La investigación por la violenta agresión sufrida por un comerciante de Brinkmann tuvo avances en las últimas horas. La Fiscalía de Instrucción de Morteros logró identificar a tres menores de edad punibles como presuntos autores del ataque contra Pablo Mora, de 50 años.

La causa está a cargo del fiscal Francisco Payges, quien confirmó que los adolescentes fueron citados para presentarse este martes ante la Fiscalía, acompañados por un mayor responsable.

Durante esa instancia serán notificados formalmente del delito que se les atribuye, mientras continúan las medidas para determinar con precisión qué participación tuvo cada uno en el episodio.

El hecho ocurrió mientras Mora se encontraba trabajando en un carro de comidas rápidas ubicado en inmediaciones de bulevar Belgrano y A. Giacosa, en Brinkmann.

De acuerdo con lo reconstruido hasta el momento, en el sector se habría producido una pelea entre varios jóvenes. El comerciante intentó intervenir para separar a quienes protagonizaban el enfrentamiento, pero terminó siendo atacado por algunos de los involucrados. Como consecuencia de los golpes, el hombre sufrió lesiones de consideración.

Las tareas investigativas permitieron hasta el momento individualizar a tres presuntos agresores, quienes, según las primeras precisiones de la causa, habrían tenido una participación directa en el ataque.

Sin embargo, la Fiscalía no descarta que otras personas también hayan intervenido en el episodio. La causa continúa en etapa investigativa y se esperan nuevas medidas judiciales destinadas a esclarecer completamente lo sucedido y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El fútbol inglés quedó conmocionado por un episodio ocurrido en The Valley, el histórico estadio del Charlton Athletic, donde un hombre fue encontrado muerto durante la mañana del martes 18 de agosto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima tenía 33 años y fue hallada dentro del escenario ubicado en el sudeste de Londres. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el hombre fue declarado fallecido en el estadio.

La Policía Metropolitana mantiene abierta una investigación para reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho y establecer cómo se produjo la muerte.

El episodio que derivó en el hallazgo habría ocurrido durante las primeras horas del lunes 17 de agosto, aunque la intervención policial se produjo posteriormente.

Hasta ahora no se difundió públicamente la identidad de la víctima. Su familia fue notificada y recibe asistencia, mientras los investigadores avanzan con la recopilación de pruebas y testimonios.

Entre las posibilidades que analizan los detectives se encuentra la de una caída desde una altura, aunque esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y no fue confirmada como causa definitiva de la muerte. Las autoridades consideran el fallecimiento como inesperado.

Por ese motivo, la Policía solicitó la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona o pueda aportar información relacionada con el episodio.

Quienes posean datos pueden comunicarse con las autoridades británicas mencionando la referencia 2809/18AUG.

Club statement.#cafc

Charlton Athletic confirmó públicamente el episodio y aseguró que se encuentra colaborando con la investigación policial.

La institución expresó además sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del hombre fallecido y solicitó respeto por la privacidad de las personas afectadas.

El club también dejó en claro que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no existe ninguna sospecha de una actuación irregular por parte de la institución.

Asimismo, Charlton agradeció el trabajo realizado por los empleados que tuvieron que intervenir frente a una situación que calificó como especialmente difícil.

El hallazgo se produjo pocos días después del comienzo de una nueva temporada para Charlton Athletic en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

El equipo había disputado recientemente un encuentro en The Valley y vencido por 2 a 1 a Derby County, en el inicio de su campaña como local.

A raíz de lo sucedido, la institución también modificó parte de su actividad prevista en el estadio mientras las autoridades continuaban trabajando en el lugar.

The Valley es uno de los escenarios tradicionales del fútbol londinense y funciona como casa del Charlton Athletic desde 1919, aunque el equipo atravesó algunos períodos jugando fuera del recinto.

Por ahora, el principal interrogante sigue siendo determinar qué sucedió durante las horas previas al hallazgo.

La Policía continúa reuniendo información y no comunicó una conclusión definitiva sobre las circunstancias de la muerte. La posible caída es una de las líneas investigativas, pero las autoridades mantienen abiertas las pesquisas.

Charlton Athletic, mientras tanto, permanece a disposición de los investigadores y pidió prudencia hasta que se conozcan mayores precisiones sobre el caso.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Chaco, incorporó un nuevo elemento con el informe médico realizado a Victoria Luz Cantero, su pareja y actualmente imputada por homicidio agravado por el vínculo.

El examen fue practicado el 2 de agosto de 2026, el mismo día de la detención, por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco.

Según el informe, Cantero presentaba eritemas, excoriaciones y equimosis en distintas zonas del cuerpo, entre ellas la espalda, uno de los brazos, el pliegue de un codo y ambas rodillas.

El médico interviniente indicó además que las lesiones tenían varias horas de evolución y resultaban compatibles con traumatismos producidos por o contra un elemento duro.

El informe adquiere importancia dentro del expediente porque podría ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de Álvarez Guardia.

Sin embargo, la pericia no permite establecer por sí sola cómo se originaron las lesiones ni quién las provocó, por lo que ese punto continúa bajo investigación.

En torno al origen de las marcas existen versiones contrapuestas.

Familiares de la víctima sostienen que podrían haberse producido durante la detención de Cantero y cuestionan que sean consecuencia de una agresión previa.

La defensa, por su parte, podría utilizar el informe para sostener la hipótesis de que la joven habría sido agredida antes del hecho, aunque esa interpretación deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa.

Otro de los datos incorporados al informe médico señala que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.

La investigación busca ahora precisar la secuencia previa al crimen y determinar si las lesiones detectadas guardan relación temporal y material con el episodio investigado.

La fiscal que interviene en la causa también mencionó públicamente una expresión que Cantero habría realizado mientras se encontraba en el Hospital Julio C. Perrando.

Según explicó, la joven habría manifestado ante efectivos policiales que se había defendido luego de un conflicto en el que Álvarez Guardia presuntamente le había roto el teléfono celular.

La propia fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez como declaración judicial, debido a que no fue realizada bajo las condiciones formales correspondientes.

El informe médico se suma ahora a las demás pruebas del expediente, entre ellas los resultados de la autopsia, testimonios y otros elementos que deberán ser analizados para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y determinar responsabilidades penales.

Antes del incendio que dejó al descubierto el funcionamiento de uno de los geriátricos de barrio Nuevo Horizonte, puertas adentro —según el relato de un extrabajador— se vivía una realidad marcada por el abandono, la precarización y el miedo.

J.A., quien trabajó durante gran parte de 2025 en dos de los hogares administrados por la principal investigada de la causa, decidió contar lo que asegura haber visto durante esos meses. Su testimonio coincide en numerosos aspectos con los aportados por otros exempleados, familiares y residentes: habla de adultos mayores sedados para mantenerlos tranquilos, escasa alimentación, falta de controles médicos, restricciones para salir del establecimiento y presuntas maniobras con la documentación y los recursos económicos de los residentes.

"Yo trabajé desde fines de enero hasta casi noviembre del año pasado. Primero estuve en el geriátrico de Salvador del Carril y después, cuando abrió el de Cabaña Leiva, también trabajé ahí. Por eso puedo decir que todo lo que contó Luis Arriola es verdad. Yo lo vi con mis propios ojos", afirmó.

Según su relato, cuando una persona ingresaba al hogar le retenían la documentación personal y las tarjetas donde cobraba sus haberes.

"Después prácticamente no podían salir. Si alguno quería caminar por el barrio estaba prohibido. Luis Arriola muchas veces se desesperaba porque quería salir aunque fuera un rato. La respuesta era darle quetiapina para que estuviera dopado porque molestaba".

El extrabajador asegura que una frase se repetía con frecuencia y todavía hoy le resulta imposible olvidar. "'De acá va a salir con los pies para adelante, en un cajón'. Lo decía delante de todos".

La alimentación, sostiene, era otra de las principales preocupaciones. "Había días en que no teníamos qué darles de comer. Terminábamos comprando alimentos con plata nuestra porque no podíamos mirar para otro lado. Llamábamos para avisar que faltaban cosas y nadie atendía el teléfono".

Describe una rutina basada casi siempre en los mismos alimentos. "La mercadería llegaba una vez por semana. Eran fideos, polenta y algunas hamburguesas. El desayuno era mate cocido con dos rodajas de pan y la merienda era igual. Si consumían más pan del previsto se enojaba. Nosotros tratábamos de darles un poco más porque nos daba mucha pena".

J.A. también describió las condiciones laborales que, según afirma, soportaban quienes trabajaban en el lugar. "Estaba completamente en negro. Me pagaban 12 mil pesos por una guardia de ocho horas y, muchas veces, ni siquiera cobraba porque no atendían el teléfono".

Con el paso de los meses, asegura que quedó prácticamente a cargo del funcionamiento cotidiano del hogar.

"Había jornadas de 24 y hasta 48 horas seguidas. Si faltaba un compañero tenía que arreglarme solo con 16 o 18 abuelos. Lo hice porque necesitaba trabajar y porque tengo un hijo".

Uno de los aspectos que más lo impactó fue, según sostiene, el uso permanente de medicación para mantener tranquilos a algunos residentes.

"A muchos les daban quetiapina, clonazepam y alprazolam para que durmieran. Me acuerdo especialmente de Pancho. Si seguía despierto, la orden era darle más medicación y, si aun así no dormía, había que atarlo porque molestaba".

También cuestionó la atención médica. "Había personas que necesitaban ir al hospital y no las llevaban. Recuerdo el caso de Rosalía, que sufría muchísimo por un problema en las piernas. Recién la trasladaron cuando prácticamente ya no daba más. El médico iba cada quince días y atendía a todos en muy pocos minutos".

Al igual que otros testigos, J.A. sostuvo haber presenciado maniobras vinculadas con préstamos bancarios. "A Pablo lo llevaron al Banco Santa Fe para firmar un crédito que supuestamente era para una operación. Esa operación nunca existió. Con Luis Arriola pasó algo parecido. Antes de sacarlo le daban medicación porque quería escaparse y lo llevaban medio dopado. No entiendo cómo esos préstamos pudieron aprobarse".

El extrabajador asegura que decidió abandonar el empleo cuando la situación se volvió insostenible. "Ni siquiera me reconocían el colectivo y todavía me debían plata. Cuando avisé que no volvía más, me dijeron que el hogar no podía pagar más de 12 mil pesos por día. Pero era un geriátrico privado donde cobraban alrededor de un millón y medio por cada residente".

También denunció que, tras su salida, comenzaron las descalificaciones personales. "Se burló de una enfermedad por la que cobro una pensión y también de mi orientación sexual. Nunca se lo voy a perdonar".

Para J.A., detrás de todo existía una lógica económica. "Siempre sentí que para ella los abuelos no eran personas. Eran un negocio. Cada adulto mayor que ingresaba significaba más plata".

El exempleado confirmó que se presentará espontáneamente a declarar ante el Ministerio Público de la Acusación para incorporar formalmente su testimonio a la causa. Sostiene que su objetivo es colaborar con la investigación para que se determinen las responsabilidades que correspondan y que ninguna otra persona mayor vuelva a atravesar una situación similar.

El Litoral

Una investigación por narcotráfico desarrollada en Chile alcanzó al entorno familiar de Carlos Palacios, futbolista de Boca Juniors. Sebastián Guerra Soto, suegro del atacante, fue detenido durante un operativo encabezado por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur.

El procedimiento adquirió repercusión en la Argentina debido a que Guerra Soto fue capturado cuando circulaba en un automóvil registrado a nombre de Palacios. Esa circunstancia llevó a los investigadores a analizar el origen, la utilización y la posible vinculación de distintos bienes con las maniobras investigadas.

Por el momento, el futbolista no fue detenido, imputado ni formalizado. Tampoco se difundieron pruebas que permitan afirmar que conocía o participaba de las actividades atribuidas a su suegro.

La detención de Sebastián Guerra Soto

De acuerdo con los informes conocidos este martes, Guerra Soto está señalado como integrante de una organización investigada por tráfico de drogas en la zona sur de Santiago.

El operativo incluyó diferentes allanamientos y terminó con cuatro personas bajo prisión preventiva. Durante los procedimientos se incautaron sustancias ilícitas, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

Las cantidades de droga publicadas por los distintos medios presentan diferencias. Algunos reportes mencionaron cerca de 70 o 75 kilos de cocaína y pasta base, mientras que otras versiones informaron un volumen total superior al sumar todos los procedimientos vinculados con la investigación. Por ese motivo, el detalle definitivo deberá surgir de la información oficial incorporada al expediente.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que el Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis mientras avanza la causa.

La declaración fue interpretada como la posibilidad de que se revisen los movimientos patrimoniales y financieros relacionados con los bienes utilizados por los acusados. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó que Palacios vaya a ser citado ni que haya elementos suficientes para incorporarlo formalmente a la investigación.

La Justicia chilena deberá establecer si el automóvil fue prestado, cedido o utilizado sin conocimiento del futbolista, además de precisar qué relación tenía Palacios con la propiedad allanada.

Por qué aparece mencionado el jugador de Boca

Uno de los elementos analizados por la Fiscalía es el Mercedes-Benz en el que fue detenido Guerra Soto. Según los reportes del caso, el vehículo está registrado a nombre de Carlos Palacios.

Los investigadores intentan determinar con qué frecuencia era utilizado, quién tenía su posesión efectiva y si el futbolista conocía el destino que se le daba.

También se investiga una vivienda alquilada por una hija del detenido. En ese domicilio se habrían encontrado drogas y armas, mientras que algunas publicaciones sostienen que Palacios colaboraba con los gastos del inmueble.

Esos vínculos patrimoniales motivaron nuevas diligencias, pero no prueban por sí solos la participación del jugador en una actividad ilícita. Hasta este martes 4 de agosto, su nombre no figura como imputado y no existe una acusación formal en su contra.

Palacios atraviesa otro momento complejo en Boca

La investigación se conoce mientras el atacante intenta recuperarse de una nueva molestia en el aductor. El problema físico le impidió tener continuidad y volvió a marginarlo de los últimos compromisos del conjunto xeneize.

Palacios apenas pudo participar en un encuentro durante 2026 debido a sus reiteradas lesiones. Pese a ese escenario, el futbolista no tendría previsto abandonar Boca durante el actual mercado de pases.Su prioridad deportiva es completar un trabajo de recuperación y acondicionamiento físico que le permita volver a entrenarse con normalidad y competir por un lugar en el equipo.

Mientras avanza con ese proceso, su entorno quedó involucrado en una causa judicial de alto impacto. La investigación continuará en Chile y deberá determinar el origen y el uso de los bienes relacionados con los detenidos, sin que hasta ahora exista una acusación penal contra el jugador.

Un grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 350, dejó como saldo la muerte de dos personas y varios heridos. En el hecho participaron un Honda Civic, una camioneta Chevrolet S10 y un camión.

Según las primeras informaciones, el impacto inicial se habría producido entre el automóvil y la camioneta, aunque la intervención del camión en la secuencia del choque no está descartada. La mecánica del siniestro aún es materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Policía Científica y personal de emergencias médicas, mientras el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

En el Honda Civic viajaba una familia oriunda de Pehuajó que actualmente residía en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba regresando hacia ese destino.

En la parte delantera del vehículo se desplazaban el conductor y su hijo menor de edad, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.

En los asientos traseros iban la esposa del conductor y otra hija del matrimonio, quienes sobrevivieron al siniestro y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Además, al menos dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 resultaron heridos y recibieron atención médica.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para determinar con precisión cómo se produjo el choque múltiple y qué rol tuvo cada uno de los vehículos involucrados.

Las autoridades continúan reuniendo peritajes y testimonios para reconstruir la secuencia del hecho. Por el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas.

El operativo de emergencia incluyó la participación de distintos cuerpos de rescate, que trabajaron en el lugar hasta la normalización parcial del tránsito.

El Litoral

Una joven de 20 años que era buscada en la provincia de Salta fue hallada sin vida en las últimas horas, luego de que su familia denunciara su desaparición. Por el caso fue detenido un hombre que habría mantenido una relación sentimental reciente con la víctima.

La joven fue identificada como Guadalupe Ramos. Según informaron fuentes del caso, había sido vista por última vez el domingo, cuando fue a dejar a su domicilio al niño que cuidaba.

Horas después, dejó de responder llamados y mensajes, por lo que el lunes por la tarde su padre radicó la denuncia por desaparición.

Tras varias horas de incertidumbre, este miércoles por la mañana un familiar se acercó hasta la vivienda donde Guadalupe residía, ubicada en barrio Aeroparque, y encontró el cuerpo en el fondo del domicilio.

A partir del hallazgo, tomó intervención la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

La funcionaria judicial se constituyó en el lugar y dispuso el trabajo de personal de Criminalística, de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, además del traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia.

La Fiscalía ordenó una serie de medidas para determinar qué ocurrió y establecer las causas del fallecimiento.

En este tipo de casos, ante la muerte de una persona en circunstancias que deben ser aclaradas, se activa el protocolo correspondiente y se trabaja bajo la premisa de investigar la posible existencia de un hecho doloso hasta que las pericias permitan confirmar o descartar esa hipótesis.

Los resultados de la autopsia serán clave para avanzar en la investigación y definir la situación procesal del detenido.

El arresto del sospechoso se concretó este miércoles, horas después del hallazgo del cuerpo.

Según trascendió, se trata de un hombre que habría comenzado una relación sentimental con Guadalupe hacía poco tiempo.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras la Fiscalía reúne testimonios, analiza pericias y busca reconstruir las últimas horas con vida de la joven.

La causa por el femicidio de Agostina Vega incorporó un nuevo episodio este jueves tras la clausura de “Wachitas Bar”, un local nocturno de Córdoba que quedó bajo atención pública por una conexión indirecta con una de las personas mencionadas en la investigación judicial.

La medida fue ordenada por el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que dispuso el cierre inmediato del comercio ubicado en calle Ituzaingó al 521 luego de detectar diversas irregularidades durante una inspección.

Según el informe elaborado por los inspectores municipales, el establecimiento desarrollaba actividades para las cuales no tenía habilitación correspondiente y presentaba incumplimientos vinculados a seguridad, higiene y salubridad.

Entre las observaciones registradas se incluyeron fallas en la instalación eléctrica, ausencia de señalización para emergencias y vías de evacuación, además de matafuegos con la carga vencida. Las autoridades consideraron que estas condiciones representaban un riesgo para quienes asistían al lugar.

Además, el bar habría realizado modificaciones estructurales sin autorización municipal. El comercio también acumulaba antecedentes de sanciones durante 2025 por exceso de capacidad, ruidos molestos y realización de eventos sin permiso.

La situación se agravó cuando personal de control constató que los sellos de clausura habían sido retirados sin autorización. A raíz de esta infracción, el municipio confeccionó nuevas actas y reinstaló las fajas de seguridad.

Aunque el cierre se produjo por cuestiones administrativas y de seguridad, el nombre de “Wachitas Bar” tomó relevancia por una línea de investigación relacionada con el femicidio de Agostina Vega.

La Justicia investiga a Soledad Andreani, quien se desempeñaba como encargada de producción de eventos del local y es propietaria de un Ford Ka negro considerado una pieza clave dentro de la causa.

Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Andreani declaró ante la Justicia que Barrelier le pidió prestado el automóvil con el argumento de que debía llevar ropa a la casa de un familiar y aseguró que sintió desconfianza ante el pedido.

Días atrás, tras la repercusión pública del caso, los responsables de Wachitas Bar difundieron un comunicado para desligar al establecimiento de las conductas investigadas en el expediente judicial.

Desde el local afirmaron que las personas bajo investigación no integran la titularidad ni poseen participación accionaria dentro del negocio. También remarcaron que no pueden responsabilizarse por hechos ocurridos fuera del ámbito laboral.

Asimismo, indicaron que los peritajes realizados dentro del comercio no habrían encontrado elementos de interés para la investigación vinculada al femicidio.

El Litoral

La policía de Nueva Zelanda confirmó que mantiene abierta una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual que habría ocurrido en marzo, luego del encuentro amistoso entre las selecciones de Chile y Cabo Verde, disputado en la ciudad de Auckland en el marco del torneo FIFA Series.

El hecho habría tenido lugar tras el partido jugado el pasado 27 de marzo, mientras que la denuncia formal fue presentada el 10 de abril. Desde entonces, las autoridades comenzaron a reunir pruebas y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde presuntamente ocurrió el incidente.

De acuerdo con información publicada por el diario The New Zealand Herald, la víctima atraviesa una compleja situación emocional tras lo sucedido. Además, la investigación periodística sostiene que el principal sospechoso sería un integrante del seleccionado caboverdiano, descartando hasta el momento cualquier vínculo de futbolistas chilenos con la causa.

Investigación bajo estricta reserva

La policía local evitó entregar mayores antecedentes y señaló que la causa continúa bajo reserva para no entorpecer el proceso investigativo. Por el momento, tampoco trascendió la identidad del jugador involucrado ni si existen imputaciones formales.

Desde la FIFA, organismo encargado de organizar el torneo amistoso internacional FIFA Series, optaron por no emitir comentarios públicos mientras avance la investigación judicial. El hotel donde se habría producido el episodio también rechazó referirse al caso por las mismas razones.

El encuentro entre Chile y Cabo Verde terminó con victoria de La Roja por 4-2, en un duelo que formó parte de la preparación de ambos seleccionados para futuras competencias internacionales.

Tensión en Cabo Verde a semanas del Mundial 2026

La situación genera fuerte preocupación en el entorno de Cabo Verde, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia futbolística tras clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

El conjunto africano integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Su calendario será el siguiente:

16 de junio: debut ante España en Atlanta.

21 de junio: enfrentamiento frente a Uruguay en Miami.

26 de junio: cierre de la fase de grupos ante Arabia Saudita en Houston.

Mientras continúan las diligencias judiciales en Nueva Zelanda, crece la incertidumbre sobre una eventual citación formal o posible sanción contra el futbolista señalado en la investigación.

A tan poco tiempo del inicio del Mundial 2026, la noticia genera un fuerte impacto no solo en Cabo Verde , sino también en todo el ambiente del fútbol internacional. Lo que debía ser una celebración histórica para los “Tiburones Azules” quedó envuelto en incertidumbre y tensión, con la posibilidad concreta de que el jugador investigado sea apartado de la lista definitiva antes del comienzo del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El escándalo por presuntas fiestas VIP, prostitución, viajes de lujo y consumo de sustancias volvió a sacudir al fútbol italiano. En las últimas horas, la difusión de nuevas imágenes y videos vinculados a encuentros privados reavivó la polémica en torno a jugadores de la Serie A y, especialmente, a futbolistas relacionados con el Milan.

El periodista italiano Fabrizio Corona publicó registros fílmicos de una fiesta privada en la que, según su relato, habrían participado futbolistas junto a escorts. En ese contexto, uno de los nombres que quedó bajo el foco fue el de Theo Hernández, lateral francés, a quien Corona señaló como una de las personas que habría tenido un rol importante en la organización de esos encuentros.

De acuerdo con esa versión periodística, Hernández incluso habría comprado una furgoneta para facilitar este tipo de reuniones privadas. Ese dato generó fuerte repercusión en medios y redes sociales, ya que instaló la idea de una dinámica más organizada que simples salidas nocturnas o encuentros aislados.

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Las publicaciones también mencionaron a otros jugadores de renombre que habrían asistido a algunas de esas fiestas. Entre los nombres difundidos aparecen Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão.

De todos modos, se trata de acusaciones difundidas en el plano mediático y no probadas públicamente. Hasta el momento, los futbolistas señalados aparecen mencionados en filtraciones, versiones periodísticas y material difundido en redes, pero no todos están bajo investigación penal.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el supuesto consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”. Esta sustancia, utilizada en ámbitos médicos e industriales, se volvió polémica por su uso recreativo en espacios nocturnos y entre figuras públicas.

Según el relato atribuido a Corona, en algunas de esas reuniones los jugadores habrían inhalado óxido nitroso mediante globos. Incluso se difundió una frase que habría pronunciado el conductor de un vehículo al ver a Theo Hernández consumiendo la sustancia: “Pará, pará, mañana tenés que jugar”.

Mientras el caso crece en los medios, la Justicia italiana mantiene abierta una investigación sobre una presunta red que habría organizado fiestas VIP para futbolistas, empresarios y otros deportistas de élite en Milán.

En el marco de esa causa, la Guardia di Finanza realizó operativos que terminaron con cuatro personas detenidas bajo arresto domiciliario. Los arrestados estarían acusados de favorecer la prostitución y de lavar dinero a través de una supuesta agencia de eventos.

Las pesquisas apuntan a que las fiestas ofrecían paquetes exclusivos que incluían cenas de lujo, alojamiento en hoteles de alto nivel, presencia de escorts y consumo de óxido nitroso. Según medios italianos, esta sustancia también aparece en el centro de la polémica porque no suele ser detectada en los controles antidopaje tradicionales.

Aunque decenas de futbolistas aparecen mencionados en escuchas, filtraciones y versiones periodísticas, las autoridades italianas aclararon que, por el momento, los jugadores no están siendo investigados penalmente por haber asistido a esos eventos.

Según la legislación italiana, la participación como cliente en encuentros de este tipo no constituye necesariamente un delito. Por eso, la investigación judicial apunta principalmente contra quienes habrían organizado las reuniones, gestionado la presencia de mujeres y administrado los fondos derivados de esa actividad.

Mientras tanto, el caso sigue generando un fuerte debate en Italia. La filtración de videos no solo puso bajo presión la imagen pública de varios futbolistas, sino que también volvió a instalar la discusión sobre los excesos, la vida nocturna y el comportamiento de las estrellas del deporte fuera de la cancha.

Una escena inesperada y conmocionante sorprendió este lunes a los vecinos del barrio Cantera 25, en Concepción del Uruguay, cuando una mujer de 70 años encontró un feto de aproximadamente seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura.

La vecina, que se disponía a arrojar sus residuos en la esquina de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, dio aviso de inmediato a la policía tras el macabro hallazgo. El comisario Javier Leiva confirmó que personal policial y una médica de turno acudieron al lugar y constataron la denuncia.

El feto fue trasladado a la morgue del hospital local, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar edad gestacional exacta y posibles causas de muerte.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía, que ordenó una investigación urgente para esclarecer cómo y quién dejó el cuerpo en el contenedor. Leiva indicó que no hay establecimientos cercanos que puedan vincularse al hecho, por lo que la principal hipótesis apunta a que alguien abandonó el feto en la vía pública.

Se inició además un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, incluyendo registros de la noche anterior y del fin de semana, con el objetivo de identificar a la persona que dejó el feto en el contenedor.

Las autoridades también confirmaron que no hay constancia de ingresos recientes de mujeres con cuadros compatibles en los centros de salud de la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de que el feto fue abandonado de manera externa.

El médico forense intervendrá en las próximas horas para avanzar con los estudios que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar posibles responsabilidades.

La Justicia de Mendoza investiga un intento de homicidio agravado ocurrido en Guaymallén, luego de que un hombre de 44 años, D. A. S., fuera hallado con heridas graves de arma blanca en su vivienda. La víctima padece esquizofrenia y fue trasladada de urgencia al Hospital Del Carmen, donde se informó que su estado era “estable”, aunque permanecía inconsciente y sin poder declarar.

El hecho se desencadenó el sábado pasado, poco después del mediodía, cuando el principal sospechoso, Armando Manuel P., de 66 años, llamó al 911 solicitando asistencia médica para su pareja. Según la versión inicial del imputado, tras una discusión ocurrida el jueves anterior decidió encerrarse en una habitación durante casi tres días, hasta que al salir encontró a D. A. S. gravemente herido. Armando aseguró que el estado de la víctima se debía a un brote psiquiátrico producto de la suspensión de su medicación, lo que lo llevó a refugiarse para protegerse y atribuyó los ruidos y golpes a presuntas autolesiones.

Sin embargo, los efectivos que acudieron al domicilio detectaron un desorden generalizado, objetos dañados y manchas de sangre en pisos y paredes, lo que apuntaba a un episodio violento. La víctima fue encontrada desnuda en un dormitorio del subsuelo con múltiples heridas punzocortantes en cráneo, glúteos y piernas, además de traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Tras la intervención de la fiscal Florencia Díaz Peralta, Armando Manuel P. fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y quedó privado de la libertad mientras se incorporan nuevas pruebas. Entre las medidas tomadas, se preservaron sus manos para peritajes forenses, y se realizaron estudios psicológicos que concluyeron que comprendía la criminalidad de sus actos, lo que desestimó su versión de aislamiento voluntario y reforzó la hipótesis de un conflicto violento intenso.

La reconstrucción del historial de la pareja aportó antecedentes de violencia doméstica y conflictos previos en el domicilio, donde ya se habían registrado intervenciones policiales en años anteriores, agravando la situación procesal del imputado.

El proceso judicial continúa bajo secreto de sumario, y la fiscalía sigue recabando testimonios y pruebas técnicas. La evolución médica de D. A. S. será clave para avanzar en la causa y poder obtener su declaración, central para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Rosario Central quedó en el centro de una investigación judicial tras una denuncia por presuntos episodios de violencia, abuso y hostigamiento entre jugadores de la categoría infantil 2013. 

La causa ya es analizada por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, mientras el club informó que las actividades fueron reanudadas.

El Ministerio Público de la Acusación confirmó que tomó intervención la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra.

Según se informó, ya se dispusieron medidas investigativas que se mantienen en reserva debido a que los hechos involucran a menores de edad. La actuación judicial se inició a partir de un llamado anónimo al 911 que aportó datos similares a los presentados ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima recibida por la Defensoría provincial, que alertó sobre situaciones ocurridas en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, como vestuarios, grupos de mensajería y traslados.

De acuerdo a lo reconstruido, los episodios habrían sido advertidos por familias de jugadores que fueron testigos de los hechos. Las denuncias no provienen directamente de los presuntos afectados ni de quienes habrían ejercido las conductas señaladas.

Fuentes cercanas indicaron que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones, hostigamiento virtual y prácticas de exposición entre pares, lo que habría generado un clima de temor en algunos integrantes del grupo e incluso impactado en la continuidad de los chicos en la actividad.

Por tratarse de menores de edad, las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva, en línea con la legislación vigente en materia de niñez

COMUNICADO📝https://t.co/fgyXUD6Jk5 pic.twitter.com/0RkOY73GuG

Este martes, la dirigencia comunicó oficialmente que la categoría volvió a entrenar. Según el club, la decisión se tomó tras “un exhaustivo trabajo interdisciplinario” que permitió abordar la situación.

En el comunicado, la institución sostuvo que el conflicto “ya fue abordado y resuelto” y buscó llevar tranquilidad a socios y familias, destacando que continuará trabajando para garantizar un entorno seguro para todos los deportistas.

Además, subrayaron el rol formativo del club, no solo en lo deportivo sino también en lo social y humano.

La causa que investiga la Justicia italiana por una presunta red dedicada a organizar fiestas exclusivas con servicios de lujo sigue sumando repercusiones en el mundo del fútbol. En las últimas horas, trascendieron nuevos nombres de futbolistas que habrían participado como clientes en estos eventos, ampliando el alcance del escándalo que sacude a la Serie A.

La investigación, encabezada por la fiscalía de Milán y con intervención de la Guardia di Finanza, apunta a una organización que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos premium. Según los primeros datos, ofrecía paquetes “todo incluido” que combinaban gastronomía de alto nivel, alojamiento en hoteles de lujo y encuentros privados, además del suministro de sustancias recreativas.

Entre los nombres que ya habían surgido figuran el exdelantero inglés Wayne Rooney y el nigeriano Victor Osimhen. A ellos se sumaron otros jugadores del fútbol europeo como Alessandro Bastoni, Daniele Maldini,Rafael Leão y Dušan Vlahović. En las últimas horas, la lista se amplió con otros futbolistas de renombre como Dusan Vlahovic.

En esa lista de cientos de palabras clave utilizadas por los jugadores profesionales, aparecen esos 65 apellidos (todas personas no investigadas), uno tras otro y sólo en algunos casos con los nombres. Al comienzo de esa parte de la lista está el nombre "Álvaro", luego una lista de apellidos incluyendo Chancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse y más.

No obstante, desde las autoridades remarcaron que los futbolistas mencionados no están imputados, ya que el hecho de haber contratado este tipo de servicios no constituye delito en sí mismo dentro del marco legal italiano. La investigación se centra en quienes habrían organizado y facilitado estas actividades.

Cómo operaba la red

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la estructura funcionaba desde el área metropolitana de Milán, particularmente en Cinisello Balsamo. La organización promovía sus servicios a través de redes sociales, principalmente mediante la cuenta “Made_luxury_concierge”, donde ofrecía experiencias exclusivas dirigidas a clientes de alto poder adquisitivo.

Los encuentros comenzaban con cenas en restaurantes de prestigio y podían extenderse a discotecas o suites de hoteles de alta gama. Además, se organizaban viajes internacionales, con destinos frecuentes como la isla griega de Mykonos.

Los investigadores también detectaron un esquema económico estructurado: la organización retenía una parte significativa de los ingresos generados por los servicios, mientras que el resto era destinado a las mujeres que participaban en los eventos. Durante los allanamientos, se incautaron más de 1,2 millones de euros considerados ganancias ilícitas.

Según la Fiscalía citada por La Gazzetta Dello Sport, la selección de mujeres abarcaba tanto a acompañantes profesionales como a jóvenes atraídas por el ambiente nocturno. La operativa de la agencia también proveyó sustancias recreativas no tipificadas como dopantes, en particular óxido nitroso, apodado “la droga de los globos” o “gas de la risa”. Las conversaciones intervenidas y presentadas ante el tribunal detallan el suministro de este gas durante los encuentros: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, solicita una voz durante una de las noches documentadas. El interlocutor responde: “De acuerdo, enviaré a alguien”. 

Un caso en expansión

El expediente continúa en desarrollo y busca determinar el alcance total de la red, así como las responsabilidades penales de sus organizadores. En paralelo, se adoptaron medidas para preservar la identidad de los clientes en los documentos judiciales, con el objetivo de evitar consecuencias legales o reputacionales mientras no exista imputación formal.

El caso, que salió a la luz tras publicaciones de medios italianos como La Gazzetta dello Sport, sigue generando impacto tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública, en un contexto donde varios de los nombres mencionados continúan en actividad y con participación en competencias internacionales.

La causa judicial que investiga el origen del dinero utilizado para la compra de una lujosa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, sumó nuevos elementos y mantiene abierta la disputa por su competencia. En este marco, el fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, apeló la decisión que asignó el expediente al Juzgado Federal de Campana y solicitó que la investigación regrese al fuero Penal Económico, donde se inició originalmente.

Actualmente, la causa se encuentra en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, que la competencia debía radicarse en la provincia de Buenos Aires por tratarse del lugar donde se ubica el inmueble valuado en 17 millones de dólares, junto a otros bienes de alto valor.

Sin embargo, Cearras —quien actúa ante la Cámara Federal de San Martín— cuestionó ese criterio y sostuvo que la ubicación del inmueble no resulta determinante en una causa por presunto lavado de dinero. En su planteo, reclamó que el expediente vuelva al juzgado del fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien intervino en la etapa inicial de la pesquisa.

El conflicto de jurisdicción se originó a partir de un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, quienes solicitaron que el caso fuera tramitado en Campana al entender que los hechos investigados ocurrieron en esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera, pero Aguinsky rechazó la solicitud, lo que derivó en la intervención del tribunal de alzada.

Para fundamentar su postura, el magistrado del fuero Penal Económico había señalado que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede social se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, remarcó que el “centro de maniobras” estaría en CABA y destacó la especialidad de su fuero para investigar delitos complejos contra el orden financiero. En la misma línea se pronunciaron el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

A contramano de esas opiniones, la Cámara Federal de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones— consideró que los movimientos patrimoniales investigados se concretaron en Pilar. El fallo detalló que, además de la mansión, la causa abarca una colección de automóviles y motos de lujo, un haras con caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto. También tuvo en cuenta el cambio de domicilio de la AFA, que inscribió una nueva dirección en Pilar en noviembre del año pasado.

Pedidos a bancos y nuevas líneas de investigación

En paralelo a esta disputa, la investigación avanzó en otros juzgados. El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso una serie de medidas para profundizar el análisis de los movimientos de dinero de la AFA y empresas vinculadas.

En ese contexto, Armella solicitó al Banco Credicoop un informe pormenorizado de los movimientos de las cuentas que la entidad de la calle Viamonte posee en ese banco, correspondientes al período comprendido entre el 1.º de enero de 2021 y la actualidad. La medida se enmarca en una causa que busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero.

Además, el magistrado requirió al banco santafesino Coinag documentación vinculada al empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su esposa Erica Gilette, así como a otras personas relacionadas con la firma TourProdEnter LLC, investigada por un presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior.

Según trascendió, el juez Armella solicitó información detallada sobre cuentas en las que la AFA figure como titular o cotitular, incluyendo tipo de cuenta, moneda, número, CBU, titulares, autorizados, apoderados y firmantes, además del detalle completo de todos los movimientos desde la apertura. El requerimiento también abarca la existencia de cajas de seguridad —con indicación de medidas, titulares y registros de ingresos—, cuentas comitentes, operaciones de cambio, préstamos y plazos fijos, con especificación de montos, intereses y eventuales reprogramaciones.

En relación con la investigación sobre Faroni y Gilette, el magistrado también mencionó a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían beneficiarios o administradores de cuatro sociedades SRL constituidas en el estado de Florida, en Estados Unidos, que habrían recibido 42 millones de dólares.

El futuro de la causa

Mientras estas medidas avanzan, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si concede el recurso presentado por el fiscal Cearras y eleva el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de rechazo, el fiscal general podría presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.

La investigación apunta a determinar si se utilizaron sociedades comerciales como pantalla para adquirir bienes en Villa Rosa y si los fondos provinieron de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino. En ese marco, también se analizan movimientos aéreos vinculados a la propiedad, luego de procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de San Fernando.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un nuevo comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos en el marco de la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras vinculadas a contratos internacionales de la Selección argentina. 

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.La única verdad, es la realidad. 📰 https://t.co/sSmwehRakD pic.twitter.com/kPe1djedjj

El texto, titulado “La única verdad es la realidad”, fue publicado luego de la difusión de documentos que involucran a una empresa de marketing deportivo vinculada al empresario Javier Faroni, a la que se le habría abonado un 30% de comisión por contratos de patrocinio y eventos realizados fuera del país.Ese porcentaje es uno de los puntos bajo análisis de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Justicia, en una causa que investiga un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de sponsoreo, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección nacional.

De acuerdo a la investigación, esos fondos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, una firma vinculada a Faroni. Durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA y en el domicilio del empresario, se halló un contrato que establece que dicha empresa retiene el 30% de lo recaudado por la Selección argentina en el exterior.En su descargo, la AFA sostuvo que desde la asunción de la actual conducción, en 2017, se inició un proceso de renegociación de contratos comerciales, muchos de los cuales —según indicó— se encontraban cedidos hasta el año 2030 en condiciones desfavorables para la entidad.

Según la actual conducción, esa ecuación se logró revertir y hoy la AFA percibe el 70% de los ingresos, mientras que el 30% restante corresponde a los socios comerciales y empresas asociadas.Finalmente, la entidad sostuvo que las denuncias y cuestionamientos forman parte de intentos por desgastar institucionalmente a la AFA y reiteró que la sociedad “merece información seria, responsable y comprobada”.La causa judicial continúa en trámite y se esperan nuevas medidas para determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos.

Este martes se conoció que una mujer de Villa Berthet, en la provincia de Chaco, quedó bajo investigación judicial luego de enviarle a su ex pareja un video en el que se la ve agrediendo a uno de sus hijos, un bebé de siete meses. El material habría sido remitido como represalia tras la ruptura de la relación.

El padre de la criatura, un joven de 21 años, se presentó ante la Policía para denunciar que había recibido la filmación por mensaje. En el intercambio, la mujer habría escrito una frase en la que responsabilizaba al hombre por lo ocurrido.

Según consta en la denuncia, la relación había finalizado hacía aproximadamente dos meses y, desde entonces, el denunciante recibía mensajes amenazantes vinculados al destino del niño. Esos antecedentes fueron incorporados al expediente policial.

Tras recibir el video, la causa fue puesta en conocimiento de la Fiscalía N.º 4 de Villa Ángela y de la Unidad de Protección Integral. De manera inmediata, se dispuso una medida de resguardo que apartó a la madre del contacto con los menores y otorgó la tenencia provisoria al padre.

De acuerdo con la información aportada, personal especializado trasladó al bebé de siete meses y a otro niño de dos años para ser examinados por médicos. Los estudios iniciales indicaron que el menor presentaba hematomas, palidez y signos compatibles con anemia, mientras que el niño mayor evidenció lesiones superficiales y un cuadro similar.

La madre fue notificada de su situación legal y quedó desvinculada de ambos niños. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

Un hombre de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, encontró este sábado restos óseos en el patio de la casa que alquila, lo que generó conmoción y derivó en un inmediato procedimiento policial.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 150, entre 57 y 58, propiedad que es alquilada por un hombre de 50 años, quien dio aviso al 911 tras advertir el hallazgo.

Según relató el inquilino al personal de la Policía Bonaerense, durante la tarde se encontraba cortando el pasto del patio cuando observó un cráneo que sobresalía de la superficie del suelo. Ante esa situación, interrumpió la tarea y solicitó la presencia policial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Policía Científica, que procedieron al levantamiento del cráneo y de otros restos óseos encontrados en el sector. Todo el material fue secuestrado y será sometido a peritajes de laboratorio para determinar su antigüedad y procedencia.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el actual inquilino reside en la vivienda desde hace aproximadamente un año. Tras revisar antecedentes de la propiedad, los investigadores constataron que el domicilio había sido alquilado con anterioridad por estudiantes de Medicina, por lo que una de las hipótesis iniciales apunta a que los restos podrían haber sido abandonados por ocupantes previos.

No obstante, las autoridades aclararon que todas las líneas investigativas permanecen abiertas hasta contar con los resultados de los análisis forenses.

El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la UFI N.º 2 de La Plata, que lleva adelante la investigación para esclarecer el hecho.

El domingo por la madrugada, Gabriela Arací Barrios, de 20 años, salió de su casa en el barrio 108 Viviendas de Avia Terai (Chaco) y no regresó.

Su madre, al no poder comunicarse con ella, realizó la denuncia y comenzó una intensa búsqueda que concluyó con un hallazgo macabro: el cuerpo de la joven fue encontrado en el pozo cloacal de un domicilio ligado a quienes hoy están detenidos.

La causa pasó formalmente a ser investigada como un presunto femicidio.

Según la reconstrucción judicial y policial, Gabriela salió de su domicilio en la madrugada del domingo. No es habitual en su conducta ausentarse por tanto tiempo sin aviso. Al día siguiente, su madre acudió a la comisaría para denunciar la desaparición. El protocolo de búsqueda se activó de inmediato.

Durante los operativos de rastrillaje, la policía localizó la motocicleta de la joven, completamente calcinada, junto con un par de medias que se presume le pertenecían. Ambos elementos eran signos de que se había producido un hecho violento.

Esto llevó a focalizar esfuerzos en una vivienda particular vinculada a uno de los más cercanos a la víctima.

Los allanamientos fueron realizados con colaboración de distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial, así como con apoyo de perros adiestrados para marcar restos humanos.

En el domicilio señalado, se encontró un pozo cloacal cubierto con una losa de cemento, en cuyo interior apareció el cuerpo de la joven. Estaba dentro de una bolsa de arpillera amarilla y parcialmente desnudo.

Personal de Bomberos procedió a destapar el pozo y asistir en la extracción del cadáver.

El juez competente ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Sáenz Peña para que se realice la autopsia que establezca la causa de muerte, las lesiones sufridas y el lapso desde el deceso.

Hasta el momento, la policía reservó el estado del cuerpo para no entorpecer las líneas investigativas.

Como parte de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes permanecen incomunicados a disposición de la Justicia.

Entre ellos figura Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, quien sería la última persona que tuvo contacto con Gabriela. En el momento de su detención, presentaba heridas compatibles con una posible defensa por parte de la víctima, lo que aumenta las sospechas de su participación directa.

La hipótesis es que Gabriela y Salvatierra mantenían una relación sentimental extramatrimonial.

El fiscal Marcelo Soto, del Equipo Fiscal N.º 3 de Sáenz Peña, lidera la causa. Ordenó el análisis de los teléfonos celulares incautados, la pericia de elementos secuestrados (ropa, objetos con manchas de sangre, cuchillos), así como reconstrucción de comunicaciones y movimientos de los sospechosos en las últimas horas.

También se investiga el grado de participación de los otros imputados y si actuaron como encubridores.

Mientras tanto, el gobierno provincial anunció que se presentará como parte querellante en la causa y ofrecerá apoyo legal, logístico y psicológico a la familia de Gabriela.

En Avia Terai, la conmoción es profunda: vecinos y organizaciones de género convocaron movilizaciones para reclamar justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres.

El caso, que comenzó como una desaparición, hoy es investigado bajo la figura de femicidio. Aún restan muchos pasos: peritajes de ADN, cotejo de comunicaciones, reconstrucción de los últimos movimientos de Gabriela, cotejo de versiones de los imputados y posibles testigos.

La autopsia será clave para determinar con precisión el momento del deceso, el mecanismo y si hubo participación de terceros.

El Litoral

El hermano contó que cuando llegó al departamento, el exfutbolista --quien está en silla de ruedas-- no sabía nada de la muerte de Raquel Candía.

El hermano de Fernando "Negro" Cáceres afirmó que el ex futbolista "no sabía" que su mujer Raquel Candía había muerto al caer de un séptimo piso en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, cuando él llegó a verlo. Y negó que hubiese habido otras personas en el departamento.

En diálogo con una radio, Ramón Cáceres afirmó que cuando llegó a la casa una oficial le dijo que Fernando se encontraba "lúcido", pero que "él no sabía nada de lo que pasó" porque "estaba en la cama" y tampoco le contaron "nada".

"No puede levantarse de la cama, siempre está ahí. Solamente va a comer y a bañarse, pero siempre en la silla de ruedas", explicó Ramón, a la vez que recalcó: "Se sorprendió cuando allanaron el departamento".

Ramón contó que la policía le preguntó si Fernando tomaba alcohol porque "encontraron bebidas tiradas", algo que negó rotundamente al sostener que su hermano ingiere cinco remedios desde que fue atacado durante un robo en enero de 2009: "Si llega a tomar alcohol se muere. Eso lo podría fulminar".

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La pareja del "Negro" Cáceres cayó desde un séptimo piso y la Justicia investiga si se trata de un femicidio

"Lo que sabía es que Raquel tomaba alcohol, pero no había nadie más que ellos dos en el lugar" al momento de la caída, consideró. Y agregó: "Es imposible que mi hermano la haya empujado a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado".

Ramón señaló que junto a su otro hermano se llevaron del departamento a Fernando a la casa de su madre, al tiempo que resaltó que "siempre quiso independizarse porque estaba con Raquel que lo ayudaba": "Él estaba viviendo hace seis meses en la casa de mi mamá. Estuvo hasta el viernes ahí. El sábado se fue, el domingo terminaron la mudanza y ayer pasó esto".

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la víctima revelaron que no presenta "signos de defensa previos a la caída". La Justicia tiene en estos momentos tres hipótesis del caso: accidente, suicidio o femicidio. Sin embargo, este último estaría casi descartado debido al resultado que arrojó la autopsia y la escena en la que sucedió el hecho.

En la necropsia se detalla que la víctima sufrió "lesiones y fracturas producto de la caída" y que "no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída".Página 12)