El Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”.

En especial de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

En este sentido, en el escrito se solicitó que se eliminen estas “Tasas municipales” que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Asimismo, se destacó que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria.

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A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones.

La nota enviada también hace hincapié en que la Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

En la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.

Es en el marco de la crisis que atraviesa la institución de Boedo, luego de que a finales de 2022 se suspendieran las elecciones.

La Inspección General de Justicia (IGJ) hizo lugar a una denuncia que realizó un socio de San Lorenzo e intimó al club a convocar dentro de los próximos 15 días a una asamblea para tratar los balances (a realizarse presumiblemente el 25 de agosto), en el marco de la crisis que atraviesa la institución luego de que a finales de 2022 se suspendieran las elecciones.

De acuerdo a la resolución de la IGJ y la denuncia del socio Manuel Astesiano Agote, perteneciente a la agrupación "Movete Boedo Movete", el club nunca reprogramó la asamblea para tratar los balances del ejercicio 2021-2022, que originalmente se iba a realizar a fines del año pasado y fue suspendida. Esto va en consonancia con otra denuncia, a nombre de Lucía Rojas Albornoz, de la misma agrupación, donde se apunta contra la "falta de acceso a la información que respalda los estados contables a aprobar".

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La denuncia de Albornoz profundizaba en la "inexistencia de documentación respaldatoria que explicara el origen de préstamos por el total de $376.676.867", equivalente al 7,08% del total del pasivo del ejercicio.

Además, la IGJ dispuso la apertura de un sumario para impulsar una veeduría legal y contable sobre el club y lo obliga a publicar la resolución en su sitio web oficial.

Mientras tanto en el orden futbolístico, San Lorenzo cerró la incorporación del delantero Federico Girotti, procedente de Talleres. Pero las condiciones de la llegada del exRiver demuestran el estado de la economía del club: a préstamo por 18 meses y sin opción de compra. Girotti, de 24 años, viene de una larga inactividad por una rotura de ligamento (un partido -4 minutos- en los últimos 11 meses).(Página 12)

El ex jugador está fuera de la Argentina desde el 17 de junio y está obligado a presentarse ante el juzgado antes del 8 de julio próximo.

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Este lunes, Claudio Caniggia fue procesado por el delito de abuso sexual agravado contra su ex esposa Mariana Nannis, en un incidente que tuvo lugar en 2018 en las residencias del Hotel Faena.

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini tomó esta decisión y además impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre el exjugador de fútbol. También se le prohíbe tener contacto con la victima, ya sea personalmente o a través de mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos y mensajeros instantáneos, así como a través de terceras personas.

La medida dictada no implica prisión preventiva, pero si Caniggia desea salir de Argentina, deberá solicitar autorización previa a la justicia.

Por otra parte, al exjugador se le impuso la prohibición de salida del país por 90 días, debido a que se informó que salió el 17 de junio salió rumbo a España sin informarlo a la justicia.

Por lo tanto, se le ordena regresar a Argentina antes del 8 de julio. Si no regresa antes de esa fecha, la jueza ha adelantado que se emitirá una orden de captura internacional en su contra.

Por su parte, el abogado de Nannis tiene la intención de solicitar la intervención de Interpol para determinar el paradero de Caniggia y pedir que se le prohíba acercarse a Marbella, donde se encuentra su ex esposa.

La denuncia

La denuncia fue presentada por Nannis en 2019, alegando que Caniggia la había agredido sexualmente el 6 de mayo de 2018, después de salir juntos de una boda en el Hipódromo de Palermo.

Según la acusación, el exjugador conducía a 150 kilómetros por hora por la Avenida del Libertador, inicialmente en Palermo, en un descapotable en el que también iba una amiga de Nannis.

La testigo afirmó que Caniggia estaba drogado, posiblemente con cocaína, y que conducía de manera peligrosa. También mencionó que hubo una discusión y una situación violenta entre la expareja.

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Luego relató que esa madrugada llamó a Nannis desde el baño del Hotel Faena porque había olvidado algo en el auto, y fue entonces cuando la mediática le contó que Caniggia la había violado. La testigo incluso recordó que vio moretones en sus brazos al día siguiente.

La jueza afirmó que, según los testimonios de Mariana Nannus y otros elementos de prueba considerados en este caso, existe una alta probabilidad que respalda la decisión de procesar a Caniggia y asegurar provisionalmente su situación para permitir el desarrollo completo del proceso.

Se tuvieron en cuenta los análisis psicológicos realizados a ambas partes. Además, la testigo que estaba en el auto momentos antes del incidente denunciado también proporcionó detalles que incriminan al exjugador de fútbol.

Fuente: EL