El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La resolución será oficializada en las próximas horas.

La medida contempla la designación de tres profesionales —dos abogados y un contador— que tendrán como función relevar documentación interna y verificar información financiera que, según el organismo de control, fue solicitada y no entregada por la entidad. Desde el Gobierno aclararon que se trata de una veeduría y no de una intervención institucional.

El requerimiento original fue firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. La IGJ busca acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura financiera completa de la asociación.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se examinarán las relaciones comerciales vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

El organismo advirtió que la AFA no presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 dentro de los plazos legales y que la documentación remitida resultó incompleta, especialmente en lo referido a ingresos y egresos.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que la asociación se negó a entregar la documentación requerida pese a las intimaciones formales. Los veedores deberán obtener y verificar esos datos faltantes.

La auditoría incluirá además los movimientos relacionados con la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas a la explotación comercial de derechos deportivos. El objetivo será reconstruir el flujo de fondos, incluidas posibles transferencias internacionales, y comprobar el cumplimiento de normas legales y estatutarias.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires al comprobar que la sede declarada no funcionaba como centro administrativo real. Por ello, el organismo determinó que la institución continúa bajo su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que la entidad mantiene cumplimiento impositivo vigente. No descartan recurrir a la Justicia una vez formalizada la veeduría.

El Gobierno, en cambio, afirma que la medida forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley y que no implica sanciones ni desplazamiento de autoridades.

La decisión se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol, atravesadas por la investigación judicial contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió suspender la habilitación del puerto de Ushuaia e intervenir administrativamente la terminal portuaria por el plazo de un año, luego de detectar irregularidades financieras, deficiencias de infraestructura y riesgos operativos y de seguridad.

Según informó la agencia, la decisión se tomó ante la falta de respuestas concretas por parte del gobierno provincial que conduce Gustavo Melella, pese a reiteradas inspecciones y advertencias previas. La resolución fue firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, y será publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención se originó a partir de denuncias sindicales y sectoriales vinculadas a la aplicación de la Ley provincial N° 1596, que creó un fondo para cubrir el déficit de la obra social estatal OSEF con recursos provenientes del superávit del puerto.

Desde la agencia remarcaron que, en contravención a la normativa vigente, que establece que el presupuesto portuario debe destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal, se constató que el 33% de los fondos fue utilizado para subsidios provinciales, mientras que solo el 1,3% se asignó a obras y servicios para mejorar la operatividad del puerto.

Las inspecciones también detectaron serias deficiencias en la infraestructura: faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.

En el plano administrativo y financiero, la agencia señaló la ausencia de un registro adecuado de ingresos y egresos, así como la tercerización de tareas clave a una empresa que no tendría antecedentes compatibles con la gestión portuaria.

La gestión operativa del puerto quedó a cargo de Juan Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, bajo supervisión de directores y gerentes de la agencia. Además, se informó que la Prefectura Naval Argentina asistirá a la intervención con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas de la terminal.

Dicho pedido se da en el marco de las compras millonarias de agua mineral por parte del municipio, consideradas irregulares por los concejales opositores. Se llamará a Juan Pablo Aversa a que se presente.

El lunes, luego de mucha insistencia, ingresó de manera formal la respuesta al pedido de información que habían hecho Caruso, Senn, Soltermam y Racca respecto a la provisión de agua mineral por parte del municipio. En el mismo se solicitaba precisiones sobre a qué proveedores estaban realizando las compras, la marca del producto y la modalidad de contratación, entre otras.

El origen del mismo es, que si bien se había informado en el recinto que el funcionario al que el municipio adquiría agua en el pasado (Aversa), y su empresa familiar, actualemente no eran más proveedores por una cuestión de ética y de transparencia (en palabras de Germán Bottero), en diversos eventos organizados por el Municipio se vio la marca del funcionario.

“La respuesta dejó más dudas que certezas”, afirmó Caruso. Y continuó: “desde la Subsecretaría de Deportes se argumenta la compra de ciertos insumos pero las facturaciones son de otros bienes. Lo cual arroja por la borda las excusas de que, por ejemplo, no había ese tipo de productos en la ciudad”.

Cabe destacar que en la comisión del lunes 10 de noviembre los ediles hicieron los planteos y no recibieron respuestas por parte de los concejales oficialistas “con las facturas en mano le consultamos sobre la facturación de otros bienes, como botellas y hielo, no nos pudieron justificar la elección de este proveedor, cuando funcionarios argumentaron que solamente habían comprado algo que no se conseguía en la ciudad, que yo sepa agua y hielo venden varios emprendimientos” sostuvo Soltermam.

En una primera instancia, los ediles citaron al proveedor declarado para brindarle el espacio en el que pueda dar todas las explicaciones que crea necesarias. “David Pomba es un proveedor nuevo del Municipio, dado de alta en esta gestión y que vende la marca en cuestión. Pero frente a esta citación, argumentó no poder hacerse presente en el recinto. Las pruebas mostrarían una clara vinculación con el funcionario Juan Pablo Aversa”, declaró Juan Senn.

Cabe destacar que los ediles manifestaron haber detectado adquisiciones por montos elevados de estos insumos a este proveedor, ya que los mismos fueron utilizados en eventos multitudinarios como las carreras de 2, 5 y 10 km. y la maratón 21K, los JADAR, entre otros.“Próximamente habrá eventos aún más grandes de este tipo en nuestra ciudad, no tenemos que permitir que haya duda en estos aspectos”, finalizaron.

 Los ediles ya iniciaron acciones administrativas por compras millonarias sin respaldo legal. “Hoy quedó en evidencia algo que el Ejecutivo aseguró que nunca iba a suceder: un funcionario público le vende sus productos al municipio”, remarcaron.

La controversia se inició a fines del año pasado cuando los concejales no oficialistas pidieron informes sobre la habilitación de un local comercial a nombre del Subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, ya que el mismo comercializaría elementos electrónicos y luminarias LED, al mismo tiempo que el Concejo autorizaba al Intendente Viotti a llevar adelante compras directas de estos elementos por montos millonarios. El cuestionamiento se debió a que las adquisiciones se llevaban a cabo por la misma Secretaría en la que se desempeña el funcionario.

“Nos dijeron que Aversa no pretendía venderle al municipio. Pero estaba habilitando un negocio del mismo rubro y al mismo tiempo que nos pedían autorización para comprar de forma directa, es decir sin licitación, por más de 700 millones de pesos.”, declaró Senn.

“Nos dijeron que Aversa no pretendía venderle al municipio. Pero estaba habilitando un negocio del mismo rubro y al mismo tiempo que nos pedían autorización para comprar de forma directa, es decir sin licitación, por más de 700 millones de pesos.”, declaró Senn.

La minuta presentada en esta sesión solicita informes sobre la adquisición de agua por parte del Municipio e involucra nuevamente al funcionario Aversa. El mismo posee una empresa que comercializa este producto y en declaraciones públicas tanto el Secretario de Gobierno, Germán Bottero, como él aseguraron que no proveen al Municipio, ya que no es ni ético ni legal hacerlo.

“En todos los eventos deportivos hay botellas y sachet de agua San Carlos. En los pasillos municipales hay botellas y hay dispenser. En el foro de seguridad también había, aunque le sacaron la etiqueta. Pero no factura el funcionario, ¿quién lo hace entonces? ¿a cambio de qué? Sin dudas es un artilugio para evadir la ley.”, expresó Racca.

“En todos los eventos deportivos hay botellas y sachet de agua San Carlos. En los pasillos municipales hay botellas y hay dispenser. En el foro de seguridad también había, aunque le sacaron la etiqueta. Pero no factura el funcionario, ¿quién lo hace entonces? ¿a cambio de qué? Sin dudas es un artilugio para evadir la ley.”, expresó Racca.

En plena sesión, el concejal compartió fotos a modo de prueba y reprodujo los audios de los funcionarios en los declaran en medios locales y en comisión del Concejo que nunca la empresa de Aversa mantendría una relación comercial con la Municipalidad, que ya no era más proveedor.

“Quedó en evidencia que Bottero y Aversa nos mintieron en la cara a todos los concejales. Mostramos evidencias que hay algo que no se está haciendo bien, esperamos las explicaciones porque la empresa le está vendiendo a la Municipalidad, que nos cuenten cómo lo hacen”, cerraron.

Durante una serie de inspecciones realizadas en establecimientos rurales de Suardi y San Guillermo, se detectaron múltiples infracciones laborales que afectan directamente a trabajadores del sector agropecuario. La tarea fue impulsada por la Seccional N.º 967 de UATRE San Guillermo, conducida por Alfonso Marcelo, en articulación con inspectores del RENATRE.

Los relevamientos constataron la existencia de empleados no registrados, sueldos por debajo de los $600.000 mensuales, ausencia de ropa de trabajo y calzado adecuado (borceguíes), así como el no pago correspondiente de horas extras al 50% y al 100%, como exige la normativa vigente.

Ante estas irregularidades, se labraron las actas correspondientes y se dio inicio a los procedimientos administrativos necesarios para regularizar la situación de los trabajadores afectados.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ratificaron que seguirán fortaleciendo su labor territorial para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. En ese sentido, remarcaron que cualquier irregularidad puede denunciarse a través del sitio oficial de la organización: uatre.org.ar/denuncia.aspx.

Los exfuncionarios Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Gabriel Mariotto -junto a otros exdirigentes de la AFA- figuran como imputados en el debate que dilucidará si hubo una defraudación con los fondos que el Estado le giraba a los clubes por la transmisión de los partidos que se emitían por la TV Pública.

El Tribunal Oral Federal N° 1 comenzó hoy con el juicio por las supuestas defraudaciones al Estado mediante el programa “Fútbol para Todos”, que por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner transmitía los partidos de los torneos de la AFA por la TV Pública.

En la causa hay 14 acusados: los principales imputados son los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto y varios dirigentes de la AFA y otras entidades vinculadas al fútbol.

La investigación

Fernández de Kirchner anunció en 2009 un acuerdo con la AFA, entonces conducida por Julio Grondona, para ofrecer por televisión abierta y en forma gratuita los partidos de la Primera División y de la B Nacional.

El arreglo se produjo poco después de que la entidad que rige los destinos del fútbol argentino decidiera interrumpir el contrato que tenía con el Grupo Clarín. El contrato estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete y establecía que la AFA le cedía al Estado la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol.

De esta forma, los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, y de esta forma, los clubes recibirían recursos. Además, se generarían fondos para costear el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.

En 2014, la legisladora Graciela Ocaña presentó una denuncia para que se investigaran irregularidades en perjuicio del Estado y de los clubes. En su presentación, la exministra de Salud pedía que se investigaran el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA, que eran cambiados en un circuito financiero ilegal.

*Te puede interesar: Mal inicio de los argentinos en la Qualy de Wimbledon

Los imputados llegaron a juicio acusados por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. En tanto que Capitanich será investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los otros acusados son Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. En la lista se agregan los involucrados en la llamada ruta del dinero: los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y sobre Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).

La causa incluía además a José Lemme, quien fuera presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo, quienes fallecieron entre 2021 y 2022.

Antes de que la causa sea elevada a juicio, hubo sobreseimientos para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.(DA)

La familia denunciante emitió un comunicado en el que volvió a denunciar encubrimiento e irregularidades, que entorpecieron las investigaciones.

⁣

Comunicado completo:

Investigación penal del abuso sexual cometido en el Colegio San José de Rafaela

A dos años de la fecha en que se perpetrara este horrendo delito en el Colegio San José, la familia querellante y el equipo legal que la representa recordamos que el mismo permanece impune.

Como antes hemos informado, eso se debe a las irregularidades y omisiones de las y los fiscales intervinientes, tanto de primera instancia como del anterior titular de la Fiscalía Regional N° 5, que se sumaron a los actos de violencia institucional de las autoridades de este Colegio dependiente del Obispado de Rafaela. Con tales actos se impidió la realización de las medidas más importantes para determinar quién es el abusador que goza de plena libertad y quienes pueden haber actuado conjuntamente con la médica que llevó adelante una artera maniobra de encubrimiento.

Este ataque a los derechos de una niña y su familia está en consideración de las instancias internacionales que supervisan el cumplimiento por nuestro país de las obligaciones internacionales sobre prevención y sanción de los delitos de violencia contra niñas y mujeres, tanto por la desprotección en que nos coloca a nosotras/os como, en general, a las infancias de nuestra ciudad.

Agradecemos los sostenidos apoyos que nos han permitido seguir adelante contra todas las trampas de la impunidad, sin dejar que se calle nuestro reclamo para que no haya más abusos contra las niñas/os ni protectores institucionales de esos crímenes.

Por infancias libres de abusos.

Vanessa Carrasco, Gastón Astesano, Abog Paula Condrac, Abog Guillermo Munné, Abog Lorena Adoratti

Rafaela, 28 de julio de 2023

► Te puede interesar: Vieron a una persona bajando de los techos y abandonando una bolsa con cables