La problemática de las muertes violentas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública de la provincia de Santa Fe. Desde el ámbito judicial advirtieron sobre la necesidad de visibilizar, registrar datos y trabajar de manera interrelacionada para intentar reducir los índices vinculados a suicidios, accidentes de tránsito, homicidios.

Según los datos mencionados, en la provincia se registraron 448 suicidios, 306 accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos, cifras que muestran el impacto de distintas formas de violencia.

“Hay que empezar a visibilizar esta enorme problemática, tomar datos y tratar de mejorar para trabajar interrelacionalmente y bajar estos niveles de muertes violentas”, se planteó.

En ese sentido, se remarcó que, aunque muchas veces se las analiza por separado, estas situaciones comparten un mismo eje: todas constituyen muertes violentas y demandan una intervención estatal coordinada.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó que el trabajo de un fiscal frente a determinados tipos de muertes violentas tiene la misma exigencia investigativa que en un homicidio doloso.

“El trabajo de un fiscal respecto de estos tipos de muertes es exactamente igual que el de un homicidio doloso”, se indicó.

Dentro del ámbito de la Regional 5, se mencionó que se registraron 46 casos en Rafaela, lo que refuerza la necesidad de abordar la problemática con una mirada territorial, sostenida y articulada entre distintas áreas del Estado.

También se hizo referencia al trabajo que se viene realizando en la región frente a delitos vinculados al microtráfico, especialmente en la ciudad de Frontera.

“Desde esta Regional estamos trabajando de manera insistente, y Frontera es el lugar donde aparecen estos delitos de microtráfico”, se señaló.

En ese marco, se destacó el avance de procedimientos contra puntos de venta de drogas. “En Frontera logramos el derribo de 10 búnkers”, se informó.

Uno de los puntos más sensibles del análisis estuvo puesto en los suicidios, especialmente por el rango etario más afectado. Según se indicó, la mayor incidencia aparece entre personas de 20 a 39 años.

“Hay que visibilizar esta problemática que va en aumento”, se advirtió.

En ese sentido, se remarcó que el abordaje no puede depender de un solo organismo, sino que requiere la intervención de distintas áreas estatales.

“Cada sector del Estado se tiene que hacer cargo de lo que corresponde en suicidios”, se sostuvo.

La situación ocurrida en San Cristóbal también fue mencionada como parte de una problemática más amplia, vinculada a expresiones de violencia extrema en contextos escolares.

“Lo de San Cristóbal no es un hecho aislado. La problemática es mucho mayor”, se afirmó.

En ese sentido, se vinculó este tipo de hechos con fenómenos surgidos en otros países y con consumos culturales digitales asociados a situaciones de violencia extrema.

“Esto tiene un origen en Estados Unidos, con la masacre de Columbine, y en subculturas digitales donde la motivación se encuentra en relaciones de situaciones de violencia extrema”, se planteó.

Finalmente, se hizo referencia a la falta de lugares de alojamiento para personas detenidas y a la responsabilidad funcional del Ministerio Público de la Acusación.

“Nunca bajo mi órbita voy a dejar de cumplir con mis funciones por falta de lugar de alojamiento”, se remarcó.

En esa línea, se aclaró que la disponibilidad de plazas para alojar detenidos no es competencia directa de un fiscal, aunque sí forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema penal y penitenciario.

El Gobierno de Santa Fe anunció que se registró una disminución histórica de homicidios dolosos durante el primer trimestre del año 2026 en toda la provincia. De acuerdo a los números oficiales, el período enero-febrero-marzo culminó con un descenso de más del 70 % de los homicidios dolosos en relación a los años de mayor violencia, como 2023 y 2020 -35 de este año, contra 121 y 124 respectivamente-.

Desde la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, afirmó que la cantidad de homicidios dolosos, en comparación con el mejor año de la actual gestión de gobierno -que fue el trimestre inicial de 2025-, cayó más del 40 % -35 este año, contra 61 del año pasado-. “Si comparamos con 2014 que teníamos el registro más alto (135 homicidios) estamos hablando de 100 homicidios menos en tres meses”, sumó el funcionario.  En cuanto al departamento Rosario, el primer trimestre del 2026 cerró con 23 homicidios, mientras que en 2023 fueron 81 y en 2025 sucedieron 38 homicidios. En La Capital, en tanto, en los primeros tres meses del presente año se registraron 7 homicidios dolosos (15 en 2025, 19 en 2023, 37 en 2020 y 45 en 2014); mientras que solo ocurrieron 5 homicidios dolosos en el resto de la provincia en este 2026.

Las cifras que se desprenden de los informes representan el valor más bajo desde que hay un registro, dato que se destaca aún más a la luz de la historia reciente, con años que culminaron con más de 400 crímenes, como 2022. 

"Si comparamos las cifras con los años de mayor circulación de violencia, el descenso supera en todos los casos el 70 % en cuanto a la caída; y si tomamos el mejor registro que teníamos hasta el momento (2025), el descenso oscila el 40 %”, destacó Santantino, al tiempo que valoró los datos “objetivos en relación a la transparencia en la construcción de las estadísticas y que no tienen precedentes en cuanto a la caída en la tasa de homicidios tan significativa como la que estamos viviendo en la provincia”.

Arma de fuego, principal medio empleado

Además, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, analizó los componentes asociados a la violencia altamente lesiva, remarcando que “aún en la caída generalizada, histórica y sin precedentes en materia de homicidios dolosos, se observa la presencia de las armas de fuego como principal elemento o medio empleado para llevar adelante este tipo de hechos”.En el departamento Rosario la presencia de armas de fuego en los homicidios dolosos es del 82,6 %, mientras que a nivel provincial representan el 77,1 % contra un 14,3 % en arma blanca, y en el departamento La Capital todos los hechos vinculados a homicidios dolosos fueron cometidos con arma de fuego.

Las autoridades del área consideran clave la continuidad del plan de seguridad que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, utilizando los datos objetivos que el sistema provee para mejorar los indicadores que miden la violencia lesiva, que incluyó además una fuerte inversión en patrulleros, camionetas, motos y equipamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario.Asimismo se subraya la importancia del “régimen de detenidos de alto perfil”, que permitió detener la metodología de ordenar asesinatos desde dentro de las cárceles. Para este objetivo es clave el avance de las obras de infraestructura carcelaria, que permitirá contar este año con 1.152 plazas nuevas para “presos de alto perfil” en El Infierno, unidad penitenciaria que se está construyendo en Piñero, al lado de la UP 11.Por último, en los balances se destacan el tiempo de respuesta de la Central de Emergencia 911, que continúa bajando considerablemente, lo que permite mejorar y reforzar diariamente la presencia policial en las calles.

Se presentaron informes sobre las cifras de homicidios; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas penitenciarias en marcha.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles el segundo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad -que integran representantes de los tres poderes del Estado-, durante el cuál las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron informes sobre las cifras de homicidios, los avances en el reequipamiento policial, la capacitación del personal y las obras penitenciarias y en comisarías que están en marcha.

Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, precisó que en este espacio “confluyen los diversos actores y poderes del Estado que hacen a justicia y seguridad pública: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, y legisladores, entre otros actores”, con el objetivo de entablar “un diálogo institucional sobre la marcha de las políticas de justicia y seguridad en la provincia de Santa Fe”.

En este encuentro “cada una de las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron un breve informe, dando cuenta fundamentalmente, de algo que para nosotros es muy importante, que es el marcado descenso que ha tenido la cifra de homicidios a lo largo y ancho de nuestra provincia; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas, policiales y penitenciarias, que se encuentran en marcha. En definitiva todo lo que hace a los principales ejes del plan de seguridad que hemos trazado para la provincia de Santa Fe”, detalló Cococcioni.

En relación a los índices de delitos, el ministro precisó que “si uno compara las cifras de los primeros cuatro meses del año pasado con los primeros cuatro meses del año en curso, la cantidad de homicidios es prácticamente la mitad, en distintos puntos de la provincia y también ha bajado mucho la cantidad de heridos y de lesiones leves con arma de fuego. Esto refleja, de alguna manera, una baja en los principales indicadores de violencia en Santa Fe”.

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Por último, Cococcioni recordó que “hemos entregado los primeros 100 móviles policiales, 70 en la ciudad de Rosario, 30 en la ciudad de Santa Fe, ambos para funciones netamente operativas en comandos radioeléctricos y se encuentra en marcha una licitación para 700 nuevos patrulleros, los que en muy poco tiempo vamos a estar entregando en toda la provincia. También se encuentra en marcha, y muy avanzada, la licitación para 500 motocicletas de uso policial y se están trabajando los pliegos para la adquisición de pick-up, y equipamiento para las policías especiales y de investigaciones”.

La Junta Provincial de Seguridad es un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la Provincia. De la misma participan representantes de los tres poderes del Estado con el objetivo de facilitar el diálogo entre las distintas esferas del Estado en los temas referidos a seguridad; facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas, elaboradas para la prevención y mitigación en materia de seguridad; recabar y analizar datos sobre inseguridad; y programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.