Un reciente estudio titulado “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado por la consultora Bumeran, expone una realidad crítica para el mercado laboral argentino. Según los datos, el 87% de los trabajadores considera que sus ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra marca un incremento respecto al 85% registrado hace doce meses.

La percepción sobre el poder adquisitivo también muestra un deterioro marcado. El 74% de los encuestados sostiene que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses. Este indicador refleja un salto de 16 puntos porcentuales en comparación con el 58% registrado en 2025, evidenciando una mayor presión sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Federico Barni, ceo de Bumeran en Jobint, advirtió que la desaceleración de la inflación no garantiza una recuperación real. “Después de años de pérdida acumulada, las personas siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos”, señaló el ejecutivo al analizar el complejo escenario financiero actual.

El informe destaca que el desafío principal es reconstruir la previsibilidad. “La percepción social del salario se recupera más lentamente que los indicadores macroeconómicos, porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”, agregó Federico Barni sobre la crisis de consumo.

La velocidad con la que se agota el dinero es alarmante. Al 73% de los trabajadores el salario les dura dos semanas o menos. Solo el 9% de los consultados afirma que sus ingresos alcanzan para cubrir la totalidad del mes, mientras que un 28% destina el sueldo completo al pago de cuentas apenas lo recibe.

El gasto principal para el 44% de los trabajadores es el alquiler, seguido por la alimentación con el 27% y el pago de deudas con el 16%. Esta estructura de gastos deja poco margen para el ahorro, una práctica que solo logra realizar el 10% de los empleados encuestados en el país.

El endeudamiento es otro factor que gana terreno. El 77% de los encuestados afirma tener algún tipo de deuda, superando el 72% registrado en 2025. Ante este panorama, la totalidad de los trabajadores consultados manifestó que le gustaría recibir un aumento salarial para sanear sus finanzas personales.

Si se concretara un incremento, el 46% lo destinaría a cancelar deudas, mientras que el 22% intentaría ahorrarlo. Finalmente, el 50% de los trabajadores encuestados debe brindar ayuda económica a familiares o personas cercanas, ya sea de manera regular o de forma ocasional, lo que intensifica la presión sobre los ingresos familiares.

En medio del intenso debate en el Congreso sobre cómo abordar el creciente endeudamiento de las familias, un informe de Zentrix Consultora reveló que el 67% de la población considera necesaria una intervención estatal frente a la morosidad. Sin embargo, la mayoría prefiere que se regulen las condiciones de los créditos antes que avanzar con una condonación de las deudas.

Los datos del Monitor de Opinión Pública indican que el 56,2% de los argentinos tomó alguna deuda en los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos como alimentos y salud, mientras que el 21,3% necesitó el dinero para pagar tarifas y servicios esenciales.

El aumento del endeudamiento está estrechamente ligado a las dificultades de los hogares para sostener sus gastos mensuales. Según el relevamiento, el 65,3% de los argentinos se queda sin ingresos a más tardar el día 20 de cada mes, mientras que solo el 24,2% logra llegar a fin de mes con dinero disponible y apenas el 9,8% tiene capacidad de ahorro real.

La combinación de ingresos insuficientes y mayores necesidades de financiamiento genera un círculo vicioso. Cuando se utiliza el crédito para comprar alimentos o pagar servicios, las cuotas comprometen parte de los ingresos futuros, lo que deriva en nuevas necesidades de endeudamiento. Zentrix advirtió que este comportamiento es “compatible con un crédito que financia las últimas semanas del mes y que, al pagarse, resta ingreso al mes siguiente”.

Sobre la intervención del Estado, el estudio mostró que el 36,1% considera que la morosidad es un problema social, mientras que el 30,9% cree que, aunque es un tema entre privados, requiere una regulación oficial. Solo el 29,1% sostiene que el Estado no debería intervenir en absoluto en estas cuestiones financieras.

Entre quienes reclaman una respuesta, el 61,3% prefiere que se regulen el otorgamiento y las condiciones de los préstamos. Por su parte, el 23,6% se inclina por una refinanciación a través del Banco Central, mientras que apenas el 7,5% considera que las deudas deberían condonarse por ley. “Es una demanda de reglas más que de rescate”, señalaron desde la consultora.

Las desigualdades socioeconómicas marcan una diferencia clara en el uso del crédito. Mientras que el 68,1% de las personas de clase baja tomó deuda en el último semestre, la proporción cae al 47,1% en la clase media y al 36,5% en la clase alta. En los sectores de menores ingresos, el 65,5% necesitó el dinero para alimentos y salud, mientras que en los estratos altos, el 63,4% utilizó los préstamos para adquirir bienes durables.

La presión sobre los ingresos es crítica en los hogares de menores recursos, donde el 83,3% no supera el día 20 del mes sin agotar sus fondos. Además, el 81,8% de los consultados considera que sus salarios no le ganan a la inflación, una percepción que se mantiene constante desde marzo, complicando aún más la capacidad de pago de las familias argentinas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió los datos actualizados de la Canasta Crianza correspondientes a septiembre. En un contexto marcado por una inflación del 1,9%, el organismo detalló los valores necesarios para cubrir las necesidades básicas de los menores según su rango etario.

El costo más elevado se registró en el segmento de 6 a 12 años, alcanzando los $728.850 mensuales. Este indicador resulta fundamental para las familias argentinas al momento de organizar sus presupuestos y planificar los gastos esenciales para el desarrollo de los niños y adolescentes.

Para los bebés menores de un año, el valor total se ubicó en $570.832. Por su parte, para los chicos de entre uno y tres años, el costo ascendió a $679.816, mientras que para el rango de cuatro a cinco años, la cifra totalizó $579.752 mensuales.

El indicador del INDEC contempla dos componentes principales. Por un lado, los bienes y servicios esenciales, que incluyen alimentación, vestimenta y educación. Por otro lado, se contabiliza el costo del cuidado, que representa el tiempo en horas requerido para la atención de los menores en cada etapa de su crecimiento.

En cuanto al desglose de bienes y servicios, los montos fueron: $184.912 para menores de un año, $238.764 para el grupo de uno a tres años, $304.095 para cuatro a cinco años y $377.231 para los de seis a 12 años.

Respecto al costo del cuidado, el organismo detalló: $385.920 para menores de un año, $441.051 para uno a tres años, $275.657 para cuatro a cinco años y $351.619 para el rango de seis a 12 años.

Esta medición tiene como objetivo principal servir como referencia para el Poder Judicial en los litigios por cuota alimentaria. De esta manera, los jueces cuentan con un parámetro técnico y oficial para determinar los montos que corresponden abonar a los padres en procesos legales.

Para el cálculo de los bienes y servicios, el INDEC utiliza el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA). Este mismo indicador es el que se emplea habitualmente para la medición de la pobreza en el país, garantizando así una base de datos consistente y verificable para toda la sociedad.

La economía argentina atraviesa un momento de desaprobación generalizada. Así lo muestra la edición de septiembre de Latam Pulse, la encuesta mensual que elaboran AtlasIntel y Bloomberg.

El estudio indica que el 71% de los consultados calificó como mala la situación económica del país. La percepción negativa también alcanzó al mercado laboral y a la economía de los hogares.

Las expectativas para los próximos seis meses mostraron una clara tendencia al empeoramiento. La encuesta, realizada a 2.067 personas, ubicó al desempleo como el segundo problema más importante del país.

La corrupción encabeza la lista de preocupaciones con el 50,3% de las menciones. Detrás se ubicaron el desempleo, la impunidad, la situación económica y los altos precios e inflación.

Al evaluar la economía, el 71% la calificó como mala, el 21% como buena y el 9% como normal. El saldo entre opiniones positivas y negativas fue de -50 puntos porcentuales.

El mercado de trabajo concentró la evaluación más negativa. El 75% lo definió como malo, frente al 13% que lo consideró bueno y el 12% que lo ubicó en una situación normal.

De cara al futuro, el pesimismo se mantiene. El 55% de los encuestados respondió que la economía empeorará en seis meses, mientras que el 57% anticipó un deterioro en el mercado laboral.

El índice de percepción de inflación actual llegó a 30,6 puntos en septiembre, superando los 27,9 puntos registrados en agosto. El 58,5% de los participantes afirmó que realizará menos compras de bienes duraderos.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre. Esta suba eleva el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.

Al sumar el plus por participación en las ganancias de $73.786,55, el ingreso total alcanza la cifra de $2.626.346,89. El sindicato liderado por Sergio Palazzo confirmó la continuidad del mecanismo.

El esquema de actualización, que ajusta los haberes según la inflación, se aplicará durante octubre, noviembre y diciembre. La negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de enero de 2027.

El ajuste impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales. Con esta mejora, los salarios acumulan un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Por el Día del Bancario, se definió un monto mínimo de $2.275.519,25. Este pago deberá efectivizarse antes del 6 de noviembre, según lo estipulado por las partes involucradas.

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros. El acuerdo, firmado por Mara Mentoro, contempla un aumento del 9,9% en seis tramos.

El gremio liderado por Hugo Moyano percibirá subas progresivas hasta febrero de 2027. El convenio incluye una suma fija de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000.

Un informe internacional ubicó a la Argentina entre los países de América Latina donde menor esfuerzo económico se necesita para llenar un tanque de nafta. De acuerdo con el relevamiento, una carga de 40 litros representa el 4,9% del ingreso mensual por habitante.

La comparación fue difundida por Bloomberg Línea sobre la base de datos de GlobalPetrolPrices, y toma como referencia el costo de cargar combustible en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada país, utilizado como estimación del ingreso mensual.

El estudio mostró que la situación argentina resulta relativamente más favorable que la de varios países de la región. En Brasil, por ejemplo, llenar un tanque de 40 litros equivale al 5,9% del ingreso mensual por habitante. En Colombia, ese porcentaje asciende al 7,9%, mientras que en Perú llega al 9,4%.

Por debajo de la Argentina aparecen Uruguay, con un 4,5%; Chile, con 4,4%; Costa Rica, con 4,3%; y Panamá, con 3,6%. El ranking regional ubica en el extremo opuesto a Nicaragua, donde cargar 40 litros representa el 22,5% del ingreso mensual. Le siguen Honduras, con 21,3%; El Salvador, con 11,8%; Guatemala, con 10,1%; y Paraguay, con 9,5%.

La comparación permite dimensionar que el impacto de cargar combustible no depende solo del precio por litro, sino también del nivel de ingresos de cada país. Es decir, una nafta puede parecer más barata en términos absolutos, pero representar un esfuerzo mayor si el poder adquisitivo es más bajo.

En ese marco, el informe concluye que la Argentina se encuentra entre los cinco países latinoamericanos relevados donde menos porcentaje del ingreso mensual se necesita para cargar combustible.

Al ampliar la comparación a escala global, la brecha se vuelve todavía más marcada. En Qatar, llenar un tanque de 40 litros demanda apenas el 0,4% del ingreso mensual estimado. En Kuwait, el porcentaje es del 0,5%, mientras que en Estados Unidos y Luxemburgo se ubica en 0,7%.

En Europa, los registros también son inferiores a los de América Latina. Alemania y Reino Unido aparecen con 2,1%, Francia con 2,5% y España con 2,7%.

En el otro extremo aparecen países africanos como Ruanda, donde llenar el tanque representa el 90,3% del ingreso mensual, Lesoto con 81,2% y Burkina Faso con 71,2%.

La política salarial acordada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con los gremios de la administración central para el segundo semestre de 2026 continúa por el camino de la recomposición de los salarios y marcó en el tercer trimestre un aumento por encima de la inflación registrada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para reforzar la recomposición de los trabajadores de menores ingresos.

En julio, los haberes se incrementaron un 2 %, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), registró una variación del 1,9 %. En agosto, el aumento salarial fue del 1,8 %, igual que la inflación medida durante ese mes. En septiembre el aumento porcentual estipulado por paritaria fue de 1,7 %, mientras que la suba del indicador de precios mensual de Santa Fe fue del 1,6 %.

De manera acumulada, la pauta salarial alcanzó el 5,5 % entre julio y septiembre, levemente por encima del 5,5 % de inflación acumulada en ese mismo período. Así, cuando todavía restan tres meses para la finalización del acuerdo, los incrementos previstos para el segundo semestre mantienen el poder adquisitivo de los salarios estatales frente a la evolución de los precios.

El acuerdo logrado en paritaria incorpora, además, mínimos garantizados destinados a reforzar los ingresos de quienes se encuentran en la base de la escala salarial. Para julio el monto mínimo de aumento fue establecido en $ 80.000 y para los meses de agosto y septiembre en $ 100.000. Por esto en el tercer trimestre del año, los sueldos más bajos alcanzaron un aumento del 8,7 % con relación a los haberes de junio.

Estos resultados superan los aumentos porcentuales generales y la inflación registrada durante esos meses. La herramienta permite que la actualización no quede limitada a la aplicación de un porcentaje uniforme y que los trabajadores con salarios más bajos reciban una recomposición mayor.

La paritaria vigente contempla una mejora acumulada de hasta el 10,1 % entre julio y diciembre. El cronograma prevé aumentos del 2 % en julio, 1,8 % en agosto, 1,7 % en septiembre, 1,6 % en octubre y 1,5 % tanto en noviembre como en diciembre.

A esos porcentajes se suman mínimos garantizados que llegarán a $ 180.000 en diciembre, con incidencia en el aguinaldo. El acuerdo se complementa con la recomposición aplicada en el primer semestre, que partió de un piso del 17,1 % para compensar la inflación medida por el IPEC.

Desde el Gobierno Provincial se destacó que la política salarial busca recuperar los ingresos de los trabajadores públicos, con especial atención a los sectores de menores haberes, sin resignar la prestación de servicios esenciales ni el sostenimiento de la inversión pública en todo el territorio santafesino.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue de 1,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,4%.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026.

El dato representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%, el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses.

La cifra difundida por el organismo estadístico coincidió con la mediana prevista por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central.

Los analistas privados habían proyectado para septiembre una inflación cercana al 1,9%. Entre las estimaciones previas, C&T Asesores Económicos había calculado un 1,9%, Fundación Libertad y Progreso y Eco Go un 2%, mientras que Equilibra proyectaba un 2,1%.

Durante 2026, la inflación mensual se ubicó por debajo del 2% únicamente en junio y agosto, antes del nuevo registro de septiembre.

Antes de conocerse el dato oficial, distintas consultoras habían señalado a Alimentos y bebidas no alcohólicas como uno de los componentes con mayor capacidad para presionar sobre el nivel general.

También se mantenía la atención sobre los productos estacionales, especialmente verduras y prendas de vestir, que habían registrado aumentos significativos en algunas mediciones privadas.

Como referencia previa, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación de septiembre había sido del 1,8%. En esa medición, vivienda, alimentos, salud y educación explicaron una parte importante del incremento mensual.

Según las proyecciones incluidas en el REM, los analistas esperaban una inflación de 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. Para enero y febrero de 2027, la mediana de las previsiones se ubicaba en 1,6% mensual.

El índice de septiembre será utilizado como referencia para distintas actualizaciones económicas, entre ellas contratos, negociaciones salariales, ingresos y decisiones de consumo.

El próximo informe del INDEC permitirá conocer cómo evolucionaron los precios durante octubre, ya dentro del último trimestre del año.

Las estimaciones de diversas consultoras privadas advierten que la baja de la inflación se habría frenado durante septiembre. La mayoría de los análisis ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 1,7% registrado en agosto.

Los cálculos más pesimistas proyectan una suba cercana al 2%, traccionada principalmente por los alimentos. La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana del mes, acumulando un 2,7% en cuatro semanas.

Por su parte, Analytica detectó una variación del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana, proyectando un 2% para el nivel general. En tanto, Eco Go estima un 2,2% tras registrar una suba del 0,4% en alimentos para el hogar.

Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 2%

, adelantó la firma Eco Go. Asimismo, C&T Asesores prevé un cierre en torno al 1,9% y una inflación interanual del 33,3%.

Desde la consultora que dirige Camilo Tiscornia explicaron que el componente núcleo arrojó un alza del 1,6%. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa vigente durante un foro económico.

Pasamos de una inflación de 1,5% diaria a un guarismo más o menos igual, pero mensual. Para los índices internacionales todavía es una inflación alta, pero en todo proceso de estabilización la convergencia lleva su tiempo

, afirmó Caputo.

Para amortiguar el impacto, YPF limitó el aumento de combustibles al 1%, mientras que el resto de las petroleras aplicó subas de entre el 2% y el 5%. Finalmente, el Gobierno postergó la actualización del impuesto a los combustibles.

La inflación de octubre podría volver a ubicarse cerca del 2%, según las primeras estimaciones de consultoras privadas, en un escenario marcado por aumentos de precios regulados, combustibles y distintos componentes estacionales.

Las proyecciones se ubican actualmente entre 1,6% y 1,9%, después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una variación del 1,7% en agosto y las mediciones privadas anticiparan una aceleración durante septiembre.

El escenario agrega presión sobre la previsión de 29% de inflación para todo 2026 utilizada como referencia en el proyecto de Presupuesto 2027.

Para alcanzar ese nivel, los incrementos mensuales durante el último tramo del año deberían mantenerse alrededor del 1,6% o incluso por debajo, dependiendo del dato definitivo de septiembre.

Las proyecciones privadas muestran diferencias acotadas. GMA Capital estima una inflación del 1,8% para octubre. Su economista Rocío Bisang señaló que, además de los incrementos en precios regulados como prepagas y transporte, habrá que seguir especialmente la evolución de los combustibles y los posibles cambios tarifarios vinculados al régimen de Zonas Frías.

La consultora Analytica, dirigida por Claudio Caprarulo, proyecta un 1,9%. Entre los factores que podrían impulsar el índice aparece el arrastre estadístico de los aumentos de combustibles registrados durante septiembre.

Como contrapartida, la desaceleración de algunos precios estacionales, particularmente las verduras, podría moderar el resultado.

Invecq también calcula una inflación cercana al 1,9%, con los servicios públicos y privados entre los principales componentes que podrían impulsar los precios.

Por debajo se encuentra la estimación de C&T Asesores Económicos, que proyecta alrededor del 1,7%, mientras que Eco Go calcula una variación de entre 1,6% y 1,7%.

Uno de los interrogantes es si la inflación podrá terminar 2026 en torno al 29% previsto como referencia oficial. Bisang explicó que, para alcanzar ese nivel, la inflación mensual debería ubicarse alrededor del 1,6%, aunque advirtió que una eventual medición de septiembre cercana al 2% obligaría a registrar incrementos todavía menores durante los meses siguientes.

“Vemos difícil alcanzar esa cifra. Si tenemos en cuenta que las mediciones de alta frecuencia ya anticipan una inflación para septiembre cercana al 2%, la variación de los precios para el resto de los meses debería ser incluso inferior al 1,6% para llegar al 29%”, sostuvo.

La economista agregó que noviembre y diciembre suelen presentar mayores presiones estacionales, relacionadas con el inicio de las vacaciones y las fiestas de fin de año. En ese escenario, GMA Capital proyecta que la inflación termine 2026 alrededor del 30,5%.

Invecq maneja una previsión similar. Manuel Cerdan consideró que alcanzar el 29% “no es imposible, pero sí desafiante” y también estima un cierre anual cercano al 30,5%. Eco Go, por su parte, calcula que manteniendo el ritmo actual el IPC terminaría el año alrededor del 30%.

El comportamiento de los combustibles será uno de los factores centrales durante octubre, especialmente por el impacto que puedan tener los precios internacionales de la energía.

También se seguirán los ajustes en servicios regulados, transporte y prepagas, aunque algunos aumentos tarifarios fueron postergados.

En sentido contrario, los analistas esperan que ciertos productos estacionales que tuvieron incrementos importantes durante septiembre comiencen a moderarse.

La combinación de estos factores determinará si el IPC logra mantenerse en torno al nivel registrado durante agosto o vuelve a acercarse al 2% mensual.

El dato oficial de inflación de septiembre todavía será clave para conocer cuánto margen queda durante el último trimestre y qué ritmo deberían mostrar los precios en octubre, noviembre y diciembre para aproximarse a la pauta anual contemplada por el Gobierno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de las diferentes asignaciones y prestaciones administradas por el organismo.

Durante octubre, las prestaciones tendrán una actualización del 1,66%, correspondiente a la variación de precios registrada en agosto y aplicada mediante el mecanismo de movilidad mensual.

El cronograma contempla jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

Los pagos comenzarán el jueves 8 de octubre:

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el siguiente cronograma:

Para la Asignación por Maternidad, todas las terminaciones de DNI tendrán disponible el pago desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.

En tanto, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar individualmente la fecha y el lugar de cobro asignados por ANSES. Para hacerlo, deben ingresar al sistema de consultas del organismo, completar los datos solicitados con el número de beneficio o CUIL y seleccionar la opción “Consulta”.

Si corresponde un pago, el sistema mostrará el lugar asignado y el período disponible para cobrar la prestación.

El mes de octubre llega con una serie de ajustes en los gastos fijos que afectarán el bolsillo de los ciudadanos. Desde el jueves 1 de octubre, se aplicarán actualizaciones en diversos rubros esenciales, desde el transporte público hasta los servicios de vivienda.

En la Ciudad de Buenos Aires, viajar en colectivo y subte será más caro. El gobierno porteño aplicará una suba del 3,7% en las tarifas. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48. Por su parte, el viaje en subte subirá de $1.753 a $1.817, manteniendo los descuentos para pasajeros frecuentes. El premetro costará $635,95 con SUBE registrada y $1.011,16 sin registrar.

Los peajes de las autopistas porteñas también registrarán un incremento del 3,7%. En las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, el valor en hora pico pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia subirá de $2.773,69 a $2.820,85. Según el gobierno porteño, estos ajustes son necesarios para tareas de mantenimiento y seguridad vial.

En cuanto a los servicios, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó un aumento promedio del 2,24% para usuarios residenciales de gas. En las boletas de luz, se aplicará una suba del 2,41% sobre el componente de distribución de Edenor y del 2,34% para Edesur. El agua, por su parte, aumentará un 2,17%, proyectando una factura media mensual de $38.002,57 para usuarios residenciales.

Las prepagas también actualizarán sus valores con un aumento promedio del 2%. Los incrementos varían según la empresa: desde el 1,7% en Federada Salud y Accord Salud, hasta el 2,9% en Omint. Otros planes como Prevención Salud (2,2%), Galeno (2,4%) y Avalian (2,5%) también superarán el promedio.

Finalmente, los alquileres tendrán actualizaciones según el índice de cada contrato. Para aquellos regidos por el Índice de Contratos de Locación (ICL), la suba será del 17,04% si el ajuste es semestral y del 36,41% si es anual. En los acuerdos libres bajo el IPC, el aumento estimado para quienes tengan ajuste anual en octubre será del 33,1%.

Desde la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023, propietarios e inquilinos cuentan con libertad para acordar la duración del contrato, la frecuencia de actualización y el índice utilizado. Por esta razón, el incremento no será igual para todos los contratos que deban actualizarse este 1 de octubre.

Para aquellos acuerdos con ajustes cuatrimestrales basados en la inflación medida por el IPC, se toman los últimos cuatro datos disponibles: mayo (2,1%), junio (1,9%), julio (2,1%) y agosto (1,7%). Al acumular estas variaciones, el incremento alcanza aproximadamente el 8,03%. De esta manera, un alquiler de 700.000 pesos pasará a costar cerca de 756.285 pesos, mientras que uno de 900.000 pesos ascenderá a aproximadamente 972.366 pesos.

En caso de que las partes hayan optado por seguir utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL), el incremento correspondiente para octubre será de aproximadamente el 9,83%. Bajo este esquema, un alquiler de 700.000 pesos se elevará a unos 768.801 pesos, y uno de 900.000 pesos llegará a cerca de 988.458 pesos.

Es importante diferenciar estos acuerdos de los firmados bajo la antigua ley, que establecía una duración mínima de tres años y ajustes anuales por ICL. Estos contratos están llegando a su vencimiento durante octubre de 2026. Asimismo, existen acuerdos remanentes del breve período de reforma entre octubre y diciembre de 2023, los cuales contemplaban actualizaciones semestrales mediante el coeficiente Casa Propia y también finalizarán este año.

A casi 1000 días del inicio de la gestión de Javier Milei, el contador Guillermo Briggiler, referente de BC Inversiones, realizó un análisis sobre los principales cambios económicos del país y su impacto en el bolsillo de los argentinos.

Durante una entrevista, repasó la evolución de precios, salarios, empleo y sectores productivos, y explicó que la percepción de pérdida de poder adquisitivo no depende solamente de la inflación, sino también de cómo cambió la distribución de los gastos familiares.

Briggiler aclaró que los valores analizados corresponden a referencias promedio y que pueden variar según la región y el comercio.

“Cuando hablamos de inflación siempre hablamos de un promedio; cada sector tendrá su inflación particular”, explicó.

Entre los ejemplos mencionados, señaló que el pan de siembra pasó de $1.535 en diciembre de 2023 a unos $5.000 actualmente, con un aumento cercano al 226%.

También repasó otros productos:

En otros rubros, destacó que el asado pasó de $5.166 a unos $15.000, mientras que la nafta aumentó de $822 a alrededor de $2.156.

Para Briggler, la clave para entender el impacto económico está en comparar la evolución de los precios con los ingresos.

“Siempre tenemos que comparar gastos con ingresos”, sostuvo.

El contador explicó que, aunque algunos salarios hayan acompañado parte de la inflación, el problema aparece cuando una mayor proporción del ingreso debe destinarse a servicios, combustible e impuestos.

“Antes, con un salario determinado, gastaba un porcentaje en luz, otro en combustible y tenía una parte que me quedaba para otros consumos. Hoy, aunque el salario se ajuste por inflación, como aumentaron los servicios, dispongo de una porción menor para consumir”, explicó.

Según su análisis, esa es una de las razones por las cuales muchas familias sienten que “la plata no alcanza”.

Al analizar el mercado laboral, Briggler señaló una caída del empleo privado registrado y un crecimiento del trabajo independiente.

“Muchas personas, al caer el empleo asalariado, buscan generar su propio trabajo, pasan al emprendedurismo o intentan generar ingresos de otra manera”, explicó.

También destacó la importancia de la formación profesional y aseguró que los trabajadores con estudios terciarios y universitarios tienen mejores posibilidades de inserción laboral.

“El desempleo de graduados terciarios y universitarios está alrededor del 3,5%. Tener un título aumenta las posibilidades de conseguir empleo”, afirmó.

Briggler señaló que la construcción fue uno de los sectores más afectados, con una pérdida aproximada de 71 mil puestos de trabajo.

“La construcción es muy sensible. Cuando no va bien, impacta mucho en el empleo. Pero cuando reacciona también absorbe trabajadores rápidamente”, indicó.

En contrapartida, mencionó crecimiento en actividades como minería, energía, servicios profesionales, gastronomía y algunos sectores vinculados al agro.

Además, destacó el potencial de las inversiones anunciadas mediante el régimen de incentivos para grandes proyectos.

“Hay registrados en Argentina proyectos por alrededor de 200 mil millones de dólares. Para tener una referencia, las reservas del Banco Central están cerca de 40 mil millones”, explicó.

En relación con los ingresos, Briggler repasó que los salarios registrados tuvieron una pérdida real durante el período analizado.

Según los datos mencionados:

“El sector público fue el que más sufrió, algo esperable si hablamos de una política de reducción del gasto”, señaló.

También explicó que muchas familias recurrieron al endeudamiento para sostener su nivel de consumo.

“Para mantener su nivel de vida, mucha gente se endeudó un poco. Eso generó atrasos y preocupación por el futuro”, sostuvo.

En el cierre, Briggler planteó que la economía atraviesa una etapa de transformación con sectores que todavía enfrentan dificultades, pero también con oportunidades.

“Hay sectores que tienen problemas, como el comercio, porque el consumidor cambió su forma de consumir. También hay sectores como el bancario que están atravesando una transformación hacia lo digital”, explicó.

Finalmente, destacó el potencial de ciudades como Rafaela para aprovechar una eventual etapa de crecimiento.

“Rafaela siempre recibió gente y puede volver a ser un motor. Ojalá podamos absorber esa llegada y seguir creciendo”, concluyó.

Cuando los precios suben todos los meses a un ritmo elevado, comprar en cuotas suele aparecer como una estrategia atractiva: permite pagar un producto durante varios meses mientras su precio aumenta en el mercado.

Pero cuando la inflación empieza a desacelerarse, la cuenta cambia. En ese escenario, las cuotas pueden seguir siendo útiles, aunque ya no necesariamente representan un ahorro.

La pregunta que aparece frente a una compra de electrodomésticos, tecnología, muebles, indumentaria o incluso un gasto cotidiano es simple: ¿conviene pagar en cuotas o es mejor abonar de contado?

La respuesta no depende solamente de cuántas cuotas ofrece el comercio. También hay que mirar cuánto se paga finalmente, si existe interés y qué alternativas ofrece el mercado.

La lógica es relativamente sencilla. Cuando la inflación es muy alta, el dinero que una persona paga dentro de seis, nueve o doce meses vale menos en términos reales que ese mismo dinero en el presente.

Si además las cuotas son fijas y sin interés, el consumidor puede terminar pagando un precio que queda rezagado respecto de los valores de otros productos.

Por ejemplo, si un electrodoméstico cuesta $600.000 y se ofrece en 12 cuotas sin interés de $50.000, el comprador mantiene durante un año el mismo valor nominal de cada cuota.

Si durante ese período los precios continúan aumentando, esas cuotas pueden resultar progresivamente más fáciles de afrontar con un ingreso que también se actualice.

Pero el escenario es diferente cuando la inflación baja de manera sostenida.

Con una inflación más moderada, la pérdida de valor del dinero es menor. Por eso, una financiación que incorpora intereses puede dejar de ser conveniente frente al pago de contado.

En otras palabras: no alcanza con que una compra tenga cuotas; hay que determinar cuánto cuesta realmente financiarla.

Además, existe otro elemento importante: los comercios suelen establecer precios diferentes para pago contado y pago financiado.

Una promoción que anuncia “12 cuotas” puede parecer atractiva, pero si el precio de lista utilizado para financiar es mucho mayor que el precio de contado, el beneficio puede desaparecer.

Uno de los principales errores al comprar en cuotas es prestar atención únicamente al valor mensual.

Una cuota de $80.000 puede parecer accesible. Sin embargo, si son 12 pagos, el desembolso total será de $960.000. Si el mismo producto puede conseguirse por $750.000 al contado, la comparación cambia completamente.

Por eso, antes de aceptar una financiación conviene hacer una cuenta básica:

valor de la cuota × cantidad de cuotas = monto total que se terminará pagando.

Después hay que compararlo con el precio de contado.

Pero la cuenta no termina ahí. También es importante revisar el Costo Financiero Total (CFT), que contempla no solamente la tasa de interés sino también otros gastos, seguros, impuestos, comisiones y cargos asociados a la financiación, cuando corresponda.

La tasa nominal puede resultar llamativa en una publicidad, pero el CFT ofrece una referencia mucho más útil para saber cuánto cuesta realmente financiar una compra.

En las promociones de “cuotas sin interés”, en cambio, el consumidor debe verificar que efectivamente no existan cargos adicionales asociados a la operación y comparar el precio financiado con el precio de contado.

Que la inflación baje no significa que haya que abandonar automáticamente las cuotas.

Hay situaciones en las que financiar puede continuar siendo razonable. Una de ellas aparece cuando se trata de una promoción real de cuotas sin interés y el precio del producto es similar al que se consigue pagando de contado.

También puede tener sentido cuando la compra es necesaria y pagar todo de una sola vez implica quedarse sin dinero disponible para afrontar gastos esenciales o imprevistos.

El llamado “costo de oportunidad” también importa. Si una persona tiene el dinero para comprar un producto pero puede conservar una parte de ese capital para una alternativa que genere un rendimiento, una financiación sin interés puede resultar atractiva.

Sin embargo, esta estrategia requiere cautela. No alcanza con pensar que “el dinero queda en la cuenta y mientras tanto rinde”. Hay que considerar impuestos, comisiones, liquidez, riesgo y el rendimiento real que puede obtenerse.

Las cuotas también pueden ser útiles para bienes durables que se necesitan de inmediato, siempre que el compromiso mensual sea compatible con el presupuesto familiar.

Hay algunas situaciones que deberían hacer sonar las alarmas.

Una de ellas es que la cuota parezca muy baja, pero el plazo sea excesivamente largo. Una financiación de 18, 24 o más cuotas puede terminar comprometiendo ingresos futuros durante un período importante.

Otra señal es que el comercio destaque solamente el monto mensual y no informe con claridad el costo total de la operación.

También hay que desconfiar de las promociones que parecen demasiado convenientes pero tienen condiciones difíciles de encontrar: determinadas tarjetas, días específicos, topes de reintegro, gastos administrativos o tasas aplicadas después de un período promocional.

Un punto fundamental es no acumular demasiadas cuotas al mismo tiempo. Una persona puede pensar que cada pago individual es manejable, pero la suma de varias compras financiadas puede generar una carga mensual importante. En ese sentido, conviene calcular cuánto del ingreso mensual ya está comprometido antes de asumir una nueva deuda.

“Sin interés” no significa necesariamente “barato”.

Una financiación puede tener tasa cero y, aun así, partir de un precio más elevado que el que ofrece otro comercio por el mismo producto al contado.

Por eso, los especialistas en finanzas personales suelen recomendar comparar el precio final, no solamente la modalidad de pago.

Una estrategia sencilla consiste en consultar al menos dos o tres opciones antes de comprar: cuánto cuesta pagando de contado, cuánto cuesta en cuotas y cuál es el total financiado.

También es importante comparar exactamente el mismo producto, modelo, capacidad y condiciones de garantía. Una diferencia de precio puede estar relacionada con características distintas y no necesariamente con la financiación.

La inflación no es el único factor que determina si una financiación es conveniente. También importa la evolución de los ingresos.

Una persona puede conseguir una financiación con una tasa relativamente atractiva, pero si sus ingresos permanecen congelados mientras aumentan otros gastos, las cuotas pueden volverse cada vez más pesadas dentro del presupuesto.

Por eso, antes de comprometerse hay que pensar no solamente en la capacidad de pago de este mes, sino también en los próximos meses.

Una buena regla práctica es evitar que una compra financiada obligue a utilizar el límite de la tarjeta para gastos básicos o a recurrir nuevamente al crédito para pagar otras obligaciones.

Una forma simple de tomar la decisión es seguir cuatro pasos.

Primero: averiguar el precio de contado.

Segundo: calcular el total de las cuotas.

Tercero: revisar el CFT y todas las condiciones de financiación.

Cuarto: evaluar si la cuota puede pagarse cómodamente durante todo el plazo.

Si la diferencia entre contado y cuotas es pequeña y se trata de una financiación sin interés, las cuotas pueden ser una herramienta útil para preservar liquidez.

Si, en cambio, la financiación aumenta considerablemente el precio final, la opción de contado puede resultar más conveniente, siempre que no implique quedarse sin ahorros suficientes para afrontar una emergencia.

También es recomendable evitar decidir exclusivamente por impulso. Las promociones con frases como “última oportunidad”, “solo por hoy” o “cuotas especiales” pueden generar una sensación de urgencia que dificulta comparar alternativas.

La desaceleración de la inflación modifica el escenario, pero hay una regla que permanece vigente: la mejor financiación no es necesariamente la que tiene la cuota más baja, sino la que tiene un costo total razonable y puede pagarse sin poner en riesgo el presupuesto.

Las cuotas pueden continuar siendo una herramienta útil cuando permiten distribuir un gasto importante, especialmente si son realmente sin interés y el precio no está inflado. Pero cuando incluyen costos elevados, pueden convertir una compra cotidiana en una deuda difícil de sostener.

Por eso, antes de sacar la tarjeta, conviene mirar tres números: precio de contado, valor total financiado y porcentaje del ingreso mensual que quedará comprometido.

En un contexto de inflación más baja, esa comparación adquiere todavía más importancia. Lo que antes podía resultar atractivo simplemente porque los precios subían rápidamente ya no necesariamente ofrece el mismo beneficio. La decisión pasa, entonces, por hacer las cuentas y no dejarse llevar solamente por el número grande de cuotas que aparece en la publicidad.

El presidente Javier Milei participará este jueves de la 23ª edición del Council de las Américas, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios en el Alvear Palace Hotel. El mandatario estará a cargo del cierre y buscará transmitir señales de confianza sobre la marcha de la economía y las perspectivas de recuperación de la actividad.

La jornada comenzará a las 9 y será organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La apertura estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mientras que posteriormente será el turno del ministro de Economía, Luis Caputo.

La presentación del titular del Palacio de Hacienda está prevista para las 9:45. En la previa del encuentro, Caputo mantuvo una reunión con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, donde dialogaron sobre las reformas impulsadas por el Gobierno y las posibilidades de inversión en el país.

Según expresó posteriormente, durante el encuentro abordaron los cambios económicos que lleva adelante la administración nacional, la confianza de los inversores y los proyectos que podrían encontrar oportunidades de negocios en Argentina.

La exposición se producirá en momentos en que el Ejecutivo busca mostrar avances en variables como la inflación y, al mismo tiempo, generar condiciones para recuperar niveles de actividad e inversión.

El Council se desarrollará bajo el lema “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”. Dentro de ese esquema habrá un panel dedicado al sector minero con la participación de los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, junto con empresarios vinculados a las actividades de cobre y oro.

A partir de las 11, la agenda avanzará con un bloque dedicado a la energía. Allí expondrán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut.

El panel contará además con la participación de Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

Tras los paneles sectoriales será el turno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien tendrá una intervención prevista hasta las 12:15. Luego expondrá el canciller Pablo Quirno, antes de darle paso al cierre presidencial.

La presencia de varios integrantes del gabinete permitirá al Gobierno mostrar ante el sector empresario diferentes aspectos de su agenda económica, desde las reformas regulatorias hasta el comercio exterior, el financiamiento y las inversiones.

El discurso de Javier Milei está previsto para las 12:30. Se espera que el Presidente defienda el rumbo de su administración y vuelva a poner el foco en las perspectivas de reactivación de la economía.

Uno de los temas que integra ese escenario es la reciente modificación destinada a ampliar los créditos en dólares para empresas. La medida dejó de limitar ese tipo de financiamiento exclusivamente a compañías exportadoras y permitió extenderlo a otras firmas.

Las empresas que accedan a esos préstamos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial, lo que sumaría oferta de dólares dentro de ese segmento.

Otra de las variables que el Ejecutivo utilizará para respaldar su mensaje es la evolución de la inflación. El Indec informó que la inflación mayorista fue de 0,8% en julio, por debajo del nivel registrado durante junio.

Tras conocerse ese dato, Milei celebró el resultado y escribió en sus redes sociales: “Y al final julio empezó con cero”.

El oficialismo buscará presentar esa desaceleración como una señal dentro de su programa económico, al tiempo que intentará responder las inquietudes empresariales sobre la recuperación del consumo, el financiamiento y las posibilidades de crecimiento.

El Council de las Américas volverá así a convertirse en un escenario de contacto directo entre el Gobierno y representantes del sector privado. Las exposiciones estarán atravesadas por cuestiones vinculadas con minería, energía, inversiones, desregulación, crédito y actividad económica.

Con Milei como encargado del cierre, la Casa Rosada buscará dejar un mensaje de continuidad del programa económico y reforzar la expectativa de que la desaceleración de los precios, junto con nuevas herramientas de financiamiento, pueda traducirse en una recuperación de la actividad y mayores inversiones.

La inflación de julio en la provincia de Santa Fe fue del 1,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El registro permite, además, poner en perspectiva la evolución de los precios frente a los aumentos salariales establecidos para los trabajadores estatales y docentes provinciales.

Según el organismo estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación del 19,4% durante los primeros siete meses del año, mientras que la inflación interanual se ubicó en el 34%.

El dato de julio cobra relevancia en el marco de la discusión salarial del sector público. El acuerdo paritario estableció para ese mes un incremento del 2% para estatales y docentes. De esta manera, el porcentaje se ubicó levemente por encima de la inflación mensual informada por el IPEC.

En el caso de los trabajadores de menores ingresos, el impacto resulta mayor debido a los mínimos garantizados de $80.000 previstos en el acuerdo. Para estos sectores, la mejora efectiva de los haberes puede alcanzar aproximadamente el 7%, dependiendo del nivel salarial de cada agente.

El informe del IPEC muestra diferencias importantes entre los distintos capítulos que integran el índice. Esparcimiento encabezó las subas del mes, con un incremento del 4,2%, seguido muy de cerca por Vivienda y servicios básicos, con 4,1%.

Por encima del nivel general también se ubicaron Atención médica y gastos para la salud, con un 2,7%, y Otros bienes y servicios, con un 2,6%.

En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó 1,9%, en línea con el índice general; Educación, 1,6%; Alimentos y bebidas, 1,3%; y Transporte y comunicaciones*, también 1,3%.

El único capítulo que registró una variación negativa durante julio fue Indumentaria, con una baja del 0,2%.

Así, el IPC santafesino de julio quedó por debajo del aumento porcentual previsto para el mes en la paritaria estatal y docente, una diferencia que se amplía entre quienes reciben los mínimos garantizados establecidos en el acuerdo salarial.

El Litoral

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,9 %, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El dato representó una aceleración importante frente al 1,8 % registrado en junio y llevó el incremento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 al 19,4 %.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires se ubicó en 33,2 %.

El registro porteño funciona como una de las referencias previas al dato nacional de inflación, que será difundido por el INDEC el próximo jueves 13 de agosto.

Entre los rubros que más incidieron sobre el índice general estuvieron Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura.

En conjunto, estas divisiones aportaron 2,11 puntos porcentuales al aumento mensual.

Restaurantes y hoteles registró una suba del 5,3 %, impulsada principalmente por el aumento de las tarifas de alojamiento vinculadas con la temporada turística y, en menor medida, por los precios de restaurantes, bares y casas de comidas.

Por su parte, Recreación y cultura aumentó 5,8 %, con una fuerte incidencia de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Durante julio, los Bienes aumentaron 1,4 %, mientras que los Servicios avanzaron 3,8 %.

En los primeros siete meses del año, los bienes acumularon un incremento del 15,4 % y los servicios del 21,8 %.

En la comparación interanual, los bienes registraron una suba del 28,3 % y los servicios del 36,1 %.

La diferencia vuelve a mostrar una mayor presión de los costos vinculados con servicios sobre el índice general.

El denominado Resto IPCBA, utilizado como aproximación de la inflación núcleo, registró durante julio una variación del 2,2 %.

Los precios regulados, en tanto, aumentaron 3 %, con incidencia de los aranceles educativos, las tarifas residenciales de electricidad y las cuotas de medicina prepaga.

La mayor variación correspondió a los bienes y servicios estacionales, que avanzaron 10,9 %.

Ese comportamiento estuvo asociado principalmente con los aumentos en alojamiento hotelero, paquetes turísticos, pasajes aéreos y verduras.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires volvió a generar atención sobre el índice nacional que publicará el INDEC.

De acuerdo con estimaciones privadas mencionadas en el informe, se espera que la inflación nacional de julio se ubique en torno al 2 %, aunque el dato definitivo se conocerá el jueves 13 de agosto.

El comportamiento de los alimentos, los servicios regulados y los componentes estacionales será clave para determinar si el índice nacional también registra una aceleración frente al mes anterior.

El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad durante junio. El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída del 1 % interanual y retrocedió un 1,6 % respecto de mayo, una vez descontados los efectos estacionales.

La contracción se produjo en un contexto de desaceleración de la inflación. Durante junio, el Índice de Precios al Consumidor avanzó 1,9 % mensual, el menor incremento desde agosto de 2025, aunque la variación interanual se ubicó en 33,5 %.

Desde la CAC señalaron que la moderación de los precios podría aliviar progresivamente la presión sobre los ingresos reales. Sin embargo, advirtieron que el ingreso disponible de los hogares continuó retrocediendo en términos interanuales durante los últimos meses.

El informe sostuvo que la continuidad del proceso de desinflación será clave para impulsar nuevamente la capacidad de compra y el consumo de las familias.

Durante 2024, el consumo y la actividad económica habían mostrado variaciones negativas de manera simultánea. En 2025, ambos indicadores comenzaron a recuperarse, aunque a ritmos diferentes.

Para abril de 2026, último dato disponible del Estimador Mensual de Actividad Económica, la relación volvió a separarse. Mientras que el EMAE creció 1,6 % interanual, el Indicador de Consumo cayó 0,6 % en el mismo período.

La actividad económica también mostró una desaceleración, ya que en marzo había registrado una expansión interanual del 6,2 %.

El sector de indumentaria y calzado presentó una caída estimada del 4,6 % interanual, con una incidencia negativa de 0,3 puntos porcentuales sobre el indicador general.

El capítulo de transporte y vehículos retrocedió un 7,4 %, explicado principalmente por una baja del 17,9 % en el patentamiento de automóviles. Su aporte negativo al índice fue de 0,9 puntos porcentuales.

Por su parte, el consumo en recreación y cultura cayó un 8,1 % interanual. Desde la entidad señalaron que, ante la falta de una recuperación sostenida de los ingresos, las actividades vinculadas con el ocio suelen ser las primeras en quedar relegadas.

El conjunto del resto de los rubros mostró una baja del 2 %, y se mantuvo en niveles prácticamente similares a los de junio de 2019, período utilizado como referencia previa a la pandemia.

El rubro de vivienda, alquileres y servicios públicos registró una expansión estimada del 9,4 % interanual y aportó 1,9 puntos porcentuales al desempeño general.

El avance estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la demanda eléctrica, que aumentó un 18,5 % respecto de junio de 2025.

Los bienes de consumo masivo, conocidos como productos de alta rotación, disminuyeron un 1,6 % interanual durante mayo, último período analizado para este segmento.

En comparación con abril, el indicador avanzó un 1,7 % desestacionalizado, reflejando un comportamiento oscilante durante los primeros meses del año.

Desde la CAC señalaron que la recuperación del consumo masivo se encuentra pausada y que el índice permanece en niveles relativamente bajos.

El crédito destinado a los hogares había crecido con fuerza durante 2024 y 2025. Sin embargo, en 2026 se observa un leve pero sostenido retroceso en tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos prendarios.

El crédito hipotecario conserva una trayectoria ascendente, aunque con menor intensidad.

Esta dinámica también impacta sobre los bienes durables. El patentamiento de vehículos y el consumo de electrodomésticos muestran una leve contracción, mientras que las escrituras inmobiliarias dejaron de crecer, aunque mantienen los niveles alcanzados durante los últimos dos años.

El informe concluyó que el consumo de bienes durables ingresó en una fase de relativo estancamiento, después de haber crecido con fuerza durante 2024 y 2025.

Según la entidad, una reducción de la mora y la recuperación del crédito serán condiciones necesarias para reactivar las compras de vehículos, electrodomésticos e inmuebles y volver a impulsar el consumo general.

El salario pretendido promedio en Argentina alcanzó los $1.877.862 mensuales en junio de 2026, según el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran. La cifra representó una suba del 3,99% frente a mayo, el incremento mensual más alto registrado durante la primera mitad del año.

Pese al repunte de junio, las expectativas salariales quedaron rezagadas frente al aumento del costo de vida. Entre enero y junio, el salario pretendido acumuló una suba del 10,5%, mientras que la inflación llegó al 16,8%, una diferencia de 6,3 puntos porcentuales.

La evolución fue irregular durante el semestre. En enero, la remuneración solicitada promediaba $1.699.284, mientras que febrero mostró una mejora del 3,33%. En junio volvió a producirse un incremento significativo, incluso superior a la inflación mensual del 1,9%.

Las diferencias también fueron marcadas según el nivel de experiencia y el área. Durante el semestre, Planeamiento Económico Financiero registró una de las cifras más elevadas, con $4.750.000 mensuales para posiciones de supervisor y jefe.

En junio, las posiciones junior de Gerencia y Dirección General solicitaron un promedio de $2.437.500, mientras que en los niveles semi senior y senior ese mismo grupo llegó a $3.750.000. En el otro extremo, los puestos de camareros marcaron algunas de las pretensiones más bajas, con $850.000 para perfiles junior y $950.000 para semi senior y senior.

El informe también mostró una brecha de 7,52% entre las remuneraciones solicitadas por hombres y mujeres. En junio, los varones pidieron en promedio $1.938.667 y las mujeres $1.803.119.