a cumplir la finalidad del fondo de cese. Los FCI cerrados deberán constituirse conforme al régimen de productos de ahorro colectivo, mientras que los fideicomisos tendrán un tratamiento más flexible y adaptado a las necesidades del régimen laboral.

La elección del instrumento dependerá de los actores involucrados, y su administración recaerá sobre sociedades gerentes o fiduciarias que deberán cumplir con estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas.

5. Patrimonio separado e inembargabilidad

La normativa garantiza la separación patrimonial de los fondos de cese respecto del resto de los activos de la entidad administradora. Esto implica que los recursos acumulados no podrán ser utilizados para otros fines ni embargados mientras se encuentren en el fondo.

Una vez que los fondos sean transferidos al trabajador, se transformarán en recursos de libre disponibilidad, lo que permitirá su uso sin restricciones, sin necesidad de destinarlo a ningún objetivo particular.

6. Efecto cancelatorio definitivo

La resolución establece que los pagos efectuados al trabajador al finalizar la relación laboral tendrán efecto cancelatorio total y definitivo respecto de los conceptos indemnizatorios que fueran sustituidos. En otras palabras, el capital acumulado en el fondo se considerará como pago completo por las obligaciones que el empleador hubiera tenido bajo el régimen tradicional.

Esta disposición busca reducir la litigiosidad asociada a los despidos y brindar un marco legal que respalde a las partes frente a potenciales conflictos judiciales.

7. Régimen simplificado de regulación

La CNV definió un régimen especial y simplificado para estos instrumentos, con el objetivo de facilitar su adopción en sectores que no suelen acceder al mercado de capitales. Por ejemplo, en el caso de los fideicomisos utilizados para fondos de cese, se eximió la obligación de publicar el prospecto en el sitio web del organismo, lo cual reduce costos operativos y administrativos.

A su vez, las entidades deberán remitir informes periódicos que permitan a los trabajadores conocer la evolución del fondo, su rentabilidad y composición. Las políticas de inversión deben priorizar activos de alta liquidez y bajo riesgo, resguardando el poder adquisitivo de los aportes.

La aplicación de este esquema depende del grado de consenso que alcancen los actores sociales en cada sector. Algunos gremios podrían adoptar la herramienta como forma de preservar empleos, mientras que otros podrían rechazarla si consideran que representa una pérdida de derechos adquiridos. La resolución deja en manos de la negociación colectiva la decisión de avanzar o no con esta transformación.

Fuente: Infobae

El Departamento de Justicia confirmó el acuerdo económico de 138.7 millones de dólares para las víctimas de abusos sexuales del entonces médico del equipo nacional de gimnasia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este martes que alcanzó un acuerdo de conciliación por valor de 138,7 millones de dólares para resolver los 139 reclamos de víctimas de abusos sexuales por parte del antiguo médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar.

"Estos acuerdos resolverán reclamaciones administrativas contra Estados Unidos" ya que el FBI "no llevó a cabo una investigación adecuada de la conducta de Nassar", apuntó el Departamento de Justicia en un comunicado.

A lo largo de casi dos décadas y hasta 2016, cuando fue arrestado, Nassar abusó sexualmente de cientos de víctimas con el pretexto de realizar tratamientos médicos.

En julio de 2021, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia emitió un informe en el que criticaba ciertos aspectos de la respuesta del FBI y de la investigación de las acusaciones contra Nassar. "Durante décadas, Lawrence Nassar abusó de su cargo, traicionando la confianza de quienes estaban bajo su cuidado y supervisión médica y eludiendo la rendición de cuentas", afirmó en el comunicado el fiscal general adjunto interino, Benjamin C. Mizer. Las acusaciones, añadió, "deberían haberse tomado en serio desde el principio". "Si bien estos acuerdos no remediarán el daño que Nassar infligió, nuestra esperanza es que ayuden a brindar a las víctimas de sus crímenes parte del apoyo crítico que necesitan para continuar sanando", sentenció.

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Nassar, de 60 años, ejerció como médico del equipo de gimnasia deportiva de Estados Unidos durante 18 años y también prestó servicios en la Universidad de Míchigan. En 2013, la federación de gimnasia deportiva de Estados Unidos informó al FBI que tres atletas habían declarado ser abusadas por Nassar, pero la agencia decidió no llevar a cabo una investigación formal. En 2017, Nassar se declaró culpable de abusar de 10 de las más de 265 atletas que denunciaron abusos. Entre sus víctimas se cuentan atletas prominentes como Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman, Gabby Douglas, Sabrina Vega, Ashton Locklear, Kyla Ross y Alyssa Baumann.

La Universidad del Estado de Michigan, en cuya clínica trabajaba Nassar, ya acordó en 2018 un pago de 500 millones de dólares para las mujeres y niñas que denunciaron el abuso sexual. Por su parte, la federación y los comités Olímpico y Paralímpico de EE.UU. llegaron en 2021 a una conciliación con las víctimas por 380 millones de dólares.(EFE)