Chile recibió una propuesta de la empresa británica Babcock International para avanzar en la construcción local de fragatas Arrowhead 140, con transferencia tecnológica y participación de la industria naval del país trasandino. Las conversaciones se encuentran todavía en una etapa inicial.

La iniciativa se conoció mientras Argentina profundiza su disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. Este martes, Buenos Aires pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar esas actividades.

El proyecto fue presentado por sir Nick Hine, exvicealmirante de la Royal Navy y actual director ejecutivo de Babcock Marine, quien visitó Chile a comienzos de octubre para mantener conversaciones con autoridades y representantes de la industria naval.

La oferta apunta a desarrollar capacidades junto a Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile, ASMAR, para que las fragatas puedan construirse en territorio chileno y no lleguen necesariamente terminadas desde Europa.

Hine señaló que los contactos se desarrollan en tres niveles: entre los gobiernos de Chile y Reino Unido, entre ambas armadas y entre Babcock y empresas del sector naval chileno.

La Arrowhead 140 es una fragata multipropósito cuyo diseño sirve como base para las nuevas Type 31 que está incorporando la Royal Navy. También fue seleccionada por Polonia e Indonesia para programas con participación de industrias locales.

El buque tiene unos 139 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 5.700 toneladas. Su diseño permite incorporar diferentes sistemas de armas, sensores, helicópteros y equipos de gestión de combate según las necesidades de cada armada.

Babcock también presentó su concepto ARMOR Force, que combina fragatas tripuladas con plataformas no tripuladas para misiones de defensa antiaérea, guerra antisubmarina y otras operaciones navales.

La eventual cooperación no comenzaría desde cero. Chile opera actualmente tres fragatas Type 23 que anteriormente formaron parte de la Royal Navy.

Una de ellas es la Almirante Cochrane, antigua HMS Norfolk, incorporada por la Armada chilena después de prestar servicio para el Reino Unido.

Babcock ya había mostrado interés en el mercado chileno meses atrás y su conducción mencionó públicamente al país entre las oportunidades que la compañía analizaba para expandir el diseño Arrowhead 140.

La propuesta naval coincide con una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino inició en septiembre un procedimiento arbitral bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, este 13 de octubre, solicitó medidas para impedir el avance de la explotación británica.

El Reino Unido, por su parte, sostiene que las licencias otorgadas para el desarrollo petrolero son válidas y rechaza que las acciones judiciales argentinas tengan jurisdicción sobre las islas.

Por ahora no existe un contrato firmado entre Chile y Babcock ni se definieron cantidades, plazos o costos para una eventual incorporación de las fragatas.

La propuesta busca avanzar hacia una alianza de largo plazo con transferencia de conocimientos, ingeniería y capacidades de construcción naval.

La decisión final dependerá de las necesidades que establezca la Armada chilena y de cómo evolucionen las conversaciones entre Santiago, Londres y la compañía británica.

El Gobierno del Reino Unido anunció nuevas medidas destinadas a proteger a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, luego de cuestionar las acciones adoptadas por la Argentina contra compañías vinculadas con el archipiélago.

La administración encabezada por el primer ministro Andy Burnham difundió un comunicado en el que sostuvo que las empresas que inviertan en las islas estarán protegidas frente a lo que calificó como medidas de “coerción económica argentina”.

La decisión británica se conoció después de la autorización de nuevas perforaciones petroleras en las Malvinas y del reclamo presentado por la Argentina para intentar frenar el proyecto Sea Lion.

Según el comunicado, Londres prevé utilizar herramientas contempladas en su legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI).

El objetivo declarado por el Gobierno británico es impedir que empresas y ciudadanos del Reino Unido se vean obligados a cumplir determinadas medidas argentinas consideradas por Londres como extraterritoriales.

Desde la administración británica señalaron que trabajan con las compañías involucradas para brindarles apoyo y anticiparon que impulsarán legislación complementaria para que las nuevas disposiciones entren en vigencia antes de finalizar 2026.

Las medidas, según indicaron, estarán específicamente dirigidas a las acciones argentinas relacionadas con actividades económicas desarrolladas en las Malvinas.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó que el Reino Unido actuará frente a cualquier intento argentino de afectar las actividades comerciales que Londres considera legítimas.

“No nos quedaremos de brazos cruzados”, señaló el funcionario al referirse a las medidas adoptadas por la Argentina contra empresas vinculadas con las islas.

El Gobierno británico también ratificó su posición de que las decisiones sobre el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales corresponden a las autoridades isleñas y a las compañías que operan allí.

Se trata de una postura que forma parte de la posición británica en la disputa de soberanía, mientras que Argentina mantiene su reclamo sobre las Islas Malvinas y cuestiona la explotación unilateral de recursos naturales en el área.

El anuncio se produjo en medio de las diferencias entre ambos países por el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La Argentina presentó un reclamo internacional para intentar frenar ese desarrollo, mientras que el Reino Unido reafirmó su respaldo a las empresas que participan de actividades económicas vinculadas con las islas.

Desde Londres adelantaron además que continuarán evaluando otras alternativas para proteger sus intereses y los de las compañías involucradas.

La disputa suma así un nuevo capítulo diplomático y económico en torno a las actividades que se desarrollan en el archipiélago y sus recursos naturales.

La empresa estadounidense Halliburton, una de las principales proveedoras mundiales de servicios para la industria energética, ratificó este viernes que no realizará trabajos en el proyecto petrolero Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus alrededores.

La compañía, con sede en Houston, informó que mantuvo contactos con autoridades federales argentinas ante consultas relacionadas con una eventual participación en el proyecto y con la aplicación de la legislación vigente. En su comunicación del 2 de octubre, Halliburton confirmó que la decisión alcanza también a sus subsidiarias.

El pronunciamiento reafirma la posición que la filial argentina había expresado a comienzos de septiembre, cuando aclaró que no participaba de Sea Lion ni de actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas.

Sea Lion es un proyecto petrolero offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y está impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno argentino rechaza su desarrollo sin autorización nacional y sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales en el área contradice sus derechos soberanos y las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa.

Durante septiembre, la Cancillería profundizó las acciones diplomáticas y administrativas relacionadas con las compañías involucradas directa o indirectamente en el emprendimiento.

Halliburton no es la única gran firma internacional que tomó distancia del proyecto. SLB y Baker Hughes también habían comunicado que no participarían en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

El conflicto también avanzó en el terreno internacional. El 28 de septiembre, el Gobierno argentino comunicó oficialmente el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según la posición oficial argentina, el procedimiento busca impedir la explotación de hidrocarburos a través de Sea Lion y otras medidas que puedan modificar la situación existente en los espacios marítimos alcanzados por la disputa de soberanía.

Además, Argentina intimó al Reino Unido para que adopte medidas destinadas a impedir el inicio o continuidad de esas actividades y anticipó que, de no obtener respuesta dentro del plazo establecido, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Reino Unido cuestionó la iniciativa argentina, mientras que la Cancillería respondió el 1° de octubre defendiendo el recurso al mecanismo previsto en la CONVEMAR. Ambos países son partes de la convención y mantienen posiciones contrapuestas sobre la explotación de recursos en el área.

En ese escenario, la ratificación de Halliburton suma una nueva definición empresarial alrededor de Sea Lion, mientras continúa la controversia diplomática y jurídica entre Argentina y el Reino Unido.

La diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, protagonizó una polémica durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que comenzó a analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

Durante su intervención, la legisladora se refirió a las Islas Malvinas como “las Falklands” mientras planteaba cuestionamientos sobre el alcance de las sanciones previstas para empresas vinculadas con actividades económicas en el archipiélago.

En particular, Del Plá mencionó a Mercado Libre y al empresario Marcos Galperin al preguntar si las eventuales medidas alcanzarían a compañías relacionadas con fondos de inversión que, según planteó, también tienen participación en firmas vinculadas con negocios en las islas.

“¿Van a ponerles sanciones? Claramente no”, sostuvo la diputada durante su exposición, en referencia a las empresas a las que aludió.

La utilización del término “Falklands” generó una respuesta de la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación, que cuestionó públicamente las declaraciones de la legisladora.

“Se llaman Islas Malvinas”, señaló el organismo a través de sus redes sociales, en una publicación en la que reprodujo parte de la intervención de Del Plá durante el debate parlamentario.

La discusión se produjo en el marco del tratamiento de un proyecto que busca establecer nuevas herramientas para la defensa de la soberanía argentina y la protección de los recursos estratégicos del país.

También por redes sociales la legisladora del Frente de Izquierda, manifestó: "Lo que es falso es que este gobierno defienda la soberanía sobre las Islas Malvinas".

"En mi discurso me estaba refiriendo a la empresa de administración de los negocios británicos en las Islas, que se llama 'Falkland Islands Holdings'", aseveró al mencionar que un empresario que lo vincula al gobierno posee acciones en esa firma.

El episodio protagonizado por Del Plá se produjo en una jornada marcada además por fuertes cruces entre legisladores y dirigentes políticos durante el inicio del tratamiento del proyecto de soberanía. La reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto estuvo atravesada por discusiones entre representantes del oficialismo y la oposición.

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina inició el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte.

La estrategia busca impedir el avance de las operaciones autorizadas por el Reino Unido en el área en disputa. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades no pueden desarrollarse unilateralmente mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía.

Quirno explicó que la intimación enviada a Londres contempla un plazo de 14 días para que suspenda las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion.

“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar”, afirmó el canciller.

Según detalló, la intención sería solicitar medidas provisionales para intentar detener las tareas mientras avanza el procedimiento internacional.

Sea Lion está impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino afirma que el área está comprendida dentro de la plataforma continental sobre la que reivindica derechos soberanos y cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades británicas.

Quirno señaló que el primer barril está proyectado para 2028 y sostuvo que las acciones fueron iniciadas con anticipación para intentar impedir que la explotación comience.

La Cancillería busca además aumentar el costo de participar del proyecto para las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina”, planteó Quirno al referirse a las empresas que evalúen intervenir en Sea Lion.

El Gobierno también envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra compañías que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las islas y los espacios marítimos circundantes.

La posición oficial invoca, entre otros antecedentes, las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda instó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de negociación.

El Ejecutivo también instruyó formalmente a Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el mecanismo arbitral contemplado en el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar.

En paralelo, el Gobierno sigue con atención una ronda comercial realizada en Punta Arenas entre empresarios chilenos y representantes vinculados con las Islas Malvinas.

Quirno señaló que la relación con la administración de José Antonio Kast continúa siendo fluida y recordó el compromiso chileno de no brindar apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas.

La Cancillería argentina también cuestionó recientemente vuelos entre Malvinas y Punta Arenas que, según denunció, se realizaron sin autorización argentina.

El canciller sostuvo que Buenos Aires continuará monitoreando los movimientos comerciales y logísticos vinculados con Punta Arenas.

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y, obviamente, esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos”, manifestó.

El Gobierno argentino denunció formalmente que una empresa británica realizó vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. A raíz de este episodio, la Oficina del Presidente informó que el mandatario Javier Milei ordenó el inicio urgente de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la firma THALES UK LIMITED, tras detectarse operaciones de una aeronave con matrícula del Reino Unido sin autorización argentina.

La delegación de empresarios ingleses involucrada en los vuelos buscaba avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo anunció que intimó al Reino Unido para que frene, en un plazo de dos semanas, las operaciones de explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion.

Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras

El Gobierno argentino sostiene que la explotación en la Cuenca Malvinas Norte viola las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. Además, se invocó la CONVEMAR para defender la soberanía sobre la plataforma continental. En el plano judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya había dictado una medida cautelar para frenar las obras del proyecto, que podría generar 2.000 millones de dólares en regalías.

Por su parte, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó recientemente que el Reino Unido está preparado para defender las islas, descartando las pretensiones argentinas. Asimismo, se confirmó que los cazas Typhoon Tranche 1 serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 hacia fines de noviembre de 2027, una medida que Londres calificó como una rotación prevista.

El Gobierno del Reino Unido ratificó este viernes su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que el archipiélago tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, al tiempo que expresó su respaldo a las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales en la zona.

La declaración fue realizada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que “la posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”.

Desde Londres señalaron que esa postura se fundamenta en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y remarcaron que el Gobierno británico y su red diplomática continuarán respaldando a las compañías vinculadas con actividades económicas en el archipiélago.

El pronunciamiento británico se produjo luego de que la Cancillería argentina rechazara una guía publicada por Londres el pasado 15 de septiembre, en la que se respaldaban las actividades económicas desarrolladas en las islas y la explotación de sus recursos naturales.

El documento británico sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de Malvinas están reguladas por la legislación local y plantea que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sus normas sobre empresas o personas vinculadas con negocios en el archipiélago.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino y consideran ilegítimas las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de las autoridades nacionales.

La Cancillería indicó que las leyes 26.659 y 26.915 establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en áreas de la plataforma continental argentina.

Según informó el Gobierno argentino, fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países, además de iniciarse 60 procedimientos administrativos.

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Mientras Argentina sostiene que esas actividades no cuentan con autorización y afectan sus derechos soberanos, el Reino Unido afirma que continuará respaldando el desarrollo económico de las islas.

“Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”, señaló Kumaran, quien aseguró que existen “enormes oportunidades” para las empresas interesadas en operar en el archipiélago.

El conflicto por el petróleo de Malvinas comenzó a trasladarse a un terreno menos visible que la disputa diplomática: la cadena internacional de empresas que necesita cualquier proyecto offshore para funcionar.

En los últimos días, grandes compañías proveedoras de servicios, tecnología y equipamiento petrolero marcaron distancia de las actividades hidrocarburíferas en las islas, mientras que los operadores de Sea Lion sostienen que el proyecto continúa.

La situación abre una pregunta concreta: ¿puede Argentina complicar el desarrollo de Sea Lion si consigue que empresas internacionales se nieguen a prestar servicios?

La respuesta dependerá de qué proveedores se retiren, qué servicios puedan ser reemplazados y cuánto tiempo demande conseguir alternativas.

Entre las compañías que fijaron posición aparecen SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres grandes proveedores internacionales de servicios para la industria petrolera.

Las empresas comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes y señalaron su compromiso con la legislación argentina. También aclararon que no mantienen vínculos con Sea Lion.

A ellas se sumó Tenaris, compañía del Grupo Techint especializada en tubos y soluciones para la industria energética.

Su presidente para el Cono Sur, Andrea Previtali, afirmó que Tenaris opera en Argentina desde hace más de 70 años y que durante ese período no suministró productos ni servicios para proyectos de producción de petróleo y gas en las Islas Malvinas.

También aseguró que la empresa no mantiene vínculos comerciales con los proyectos alcanzados por las medidas argentinas.

La posición de Tenaris es relevante porque los tubos son componentes fundamentales en la construcción de pozos petroleros.

Sin embargo, su decisión no implica por sí misma la paralización de Sea Lion: existen otros proveedores internacionales capaces de cubrir distintos segmentos de la cadena.

El punto central está en el efecto acumulativo.

Un yacimiento offshore no depende solamente de la empresa que tiene la licencia. Para perforar y producir petróleo necesita una extensa red de compañías especializadas.

Hay proveedores que fabrican tubos y equipamiento; otros aportan tecnología para perforar, evaluar las formaciones geológicas, completar los pozos o mantener las instalaciones. También se requieren servicios logísticos, técnicos y de ingeniería.

Las compañías como SLB, Halliburton y Baker Hughes ocupan precisamente distintos lugares dentro de esa cadena.

Por eso, que una de ellas decida no participar no significa automáticamente que un proyecto quede detenido. Pero reemplazar a un proveedor especializado puede demandar tiempo, nuevos contratos y una reorganización de las operaciones.

El desafío es todavía mayor en una explotación offshore, donde los equipos y servicios deben trasladarse y operar en el mar bajo condiciones técnicas complejas.

Así, la estrategia argentina apunta a un punto sensible: no necesariamente detener directamente al operador, sino aumentar las dificultades para construir la red de proveedores que necesita.

El Gobierno modificó el esquema de aplicación de la Ley 26.659 mediante el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial.

La norma designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento para investigar posibles incumplimientos de la legislación hidrocarburífera.

Además, ordenó a los organismos de la Administración Pública Nacional informar hechos que pudieran encuadrar en las conductas prohibidas.

La propia ley alcanza no sólo a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, sino también a quienes participen directa o indirectamente en empresas involucradas o presten servicios para esos desarrollos.

También contempla actividades económicas, financieras, logísticas, técnicas y de consultoría.

Ese punto es central para entender el nuevo frente de presión.

Argentina busca que las compañías internacionales evalúen el costo de participar en proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las zonas que el país considera parte de su plataforma continental.

La herramienta puede incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones previstas por la Ley 26.659, según establece la normativa.

Mientras los proveedores comenzaron a marcar distancia, los responsables del proyecto sostienen que Sea Lion continúa.

El yacimiento es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration mantiene el porcentaje restante.

Ambas compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que las nuevas medidas argentinas no deberían afectar materialmente el desarrollo.

Rockhopper informó que tomó conocimiento de las declaraciones y transmitió la posición de Navitas respecto de la continuidad del proyecto.

La empresa británica también había comunicado avances relacionados con el desarrollo de Sea Lion antes de las nuevas medidas argentinas.

De esta manera, por ahora conviven dos posiciones: los operadores dicen que el proyecto sigue adelante y algunas de las principales empresas de servicios petroleros dicen que no participarán de actividades relacionadas con Malvinas.

Ese es el punto que habrá que seguir durante los próximos meses.

La salida de un proveedor no significa que Sea Lion quede automáticamente paralizado. Los operadores pueden buscar empresas alternativas. Pero si se acumulan las decisiones de compañías internacionales que no quieren participar, el proceso puede volverse más complejo.

El impacto dependerá de cuáles sean los servicios que queden fuera de la cadena y de la facilidad para reemplazarlos.

Además, existe un factor particular: varias de estas multinacionales tienen negocios importantes en Argentina y participan de la actividad energética vinculada con Vaca Muerta.

Para ellas, la decisión sobre Malvinas no se analiza necesariamente de manera aislada del resto de sus operaciones en el país.

Por eso, la estrategia oficial busca utilizar la legislación argentina como una herramienta de presión sobre toda la cadena y no solamente sobre las empresas que aparecen como operadoras del yacimiento.

El Gobierno no necesita demostrar que una plataforma dejó de funcionar para considerar que la estrategia tuvo algún efecto.

Si Sea Lion debe reemplazar proveedores, renegociar contratos o afrontar mayores dificultades para conseguir determinados servicios, el desarrollo puede volverse más complejo o costoso.

Por ahora, sin embargo, no hay elementos oficiales para afirmar que el proyecto haya sido suspendido.

El escenario que queda abierto es otro: mientras Navitas y Rockhopper mantienen su decisión de avanzar con Sea Lion, Argentina intenta elevar el costo legal y comercial de participar en el proyecto.

La disputa, entonces, empieza a jugarse también lejos de las plataformas: en las empresas que fabrican los equipos, aportan tecnología y prestan los servicios necesarios para que el petróleo pueda salir del fondo del mar.

El Gobierno del Reino Unido respondió al mensaje del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas con una ratificación de su postura histórica y una advertencia sobre la capacidad de sus fuerzas militares.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street, según informó la prensa británica.

La declaración llegó luego de que Milei, en un mensaje por cadena nacional, reafirmara el reclamo argentino sobre el archipiélago y anunciara sanciones contra empresas petroleras que operan en la zona sin autorización argentina, además de plantear la construcción de una base militar en el continente.

Desde el Gobierno británico señalaron que su posición sobre las Malvinas no tendrá modificaciones y remarcaron que las islas continuarán bajo administración británica “mientras los isleños lo deseen”.

Una fuente de Downing Street sostuvo que no es la primera vez que un gobierno argentino plantea reclamos sobre el territorio y defendió el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro político.

La referencia también estuvo vinculada a la explotación de recursos naturales en el área, luego de que empresas petroleras avanzaran con proyectos de exploración en el Atlántico Sur.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, fue uno de los primeros funcionarios en responder públicamente y afirmó que las declaraciones de Milei estaban relacionadas con “la política interna argentina”.

Además, reiteró la postura británica: “Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos”, y sostuvo que el compromiso del Reino Unido con el archipiélago es “absoluto e inamovible”.

También se pronunció el canciller británico Ed Miliband, quien aseguró que las islas “son británicas y seguirán siéndolo” debido a la voluntad de sus habitantes.

Durante su discurso, Milei sostuvo que Argentina debe actuar con rapidez frente al avance de proyectos petroleros en la zona y advirtió sobre la posibilidad de que se exploten reservas ubicadas en el mar circundante a las islas.

La disputa por la soberanía de las Malvinas se mantiene como una cuestión pendiente en el ámbito internacional. En 1965, una resolución de Naciones Unidas instó a Argentina y Reino Unido a negociar una solución diplomática y evitar decisiones unilaterales.

El anuncio del presidente Javier Milei sobre un endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas tuvo impacto en los mercados financieros.

Este viernes, las acciones de las dos compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, considerado uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos en el archipiélago, operaron a la baja.

Los papeles de la británica Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de la israelí Navitas Petroleum registraron una caída del 2,3% en el mercado de Tel Aviv.

La reacción se produjo luego de que Milei anunciara por cadena nacional que el Gobierno avanzará con medidas para inhabilitar a empresas que participen de proyectos en Malvinas sin autorización argentina.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó el mandatario.

El proyecto Sea Lion busca convertirse en el primer desarrollo petrolero de producción en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El yacimiento fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration y se encuentra en la plataforma submarina del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, a una profundidad aproximada de 450 metros.

Actualmente, el proyecto es impulsado por dos compañías:

El Gobierno argentino sostiene que los permisos otorgados para avanzar con la explotación fueron concedidos de manera ilegítima y unilateral, y anunció que buscará aplicar sanciones económicas y comerciales contra las compañías involucradas.

Milei anticipó un decreto para acelerar las sanciones contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas.

Entre las medidas previstas se encuentran mecanismos para identificar a compañías, accionistas, directivos y proveedores relacionados con esas actividades, además de restricciones para operar comercialmente en Argentina.

“Argentina no se quedará de brazos cruzados”, expresó el Presidente al referirse a la explotación de recursos naturales en el territorio reclamado por el país.

El proyecto está organizado en distintas etapas. La primera fase contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Luego se prevé una segunda etapa con otros 12 pozos submarinos en la misma zona.

Más adelante, el desarrollo avanzaría hacia otras áreas con nuevas perforaciones y una proyección de producción a largo plazo.

Entre las obras previstas se encuentra la modernización del buque Aoka Mizu, que será utilizado como unidad FPSO, además de trabajos de infraestructura en las islas para brindar apoyo logístico al proyecto.

La cuestión de las Islas Malvinas no comenzó con la guerra de 1982. El reclamo argentino tiene antecedentes que se remontan al proceso de independencia y, desde el punto de vista del Estado argentino, se sustenta en una combinación de argumentos históricos, jurídicos y geográficos.

La posición oficial sostiene que la Argentina heredó los territorios que habían pertenecido a España, ejerció actos de soberanía sobre las islas después de la independencia y estableció allí autoridades y población antes de la ocupación británica de 1833.

La discusión internacional, sin embargo, tiene una particularidad que resulta central para comprender el reclamo: Naciones Unidas no resolvió que las islas pertenezcan a la Argentina.

Lo que sí hizo la Asamblea General fue reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y establecer que ambos gobiernos deben buscar una solución pacífica mediante negociaciones. Esa posición se mantiene como uno de los principales respaldos diplomáticos del reclamo argentino.

Causa Nacional

Según los antecedentes oficiales recopilados por la Cancillería argentina, durante el período colonial las islas estuvieron vinculadas a España. Tras el proceso de independencia, la Argentina asumió la posición de heredera de los derechos territoriales españoles en la región.

Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron distintos actos destinados a ejercer soberanía sobre las Malvinas. Entre ellos estuvieron la designación de autoridades, la regulación de actividades económicas y pesqueras y el establecimiento de población. En ese período también se desarrolló Puerto Soledad como centro de actividad y administración.

Uno de los episodios destacados por la documentación oficial argentina ocurrió el 6 de noviembre de 1820, cuando el comandante David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata e izó el pabellón argentino.

Para el Estado argentino, ese acto forma parte de la continuidad de derechos heredados de España y del proceso de consolidación de la soberanía después de la independencia.

El 10 de junio de 1829, otro acontecimiento considerado relevante fue la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Luis Vernet fue designado gobernador y se desarrollaron estructuras administrativas destinadas a consolidar la presencia argentina en el archipiélago.

Ese proceso se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas. La Cancillería argentina considera que se trató de una ocupación ilegítima y sostiene que, desde entonces, ningún gobierno argentino reconoció la pérdida de sus derechos sobre el territorio.

Para la posición argentina, este punto es central: el ejercicio efectivo de soberanía que había comenzado a consolidarse después de la independencia fue interrumpido por un acto de fuerza británico.

Desde entonces, la Argentina mantuvo el reclamo por vías diplomáticas. La guerra del Atlántico Sur de 1982 modificó profundamente la relación entre ambos países, pero no eliminó la controversia territorial. De hecho, la propia documentación de Naciones Unidas posterior al conflicto volvió a referirse a la existencia de una disputa de soberanía.

El principal respaldo internacional al reclamo argentino se encuentra en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las decisiones del Comité Especial de Descolonización.

Una de las más importantes es la Resolución 2065 (XX), aprobada en 1965. Ese documento reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución. La cuestión pasó así a formar parte formal de la agenda de Naciones Unidas.

La importancia de esta resolución está en que Naciones Unidas no trató el caso como una cuestión exclusivamente interna del Reino Unido. La organización reconoció que existía una controversia entre dos Estados respecto de la soberanía.

A partir de entonces se abrió un período de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que se extendió hasta 1982. Durante esos años se analizaron distintas alternativas destinadas a resolver la controversia, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo.

Otra resolución relevante fue la 3160 (XXVIII), aprobada en 1973. La Asamblea General volvió a expresar su preocupación por la falta de avances y pidió que las negociaciones continuaran para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

Luego del conflicto de 1982, Naciones Unidas volvió a pronunciarse. La Resolución 37/9, aprobada el 9 de noviembre de ese año, solicitó a la Argentina y al Reino Unido que reanudaran las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El documento también señaló que debían tenerse debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A esta resolución se sumaron otras durante la década de 1980. Entre ellas aparecen las resoluciones 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, que mantuvieron el llamado al diálogo entre los dos países.

La legislación argentina recoge expresamente esta serie de pronunciamientos internacionales como parte de los antecedentes del reclamo.

La Resolución 31/49, aprobada en 1976, también ocupa un lugar importante en la posición argentina porque pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales mientras se desarrollaba el proceso de negociación.

En paralelo, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas continúa incluyendo la Cuestión de las Islas Malvinas en su agenda. En junio de 2025, el Comité aprobó sin votación un nuevo proyecto de resolución sobre la cuestión.

Este punto es importante para entender qué respaldo internacional tiene realmente la Argentina.

Las resoluciones de Naciones Unidas no adjudican las islas a la Argentina. Tampoco establecen que el Reino Unido haya perdido jurídicamente la soberanía. Su importancia reside en que reconocen que existe una controversia territorial pendiente entre ambos países y sostienen que debe resolverse mediante negociaciones.

La Cancillería argentina explica que, después de 1982, la Asamblea General continuó reafirmando la existencia de la disputa y reclamando que ambos gobiernos retomen las conversaciones. El Comité Especial de Descolonización también sostiene que la cuestión debe resolverse de manera pacífica y negociada.

La Argentina considera, además, que se trata de un caso colonial particular. Su posición sostiene que la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos debe analizarse teniendo en cuenta las características específicas de la controversia y el hecho de que la población británica fue establecida después de la ocupación de 1833.

La Cancillería señala que las resoluciones específicas sobre Malvinas de la Asamblea General y del Comité de Descolonización no han utilizado el principio de libre determinación como mecanismo para resolver esta disputa.

El Reino Unido mantiene una posición diferente y sostiene su propia reivindicación de soberanía sobre las islas. Por eso, desde el punto de vista internacional, la cuestión continúa siendo una controversia no resuelta.

El reclamo argentino tiene además un respaldo directo en el ordenamiento jurídico nacional.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incorporada en la reforma de 1994, establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por considerarlos parte integrante del territorio nacional.

La misma disposición determina que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Por eso, la Cuestión Malvinas es considerada por el Estado argentino una política de Estado que atraviesa a los distintos gobiernos. El reclamo oficial se mantiene asociado a la búsqueda de una solución pacífica y al llamado a reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

En el plano internacional, el dato central es otro: Naciones Unidas reconoce que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reclama una solución pacífica y negociada. Esa diferencia entre el reclamo argentino y lo que efectivamente establecen las resoluciones internacionales resulta fundamental para comprender por qué, más de 190 años después de la ocupación británica, la Cuestión Malvinas continúa abierta.

“Pasó algo muy fuerte”, interpretó el presidente Javier Milei sobre los escasos segundos en que el mandatario estadounidense Donald Trump se refirió al tema Malvinas.

“¿Está revisando la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?”-, preguntó un periodista acreditado en la Casa Blanca. “Siempre reviso cada postura, esa es solo una de muchas”, respondió Trump para seguir con otros temas de su agenda.

Fue el lunes; a las pocas horas ya se conocía la respuesta del Reino Unido para advertir que los isleños ya expresaron “su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable” y “su derecho a la autodeterminación es primordial”.

Y el martes llegó el anuncio del presidente Javier Milei sobre una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas. Será este jueves a las 21 y por ahora el hermetismo es total, aunque algunas fuentes periodísticas arriesgan que anunciará el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas sin autorización de la Argentina.

Si es así, la medida estará relacionada con el proyecto petrolero off shore (costas afuera) Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.

Según revelaron medios nacionales, el proyecto prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de 2.100 millones de dólares para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.

“Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21 sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional”, escribió el mandatario en un posteo publicado en su cuenta de X, y sin anticipar nada de lo que dirá en las próximas horas.

“Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”, se entusiasmó el consejero presidencial Santiago Caputo en sus redes.

“El contenido (del mensaje oficial) está siendo trabajado por el Presidente, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado”, fue la prudente respuesta del vocero Adrián Ravier al ser consultado sobre el tema, y antes de anticipar que en la próxima rueda de prensa del martes podría despejar más dudas.

Una de ellas es si se concretará el viaje de los hermanos Milei al Reino Unido, cuestión que se anunciaba para este año y por ahora está en el freezer. “Todavía no hay información de la agenda; nunca adelantamos una fecha”, insistió el portavoz.

Emilia González Cian es abogada y especialista en Política Internacional y, en diálogo con El Litoral, repasó las novedades en un tema de alta sensibilidad para el país. Así quedó en evidencia hace un mes y medio cuando un “trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” ondeó en la cancha tras el triunfo sobre Inglaterra en semifinales del último mundial.

Pero Malvinas trasciende al fútbol, aunque no escapa a nadie que aquella “hazaña” futbolística reavivó un sentimiento de patriotismo mezclado con algo de revancha.

Y el aspecto económico es crucial: “La aprobación (por parte del Gobierno isleño) del proyecto Sea Lion, en el que participan dos petroleras, una británica y otra israelí, es muy grave porque el inicio de la exploración y la extracción implican una modificación unilateral de las condiciones respecto de un territorio que está en disputa”.

Al respecto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar suspender el desarrollo del proyecto.

Esto forma parte de las novedades. Pero el reclamo por la soberanía sobre las Islas es histórico. “En el seno de la ONU, la ‘cuestión Malvinas’, tal como la denominó el Comité de Desconolonización, tiene una agenda permanente”, explica González Cian.

“Por un lado, desde el año 1989, este comité especializado renueva anualmente su tratamiento e insta a Argentina y el Reino Unido a negociar”, explica. Por otra parte, “la Argentina lleva el planteo a cada reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas". La próxima tendrá lugar en septiembre, cuando entre el 22 y el 28 se reunirán los principales líderes en la ciudad de Nueva York.

En cualquier caso, la relación entre los segundos que Trump le dedicó al tema en su rueda de prensa y la posibilidad de que la Argentina sancione explotaciones no autorizadas por ahora no parece quedar en claro.

En ese punto, la analista explica que el Atlántico Sur es una zona apetecible para el presidente del país del norte: “Las riquezas naturales son invaluables y muy codiciadas. Por otro lado, la zona contigua al Estrecho de Magallanes es estratégica para el comercio internacional y, por lo tanto, un bastión también en la disputa comercial con China” que “este mes inició su primer viaje por el Ártico”.

Tampoco escapa a especialistas y legos que en la dispersión que caracteriza la incipiente carrera electoral de 2027 las gestas, aunque sean discursivas, pueden marcar una diferencia.

El Litoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su administración podría revisar la posición que mantiene Washington respecto de las Islas Malvinas, en medio del histórico reclamo de soberanía de Argentina frente al Reino Unido.

Consultado por periodistas en el Despacho Oval, Trump evitó descartar una modificación de la política estadounidense sobre el archipiélago. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió el mandatario.

La declaración adquirió especial relevancia porque, de acuerdo con la posición oficial expresada recientemente por representantes estadounidenses, Washington mantiene hasta ahora una postura de neutralidad respecto de la disputa de soberanía.

Las palabras del presidente estadounidense aparecieron después de que el diario británico The Telegraph informara que Washington se encuentra revisando los compromisos de algunos de sus aliados del Atlántico Norte, especialmente en materia de gasto en defensa.

Según esa publicación, funcionarios estadounidenses consideran insuficiente la hoja de ruta presentada por Londres para aproximarse al objetivo de destinar el 5% del Producto Bruto Interno al área militar, una meta impulsada por la administración Trump.

“Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”, señaló un funcionario estadounidense citado por el medio británico. Ante otra consulta sobre el Reino Unido, Trump afirmó: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

La posibilidad de que la cuestión Malvinas forme parte de esa evaluación cobró fuerza luego de que The Telegraph citara a un funcionario estadounidense señalando que “no se descarta ninguna opción” para lograr un mayor reparto de las cargas militares entre los integrantes de la OTAN.

El escenario resulta relevante para Argentina debido al peso que tiene Estados Unidos en la relación diplomática y estratégica con el Reino Unido.

Argentina mantiene de manera permanente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras que Londres sostiene su administración sobre los territorios.

Según la información difundida, el Gobierno de Javier Milei sigue con atención las señales provenientes de Washington, aunque por el momento mantiene una posición de “cautela y prudencia”.

En el Poder Ejecutivo consideran que las declaraciones deben analizarse principalmente dentro de la estrategia de presión de Trump sobre los países de la OTAN y no necesariamente como la confirmación de un cambio formal en la política exterior estadounidense respecto de Malvinas.

De hecho, a mediados de agosto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, había ratificado públicamente que la posición de Washington no había sufrido modificaciones. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, había señalado.

Por ahora, las palabras de Trump no constituyen un giro diplomático formal, pero introducen un elemento nuevo en una disputa histórica para la política exterior argentina y abren interrogantes sobre cómo podría evolucionar la postura estadounidense.

La presencia de un petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia generó un nuevo foco de tensión política e institucional entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional.

Se trata del VS Promise, una embarcación dedicada al transporte de petróleo crudo que ingresó al puerto de la capital fueguina, terminal que pertenece a la Provincia pero se encuentra intervenida por el Gobierno nacional desde enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). 

Ante la situación, el Ejecutivo provincial manifestó su “repudio y rechazo” a la operación y reclamó conocer bajo qué criterios se permitió el ingreso del buque.

Desde el Gobierno fueguino señalaron que existen normas provinciales que prohíben la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, en el marco del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La Provincia incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro de su territorio conforme al ordenamiento argentino. Las Malvinas permanecen bajo administración británica y su soberanía continúa siendo objeto de una disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Para las autoridades fueguinas, permitir la operación del petrolero resulta especialmente cuestionable debido a que el puerto de Ushuaia está actualmente bajo administración nacional.

El Ejecutivo provincial exigió al Gobierno nacional que explique “de manera inmediata y pública” los criterios políticos, estratégicos y administrativos bajo los cuales fue autorizada la operación.

De acuerdo con registros de seguimiento marítimo, el VS Promise había operado previamente en la terminal de Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, antes de dirigirse hacia Ushuaia.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, señaló que la embarcación estuvo cargando crudo en esa zona y que las autoridades provinciales buscaban determinar qué empresa petrolera había contratado el servicio y cuál era su destino final.

Otros relevamientos indican que el buque posee más de 228 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo. 

El episodio volvió a poner en discusión la situación administrativa del Puerto de Ushuaia, intervenido desde comienzos de este año por la Nación.

El Gobierno de Tierra del Fuego cuestiona esa medida y mantiene acciones judiciales para recuperar la administración de la terminal. Tras conocerse la presencia del VS Promise, las autoridades provinciales volvieron a reclamar el cese de la intervención y la restitución del manejo del puerto. 

La llegada del petrolero británico suma así un nuevo capítulo al histórico conflicto de soberanía por las Islas Malvinas y abre una disputa adicional entre la Provincia y la Nación por las autorizaciones otorgadas dentro de una terminal estratégica del Atlántico Sur

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a trasladarse al ámbito digital, luego de que numerosos usuarios comenzaran a publicar mensajes en perfiles de establecimientos ubicados en el archipiélago dentro de Google Maps.

La campaña surgió tras la repercusión que generó la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, exhibida por los jugadores de la Selección nacional durante el Mundial 2026.

Una usuaria compartió en las redes sociales una captura de la reseña que había dejado en el perfil de un comercio de las islas. La publicación se viralizó y fue replicada por cientos de personas.

Los participantes ingresaron a los perfiles de diferentes establecimientos del archipiélago para dejar comentarios relacionados con la reivindicación histórica de la Argentina.

Entre los mensajes publicados podían leerse frases como “Las Malvinas son y serán argentinas”, “Devuelvan el territorio argentino” y “Dejen de ocupar tierras”.

De esta manera, espacios originalmente destinados a compartir experiencias comerciales se convirtieron temporalmente en un nuevo escenario de expresión política.

La iniciativa comenzó después del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Tras el encuentro, los integrantes del seleccionado desplegaron una bandera alusiva a las islas, una imagen que tuvo una amplia repercusión y volvió a instalar el reclamo de soberanía en las redes sociales.

La reacción se extendió rápidamente a diferentes plataformas, donde usuarios compartieron publicaciones, imágenes y mensajes relacionados con la causa Malvinas.

La bandera exhibida por los futbolistas también motivó una propuesta impulsada por un taller de impresión y serigrafía del barrio porteño de Boedo.

El comercio anunció que volvería a estampar gratuitamente el diseño sobre telas aportadas por las personas interesadas.

“Pasás con un pedazo de tela y te llevás una bandera histórica”, señalaron desde el emprendimiento al presentar la actividad.

La convocatoria fue programada para el sábado, de 13:30 a 16:30, en Castro 934, e incluye el mensaje sobre la soberanía acompañado por las tres estrellas obtenidas por la Selección argentina.

Las publicaciones mostraron cómo un gesto ocurrido en un escenario deportivo internacional derivó en diferentes manifestaciones digitales y comunitarias.

Mientras algunos usuarios optaron por compartir imágenes o estampar banderas, otros utilizaron los perfiles comerciales de Google Maps para expresar su postura.

La campaña volvió a colocar en el centro de la conversación pública la reivindicación argentina sobre las islas, aunque las reseñas fueron realizadas en espacios destinados originalmente a evaluar la atención y los servicios brindados por los establecimientos.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo. Tras el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta, tres futbolistas de la Selección se acercaron a la tribuna albiceleste con una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", en un gesto cargado de significado.

Los encargados de desplegar el mensaje fueron Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, quienes compartieron el momento con los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio. Más tarde, la bandera también fue extendida sobre el campo de juego durante los festejos por la clasificación.

La bandera que mostró Lo Celso 🇦🇷pic.twitter.com/Sv2fbSs6UH

El homenaje llegó luego de un partido de enorme intensidad, en el que Argentina revirtió el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi, para asegurar su lugar en la definición frente a España.

Durante la previa del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni había insistido en separar el contexto deportivo de los hechos históricos entre ambos países. "Es un partido de fútbol. Tenemos memoria y recordamos lo que pasó, pero no sirve alimentar otras cuestiones", había expresado en conferencia de prensa.

Sin embargo, una vez consumada la victoria, los futbolistas eligieron recordar el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas mediante este gesto que fue acompañado por la ovación de los simpatizantes.

El momento coincidió con la emoción desatada por la clasificación. Lionel Messi volvió a mostrarse conmovido tras el pitazo final, mientras que Lautaro Martínez rompió en llanto luego de marcar el gol decisivo que depositó a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

Ahora, el equipo dirigido por Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este jueves una nueva resolución en la que instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por consenso durante la sesión anual del Comité de los 24 (C-24), que volvió a reconocer la existencia de una controversia entre ambos países y reiteró la necesidad de que las partes retomen el diálogo conforme a las resoluciones vigentes de la Asamblea General de la ONU.

Durante la reunión la representación argentina reafirmó los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, al tiempo que reclamó al Reino Unido poner fin a los actos unilaterales que desarrolla en el Atlántico Sur.

En la resolución, el Comité expresó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones e instó a ambas partes a reanudar cuanto antes el proceso de diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, en línea con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones aprobadas por ese organismo internacional.

En representación del Gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno expuso ante el Comité Especial de Descolonización y reiteró el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante su intervención, cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur y denunció la explotación unilateral de los recursos naturales en el archipiélago por parte del Reino Unido.

“La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía”, sostuvo Quirno.

Como ocurre de manera habitual, el Reino Unido mantuvo su postura de que el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas debe prevalecer, mientras que la Argentina sostiene que ese criterio no resulta aplicable al caso por tratarse de una población implantada tras la ocupación británica de 1833.

El pronunciamiento del Comité Especial de Descolonización representa un nuevo respaldo internacional al reclamo argentino y se suma a las reiteradas resoluciones de la ONU que, desde hace décadas, exhortan a Buenos Aires y Londres a retomar las negociaciones sobre la cuestión Malvinas.

El Litoral

 El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmar, desestimó este viernes un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos a Reino Unido luego de que trascendió que el país norteamericano analizaba revisar su respaldo en la disputa por las Islas Malvinas debido a las tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

La reacción se produjo luego que un correo electrónico interno del Pentágono sugiriera evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington.

En ese sentido, se indicó que, entre las opciones mencionadas figuraba reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas.

“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó Starmar, a la vez que añadió: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

El vocero manifestó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”, mientras que los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.

 El presidente Javier Milei dijo que desde su administración están "haciendo" todo lo “humanamente” posible para que las Islas Malvinas vuelvan a “manos” de la Argentina.

Así lo expresó Milei en declaraciones a un streaming: “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”. 

“Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'”, agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura Británica. 

Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en Malvinas ante tensiones por la guerra con Irán.

 Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que la administración de Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La medida, que surge como una posible represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral y un guiño hacia el reclamo de soberanía de la Argentina.

La información —originalmente difundida por la agencia Reuters— detalla que Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas. En este contexto, el apoyo a la administración británica en el archipiélago del Atlántico Sur estaría bajo revisión como parte de una serie de sanciones diplomáticas contra el gobierno del primer ministro Keir Starmer, a quien Trump ha criticado duramente por su renuncia a participar en el conflicto en Medio Oriente.

Actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce formalmente la administración de facto del Reino Unido pero admite la existencia de la reivindicación argentina.

Este posible viraje en la política exterior estadounidense coincide con un momento de máxima sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei. Esta semana, al concluir su visita al país, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, elogió el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y anticipó una ampliación en la asistencia de equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento para las fuerzas locales. NA