El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, atraviesa horas de fuerte repercusión luego de que trascendiera que forma parte de una investigación impulsada por la Justicia de Estados Unidos relacionada con la administración de contratos comerciales internacionales del organismo.

La situación se conoció tras el regreso de parte de la delegación argentina que disputó el Mundial 2026. Diversas versiones indicaron que, antes de abordar el vuelo de regreso desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, autoridades estadounidenses habrían retenido a Tapia y solicitado la entrega de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la comitiva. Hecho que fue desmetido, ya que se trató de una notificación judicial.

Como consecuencia de ese procedimiento, el vuelo chárter que trasladó al plantel hacia Buenos Aires sufrió una demora de más de dos horas, lo que también retrasó el arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La AFA desmintió el operativo

Horas después de conocerse la información, la AFA difundió un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón, en el que rechazó categóricamente la versión.

"Es rotundamente falso", sostuvo el letrado, quien aseguró que ninguno de los episodios difundidos ocurrió y negó que existiera un operativo de esas características sobre el presidente de la entidad o la delegación argentina.

Una causa vinculada a contratos internacionales

La causa apunta a la empresa Tourprodenter LLC, sociedad radicada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para la negociación de contratos de patrocinio, derechos televisivos y organización de amistosos internacionales.

La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting , radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.

Según la documentación conocida, la Justicia solicitó a un miembro de la comitiva de la AFA que aporte información y comunicaciones vinculadas con esa empresa y con dirigentes como C.Tapia,Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni, quienes también aparecen mencionados en la investigación.

La pesquisa analiza movimientos por más de 300 millones de dólares

La causa es llevada adelante por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, quienes buscan reconstruir el circuito de fondos vinculados a los acuerdos comerciales internacionales de la AFA.

El expediente analiza operaciones superiores a 300 millones de dólares, realizadas a través de distintas entidades bancarias estadounidenses y diversas sociedades comerciales radicadas en Florida.

Los investigadores intentan determinar el recorrido del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si existieron maniobras que pudieran constituir delitos contemplados por la legislación estadounidense.

El origen de la investigación

La pesquisa tomó impulso a partir de documentación obtenida durante litigios civiles iniciados por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA por derechos comerciales.

Ese material dejó de formar parte exclusivamente de una disputa privada y pasó a ser analizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por fiscales federales, que actualmente evalúan la existencia de posibles irregularidades financieras.

Hasta el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y no implica imputaciones penales ni acusaciones formales contra Claudio Tapia u otros dirigentes. Sin embargo, las citaciones judiciales y el requerimiento de documentación representan un nuevo avance en una causa que mantiene bajo observación la estructura comercial internacional de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un nuevo comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos en el marco de la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras vinculadas a contratos internacionales de la Selección argentina. 

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.La única verdad, es la realidad. 📰 https://t.co/sSmwehRakD pic.twitter.com/kPe1djedjj

El texto, titulado “La única verdad es la realidad”, fue publicado luego de la difusión de documentos que involucran a una empresa de marketing deportivo vinculada al empresario Javier Faroni, a la que se le habría abonado un 30% de comisión por contratos de patrocinio y eventos realizados fuera del país.Ese porcentaje es uno de los puntos bajo análisis de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Justicia, en una causa que investiga un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de sponsoreo, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección nacional.

De acuerdo a la investigación, esos fondos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, una firma vinculada a Faroni. Durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA y en el domicilio del empresario, se halló un contrato que establece que dicha empresa retiene el 30% de lo recaudado por la Selección argentina en el exterior.En su descargo, la AFA sostuvo que desde la asunción de la actual conducción, en 2017, se inició un proceso de renegociación de contratos comerciales, muchos de los cuales —según indicó— se encontraban cedidos hasta el año 2030 en condiciones desfavorables para la entidad.

Según la actual conducción, esa ecuación se logró revertir y hoy la AFA percibe el 70% de los ingresos, mientras que el 30% restante corresponde a los socios comerciales y empresas asociadas.Finalmente, la entidad sostuvo que las denuncias y cuestionamientos forman parte de intentos por desgastar institucionalmente a la AFA y reiteró que la sociedad “merece información seria, responsable y comprobada”.La causa judicial continúa en trámite y se esperan nuevas medidas para determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos.