La Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos en la sede de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), ubicada en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una investigación judicial por presunta violación de la ley de marcas.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa que apunta a directivos de la entidad que regula la categoría más popular del automovilismo argentino.

Durante el operativo, efectivos de la División Delitos Fiscales secuestraron documentación en formato digital y papel, además de computadoras, con el objetivo de analizar posibles irregularidades.

Según fuentes judiciales, el expediente se inició tras una denuncia que expuso una disputa empresarial vinculada al uso de marcas en repuestos utilizados en autos de competición.

A partir de las pruebas recolectadas, la Justicia buscará determinar si existieron maniobras irregulares y establecer eventuales responsabilidades de los dirigentes de la ACTC en el circuito de comercialización de piezas presuntamente apócrifas.

Además de la sede central, la orden judicial incluyó las oficinas de la Asociación de Corredores y Propietarios de Automóviles de Competición (Acpac).

La investigación no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. También se realizaron procedimientos en ocho talleres de equipos de Turismo Carretera ubicados en distintas localidades, entre ellas Malagueño, General Baldissera (Córdoba), Esteban Echeverría, Mar del Plata, Ramos Mejía, Arrecifes y Gualeguaychú.

El objetivo de estas medidas es reconstruir el circuito de los repuestos investigados y determinar su origen y distribución.

El expediente no es el único frente judicial que involucra a la conducción de la ACTC. Días atrás, en una causa tramitada en La Plata, el juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Hugo Mazzacane, presidente de la entidad, junto a su hijo Gastón Mazzacane y otros implicados.

En ese caso, se investiga una presunta maniobra de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta, con montos que superarían los 5.500 millones de pesos entre 2021 y 2023, y que podrían escalar a más de 8.000 millones si se incluye el período 2024.

El Turismo Carretera, organizado por la ACTC desde 1939, es considerado uno de los campeonatos más emblemáticos del país e incluso figura en el Libro Guinness como el más antiguo del mundo en su tipo.

En este contexto, la investigación judicial pone el foco sobre una de las instituciones más relevantes del deporte motor argentino, mientras se aguardan avances en la causa para esclarecer los hechos denunciados.

Con allanamientos en marcha y documentación bajo análisis, la causa avanza en una etapa clave. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de marcas dentro del Turismo Carretera, en un proceso que podría tener impacto institucional y deportivo.

En horas de la tarde de ayer sábado, personal antinarcóticos de Rafaela DRO V en colaboración con el grupo de irrupción del GOT URV allanaron un domicilio en la localidad de Vila.

El operativo fue llevado a cabo gracias a un trabajo de investigación que se desarrolló durante aproximadamente tres meses, en coordinación con las directivas de la fiscalía federal de Rafaela y con los recaudos legales necesarios.

La investigación permitió reunir pruebas contundentes del accionar delictivo que se llevaba a cabo en esta pequeña localidad. El objetivo era el desmantelamiento de un centro de venta de estupefacientes que estaba afectando la tranquilidad de los habitantes de la zona.

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El resultado del allanamiento fue positivo, ya que se encontraron alrededor de 150 dosis de cocaína listas para su comercialización, celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés. Además, se logró la detención de una mujer mayor de edad responsable de las ventas.

Esta mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, era conocida por indisciplinadamente afectar a los adolescentes de dicha población con el único fin de obtener ganancias por los problemas de adicciones de sus compradores. Se espera que la detención de esta persona contribuya a la pacificación de la zona.

Las tareas investigativas realizadas por el personal antinarcóticos de Rafaela y la colaboración de los vecinos de Vila, permitieron poner fin a una situación que estaba afectando la vida de los habitantes de la zona. La fiscalía federal de Rafaela y el juzgado federal de Rafaela trabajaron coordinadamente en el marco de la investigación, que permitió el desmantelamiento de esta venta ilegal.