La escuela Nº 1.515 “Alicia Moreau de Justo”, ubicada en la intersección de Maipú y San Juan en Villa Gobernador Gálvez, fue víctima de un ataque incendiario durante la noche del miércoles. Los autores, según indicios preliminares, habrían sido adolescentes, y dejaron una bandera con nombres de reclusos alojados en la unidad penitenciaria de Coronda.

Personal de la Policía de Acción Táctica acudió al establecimiento tras un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio en el portón del colegio. Los agentes constataron daños en la entrada del edificio, que alberga niveles primario y secundario.

En la escena se secuestró una tela blanca con grafitis en aerosol negro, donde figuraban los nombres de tres internos y la mención del barrio Vía Honda de Rosario. Además, se hallaron restos de un envase plástico con combustible, utilizado para iniciar el fuego.

El caso se encuentra bajo investigación judicial, y las autoridades trabajan en identificar a los responsables, analizar la bandera incautada y determinar posibles vínculos con organizaciones delictivas de la zona.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba para determinar quién contrató cuatro líneas de telefonía celular en la provincia de Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El también presidente del Consejo de la Magistratura denunció ayer que desconocidos contrataron a su nombre, con su número de documento y la dirección de su domicilio en la provincia de Santa Fe, cuatro líneas de telefonía celular de la empresa personal.

La activación de las líneas, según las primeras investigaciones, habría ocurrido entre enero y febrero pasado, y el juez advirtió lo que estaba ocurriendo cuando comenzaron a llegarle las facturas por esas líneas que él no había contratado.

Rosatti radicó ayer en Comodoro Py la causa número 987/2023 por el presunto delito de “falsificación de documento destinado a acreditar la identidad”, una figura que eventualmente podría tener una pena de hasta ocho años de prisión.

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Por tratarse de un delito sin presunto autor identificado (comúnmente llamado “NN”), la investigación queda a cargo del Ministerio Público, en este caso de la fiscal Paloma Ochoa.

Las primeras medidas consisten básicamente en la reconstrucción del trámite por el cual fueron obtenidas las líneas telefónicas.

Para ello, se remitieron oficios a la empresa Personal para que precise cómo fue el trámite para esa obtención, que se produjo en la provincia de Misiones.

De Misiones es oriundo Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años de edad que admitió haber hackeado el teléfono del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessando, del cual se filtraron chats sobre un viaje con jueces y otros funcionarios de CABA a Lago Escondido y conversaciones con el secretario de Rosatti, Silvio Robles.,

A los investigadores les llamó la atención esa coincidencia geográfica pero por el momento no encontraron vinculación

¿Espionaje?

Recordemos que de acuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti denunció hoy penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La presentación se hizo esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002. El fiscal Gerardo Pollicita, de turno, intervino para llevar adelante las primeras medidas urgentes para reguardar la informción. Luego por sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Según pudo saber Infobae, las líneas fueron habilitadas en enero y se gestionaron en Misiones. El juez del máximo tribunal se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Las boletas venían de la empresa Personal, una firma de la que ni siquiera es cliente. En ese contexto, mandó cartas documento a la empresa.