La Fiscalía Federal de Rafaela autorizó la incineración de un importante cargamento de drogas, un procedimiento histórico por la cantidad de material involucrado, estimado en aproximadamente 14 millones de dólares. La operación se realiza mediante un crematorio privado contratado específicamente para garantizar la correcta destrucción de los estupefacientes.

“Lo natural y lo que corresponde es que la incineración se produzca por disposición de la Fiscalía Federal de Rafaela”, explicó la fuente judicial. El lugar exacto de la quema puede variar según la ubicación del material, pudiendo realizarse en Rafaela, Santa Fe o en otra jurisdicción, dependiendo de la logística y el tipo de droga involucrada.

En total, ocho imputados forman parte del expediente, incluidos dos condenados de nacionalidad boliviana y seis argentinos provenientes de distintas provincias, como Formosa, Chaco, Jujuy y Córdoba.

Según indicó la Fiscalía, estas personas no habrían tenido capacidad económica para adquirir el estupefaciente, y la investigación apunta a que bandas narco de Bolivia contrataban a ciudadanos locales para la logística y transporte del material. “La hipótesis con la que trabajamos es que bandas narco criminales de otros países, puntualmente de Bolivia, contratan los servicios de estas personas para hacer la logística local del transporte de estupefaciente, que puede entrar por frontera terrestre o aérea, y luego se deposita en campos en el norte del país, desde donde se lleva a puerto”, señaló la fuente.

El operativo también se enmarca dentro de un contexto regional de producción y tráfico de drogas. Bolivia es uno de los principales productores de cocaína de la región, y se estima que genera entre 300 y 380 toneladas anuales, según datos de Naciones Unidas. La ruta 34 se consolidó como un corredor clave para trasladar estupefacientes hacia puertos en Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo, aunque también se considera que parte del cargamento se destina al mercado local.

El alcance de las investigaciones en Rafaela también abarca procedimientos de microtráfico. La Fiscalía mantiene en curso investigaciones y trabaja de manera coordinada con distintos organismos, incluidos el Ministerio Público de la Acusación y autoridades municipales. “Tenemos en curso investigaciones a lo que hay que sumar procedimientos de prevención, como estos tres casos de los que estamos hablando hoy”, explicó la fuente.

La colaboración con el secretario de seguridad local y el fiscal regional de Carlos Pellegrini garantiza el intercambio de información y fortalece el control de las operaciones en la región. La autoridad aclaró que no existe un umbral legal específico que diferencie microtráfico de narcotráfico: depende de cada caso y las circunstancias de la actividad detectada.

El área de intervención en la provincia de Santa Fe abarca departamentos como 9 de Julio, San Martín, San Cristóbal y gran parte de Castellanos, incluyendo además la mitad del departamento de Las Colonias, en coordinación con la fiscalía de Santa Fe. Este territorio coincide con rutas estratégicas, como la Ruta 34, utilizada para el traslado de estupefacientes.

La quema histórica de drogas representa un hito en la jurisdicción federal de Rafaela, asegurando tanto la destrucción del material como la trazabilidad de la operación y la seguridad del procedimiento.

En el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y la Gendarmería Nacional, se lleva a cabo este martes en la tarde un importante despliegue por la comercialización de piezas que forman parte del patrimonio cultural, histórico y arqueológico.

El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades que opera en la ciudad.

El operativo, que inició el pasado martes por la tarde y aún continúa en desarrollo, incluyó el registro de dos domicilios particulares ubicados en las intersecciones de Edison e Iturraspe, y en la calle Colón, de la localidad del sur santafesino.

Asimismo, las fuerzas de seguridad inspeccionaron dos depósitos situados en calle Dean Funes y en 9 de Julio al 1100.

Según informaron las autoridades judiciales, aunque la medida aún no ha finalizado, ya se han secuestrado cerca de 80 objetos de gran valor histórico.

Las tareas de catalogación y aseguramiento de las piezas continúan para determinar el alcance total del material recuperado y su procedencia exacta.

EL

Dos ciudadanos bolivianos detenidos el año pasado en Ceres, acusados por el transporte de más de 5 kilos de cocaína con destino a Buenos Aires, fueron absueltos y recuperaron la libertad este miércoles, en un juicio oral realizado en los tribunales federales de Santa Fe.

La resolución fue dictada por la jueza Elena Dilario (del TOF N° 2 Rosario), la cual a instancias de la fiscalía federal decidió “absolver de culpa y cargo a Julia Rosa Kau Choque y Gerson López Rodríguez (...) y disponer la inmediata libertad” para ambos.

Previamente, el equipo de fiscales encabezado por el Dr. Gustavo Onel, junto con sus pares, Federico Grimm y Pablo Micheletti -de la Fiscalía Federal de Rafaela-, desistieron de la declaración de los últimos cuatro testigos y realizaron su alegato, retirando la acusación contra ambos imputados, solicitando su absolución y libertad.

“Entendemos que la investigación se inicia a partir de un acto de Gendarmería que, a criterio de la fiscalía, no puede ser homologado porque se trata de una prueba que fue obtenida en violación a la garantía contenida en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe la autoincriminación forzada”, sostuvo el Dr. Onel.

Ello había sido planteado por los defensores públicos oficiales, Francisco García Rossi -en representación de Kau Choque- y Marcelo Cerda -por López Rodríguez-, quienes en su alegato de apertura se refirieron a la ilegalidad del procedimiento.

En particular, el Dr. Cerda hizo referencia a lo ocurrido en la sede de GNA de Ceres el 27 de octubre de 2024, cuando fueron detenidos los coimputados, en un micro de larga distancia que transitaba por la ruta nacional Nº 34, proveniente del norte del país.

El caso, que es el segundo en la provincia y el primero en materia de narcotráfico en llegar a juicio oral desde la implementación del sistema acusatorio federal el 6 de mayo del año pasado, puso de manifiesto las falencias del proceso, especialmente por la falta de capacitación y formación del personal policial que realizó el procedimiento.

Ese domingo de octubre, en horas de la noche, efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceres interceptaron un micro proveniente de Orán, Salta, donde viajaban dos mujeres de nacionalidad boliviana, Kau Choque (22) y Thatiana Parada Vargas (20), esta última condenada a 4 años de prisión en un juicio abreviado que deberá ir a revisión.

En poder de las mujeres los gendarmes incautaron 5,155 kilos de cocaína base, que efectivamente llevaban adosado al cuerpo; y producto de las declaraciones de las detenidas, descubrieron que iban acompañadas de López Rodríguez, quien terminó procesado junto a las “mulas” por la coautoría del delito de “transporte de estupefacientes”.

Pero tal como lo reflejaron las noticias del momento, y como lo expusieron los defensores García Rossi y Cerda en debate, ese mismo 27 de octubre, en horas de la siesta, se había realizado otro procedimiento positivo, con un micro proveniente de Orán, donde fue detenida una pareja con unos 6 kilos de la misma sustancia prohibida.

Quedó expuesto en el juicio que la mujer detenida en el primer control, advirtió a Gendarmería de la inminente llegada de otro micro, donde viajaban tres personas, cuyas características aportó y que transportaban otro cargamento de cocaína similar.

Con esa información, en vez de comunicar la novedad a la Fiscalía en turno, para que se ordenen medidas acorde al procedimiento, Gendarmería montó un operativo a espaldas de la autoridad judicial, que en dichos de la defensa, expuso la “autonomización y resistencia al control judicial de las fuerzas de seguridad”.

“El jefe de los procedimientos declaró que a partir de la incautación verificada en el primer ómnibus, estando una de las personas implicadas en condición de detenida en el destacamento de GNA, obtiene el dato que en otro colectivo que venía detrás había personas que también transportaban droga”, argumentó el fiscal Onel en su alegato de clausura.

“La Fiscalía interrogó al testigo para saber cómo obtuvo ese dato y fue contradictorio. Primero dijo que fue una manifestación espontánea, que le preguntó y que no se acordaba bien como había sido”, sostuvo Onel.

Expuso que el testigo afirmó que “creaba un clima amable y que en ese contexto la persona hablaba”, es decir, “distintas circunstancias que nos impiden afirmar que ese dato hubiera sido obtenido de manera lícita”, destacó.

Por ello, “habiendo dudas de cómo se obtuvo el dato -si fue una manifestación espontánea, o producto de coerción o engaño-, esa prueba no puede ser validada en este juicio y en consecuencia eso lleva la invalidez al resto de los actos del procedimiento”, lamentó el representante de la acusación.

“En esta colisión de intereses que se presentan en todo proceso penal entre los derechos individuales y el interés de la sociedad que nos toca representar, en este caso debe ser resuelto a favor del primer interés, de acuerdo también a los principios que debe guiar a los fiscales, que es el principio de objetividad y el ejercicio ponderado del poder punitivo del Estado”, subrayó el Dr. Onel.

Para el titular de la acción penal “esta prueba ilícitamente obtenida se proyecta sobre todos los actos posteriores del procedimiento, por imperio de la teoría del fruto del árbol venenoso o efecto dominó de la prueba ilícita”, abundó.

En definitiva, la fiscalía entiende que “la incautación de la sustancia estupefaciente -sobre Kau Choque y Parada Vargas- es inválida” y “también la totalidad de las actuaciones sobre el coimputado” López Rodríguez.

Por último, el funcionario remarcó que “esta situación nos interpela a todos los poderes del Estado, sobre la capacitación y la preparación que tienen y deberían tener nuestras fuerzas de seguridad”.

Y que "la lucha contra el narcotráfico tiene que hacerse dentro de los parámetros del estado de derecho, respetando derechos y garantías de los ciudadanos", completó.

Además de sendos pedidos absolutorios, la fiscalía se refirió a la condenada Parada Vargas, cuya defensa deberá presentar un recurso de revisión de sentencia, atento a lo ocurrido durante el juicio oral.

El Litoral

Los procedimientos tienen lugar en la mañana de este miércoles, minutos antes del mediodía.

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A pocos minutos de las 12 de este miércoles, dos importantes allanamientos tuvieron lugar en la ciudad de Rafaela. Los procedimientos estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, ordenados por la Fiscalía Federal.

Por lo que se pudo conocer, uno de los procedimientos tuvo lugar en calle Beltramino al 900, muy cerca de Remedios de Escalada, frente al Parque Villa Podio. La otra intervención se concretó en calle Bollinger casi Gabriel Maggi, barrio Italia.

Los resultados de los trabajos serían altamente positivos, ya que se habría logrado el secuestro de estupefacientes. Al mismo tiempo, en el allanamiento de barrio Italia habrían hallado un revolver.

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