La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez, la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 16 años asesinado el 18 de diciembre de 2025 en Santo Tomé.

La resolución fue tomada por el juez Alejandro Tizón, quien respaldó el fallo de primera instancia y consideró que existen elementos de convicción suficientes para sostener una probable participación secundaria de la imputada en el homicidio.

Según la investigación, Juárez habría tenido un papel clave posterior al crimen. El magistrado valoró especialmente un video captado por cámaras de seguridad, registrado aproximadamente una hora después del hecho.

En las imágenes, se observa un encuentro entre la imputada y los menores involucrados que, de acuerdo al análisis judicial, no habría sido casual. El juez señaló que existió una actitud que sugiere coordinación y que Juárez habría guiado a los adolescentes hacia el Parque Sur con el objetivo de descartar elementos vinculados al hecho.

En la causa también está imputada la hija de Juárez, de 16 años, quien permanece detenida. En tanto, otros dos menores de 14 años al momento del crimen quedaron sujetos a medidas judiciales confidenciales, ya que no son punibles por su edad.

Durante la audiencia, el defensor público cuestionó la resolución inicial al considerar que la acusación se basa en interpretaciones y deducciones sin respaldo suficiente.

Sostuvo que el encuentro registrado en el video fue circunstancial y que no existen pruebas concretas de una planificación previa.

Por su parte, el fiscal del caso, Francisco Cecchini, defendió la hipótesis acusatoria y afirmó que el análisis de las imágenes responde a una interpretación directa de los hechos registrados, no a conjeturas.

Además, planteó que la imputada habría tenido conocimiento previo del crimen y acompañó a su hija en una declaración donde se habría intentado desviar la investigación.

Tras conocerse la resolución, la madre de la víctima expresó su alivio por la decisión judicial, aunque manifestó su angustia por lo ocurrido y denunció hostigamientos en redes sociales hacia su familia.

También cuestionó duramente la actitud de los involucrados, señalando la gravedad de los hechos y el impacto que continúan teniendo.

La causa sigue en etapa de investigación y no se descarta que se profundicen las imputaciones. La Fiscalía analiza incluso la posibilidad de que Juárez haya tenido un rol de instigadora en el hecho.

Mientras tanto, la Justicia considera que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar posibles entorpecimientos.

Este jueves emprenderá viaje a la ciudad de Buenos Aires parte de la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado en la ciudad de Santa Fe, con su madre presente.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, lo adelantó ante el micrófono de CyD Litoral este miércoles. Se tratará de un encuentro “más íntimo” junto a la senadora nacional Patricia Bullrich.

La reforma penal juvenil con foco en la baja en la edad de imputabilidad es el argumento de este nuevo encuentro de los familiares del joven santotomesino que reclaman justicia.

“Van a conversar sobre algunos detalles de la ley que estuvimos charlando acá con gente del estudio. Nos acercaron los legisladores el proyecto para que lo podamos ver y le demos nuestra opinión. Por supuesto agradecidos por esa oportunidad que nos dieron de participar en esto”, declaró Rugna.

Se adelantó además que el próximo jueves se realizará un nuevo viaje en el marco de la sesión en el Senado de la Nación tras la media sanción de Diputados.

El abogado Rugna se manifestó a favor de las eventuales modificaciones de la ley penal juvenil: “Efectivamente se logró la media sanción que estábamos buscando un poco con todo esto que se hizo de la junta de firmas, generar presión no solo mediática, sino también que los legisladores reciban el el mensaje de la sociedad de esta discusión que debería de darse hace muchísimos años”.

“Nosotros compartimos lo que se discutió están en consonancia con lo que son los regímenes internacionales. Entendemos que solamente Cuba y Venezuela tenían una edad imputabilidad superior a la Argentina o similar”, agregó el letrado.

Rugna brindó una salvedad: “La solución no es solamente bajar la de imputabilidad, lo que pasa es que los delitos ocurren ahora. Tenemos que sacar la gente que está delinquiendo, los menores que delinquen en este momento hay que sacarlos del circuito”.

“El abordaje tiene que ser integral, eso estamos muy contentos porque lo prevé la normativa que haya un abordaje integral para menores que cometan delitos y que estén por debajo de la nueva línea de imputabilidad”, declaró en vísperas del viaje a Buenos Aires y sumó “La de imputabilidad por sí no creo que no resuelve el problema de fondo”.

En consecuencia, manifestó en otro pasaje de la conferencia que “el proyecto es saludable, que prevé y encara el problema de una manera integral y con un abordaje quizás multidisciplinario que no estaba visto y que es acorde a los tiempos que corren ahora”.

“Sacamos a los delincuentes de la calle ahora, pero tenemos que ser precavidos y solucionar el problema de base para que los niños de 10 años de ahora no se conviertan en delincuentes de 12 o 13 años”, indicó.

“Este caso es muy particular”, comentó Rugna y agregó: “Nosotros ya lo dijimos varias veces, sienta un precedente inédito, nunca visto en la historia, por lo menos penal argentina juvenil”.

“Quizás el ecosistema en el que se movía ella no era el mismo en el que se movían los otros dos menores, pero bueno, este crimen también nace de la marginalidad”, describió el abogado.

Este viernes se llevaron a cabo tareas de limpieza en el predio del barrio Chalet, en la ciudad de Santa Fe, donde fue hallado el cuerpo de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por otros menores. Los trabajos se centraron en despejar el terreno y retirar la gran cantidad de residuos acumulados desde el momento del crimen.

Vecinos aseguraron que la intervención no estuvo a cargo del municipio, sino de un particular que decidió actuar para recuperar un espacio que permanecía abandonado y que representaba un fuerte impacto simbólico y social para la comunidad del barrio.

El terreno, actualmente catalogado como una “carie urbana” de la ciudad, había albergado hasta principios de este siglo una planta industrial de Praxair, dedicada a la producción y distribución de gases industriales y medicinales. La inundación de 2003 afectó gravemente la zona y la instalación, y desde entonces el lugar quedó en un proceso de abandono prolongado que se extendió durante años.

Una vecina del sector expresó a CyD Noticias: “Gracias a Dios que lo están limpiando. Esperemos que no pase más nada y que saquen toda esta mugre, porque tenemos ratas, víboras, de todo ahí adentro. Desde el 2003 está abandonado, más o menos. Vinieron a cuidar, pero después se fueron; los mismos dueños no le daban para cortar los yuyos ni los mosquitos. La gente se fue”.

La mujer también describió cómo se utilizaba el espacio en el abandono: “Para rejuntadero, de gente de la calle que venía a dormir o los pibes que se drogan. De todo un poco. Era y aparte lo que pasó con Jeremías fue de terror. Eso es inhumano lo que hicieron con esa criatura”.

Sobre la limpieza reciente, agregó: “Han limpiado un poco la vereda, gracias a Dios. Lo principal que tienen que hacer ahora es sacar toda el agua y mantener el espacio seguro, porque es época de escuela y los chicos pasan todo el tiempo por aquí”.

La vecina también propuso posibles soluciones para el futuro del predio: “Si vas a pensar en hacer una plaza, va a ser para rejuntadero. Hay que hacer algo útil, como un comercio cerrado o algo para autos. Lo bueno es que empezaron a limpiar, y ya todos estamos recontentos con la limpieza y los árboles como los dejaron”.

El Litoral

En la antesala de la audiencia en tribunales de Santa Fe para definir cuáles son las medidas a tomar con los menores de edad acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el gobierno provincial detalló parte de su propuesta y abordaje.

Desde las 11 horas se realizó la audiencia multipropósito presidida por el juez Gustavo Urdiales y que también cuenta con la presencia de representantes de ambas partes del caso.

Desde el gobierno santafesino, el máximo enviado fue el Ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, quien habló con CyD Litoral antes de ingresar a la discusión: “Hicimos una propuesta que después está en manos de Fiscalía y se va a discutir en la audiencia en el marco de lo que la ley nos permite hoy en día”.

Cococcioni hizo foco en la edad de la punibilidad de los menores como el foco del debate del sistema penal juvenil: “Creemos que hay que discutir urgentemente la baja la baja con posibilidad a nuestro criterio de perforación del mínimo, es decir, de ir más abajo de la edad en casos excepcionales, graves que lo ameriten y cuando hay un dictamen de peritos que acreditan que el menor tuvo la capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.

“Para aquellos menores que siempre pueda haber que no resulten punibles, tiene que haber a nuestro criterio la posibilidad de una medida restrictiva, una medida en algunos casos hasta de internación”, agregó el ministro.

De cara a la discusión nacional, el funcionario de Seguridad adelantó que la Casa Gris se puso “a disposición de los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para ir también al Congreso y dar esa discusión”.

Daniela León, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, complementó las expresiones de Cococcioni: “Hemos hecho una propuesta de las medidas que están previstas hoy en el nuevo código”, y aclaró que no se pueden dar precisiones sobre las mismas “porque aún no está el resultado de la audiencia”.

“El organismo de aplicación va a ser la Secretaría de Niñez, pero en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es lo que tenemos para decir, no podemos hablar de las propuestas porque se hablará luego del resultado de la audiencia”, remarcó la funcionaria.

Tras ser consultada por El Litoral sobre la viabilidad de un traslado de los menores de edad acusados de matar al joven santotomesino, León indicó que si es posible, luego de que el abogado de la víctima, Bruno Rugna, hiciera pública la intención.

Un ejemplo reciente de esta metodología es el caso del joven de 16 años que cometió ocho robos durante el mes de enero en San José del Rincón y fue trasladado al E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela.

León detalló que desde el área de Niñez de la provincia se han elevado “más de 15 actas de intervenciones, hemos tenido entrevistas a los progenitores, en algunos casos a familia ampliada, también a los propios adolescentes y todo ese material lo tiene el fiscal”.

Cococcioni también indicó al respecto: “Respecto de las personas que serían objeto de la medida, no se le ha anticipado tengo entendido, y eso es algo que tiene que formar parte de lo que se discute. Son medidas que eventualmente impondrá un magistrado y tendrán que cumplirlas”.

“Obviamente ha habido un contacto y una contención desde el principio con la familia de Jeremías, no sólo por cuestiones relativas al al la información sobre la causa, sino también en la el acompañamiento, en la contención, el poder escucharlos y que sepan que con todas las herramientas que tengamos en la provincia de Santa Fe va a estar para acompañar las víctimas”, comentó el encargado de la cartera de Seguridad.

El Litoral

a Justicia de Santa Fe dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión total o parcial del video y de otros materiales audiovisuales vinculados al crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente apuñalado por otros menores a fines de diciembre en un predio abandonado del barrio Chalet.

La resolución fue adoptada tras un pedido formal de la familia de la víctima, que argumentó que la circulación del video no aporta a la investigación judicial, provoca un grave impacto emocional y genera una revictimización permanente.

El tribunal dispuso que plataformas digitales y redes sociales deben bloquear, eliminar y desindexar cualquier registro del hecho, tanto en formato de video como de audio. La orden incluye a servicios como Facebook, TikTok, X, Instagram, Telegram y WhatsApp, además de medios de comunicación y canales de televisión, que quedaron expresamente inhibidos de reproducir el contenido, bajo apercibimiento legal.

Desde la querella, la madre de Jeremías y sus abogados señalaron que el material muestra el crimen con extrema crudeza, lo que impide transitar el duelo y afecta no solo al entorno familiar sino también a la comunidad. Además, remarcaron que la difusión responde a morbosidad y a intereses ajenos al proceso penal.

Los representantes legales subrayaron que el video forma parte de la evidencia judicial, por lo que su circulación pública podría comprometer la custodia probatoria y el normal desarrollo de la causa.

Antes de la prohibición, el video comenzó a circular por redes sociales, aplicaciones de mensajería y algunos medios, generando indignación social y un fuerte impacto emocional. La familia solicitó que se investigue el origen de la filtración para determinar responsabilidades.

En paralelo, familiares y allegados impulsaron marchas y campañas de firmas para reclamar justicia y promover un debate sobre la imputabilidad penal juvenil, en el marco del caso que conmocionó a Santa Fe.

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que se están evaluando alternativas legales para que “haya consecuencias” para los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La dirigente señaló que mantuvo conversaciones con abogados y con la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que el caso no quede impune.

“Ya estuvimos hablando con los abogados y con la fiscal general de Santa Fe para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, expresó Bullrich en declaraciones a la prensa, al referirse a la situación judicial de los menores involucrados en el crimen.

La senadora recordó que durante 2025 existían condiciones políticas para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero que el proyecto no prosperó en el Congreso. “La ley penal no es retroactiva, pero eso no significa que el Estado no tenga que dar una respuesta”, remarcó.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de un encuentro con la familia de Jeremías Monzón en el Senado. La reunión estuvo atravesada por el reclamo de justicia de los familiares y por el impacto social que generó el caso, que volvió a poner en el centro de la agenda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.

“Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, sostuvo la legisladora, tras escuchar el testimonio de la madre de la víctima.

En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional decidió reimpulsar el debate legislativo. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

La iniciativa oficial apunta a reformar el régimen vigente y reabrir la discusión sobre la edad de imputabilidad, un tema que genera fuertes posiciones encontradas en el ámbito político, judicial y social.

El encuentro entre Patricia Bullrich y Romina Monzón tuvo una fuerte carga simbólica y política. La senadora recibió a la madre de Jeremías, el adolescente asesinado en un hecho violento que involucró a otros menores, y utilizó el caso para volver a impulsar el debate por la Ley Penal Juvenil.

“Decidimos poner este proyecto para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así”, sostuvo Bullrich. Remarcó que no se puede tolerar que menores cometan homicidios y “vuelvan a su casa como si no hubiera pasado nada”, y señaló que el Estado debe dar una respuesta institucional.

La funcionaria confirmó que el proyecto ingresará en febrero a la Cámara de Diputados. Recordó que la iniciativa ya había sido impulsada durante 2025 por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, pero quedó frenada por la dinámica parlamentaria y las disputas políticas.

Bullrich reconoció que la ley no será retroactiva y que no alcanzará el caso de Jeremías, pero aseguró que se trabaja con fiscales y abogados para que “no sea como si nada hubiera pasado”. En ese marco, mencionó contactos con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

Para la legisladora, la muerte de Jeremías se transformó en un punto de inflexión. “Este caso va a dejar un legado”, afirmó, y sostuvo que debe servir para interpelar a todo el país sobre la educación, la prevención de la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Romina Monzón expresó su dolor con crudeza. “Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, dijo. Remarcó que si la ley se hubiera aprobado antes, los responsables estarían detenidos, y sostuvo que la lucha ahora es para que otras familias no pasen por lo mismo.

La madre de Jeremías afirmó que no busca venganza, sino que la muerte de su hijo “no sea en vano”. Señaló que seguirá impulsando el reclamo “hasta las últimas consecuencias”, no solo por su hijo, sino por otras víctimas de hechos similares.

En el caso, además de los menores involucrados, existe una persona adulta imputada como partícipe secundaria. Monzón sostuvo que hubo planificación y un nivel de violencia que calificó como “perverso”, y cuestionó el rol de los adultos en este tipo de hechos.

El debate por la Ley Penal Juvenil excede la edad de imputabilidad. En el Congreso, uno de los consensos previos era fijarla en 14 años, pero el impacto del caso Jeremías reabrió presiones para bajarla a 13.

Especialistas y legisladores advierten que el debate no puede ser reducido solo a la edad. Señalan la falta de discusión sobre presupuesto, infraestructura, dispositivos de contención, sistema penitenciario juvenil y políticas de prevención.

También se cuestiona que la ley no contemple de manera clara el financiamiento del sistema que debe sostenerla. La implementación, advierten, requiere recursos, formación profesional y una estructura que hoy no está plenamente desarrollada.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento parlamentario. Bullrich afirmó que el proyecto “va a ser ley en corto plazo” y que existe decisión política de impulsar la reforma, aun en un contexto de fuerte debate social e ideológico.

El Litoral.

“Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”, fue uno de los primeros mensajes que Máximo U., de 18 años, le envió a un joven conocido que había realizado un posteo en Instagram pidiendo Justicia por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.

Esto fue expuesto por la fiscal Rosana Peresín este jueves por la mañana, cuando ante el juez penal Leandro Lazzarini atribuyó al recientemente mayor de edad la autoría de “amenazas coactivas”.

La audiencia se realizó en la sala 7 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en las vísperas de una imputación sobre la que hay grandes expectativas. A las 11, el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, endilgará un delito a la única adulta detenida en el marco de la investigación del homicidio triplemente calificado.

La fiscalía sostuvo que Máximo U., hermano mayor de uno de los adolescentes imputados por el homicidio que no será juzgado por tener menos de 16 años, profirió una serie de amenazas a otro joven a través de su perfil de Instagram, luego de haber visto que la víctima había pedido Justicia por Jeremías.

Los primeros mensajes datan del 22 de enero, pasadas las 17: “Ey guacho; queres que te rompa la cabeza; dejá de subir gilada; porque ya te busco; mi hermano va a pagar lo que hizo; pero por giles como vos casi la ligan mis hermanitos me entendiste”. Le dijo que le dispararía y luego comenzó a llamarlo.

Horas más tarde, por la noche, retomó la seguidilla de mensajes intimidatorios: “¿y, no contestás? Arrugaste cagón”. También lo llamó.

Al día siguiente, Máximo U. continuó con el amedrentamiento, todo con el objetivo de obligar a la víctima a bajar los posteos y reposteos que había realizado el 22 de enero.

La fiscal Peresín pidió que se fije audiencia de medidas cautelares para este viernes, cuando solicitará la prisión preventiva y discutirá con el defensor particular Martín Durando el futuro procesal del imputado.

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.

Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser juzgados.

El Litoral

El acceso a barrio Chalet, en el sur de la ciudad de Santa Fe, se volvió un territorio marcado por el abandono y el miedo. Frente a la cancha de Colón, sobre JJ Paso al 3700, un extenso predio privado permanece desde hace años en estado de total desidia: yuyos altos, basura acumulada, falta de control y personas que ingresan sin ningún tipo de vigilancia. Para los vecinos, ese espacio es una amenaza cotidiana. Pero desde mediados de diciembre pasado, el reclamo tomó una dimensión mucho más dolorosa: en su interior fue asesinado el adolescente Jeremías Monzón.

El predio, hoy convertido en una de las tantas “caries urbanas” de la capital provincial, albergó hasta comienzos de este siglo una planta industrial de Praxair, dedicada a la producción y distribución de gases industriales y medicinales. La inundación de 2003 golpeó de lleno a toda la zona y también a esa instalación. Desde entonces, el abandono fue progresivo. “Creo que la última vez que hubo gente ahí fue en el año 2000”, recordó Aldo Godoy, presidente de la Vecinal de barrio Chalet, en diálogo con El Litoral. Tras el cierre de la planta quedaron algunos empleados, luego una guardia de seguridad y, más tarde, nada. “El predio quedó abandonado. Lo limpian solamente cada vez que reclamamos”, sostuvo.

El lugar está ubicado en una zona de altísimo tránsito: es la bajada de acceso a Chalet y una de las entradas al sector sudoeste de la ciudad. “Todos los días pasa mucha gente por ahí. Hoy es un basural, hay residuos esparcidos, microbasurales y yuyos por todos lados”, describió el dirigente barrial.

Chalet es uno de los barrios históricamente más postergados del ejido urbano santafesino. Surgido al calor del crecimiento ferroviario y de asentamientos populares, combina viviendas precarias con procesos recientes de urbanización y presencia estatal. En ese entramado conviven la pobreza estructural y la exclusión social con fuertes lazos comunitarios, instituciones barriales y organizaciones que sostienen la vida cotidiana y reclaman, desde hace décadas, condiciones dignas para el barrio.

En ese contexto, el predio abandonado se transformó en una preocupación permanente. “Desde la Vecinal hicimos infinidad de reclamos ante la Municipalidad, con todos los intendentes que pasaron desde el 2000 hasta ahora. Participamos de innumerables reuniones y siempre buscamos una solución”, remarcó Godoy. A eso se suma un riesgo sanitario creciente: “Los yuyos ahora son preocupantes por el dengue”, advirtió.

El vecinalista recordó que durante la gestión municipal de Emilio Jatón se intimó a los propietarios sin resultados. La situación escaló hasta que intervino el Ministerio de Salud provincial y la Justicia. “Con una orden de un fiscal se permitió el ingreso para limpiar y desmalezar. Había incluso un piletón lleno de agua. Pero pasó el tiempo y todo volvió a estar igual”, relató.

Desde 2007, durante la intendencia de Mario Barletta, hasta la actualidad, la Vecinal solicitó que el Estado intervenga el predio o avance con su expropiación. “Por sus características y ubicación es ideal para una base operativa municipal. Podría funcionar una base de la Guardia de Seguridad Urbana, servicios, 107, bomberos, 911, primeros auxilios, incluso Turismo, porque está en el acceso a la ciudad”, enumeró Godoy.

El caso de Chalet no es aislado. En Santa Fe existen cientos de inmuebles privados abandonados, conocidos como caries urbanas, que se convierten en focos de basura, alimañas, intrusiones, usurpaciones e inseguridad. Según un relevamiento del equipo del concejal Lucas Simoniello (Interbloque Unidos), a diciembre pasado se contabilizaban más de 225 caries urbanas en la ciudad.

En octubre último, el Concejo Municipal intimó a los propietarios de seis de estos inmuebles para que realicen tareas de limpieza, desmalezamiento y desratización. Entre ellos, antiguos moteles, viviendas abandonadas, una vieja confitería, terrenos baldíos y edificios en desuso, ubicados en distintos puntos de la capital provincial.

En Chalet, sin embargo, el paso del tiempo y la falta de respuestas derivaron en un escenario trágico. “Lamentablemente, este abandono generó el contexto para el brutal asesinato de este pibe (Monzón). Nadie pudo ver ni escuchar nada porque los yuyos estaban altísimos, en un estado de abandono total. Fue tremendo”, expresó Godoy, quien volvió a presentar un pedido formal a la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

Martín Vaca, secretario de la Vecinal, sumó su testimonio: “Hasta hace un tiempo había seguridad privada, pero el predio siempre estuvo descuidado. En 2022 fuimos los propios vecinos a desmalezar la vereda porque era un peligro. Adentro siempre estuvo abandonado. Es una lástima, porque es el ingreso a la ciudad”.

El malestar se extiende a otras organizaciones del barrio. La Poderosa, que desarrolla tareas sociales en la zona, también se manifestó públicamente. “El lugar del horror. Acá asesinaron a Jere, un pibe de 15 años, torturado brutalmente. Está abandonado desde la inundación de 2003 y hoy es tierra de nadie”, expresaron en una publicación reciente.

En la misma línea, Claudia Albornoz fue contundente: “Es el monumento a la desidia. Ni Provincia ni Municipio se hacen cargo. Praxair dejó de pagar impuestos y siempre fue un riesgo para quienes transitamos de noche. Después del crimen ni siquiera pusieron una patrulla en la puerta”. Y lanzó una pregunta que resuena en el barrio: “¿Qué esperan para expropiarlo y construir un espacio para las niñeces y adolescencias del sur de la ciudad?”.

Desde la Municipalidad informaron que, al tratarse de una propiedad privada, se realizaron reiteradas intimaciones a los responsables. Según indicaron, en los últimos años se labraron al menos cinco actas de fiscalización: dos en febrero de 2019, una en marzo de 2020, otra en agosto de 2024 y la última el 18 de marzo del año pasado.

Ante la falta de respuestas, el Municipio intervino únicamente en el perímetro del predio, ya que no puede avanzar sobre el interior sin autorización judicial. En paralelo, se evalúan nuevas medidas, como el mejoramiento de la iluminación perimetral, mientras el equipo jurídico analiza si es posible avanzar con una intervención más profunda, siempre dentro del marco legal vigente.

Mientras tanto, en Chalet el reclamo persiste. El predio sigue ahí, como una herida abierta en el ingreso al barrio y a la ciudad, recordando que el abandono estatal y privado no es una abstracción: tiene consecuencias concretas y, a veces, irreversibles.

EL

La Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, recibió este miércoles por la mañana a la madre, los abuelos y las tías de Jeremías Monzón, en una reunión desarrollada en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe.

Del encuentro participaron también los abogados particulares de la familia y representantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de autoridades y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Estuvieron presentes el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional Nº 1, Francisco Cecchini, quien se encuentra a cargo de la investigación; el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani; y el fiscal con incumbencia provincial en responsabilidad penal adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Durante la reunión se analizaron los avances de la causa principal y de las investigaciones vinculadas al caso, en un espacio de intercambio destinado a brindar información y acompañamiento a los familiares de la víctima.

Según se informó oficialmente, el encuentro se enmarcó en uno de los lineamientos estratégicos prioritarios de la gestión de la Fiscalía General, orientado al abordaje integral de las víctimas, con el objetivo de garantizar escucha, contención institucional y seguimiento de los procesos judiciales en curso.

Desde la aparición sin vida de Jeremías Monzón, el 22 de diciembre del año pasado, comenzó a circular la versión de que sus asesinos habrían registrado la terrible agresión en un video. Sin embargo, la grabación se viralizó recién a mediados de enero, cuando los tres adolescentes que lo mataron ya habían sido imputados.

El 22 de enero, tras la radicación de una denuncia por parte de la familia de la víctima, el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, comenzó a investigar de dónde surgió el video distribuido masivamente. Se trata de la grabación de la pantalla de un celular en el que, durante cuatro minutos, se reproduce cómo Jeremías fue torturado y luego asesinado.

Esta es la tercera causa judicial abierta en el marco del mismo caso. El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, investiga el crimen, y ya atribuyó la autoría del “homicidio triplemente calificado” a tres adolescentes. Sólo una, de 16 años, permanece privada de la libertad, ya que los otros dos no pueden ser juzgados debido a su corta edad.

Paralelamente, el fiscal Eric Fernández dispuso la detención del hermano de uno de los menores imputados. Fue denunciado por haber amenazado a un joven que compartió en redes sociales el reclamo de justicia por lo ocurrido a Jeremías.

Del video viralizado surgen detalles que podrían ser claves para identificar quién lo grabó y, en última instancia, distribuyó. El registro comienza mostrando un celular apoyado sobre una superficie, que podría ser una carpeta o un mantel con flores.

El dispositivo -que se investiga a quién pertenece- tiene el protector de pantalla roto y una funda de color azul. Un dedo que está hinchado y tiene un hematoma debajo de la uña le da “play” al video en cuestión, y luego lo para segundos antes de su finalización.

En el reflejo, se observa la silueta del celular utilizado para grabar todo.

La investigación no sólo intentará identificar a quién grabó y difundió el registro, sino que deberá dirimir si existió o no un delito en ese accionar. En principio, sólo sería reprochable legalmente si intervino un funcionario público, tanto perteneciente a las fuerzas de seguridad como al Poder Judicial.

Esto se debe a que el Código Penal tipifica como “violación de secreto” y sanciona a quien revela información confidencial conocida por su oficio, profesión o empleo sin justa causa, causando perjuicio.

También se podría hablar de “encubrimiento” en el caso de aquellos funcionarios que hubieran tenido acceso al video y, estando obligados a denunciarlo, no lo hubieran hecho.

Por otra parte, trascendió la circulación masiva de otros registros audiovisuales de contenido sexual en los que participarían personas menores de edad vinculadas a la causa. Corresponde recordar que la tenencia y difusión de este tipo de material constituye un delito.

Consultados sobre quién podría haber filtrado el video, los abogados de la familia de Jeremías, Diego Martini y Bruno Rugna, dijeron a El Litoral que “nosotros estamos seguros de que de la Justicia no, del Ministerio Público de la Acusación no, pero no descartamos que algún personal de la autoridad investigativa lo haya hecho”.

“Este caso ha tomado a la Argentina entera por sorpresa, creemos que es un punto de inflexión, como lo han sido otros hechos que también han tenido esta magnitud”, sostuvieron.

Acerca del proyecto para bajar la edad de imputabilidad indicaron que “es un debate muy necesario” aunque solo “con eso no alcanzaría para que los delitos se dejen de cometer”.

El Litoral

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil, luego de ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario provincial al fijar su postura sobre el debate penal juvenil.

Pullaro también cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años la política penal en la Argentina. “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, planteó.

En esa línea, profundizó su mirada: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El gobernador recordó antecedentes que marcaron su posición sobre la imputabilidad. “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”, señaló.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, insistió en que la discusión no debe concentrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho. “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Pullaro agregó que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, y remarcó que se trata de un debate estructural que el país debe dar.

En su análisis, el gobernador advirtió sobre el rol que cumplen las organizaciones criminales en estos escenarios. “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”, afirmó.

Por eso, sostuvo que la normativa debe ajustarse al presente: “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

En esa línea, cerró con una definición política sobre el rumbo que impulsa: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

EL 

La Policía de Santa Fe detuvo este lunes al hermano de uno de los adolescentes imputados por el homicidio de Jeremías Monzón. El joven está acusado de haber amenazado de muerte a un chico de 21 años que había publicado mensajes pidiendo justicia por el crimen.

La denuncia fue radicada el viernes en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según relató la víctima, luego de subir una historia en Instagram en reclamo de justicia por Jeremías, comenzó a recibir una serie de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Entre las amenazas denunciadas se encuentran frases como: “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “te re c… a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”. El joven aseguró que los mensajes provenían del hermano del adolescente de 14 años imputado por el homicidio.

El fiscal Eric Fernández había solicitado la detención del acusado días atrás. Al no ser hallado en su domicilio, se libró un pedido de captura. Finalmente, este lunes el sospechoso se presentó de manera voluntaria junto a un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, no trascendieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

El asesinato de Jeremías Monzón provocó una fuerte conmoción en la provincia de Santa Fe. El adolescente había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un inicio, la investigación se orientó a una posible desaparición voluntaria, pero el avance de las pericias permitió determinar que el joven fue citado mediante engaños y atacado de manera brutal.

La autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Por el homicidio hay tres menores identificados. Una adolescente de 16 años permanece detenida y, en los últimos días, también fue arrestada su madre, investigada por una presunta participación necesaria en el hecho. La Justicia analiza si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija.

El pasado viernes ocurrió un nuevo giro en la causa judicial que tiene en alerta a los santafesinos. La investigación del crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado en diciembre, derivó en una cuarta detención, esta vez de una mujer mayor de edad.

Si bien se esperaba que este lunes la mujer de 40 años fuera trasladada hasta los tribunales de la ciudad de Santa Fe para ser imputada, la audiencia podría ocurrir recién los últimos días de esta semana, o incluso la semana que viene. Esto se debe a que la detención de la mujer fue prorrogada por el juez Gustavo Urdiales, tras el pedido efectuado por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini.

La detenida es madre de M.B.A., la adolescente de 16 años imputada como coautora del “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas”. El crimen también fue atribuido a dos chicos que, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados.

La chica permanece privada de la libertad desde los últimos días de diciembre. Ahora, su madre también se encuentra tras las rejas, sospechada de haber estado involucrada en el hecho. Fuentes cercanas al caso señalaron que se trataría de una participación secundaria, cuestión que continúa siendo evaluada y se conocerá con exactitud al momento de la imputación.

El último arresto se concretó el viernes 23 de enero. Ese mismo día, familiares y allegados a Jeremías encabezaron una marcha en Santo Tomé, en reclamo de Justicia.

Además del pedido de celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido, la familia de Monzón y sus abogados, Diego Martini y Bruno Rugna, informó que presentarán una medida cautelar que prohíba la difusión de videos, fotos y cualquier material audiovisual vinculado al crimen del joven.

“La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible. Hace todo más angustiante”, señaló oportunamente Romina, la mamá de Jeremías.

El joven santotomesino fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.

Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser legalmente juzgados.

El Litoral

La madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado con extrema crueldad en diciembre pasado, fue detenida en las últimas horas en el marco de la investigación judicial. La medida fue dispuesta por el fiscal de Menores Francisco Cecchini, quien reunió pruebas que indicarían una posible participación de la mujer en el hecho.

Según confirmaron fuentes del caso, la detención se produjo tras el análisis de distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos. Desde el inicio de la causa, los investigadores sospechaban que un adulto pudo haber colaborado en la planificación del homicidio, aunque no en su ejecución material.

La mujer es madre de Milagros A., la adolescente de 16 años que permanece detenida en un instituto de menores de Rosario, imputada por homicidio triple agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. En el mismo hecho también participaron otros dos menores de 14 años, quienes no son punibles y fueron restituidos a sus familias, quedando bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

La detención fue confirmada por Bruno Rugna, abogado de Romina, la madre de la víctima. El letrado había presentado días atrás una denuncia por la viralización en redes sociales del video del crimen, hallado en uno de los celulares secuestrados en la causa, y aportó además números telefónicos desde los cuales se habrían emitido amenazas.

El expediente indica que Milagros A. fue registrada por cámaras de seguridad caminando junto a Jeremías el 18 de diciembre, el mismo día en que el adolescente desapareció. Tras ser identificada, no pudieron ubicarla inicialmente y recién fue hallada el 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo, en un hogar de asistencia del barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe, acompañada por su madre, ahora también detenida.

El cuerpo de Jeremías fue encontrado el 22 de diciembre en un predio cercano a la rotonda del estadio de Colón, en el acceso al barrio Chalet. La autopsia determinó que recibió más de veinte lesiones cortopunzantes. La investigación confirmó además que los agresores filmaron las torturas y el homicidio, imágenes que circularon en redes sociales y cuya difusión fue judicialmente cuestionada por la familia.

El caso volvió a instalar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, tema incluido en la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno nacional.

Romina, madre de Jeremías Monzón, brindó este viernes una conferencia de prensa acompañada por sus abogados Diego Martini y Bruno Rugna. Allí confirmó que la familia trabaja contrarreloj para presentar, a más tardar el lunes, una medida cautelar que prohíba la difusión de videos, fotos y cualquier material audiovisual vinculado al crimen del joven.

El objetivo, explicaron, es frenar la circulación de imágenes que consideran profundamente dañinas y revictimizantes. “Es una acción preventiva del daño”, señalaron, al tiempo que aclararon que no se trata —por ahora— de demandas particulares contra personas o medios.

Los letrados explicaron que en los últimos días hubo intentos de volver a poner en circulación el material fílmico, aunque algunos fueron retirados. Sin embargo, remarcaron que el riesgo persiste, especialmente en redes sociales y cadenas privadas de mensajería.

“Sabemos que en lo digital es difícil frenar todo, pero al menos queremos que quede prohibida su difusión desde medios y plataformas”, sostuvieron. En ese sentido, anticiparon que la cautelar será solicitada al juez que resulte competente en la causa.

Durante la conferencia también se abordó el origen del video. La familia radicó una denuncia para que se investigue una posible filtración, ya que, según indicaron, el material volvió a circular luego de que la Justicia interviniera formalmente en el caso.

Si bien admitieron que el video ya tenía cierta difusión previa, entienden que su posterior circulación responde a un fallo grave en la cadena de custodia. “Alguien que no debía, lo filtró”, afirmaron.

Romina habló desde el dolor y pidió respeto. Dijo que la viralización constante del video impide elaborar el duelo y agrava el sufrimiento familiar. “Es volver a abrir la herida todo el tiempo. Ya tenemos que aceptar que Jere no va a volver”, expresó.

También cuestionó la morbosidad social y mediática: “La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible. Hace todo más angustiante”.

Más allá de la cautelar, la familia volvió a plantear la necesidad de una discusión profunda sobre el régimen penal juvenil. En ese marco, confirmaron contactos con legisladores nacionales y la participación en comisiones del Congreso que analizan la baja de la edad de imputabilidad.

Entre los reclamos, mencionaron que los autores de crímenes graves no dejan antecedentes, pueden reinsertarse sin registros visibles y que no existen herramientas legales eficaces para proteger a otras familias. “Las leyes terminaron beneficiando a los delincuentes”, afirmaron.

Por su parete los abogados fueron claros: ninguna reforma tendrá efecto retroactivo. Sin embargo, insistieron en que el objetivo es evitar que otras familias atraviesen tragedias similares. “Esto es para el resto de los argentinos”, remarcaron.

Incluso advirtieron que quienes se opongan a dar la discusión legislativa “tendrán en sus manos la sangre de Jeremías y de otras víctimas”, en una frase que marcó el tono más duro de la conferencia.

La familia convocó para este viernes a las 19.30 a una marcha en Santo Tomé, con concentración en Plaza Libertad y recorrido hasta el puente carretero.

Durante la movilización habrá mesas para sumar firmas en apoyo a la denominada Ley Jeremías, iniciativa que ya cuenta con adhesiones en distintas ciudades y provincias.

Antes de cerrar, Romina dejó un mensaje directo a quienes poseen el video o lo difundieron: “Por favor, no lo compartan. Es cruel. Es doloroso”. Recordó que hay familiares mayores que consumen medios y que viven con angustia la posibilidad de encontrarse con esas imágenes.

“Vamos a seguir de pie y luchando —dijo—, pero necesitamos acompañamiento humano y respeto”.

El cruento crimen de Jeremías Monzón llegó a los medios nacionales por estas horas por la viralización del supuesto video filmado mientras era asesinado. Las imágenes, se filtraron y la familia pide que cesen de compartirlas al tiempo que busca saber cómo se hizo público.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en la ciudad de Santa Fe previo a Navidad. Cientos de posteos de usuarios conmocionado por el calibre de lo que en teoría muestran las imágenes.

Tal es el estado de perplejidad que lo ocurrido también copó la agenda de legisladores nacionales. Como el caso de Patricia Bullrich, quien además viene como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El caso volvió a poner arriba de la mesa de las discusiones nacionales el Código Penal aplicado a los jóvenes. En concreto, la edad de imputabilidad.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Expresiones parecidas tuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando este miércoles se le preguntó en rueda de prensa sobre este hecho.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió el mandatario, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.

“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.

“La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”, concluyó Pullaro en diálogo con la prensa.

EL

La causa por el homicidio de Jeremías Monzón sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que excede el expediente judicial y se instala de lleno en el terreno de la exposición pública. Esta vez, no por una medida procesal ni por un avance en la investigación, sino por la difusión masiva de un video grabado minutos antes del crimen del joven.

El pedido fue claro y directo. A través de un mensaje público, el abogado Bruno Rugna, representante legal de la familia de la víctima, reclamó que se detenga la circulación de esas imágenes que comenzaron a replicarse en redes sociales y servicios de mensajería.

Se trata de un registro previo al hecho violento que terminó con la vida de Jeremías y que, según el planteo de la querella, no aporta información relevante y sólo profundiza el dolor de los allegados.

Desde la defensa de la familia advirtieron que la viralización del material no sólo afecta emocionalmente a quienes atraviesan el duelo, sino que además expone de manera innecesaria a la víctima en sus últimos momentos con vida. En ese sentido, remarcaron que el contenido ya forma parte del análisis judicial y que su reproducción fuera de ese ámbito carece de sentido y responsabilidad.

El planteo también puso el foco en el rol de quienes comparten el video sin medir consecuencias. La difusión indiscriminada, señalaron, transforma un hecho trágico en material de consumo inmediato, despojándolo de contexto y de humanidad. Para la familia, cada reenvío se convierte en una nueva herida abierta.

Mientras la investigación avanza por los carriles formales y bajo reserva, el reclamo apunta a un límite ético: preservar la dignidad de Jeremías y resguardar a sus seres queridos en un momento de extrema vulnerabilidad. El mensaje busca, además, desalentar prácticas que suelen repetirse en casos de alto impacto y que terminan agravando el daño.

La causa judicial continúa su curso, pero el pedido es inmediato: frenar la circulación de imágenes que, lejos de esclarecer, multiplican el sufrimiento.

El Litoral

El tercer menor requerido por la Justicia en el marco del crimen de Jeremías Monzón compareció este martes ante los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Se trata de B.S.V., un adolescente de 14 años, quien fue imputado como coautor del homicidio triplemente agravado del joven santotomesino, hallado sin vida frente al estadio del Club Atlético Colón.

La imputación estuvo a cargo de la fiscal de Menores Ana Laura Gioria, quien atribuyó al adolescente el delito de “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. La audiencia fue presidida por el juez penal Sebastián Szeifert, quien previamente escuchó el testimonio de Romina, madre de la víctima.

Tras la atribución delictiva, el magistrado dispuso la intervención de la Secretaría de la Niñez y la realización de una evaluación de salud mental del menor imputado.

Con esta audiencia, ya son tres los adolescentes imputados en la causa. La investigación se inició el 18 de diciembre, tras la desaparición de Jeremías, y tuvo un avance clave el 22 de diciembre, cuando su cuerpo fue hallado sin vida. El lunes previo ya habían sido imputados L.R.P., también de 14 años, y M.B.A., de 16, quien permanece privada de su libertad en un Centro Especializado para Menores.

“Se relató el hecho que la fiscalía entiende que cometió en coautoría con las otras dos personas, se le hizo saber la calificación legal y la evidencia con la que contamos”, explicó Gioria. Aclaró además que, si bien se trata de una audiencia con características propias de una imputación, el procedimiento tiene particularidades por tratarse de un menor de edad.

Consultada sobre la posibilidad de un cuarto involucrado, la fiscal sostuvo que la teoría del caso contempla únicamente la participación de tres coautores, tanto en la planificación como en la ejecución del crimen, aunque remarcó que la investigación continúa.

Gioria destacó que la causa se encuentra en una etapa inicial, pero con un importante caudal probatorio. “Hay mucha evidencia recolectada que hay que analizar: pruebas digitales forenses, estudios médicos, ADN y testimonios”, señaló.

Respecto al móvil del crimen, indicó que no es necesario establecerlo para avanzar procesalmente y advirtió que profundizar en ese aspecto en esta etapa podría entorpecer futuras declaraciones o la recolección de nuevas pruebas.

Finalizada la audiencia, los familiares de Jeremías hablaron con la prensa frente a tribunales. Su madre, Romina, expresó con dolor: “Él salió a andar en bici y estas bestias lo citaron y lo ejecutaron. Es horrible, no hay palabras para describir esto”.

Por su parte, Virginia, tía del joven, cuestionó duramente el funcionamiento del sistema penal juvenil y sostuvo que “no importa la edad, son asesinos”, reclamando cambios legislativos vinculados a la edad de imputabilidad.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, remarcó que “ningún móvil justifica semejante acto atroz” y reafirmó el pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón.

Quedó presa la adolescente detenida en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, el santotomesino de 15 años que desapareció el jueves 18 de diciembre y cuyo cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después frente al Club Atlético Colón.

M.B.A., de 16 años, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. El juez penal Sergio Carraro dispuso su encierro preventivo, mientras el proceso judicial avanza.

La defensora pública Andrea Alberto asistió técnicamente a la menor, que será alojada en un Centro Especializado para Menores.

La familia de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio Raina

Este lunes también fue imputado L.R.P., de 14 años. “La edad que tiene lo hace imputable”, señaló el fiscal, por lo que le atribuyó el hecho. Sin embargo, legalmente no es punible. Esto “lo pone en una condición procesal diferente, por lo que se ha dado conocimiento -y estuvieron presentes en la audiencia- a representantes de la Secretaría de Niñez.

Luego de las dos audiencias, las cuales se realizaron a puertas cerradas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, Cecchini brindó una conferencia de prensa en la que expuso algunos detalles de la investigación.

“Se trata de una causa donde los involucrados son menores de edad. La víctima fue menor, hay testigos, todas las personas que están involucradas son menores y eso nos obliga a ser cautos en lo que podamos decir y en la forma que lo digamos”.

“No solo está en juego la información que se pueda brindar, sino también la integridad de las personas involucradas, de la víctima, de su familia y en un punto también de los imputados, que son menores de edad”, explicó.

Del crimen de Jeremías “participaron tres personas, dos de ellas tenemos la certeza de que son menores de edad y una tercera persona sobre la cual estamos trabajando”. Cuentan “con muchos elementos y entendemos que estamos muy cerca” pero “todavía no ha sido definitivamente individualizada”. Sería menor de edad.

Respecto al motivo detrás del violento hecho, en el que tres personas apuñalaron a Monzón hasta quitarle la vida, la fiscalía sostuvo que aún no puede aventurar una hipótesis: “Si bien no es el elemento central de la investigación, es una cuestión que seguramente vaya surgiendo. No es algo sobre lo que pueda dar precisiones”.

Esta “es una investigación que está recién iniciándose. Lo único que les puedo decir es que tuvimos elementos suficientes para justificar la atribución delictiva, para justificar la calificación legal y para justificar también la medida cautelar que solicitamos, que requiere de evidencia fuerte”.

Cecchini indicó que “se prevén un montón de medidas que tenemos que ir llevando adelante. Estas causas son dinámicas, tienen como una vida propia y en la medida que van apareciendo informaciones o cuestiones vamos decidiendo. Hoy no tengo pedido ningún allanamiento”.

“Frente a cualquier hipótesis que se presente, nosotros la tenemos que investigar y ampliar. En esa línea, el fiscal destacó “la actividad y el seguimiento que se hizo desde la Fiscalía de Homicidios” desde la desaparición de Jeremías, ya que “la forma de investigar el paradero, que creo que fue muy eficiente, nos llevó a este resultado”.

“En ese aspecto no quiero olvidarme decir que tanto la brigada de PDI de Paradero que trabajó en ese momento, que nos permitió llegar al encuentro del cuerpo de Jeremías, como la intervención de la Brigada de Femicidios que trabajó como en la investigación del homicidio, ha sido realmente ardua. Pudimos llegar a conocer lo que conocemos hasta ahora, que no es poco, gracias a ese trabajo”, dijo.