La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia sumó una prueba que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido: el teléfono celular de la víctima fue entregado a la Justicia por la madre de Victoria Luz Cantero, la joven imputada por el crimen.

El dispositivo quedó incorporado al expediente luego de que la mujer prestara declaración testimonial. Aunque por su vínculo familiar tenía la posibilidad de abstenerse, decidió brindar su testimonio ante los investigadores.

Según informó la defensa de Cantero, durante la declaración la mujer también sostuvo que existía una relación atravesada por situaciones de violencia entre su hija y la víctima.

La Fiscalía buscará acceder al contenido del teléfono para reconstruir las últimas horas de Guardia y establecer con mayor precisión qué ocurrió antes y después de la agresión.

Las pericias estarán orientadas a revisar llamadas, mensajes, conversaciones y cualquier otro elemento digital que pueda aportar información relevante para la causa.

De acuerdo con el abogado defensor, Cantero conoce la clave de acceso al dispositivo y esa información será entregada a la Fiscalía para facilitar el análisis.

Uno de los puntos que todavía deberá aclararse es cómo el celular de la víctima terminó en poder de la familia de la imputada. Desde la defensa aseguraron que el aparato había sido puesto a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación.

Facundo, hermano de Cantero, también declaró y afirmó que fue quien trasladó al joven hasta el Hospital Julio C. Perrando después de la agresión.

Según su relato, recibió una llamada del propio Guardia, quien le habría manifestado: “Victoria me cortó y me está sangrando, nos estamos peleando”.

El testigo explicó que se dirigió junto con su esposa hasta una vivienda del barrio 100 Viviendas. Allí encontraron a la víctima herida, sentada en un sillón y expresando que sentía dolor.

Ambos lo asistieron y lo trasladaron de urgencia al hospital. Sin embargo, la herida de arma blanca en el cuello comprometió arterias y venas vitales y provocó el fallecimiento del joven.

La defensa sostuvo además que Cantero acompañó a su pareja al hospital junto con su hermano y su cuñada, y que colaboró para intentar contener la hemorragia.

Más tarde, debido al estado de alteración que presentaba, sus familiares llamaron a su madre para que fuera a buscarla.

Con el teléfono ya incorporado al expediente y las nuevas declaraciones testimoniales, la Fiscalía espera avanzar en la reconstrucción de los momentos previos al ataque y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, atraviesa horas de fuerte repercusión luego de que trascendiera que forma parte de una investigación impulsada por la Justicia de Estados Unidos relacionada con la administración de contratos comerciales internacionales del organismo.

La situación se conoció tras el regreso de parte de la delegación argentina que disputó el Mundial 2026. Diversas versiones indicaron que, antes de abordar el vuelo de regreso desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, autoridades estadounidenses habrían retenido a Tapia y solicitado la entrega de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la comitiva. Hecho que fue desmetido, ya que se trató de una notificación judicial.

Como consecuencia de ese procedimiento, el vuelo chárter que trasladó al plantel hacia Buenos Aires sufrió una demora de más de dos horas, lo que también retrasó el arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La AFA desmintió el operativo

Horas después de conocerse la información, la AFA difundió un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón, en el que rechazó categóricamente la versión.

"Es rotundamente falso", sostuvo el letrado, quien aseguró que ninguno de los episodios difundidos ocurrió y negó que existiera un operativo de esas características sobre el presidente de la entidad o la delegación argentina.

Una causa vinculada a contratos internacionales

La causa apunta a la empresa Tourprodenter LLC, sociedad radicada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para la negociación de contratos de patrocinio, derechos televisivos y organización de amistosos internacionales.

La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting , radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.

Según la documentación conocida, la Justicia solicitó a un miembro de la comitiva de la AFA que aporte información y comunicaciones vinculadas con esa empresa y con dirigentes como C.Tapia,Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni, quienes también aparecen mencionados en la investigación.

La pesquisa analiza movimientos por más de 300 millones de dólares

La causa es llevada adelante por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, quienes buscan reconstruir el circuito de fondos vinculados a los acuerdos comerciales internacionales de la AFA.

El expediente analiza operaciones superiores a 300 millones de dólares, realizadas a través de distintas entidades bancarias estadounidenses y diversas sociedades comerciales radicadas en Florida.

Los investigadores intentan determinar el recorrido del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si existieron maniobras que pudieran constituir delitos contemplados por la legislación estadounidense.

El origen de la investigación

La pesquisa tomó impulso a partir de documentación obtenida durante litigios civiles iniciados por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA por derechos comerciales.

Ese material dejó de formar parte exclusivamente de una disputa privada y pasó a ser analizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por fiscales federales, que actualmente evalúan la existencia de posibles irregularidades financieras.

Hasta el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y no implica imputaciones penales ni acusaciones formales contra Claudio Tapia u otros dirigentes. Sin embargo, las citaciones judiciales y el requerimiento de documentación representan un nuevo avance en una causa que mantiene bajo observación la estructura comercial internacional de la AFA.

La escuela Nº 1.515 “Alicia Moreau de Justo”, ubicada en la intersección de Maipú y San Juan en Villa Gobernador Gálvez, fue víctima de un ataque incendiario durante la noche del miércoles. Los autores, según indicios preliminares, habrían sido adolescentes, y dejaron una bandera con nombres de reclusos alojados en la unidad penitenciaria de Coronda.

Personal de la Policía de Acción Táctica acudió al establecimiento tras un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio en el portón del colegio. Los agentes constataron daños en la entrada del edificio, que alberga niveles primario y secundario.

En la escena se secuestró una tela blanca con grafitis en aerosol negro, donde figuraban los nombres de tres internos y la mención del barrio Vía Honda de Rosario. Además, se hallaron restos de un envase plástico con combustible, utilizado para iniciar el fuego.

El caso se encuentra bajo investigación judicial, y las autoridades trabajan en identificar a los responsables, analizar la bandera incautada y determinar posibles vínculos con organizaciones delictivas de la zona.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba para determinar quién contrató cuatro líneas de telefonía celular en la provincia de Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El también presidente del Consejo de la Magistratura denunció ayer que desconocidos contrataron a su nombre, con su número de documento y la dirección de su domicilio en la provincia de Santa Fe, cuatro líneas de telefonía celular de la empresa personal.

La activación de las líneas, según las primeras investigaciones, habría ocurrido entre enero y febrero pasado, y el juez advirtió lo que estaba ocurriendo cuando comenzaron a llegarle las facturas por esas líneas que él no había contratado.

Rosatti radicó ayer en Comodoro Py la causa número 987/2023 por el presunto delito de “falsificación de documento destinado a acreditar la identidad”, una figura que eventualmente podría tener una pena de hasta ocho años de prisión.

LEE: Violencia narco: Rosatti le pidió a Aníbal Fernández la protección para jueces y fiscales

Por tratarse de un delito sin presunto autor identificado (comúnmente llamado “NN”), la investigación queda a cargo del Ministerio Público, en este caso de la fiscal Paloma Ochoa.

Las primeras medidas consisten básicamente en la reconstrucción del trámite por el cual fueron obtenidas las líneas telefónicas.

Para ello, se remitieron oficios a la empresa Personal para que precise cómo fue el trámite para esa obtención, que se produjo en la provincia de Misiones.

De Misiones es oriundo Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años de edad que admitió haber hackeado el teléfono del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessando, del cual se filtraron chats sobre un viaje con jueces y otros funcionarios de CABA a Lago Escondido y conversaciones con el secretario de Rosatti, Silvio Robles.,

A los investigadores les llamó la atención esa coincidencia geográfica pero por el momento no encontraron vinculación

¿Espionaje?

Recordemos que de acuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti denunció hoy penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La presentación se hizo esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002. El fiscal Gerardo Pollicita, de turno, intervino para llevar adelante las primeras medidas urgentes para reguardar la informción. Luego por sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Según pudo saber Infobae, las líneas fueron habilitadas en enero y se gestionaron en Misiones. El juez del máximo tribunal se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Las boletas venían de la empresa Personal, una firma de la que ni siquiera es cliente. En ese contexto, mandó cartas documento a la empresa.