El concejal Juan Scavino, de Unidos para Cambiar Santa Fe, defendió la campaña municipal “Denunciá” y respondió a los cuestionamientos realizados desde el Partido Justicialista sobre el funcionamiento de la iniciativa. En diálogo con Radio Rafaela, sostuvo que la propuesta buscó generar conciencia sobre la importancia de denunciar los delitos y negó que el municipio haya recibido información o tomado denuncias de manera directa.

“¿Quién duda que la seguridad es una cuenta pendiente? Se ha hecho un montón”, expresó Scavino al referirse a las políticas implementadas durante la gestión municipal.

En ese sentido, destacó algunas de las acciones realizadas en materia de prevención: “Se multiplicaron las cámaras, se multiplicó la luminaria LED, vamos a llegar al 90%, se duplicó el recurso humano en el centro de monitoreo y se dotó de patrullas a la GUR”.

No obstante, aclaró que la seguridad requiere también de otros factores que exceden al ámbito municipal. “La esencia de todo esto es la mejora de la cuestión económica y social, las leyes y la Justicia, eso es lo esencial para la seguridad”, sostuvo.

Scavino explicó que la iniciativa surgió dentro del Foro de Seguridad, un espacio de participación institucional que reúne a distintos actores de la comunidad.

“Lo que podemos hacer aquí es tomar conciencia de que, si ocurren 10 delitos, se denuncien los 10, no cinco, como ha venido ocurriendo”, afirmó. Según detalló, el foro funciona como una instancia de diálogo y construcción colectiva donde participan representantes del Poder Judicial, la Policía, el Ejecutivo municipal, concejales, vecinales, clubes e instituciones educativas.

“Es una instancia de diálogo de construcción colectiva de acciones que contribuyan a la seguridad o a menguar la inseguridad”, explicó.

El concejal señaló que una de las acciones definidas en ese ámbito fue la campaña de difusión de los canales disponibles para realizar denuncias.

Ante las críticas opositoras, Scavino fue enfático al negar que la Municipalidad haya recolectado información sobre delitos a través de la campaña. “Jamás, jamás receptó denuncias, jamás colectó información respecto a los delitos porque sería ilegal”, afirmó.

Explicó que la plataforma vinculada a la campaña funcionaba únicamente como una herramienta de orientación para derivar a los vecinos hacia los canales oficiales, como el formulario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el 911 o las comisarías.

“La plataforma era para derivarte para que puedas hacer la denuncia en el formulario del MPA de Fiscalía o, si querías, al 911”, señaló. En esa línea, sostuvo que el objetivo era que los vecinos conocieran las distintas alternativas existentes y facilitaran el proceso de denuncia.

Durante la entrevista, Scavino cuestionó la postura del bloque de concejales de Juntos Avancemos y afirmó que algunos integrantes no participaron activamente del Foro de Seguridad. “En ese foro los concejales de Juntos Avancemos fueron, al siguiente foro no fueron”, sostuvo.

Además, apuntó contra el exsecretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, al referirse a las críticas realizadas sobre la política de seguridad municipal.

“Cuando el intendente le abrió el juego a los concejales para que habláramos, Postovit se quedó callado porque era incontrastable lo que se estaba diciendo”, afirmó.

Finalmente, Scavino consideró que las acusaciones realizadas sobre la campaña afectan a las instituciones y reclamó una retractación. “La retractación es necesaria porque están en juego las instituciones”, expresó.

Y agregó: “No da lo mismo traspasar cualquier límite acá. Además de poner en juego la institución del Departamento Ejecutivo Municipal, también se puso en juego la institución desde la cual se planteó esto, que es absoluta y llana falta a la verdad”.

Mirá la nota completa acá:

La respuesta de la Secretaría de Prevención y Seguridad señala que la campaña solo orientaba a los vecinos hacia los canales oficiales —911, MPA, comisarías y Centros Territoriales de Denuncia—, que el sitio municipal no recibía denuncias, no captaba datos personales ni almacenaba información, y que el formulario correspondía directamente al sistema oficial del MPA, sin intervención del Municipio. Además, aporta el historial de versiones del sitio que lo comprueba.

“La respuesta del Ejecutivo es muy clara y las pruebas son irrefutables: nunca existió un canal municipal de recepción de denuncias”, señaló Scavino.

“Se puede discutir políticamente todo, pero no se puede transformar una sospecha en una acusación y presentarla como un hecho cierto”, afirmó.

Para Scavino, cuando se acusa desde una institución como el Concejo hay una responsabilidad mayor: “Cuando se formula una acusación sin certezas y las pruebas oficiales demuestran que no era cierto, se resiente la credibilidad de la propia institución. Cuando las pruebas son irrefutables y se demuestra que se mintió, corresponde la retractación”.

“El Concejo tiene que controlar, pero el respeto institucional también vale cuando se controla al Ejecutivo. Consiste en criticarlo con fundamentos y con la verdad”, cerró

La agenda incluyó la presentación del modelo de MiradorTEC, instancias de networking con empresas del Polo Tecnológico de Paraná y la participación en la edición Sede Entre Ríos del programa "Escuela de Inversores Ángeles".

"Si queremos que Rafaela siga creciendo, no podemos encerrarnos. Esta es la impronta que nos pide el intendente Viotti: salir, vincularnos, conocer lo que funciona en otros lugares y traer oportunidades concretas para nuestros emprendedores y empresas", señaló Scavino.

El concejal destacó el trabajo conjunto que viene llevando adelante el Ejecutivo municipal con el sector privado para consolidar a Rafaela en la economía del conocimiento.

"Lo que vimos en Paraná confirma que vamos por el camino correcto. Con el Régimen Local de Promoción de la Economía del Conocimiento que impulsamos junto al Ejecutivo, con el acompañamiento al CEDI y con estas misiones que articulamos entre la Secretaría, el Concejo y las empresas, estamos generando herramientas reales para que haya más inversión y más empleo calificado en la ciudad", afirmó.

En esa línea, anticipó que continuará acompañando desde el Concejo las políticas que lleva adelante el Municipio en esta materia.

"Desde el Concejo tenemos la responsabilidad de acompañar y potenciar lo que hace el Ejecutivo. Por eso vamos a seguir trabajando junto a la Secretaría y al sector privado para que más inversores conozcan Rafaela y para que nuestras empresas tengan más puertas abiertas para crecer", concluyó.

La misión a MiradorTEC se suma a la visita institucional realizada semanas atrás al Polo Tecnológico Rosario y forma parte de la agenda de trabajo articulado entre el Municipio, el Concejo y el sector tecnológico local.

El concejal Juan Scavino se refirió al debate generado en torno a la campaña municipal “Denunciá” y explicó los motivos por los cuales acompañó con su voto la minuta de comunicación presentada en el Concejo Municipal de Rafaela.

El edil aclaró que respaldó el pedido de información porque, según expresó, “nunca se debe limitar la posibilidad de que un concejal solicite información o plantee sus inquietudes”. Sin embargo, cuestionó las interpretaciones realizadas durante la discusión y rechazó las acusaciones formuladas sobre el funcionamiento de la iniciativa.

Scavino sostuvo que el objetivo de la campaña fue informar y orientar a los ciudadanos sobre dónde acudir ante situaciones vinculadas con delitos, y negó que el Municipio haya creado un mecanismo paralelo de recepción de denuncias.

“La campaña nunca tuvo por finalidad que la Municipalidad recepcione denuncias penales. Por el contrario, buscó informar, orientar y facilitar el acceso de los rafaelinos a los canales legalmente habilitados, como los Centros Territoriales de Denuncia, el Ministerio Público de la Acusación, el 911 y las comisarías”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa no reemplazó las funciones de los organismos judiciales ni de las fuerzas de seguridad. “Lo que hizo la campaña fue algo tan simple como necesario: decirle a un rafaelino que tiene información sobre un delito dónde debe denunciarla”, señaló.

El concejal puso el foco en lo que consideró el punto más cuestionable de la discusión: las acusaciones realizadas sin documentación que las respalde.

“Una cosa es controlar, preguntar, pedir explicaciones y cuestionar una política pública. Todo eso forma parte de la democracia y por eso voté a favor de la minuta. Otra cosa muy distinta es afirmar que la Municipalidad estaba recibiendo denuncias penales por fuera de los canales institucionales”, sostuvo.

Scavino planteó que, si existieran pruebas sobre una situación de esas características, deberían haberse presentado ante la Justicia. “¿Dónde está una sola denuncia, un solo expediente, una sola actuación judicial que demuestre semejante acusación?”, cuestionó.

Y agregó: “Cuando se realizan acusaciones de esta gravedad sin pruebas, no estamos frente a un acto de control: estamos degradando el debate público y las instituciones”.

Durante sus declaraciones, el edil también apuntó contra sectores opositores y cuestionó que dirigentes que tuvieron responsabilidades de gobierno realicen críticas sobre seguridad. En ese marco, recordó situaciones vinculadas a gestiones anteriores y mencionó el caso de las cámaras LPR de reconocimiento de patentes, al señalar que existieron cuestionamientos sobre su instalación y funcionamiento.

“Antes de venir a explicarles a los demás cómo se debe trabajar en seguridad, algunos deberían tener la honestidad política de explicar qué hicieron cuando tuvieron responsabilidades concretas de gobierno”, expresó.

También hizo referencia a la situación provincial durante administraciones anteriores y sostuvo que la problemática de seguridad atravesó una etapa crítica con incremento de la violencia y crecimiento de organizaciones criminales.

Scavino vinculó parte de la discusión con el escenario político electoral y señaló que las diferencias deben plantearse desde el debate de propuestas.

“Si la intención es discutir cómo mejorar la seguridad de Rafaela, nos van a encontrar siempre trabajando y aportando. Si la intención es oradar al intendente Viotti en función de una candidatura, que lo digan claramente y que den el debate político de frente”, afirmó.

El concejal defendió la importancia de promover la denuncia ciudadana como herramienta para mejorar las políticas públicas. “Los delitos que no se denuncian no aparecen en las estadísticas y tampoco permiten diseñar políticas públicas eficaces”, sostuvo.

Finalmente, Scavino insistió en que acompañar una solicitud de información no implica aceptar las interpretaciones realizadas sobre el tema. “Los rafaelinos esperan soluciones, no operaciones políticas. Esperan dirigentes que ayuden a resolver los problemas y no que intenten construir titulares a partir de acusaciones que no pueden demostrar”, concluyó.

El concejal oficialista Juan Scavino se refirió al nuevo rechazo del proyecto para actualizar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) y advirtió que la decisión profundizará las dificultades económicas que atraviesa el municipio de Rafaela.

El edil reconoció que la votación no lo sorprendió, debido a que la postura de los distintos bloques ya podía anticiparse durante las conversaciones previas a la sesión.

“En principio tengo que ser absolutamente honesto: no me sorprende. Era lo que imaginaba y lo que, en algún punto, podía percibirse en los pasillos del Concejo”, expresó.

Para Scavino, el resultado obligará al Ejecutivo a continuar reordenando gastos e inversiones en un escenario de menores ingresos y mayores compromisos salariales.

El concejal recordó que la UCM ya había sido congelada anteriormente y señaló que la decisión adoptada nuevamente durante junio representó una situación inusual para las finanzas municipales.

“Después de un congelamiento histórico, repetido por segunda vez, la situación implicó un reacomodamiento de las erogaciones, tanto en gastos como en inversiones”, explicó.

Según indicó, esas modificaciones fueron presentadas y detalladas por la Secretaría de Hacienda, mientras que el secretario de Gobierno, Germán Bottero, había anticipado que el proyecto volvería al Concejo cuando fuera necesario reabrir la discusión salarial.

“Ya se había dicho que, al momento de retomar la paritaria, indefectiblemente se iba a enviar un proyecto de adecuación de la UCM”, señaló.

Scavino aclaró que el tributo local no constituye la única fuente de financiamiento del municipio, aunque consideró que forma parte de los recursos previstos al momento de elaborar el presupuesto anual.

“Cuando uno proyecta un año económico, espera que los ingresos puedan ir actualizándose de acuerdo con la evolución de la economía. Eso no ocurrió”, sostuvo.

Durante la entrevista, el edil mencionó diferentes indicadores para explicar el desfasaje entre los costos municipales y los recursos disponibles.

Según detalló, la inflación interanual se ubicó por encima del 32%, mientras que los ingresos correspondientes al tributo local habrían crecido cerca de un 19%.

También afirmó que la coparticipación nacional registró una suba de apenas el 6%, mientras que la provincial fue la única que habría aumentado levemente por encima de la inflación.

“La UCM no es la única fuente de financiamiento, eso está clarísimo. Pero existe una diferencia importante entre la evolución de los costos y el crecimiento real de los ingresos municipales”, argumentó.

Uno de los principales efectos del rechazo, según Scavino, estará relacionado con la negociación salarial de los empleados municipales.

El concejal recordó que representantes gremiales habían expresado previamente su preocupación por el congelamiento de la UCM y el impacto que podría tener sobre la disponibilidad de fondos para acordar nuevos incrementos.

“Los propios trabajadores habían manifestado que estaban en contra del congelamiento porque esto implicaba una posibilidad muy diferente al momento de discutir la paritaria”, afirmó.

Durante el primer semestre, pese a mantenerse congelada la unidad tributaria, los trabajadores recibieron un aumento cercano al 16%, de acuerdo con los datos mencionados por el edil.

Sin embargo, advirtió que el escenario será más complejo durante la segunda mitad del año.

“Si en el segundo semestre la UCM continúa congelada, es un hecho objetivo que la paritaria va a estar condicionada. Quienes votaron negativamente por la adecuación también tienen una responsabilidad sobre esa situación”, cuestionó.

Scavino expresó su deseo de que el Ejecutivo y los representantes gremiales puedan alcanzar un acuerdo, pese a las limitaciones presupuestarias.

“Ojalá se logre, porque los empleados municipales se merecen lo mejor”, manifestó.

El concejal consideró que el crecimiento y funcionamiento de Rafaela no dependen únicamente del sector empresarial y de las organizaciones sociales, sino también del trabajo desarrollado desde el Estado local.

“La pujanza de Rafaela tiene que ver con sus empresas y sus organizaciones, pero también con el Estado, que se expresa de manera concreta en cada uno de sus trabajadores”, señaló.

En ese sentido, defendió la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener los servicios y reconocer la tarea del personal municipal.

Consultado sobre dónde podrían aplicarse futuros recortes, Scavino evitó anticipar decisiones que corresponden al Departamento Ejecutivo.

Explicó que la prioridad inicial estuvo puesta en implementar las medidas de reordenamiento y que el cálculo definitivo del ahorro se conocerá durante las próximas semanas.

“Primero se puso toda la energía en tomar las decisiones necesarias, más que en proyectar cuánto iba a ser exactamente el ahorro”, indicó.

Cuando estén disponibles los resultados, el municipio deberá analizar si el esquema actual resulta suficiente o si será necesario avanzar con nuevas modificaciones.

“En función de esos datos habrá que evaluar cuál será la nueva forma de readecuación, si alcanza con lo que se hizo o si es necesario aplicar otro tipo de medidas”, sostuvo.

Scavino aclaró que no le corresponde definir públicamente cuáles podrían ser las áreas afectadas, aunque reconoció que la administración deberá tomar decisiones en un contexto financiero más restrictivo.

El concejal afirmó que la prioridad inmediata es encontrar una respuesta para la negociación salarial.

“Por estos días, urge resolver la situación de los empleados municipales”, remarcó.

Para el oficialismo, el nuevo rechazo a la actualización de la UCM reduce el margen de maniobra del Ejecutivo y obliga a revisar nuevamente la distribución de los recursos disponibles.

Scavino concluyó que las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance real de las medidas ya implementadas y definir cómo continuará la administración municipal durante el segundo semestre.

El concejal Juan Scavino respaldó la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de implementar controles preventivos y aleatorios de alcoholemia y detección de sustancias para el personal municipal y los integrantes del gabinete.

El edil valoró la medida impulsada por el intendente Leonardo Viotti y remarcó que apunta a fortalecer la transparencia, la responsabilidad pública y la confianza de los vecinos en las instituciones.

“El desafío es consolidar estas herramientas como políticas públicas permanentes que fortalezcan la transparencia, la responsabilidad pública y la confianza de los rafaelinos”, señaló.

Scavino destacó que la decisión del Ejecutivo expresa una definición política clara en materia de ejemplaridad institucional.

“Valoro especialmente esta decisión del intendente Leonardo Viotti porque expresa una definición política clara. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos actuar con la máxima responsabilidad, transparencia y compromiso frente a los rafaelinos”, expresó.

En ese sentido, recordó que antes de asumir había planteado públicamente la necesidad de incorporar controles de detección de sustancias para quienes ejercen funciones públicas.

“Es una medida que comparto plenamente y que avanza en la misma dirección que una propuesta que impulsé durante la campaña electoral”, agregó.

El concejal sostuvo que la iniciativa se vincula con una mirada institucional más amplia, orientada a establecer reglas claras y mecanismos objetivos para quienes ocupan cargos de responsabilidad.

“Lo que en campaña fue una propuesta, hoy empieza a transformarse en una política concreta. Más allá de las herramientas específicas que cada poder pueda implementar, existe una misma línea de pensamiento y de acción: fortalecer la transparencia, promover la responsabilidad pública y garantizar que quienes tenemos funciones de gobierno estemos a la altura de la responsabilidad que la sociedad nos confía”, afirmó.

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Scavino también remarcó que estas medidas deben entenderse desde una perspectiva integral, que combine controles con prevención y acompañamiento.

“No se trata de señalar a nadie ni de estigmatizar a una persona por atravesar una situación vinculada a consumos problemáticos. Por el contrario, se trata de asumir una responsabilidad institucional frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad”, expresó.

El edil señaló que, ante situaciones de consumo problemático, el Estado debe actuar con herramientas de contención y recuperación.

“Cuando existe una dificultad de este tipo, el Estado no debe mirar para otro lado. Debe actuar, acompañar, contener y generar herramientas para el tratamiento y la recuperación”, sostuvo.

En esa línea, puso en valor el trabajo que se desarrolla en Rafaela a través del DIAT, destacando la tarea de sus profesionales y equipos técnicos en la prevención, orientación y acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.

“Rafaela cuenta con recursos humanos e instituciones que realizan una tarea muy importante. Estas políticas también permiten detectar situaciones que requieren acompañamiento y acercar respuestas desde el Estado, siempre priorizando el cuidado de las personas y su recuperación”, indicó.

Scavino también defendió la importancia de destinar recursos a herramientas preventivas y de control institucional.

“Invertir en transparencia, en calidad institucional, en prevención y en el cuidado de los trabajadores es invertir en un mejor Estado. Cada acción que fortalece la confianza de los rafaelinos en sus instituciones representa una inversión valiosa para la ciudad”, manifestó.

Luego agregó: “Cuando hablamos de ejemplaridad, responsabilidad pública y cuidado de las personas, estamos hablando de valores que merecen ser promovidos y sostenidos con hechos concretos”.

Finalmente, el concejal recordó que su iniciativa contempla a concejales, secretarios de concejales, intendente, integrantes del gabinete y directores municipales, y explicó que el objetivo es complementar las medidas adoptadas por el Ejecutivo mediante una herramienta institucional permanente.

“La decisión adoptada por el Ejecutivo representa un avance muy importante y demuestra una clara voluntad política de actuar sobre este tema. Desde el Concejo podemos complementar ese camino trabajando para que estos mecanismos queden establecidos por ordenanza y se transformen en una política pública permanente”, indicó.

Scavino remarcó que estas políticas no deberían depender únicamente de la voluntad de una gestión determinada.

“Las gestiones pasan, las personas cambian y los gobiernos se suceden. Lo importante es que determinadas herramientas institucionales permanezcan en el tiempo”, sostuvo.

Y concluyó: “Cuando una medida fortalece la transparencia, mejora la calidad institucional y contribuye a consolidar la confianza de los rafaelinos en sus instituciones, lo deseable es que trascienda a las personas y se convierta en una verdadera política de Estado local. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante”.

Juan Scavino se refirió al escenario económico que atraviesa la Municipalidad de Rafaela y al impacto que esto genera en la planificación financiera del gobierno local. En ese marco, explicó que ya se prevé una diferencia significativa entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado durante el año.

“Se estima que de los 90.000 millones va a haber por lo menos 20.000 millones menos”, señaló.

El concejal indicó que dentro de esa diferencia existe un componente vinculado a la Unidad de Cuenta Municipal, aunque también destacó el impacto de la actividad económica en general.

“De esos 20.000 millones, hay 2.500 o 1.600 millones que tienen que ver con la UCM”, explicó.

En ese sentido, advirtió que el contexto de estancamiento económico repercute directamente en tributos vinculados a la facturación de las empresas locales.

“A eso hay que agregarle la actividad económica en un estancamiento profundo, que repercute en el derecho de registro e inspección, que hoy está en franco retroceso”, sostuvo.

Scavino también analizó la relación entre ingresos y gastos del Estado local en un contexto inflacionario, y señaló que el poder adquisitivo del municipio se ve reducido.

“La participación nominal crece, pero el poder adquisitivo del Estado es cada vez menor”, afirmó.

Y agregó que las obligaciones municipales se afrontan a valores de mercado, lo que genera mayor presión sobre las cuentas públicas.

“Todo eso mientras se afrontan compromisos a valores corrientes, a valores de mercado, a valores que sí tienen inflación”, indicó.

El edil destacó decisiones orientadas a reducir gastos estructurales, como la reorganización de dependencias municipales para disminuir el pago de alquileres.

“Se decidió la continuidad y profundización de la definición política de reubicar dependencias municipales de modo de ahorrar alquileres”, explicó.

En esa línea, mencionó que algunas partidas de inversión fueron postergadas, mientras se priorizan áreas sensibles.

“No se va a restaurar la plaza 25 de Mayo, no se van a poner bancos nuevos”, señaló, aunque aclaró que se mantienen garantizadas las áreas vinculadas a seguridad, obras y proyectos específicos.

Scavino también se refirió al impacto del congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal en el debate paritario con los trabajadores municipales, y a la previsión salarial incluida en el presupuesto.

“El sindicato de empleados municipales tiene muy claro que para poder discutir una paritaria es necesario revisar este congelamiento”, sostuvo.

Además, señaló que la pauta salarial prevista en el presupuesto era estimativa y dependía de la evolución de la inflación.

“Lo que se planteaba en el presupuesto era una posibilidad de un 34% de incremento, en virtud de la evolución de la inflación”, explicó.

En ese marco, cuestionó la falta de actualización de la UCM como variable clave del sistema.

El concejal defendió la continuidad del servicio de minibuses urbanos, aunque planteó la necesidad de revisar su funcionamiento operativo.

“Yo soy un convencido de que el Estado tiene que brindar el servicio de minibús”, afirmó.

En ese sentido, consideró que pueden evaluarse cambios en recorridos o estructura del sistema, pero sostuvo que su continuidad es necesaria en el actual contexto.

“Tal vez haya que analizar recorridos, tal vez haya que reconfigurarlo”, indicó.

También recordó que la reducción de subsidios nacionales impactó directamente en el financiamiento del sistema.

“Desde la llegada de Milei, el subsidio que llegaba del nivel nacional fue cero, y todo el costo de sostener este servicio lo afronta el municipio”, señaló.

Finalmente, Scavino enmarcó las decisiones del municipio dentro de un escenario económico más amplio, al que comparó con la dinámica de una economía familiar.

“La macro está muy acomodada, pero eso no significa crecimiento económico. Por el contrario, todo eso repercute como en cualquier economía familiar también en la economía del municipio”, concluyó.

Este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela deberá resolver si mantiene congelada la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) durante un semestre más o si aplica la actualización prevista por la fórmula establecida en la normativa vigente.

En ese marco, el concejal oficialista Juan Scavino explicó que la UCM funciona como una referencia para determinar el valor de tasas, multas y otros conceptos municipales.

“La UCM yo la defino como la moneda municipal. En vez de fijar directamente los valores en pesos, se establece una cantidad de unidades y luego se determina cuánto vale cada una”, señaló.

Según explicó el edil, desde diciembre del año pasado la UCM no registró modificaciones y actualmente existe una propuesta impulsada por el bloque justicialista para extender ese congelamiento durante otros seis meses.

“Si esto es votado afirmativamente, la Unidad de Cuenta Municipal seguirá congelada. Si se rechaza, se aplicará una fórmula polinómica que contempla el valor de los combustibles, los salarios y el índice de precios mayoristas”, detalló.

Scavino afirmó estar convencido de la necesidad de actualizar el valor de la UCM y remarcó que el impacto sobre cada contribuyente sería reducido.

“Para un vecino, el incremento sería mínimo, algo que prácticamente no mueve el amperímetro. Pero cuando eso se multiplica por la totalidad de los catastros de la ciudad, representa recursos importantes para que el municipio pueda seguir prestando servicios”, sostuvo.

Durante la entrevista, el concejal enumeró algunos de los servicios que presta el municipio, como la recolección domiciliaria de residuos, la recolección de patio, el mantenimiento del alumbrado público, las barredoras, el Punto Verde Móvil y los programas territoriales.

“Hay que poner en contexto qué significa esa actualización. Es muy pequeña para el contribuyente, pero importante para sostener el funcionamiento del Estado local”, afirmó. Además, señaló que durante el primer semestre el municipio continuó afrontando aumentos en combustibles, salarios e insumos mientras sus ingresos permanecieron sin modificaciones.

Scavino sostuvo que durante 2025 la inflación acumulada fue del 31,5%, mientras que los salarios municipales crecieron un 27,58%. En contraste, indicó que la UCM aumentó un 26,56%, porcentaje que, según afirmó, quedó por debajo tanto de la inflación como de la evolución salarial.

También señaló que el combustible registró un incremento cercano al 44%, uno de los insumos con mayor incidencia en la prestación de servicios municipales. “El municipio siguió funcionando con los aumentos reales del mercado mientras sus ingresos quedaron rezagados”, expresó.

El concejal advirtió que, en caso de no aprobarse la actualización, el municipio deberá analizar cómo afrontar los costos de funcionamiento durante el segundo semestre. “Si no ocurre la actualización, tendremos que empezar a pensar por dónde se recorta”, manifestó.

Al mismo tiempo, destacó que durante la actual gestión se avanzó en procesos de modernización y eficiencia administrativa y remarcó que el municipio debió afrontar la reducción de fondos nacionales para obras públicas.

“A pesar de la falta de recursos nacionales para infraestructura, el municipio continuó ejecutando obras e incorporando equipamiento”, afirmó.

Finalmente, Scavino sostuvo que el comportamiento histórico de la UCM muestra que su evolución se ubicó por debajo de la inflación acumulada y aseguró que el debate debe analizarse considerando los retrasos que arrastran las actualizaciones de períodos anteriores.

El edil presentó un proyecto de ordenanza para convertir al programa “La Muni en tu Barrio” en una política pública permanente de la ciudad de Rafaela, otorgándole un marco institucional estable que garantice continuidad, planificación, transparencia y presencia territorial del Estado municipal en todos los barrios.

“Cuando otras ciudades toman como referencia políticas públicas de Rafaela, queda demostrado que vamos por el camino correcto. Por eso creemos que este modelo debe consolidarse como una política de Estado”, expresó Scavino.La iniciativa pone en valor el impacto positivo que ha tenido “La Muni en tu Barrio” en distintos sectores de la ciudad y destaca que recientemente autoridades de la ciudad de Santa Fe se acercaron a Rafaela para interiorizarse sobre el funcionamiento,  y analizar su implementación como experiencia de gestión territorial cercana y descentralizada.

En ese marco, el proyecto también reconoce antecedentes como “Rafaela en Acción”,  entendiendo que la ciudad ha sabido construir, a lo largo del tiempo, una tradición de políticas públicas basadas en la cercanía, la eficiencia y el trabajo en territorio.“La ciudad tiene una identidad muy marcada en cuanto a la gestión cercana y la capacidad de respuesta. Este proyecto apunta justamente a institucionalizar herramientas que funcionan, que acercan soluciones concretas y que fortalecen el vínculo entre el Municipio y los vecinos”, sostuvo el edil oficialista.

La ordenanza propone establecer intervenciones periódicas en todos los barrios, promover la participación ciudadana, coordinar acciones entre distintas áreas municipales y garantizar mecanismos de evaluación y acceso público a la información.Además, prevé la elaboración de un Plan Anual de Intervención Territorial y la articulación con instituciones intermedias, organizaciones sociales, entidades educativas y actores privados, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad.

“Rafaela muchas veces marca el rumbo en políticas locales innovadoras. Lo importante es que aquellas experiencias que generan resultados positivos puedan sostenerse en el tiempo, crecer y seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Scavino

El concejal Juan Scavino salió al cruce de las críticas de la oposición en torno al funcionamiento de la planta asfáltica en caliente de Pilar y sostuvo que “no está en condiciones de abastecer” al municipio, pese a haber retomado recientemente su actividad.

En declaraciones públicas, el edil buscó dejar en claro que la discusión no se basa en interpretaciones políticas, sino en datos concretos. “No es una mirada, te quiero dar datos objetivos. Datos que aporta la realidad y que no tienen que ver con el tinte de alguien que tiene intenciones de ser candidato a intendente”, afirmó.

Scavino también se refirió al contexto del debate dentro del Concejo Municipal, donde —según señaló— predominan intereses electorales por sobre las necesidades de los vecinos.

“Hay dos candidatos a intendente que, en muchos momentos, no están mirando necesariamente el interés de la ciudadanía, sino su capital político y cómo hacerlo crecer”, cuestionó.

En ese sentido, fue directo contra el justicialismo: “Lo del justicialismo es obstruccionismo. Lo de la oposición no es como lo plantean, es decididamente inexacto y no representa la verdad”.

Respecto a la planta asfáltica, el concejal reconoció que volvió a operar, pero aclaró que está lejos de hacerlo a plena capacidad.

“La planta hacía mucho tiempo que estaba parada y hoy está en funcionamiento desde hace un mes, pero decir que está en pleno funcionamiento es una cabal mentira”, sostuvo.

Para respaldar su postura, mencionó datos aportados por autoridades de Vialidad Provincial. “Está en proceso de recuperación. De las mil a mil quinientas toneladas previstas en el convenio, hoy se están produciendo apenas treinta y cinco”, detalló.

Además, explicó que ese volumen reducido se destina a tareas específicas: “Esas treinta y cinco toneladas se utilizan para situaciones puntuales, mantenimiento de rutas o emergencias, también como parte de la puesta a punto de la planta”.

Otro de los puntos centrales que planteó Scavino es que el convenio vigente no garantiza un suministro inmediato para el municipio.

“El convenio del año 2022 está supeditado a la disponibilidad, a la operatividad y a lo que Vialidad Provincial considere prioritario”, indicó.

En esa línea, remarcó que hoy existen dos impedimentos claros “Primero, la planta no está en su operatividad óptima. Y segundo, la producción actual está destinada a prioridades de Vialidad, no al eje urbano rafaelino”.

Incluso advirtió sobre los riesgos de exigir su rendimiento actual “Si sobreexigís la planta, la tenés que parar de nuevo, y por un tiempo tan extenso como el que ya se experimentó”.

Finalmente, el concejal insistió en que el estado actual de la planta no permite considerarla plenamente operativa.

“Hoy no se puede decir que está en funcionamiento pleno, está en etapa de prueba”, afirmó.

Y cerró con una crítica directa: “El justicialismo hace política con esto. Es política berreta decir que está en pleno funcionamiento, porque eso es absolutamente falso”.

El concejal Juan Scavino, de Unidos para Cambiar Santa Fe, valoró la aprobación de los cambios en la ordenanza de la obra de pavimento en Rafaela y afirmó que la nueva redacción incorporó la mayoría de los reclamos planteados por los vecinos durante las recorridas realizadas en distintos barrios de la ciudad.

“Me parece que los vecinos pueden quedarse tranquilos, porque la gran mayoría de los planteos que recibimos en cada una de las visitas donde fuimos a informar fueron tenidos en cuenta en esta modificación”, señaló.

En ese sentido, remarcó que uno de los ejes centrales de la reforma fue la ampliación del esquema de financiamiento, una de las principales preocupaciones que habían surgido entre los frentistas alcanzados por la obra. “Estamos hablando de la extensión de la financiación”, afirmó.

Scavino aclaró que, en lo personal, tenía reparos sobre la cantidad final de cuotas que se terminó aprobando, aunque dejó en claro que acompañó el espíritu de la reforma y que, a esta altura, lo importante es la posibilidad concreta que tendrán los vecinos para afrontar el pago.

“Yo planteé mi reparo en cuanto a lo que terminó finalmente votado, pero a esta altura mi voto es simplemente una expresión personal”, sostuvo.

Y agregó: “La gente va a tener la posibilidad de financiar en noventa y seis cuotas y, en el caso de alguna situación especial, la duplicación de la cantidad de meses”.

Otro de los puntos que destacó fue la extensión del registro de oposición, una medida que, según explicó, también respondió a pedidos expresos de los vecinos. “Lo que también es parte de lo que se resolvió hoy es la extensión del registro de oposición”, indicó.

Scavino explicó que originalmente esta prórroga debía instrumentarse a través de un decreto del intendente, aunque finalmente quedó reflejada en el marco del acuerdo alcanzado. “Fue una iniciativa que debía viabilizarse a través de decreto del intendente. También fue pedido de los vecinos y anuencia de este Concejo”, expresó.

Sobre los nuevos plazos, precisó: “Mañana expira el tiempo original, pero se extiende por quince días más. Esto supone llegar hasta el dieciocho de mayo”.

Además, remarcó que se sumará una alternativa inédita para facilitar el trámite a quienes no pueden acercarse en la semana. “Con la posibilidad de una alternativa que nunca ocurrió: el sábado, con tres horas para aquellos que no tienen la chance de acercarse los días de semana”, detalló.

Scavino subrayó también que la nueva ordenanza incorpora una diferenciación entre pavimento nuevo y repavimentación, otro de los reclamos que con más fuerza aparecieron en los encuentros barriales. “La iniciativa también prevé una disociación entre pavimento y repavimento, que era lo que muchos también nos planteaban”, afirmó.

Para el edil, estas modificaciones no eliminan la complejidad de una obra de gran magnitud, pero sí permiten adecuarla mejor a la realidad social y económica que atraviesan los vecinos.

“Entiendo que no es una obra simple para el ciento por ciento. Es una de las obras más importantes y más costosas”, reconoció.

Y agregó: “A lo largo de la historia de Rafaela siempre esta obra generó controversias, pero de acuerdo al contexto y al pedido de los vecinos hubo muchas modificaciones que tienen que ver con esas solicitudes”.

Scavino también se refirió a la discusión política que se dio durante el tratamiento del proyecto, particularmente en torno a los fundamentos o considerandos de la ordenanza, que inicialmente habían sido presentados por el justicialismo. “La iniciativa sobre la que se trabajó en comisión es una iniciativa del justicialismo”, explicó.

Sin embargo, consideró que, una vez incorporados aportes de distintos sectores, esos fundamentos originales habían quedado desactualizados o demasiado sesgados políticamente. “El justicialismo planteó sus considerandos, pero una vez que esta iniciativa fue nutrida con aportes del oficialismo, de la gestión y también de La Libertad Avanza, esos considerandos quedaron con un sesgo absolutamente partidario”, sostuvo.

Según explicó, esa fue una de las discusiones de fondo que se dio en las últimas horas. “Esos considerandos no representaban lo que había sido el proceso de conciliación que sanamente se produjo y que reivindica la institucionalidad de este Concejo a lo largo de la semana”, señaló.

Por último, Scavino indicó que, a partir de ese debate, propuso una nueva redacción para los fundamentos, que fue la que finalmente terminó siendo aprobada.

“Cuando ayer definíamos por fuera de lo que era la formalidad estos considerandos, yo planteé el reparo y una nueva redacción, que fue la que finalmente salió aprobada”, afirmó.

Y cerró remarcando que, más allá de los matices jurídicos que pudieron haberse discutido, la ordenanza mantiene toda su validez para que los cambios aprobados se cumplan efectivamente.

“Entendiendo lo conceptual y hablando incluso con profesionales del derecho, esto no hace mella en la fuerza que tiene esta ordenanza para que se cumpla cada una de las modificaciones”, concluyó.

El concejal del oficialismo, Juan Scavino, salió al cruce de los cuestionamientos del peronismo respecto al estado del pavimento y el mantenimiento urbano, y aseguró que “existe una contradicción evidente en quienes hoy reclaman soluciones que no supieron, o no quisieron, concretar durante más de tres décadas de gestión”.

“El peronismo pretende que en apenas dos años y medio resolvamos problemas estructurales que ellos mismos generaron en 32 años. Es, como mínimo, una falta de coherencia”, expresó Scavino.

En ese sentido, el edil remarcó que el deterioro actual de las calles “no es casual ni reciente”, sino consecuencia de años de falta de planificación y mantenimiento: “Hoy hablan de baches como si fueran un problema nuevo, pero cuando eran gobierno no los veían. Dejaron vencer el pavimento sin políticas sostenidas de conservación, y hoy las consecuencias están a la vista”.

Como ejemplo concreto, Scavino mencionó una minuta de comunicación ingresada el 19 de agosto de 2020 en el Concejo Municipal bajo el registro Nº 07622-1, impulsada por concejales del entonces oficialismo, en la que se solicitaba al Departamento Ejecutivo evaluar la realización de trabajos de bacheo y reparación en los barrios Villa Podio, Fátima y Mosconi, además de requerir información sobre la existencia de un plan de bacheo, su porcentaje de ejecución, plazos y criterios de priorización.

“Esa minuta fue respondida nueve meses después, muy por fuera de los plazos legales, y lo más grave es que no se avanzó en ninguna de las soluciones planteadas. Es decir, ni siquiera hicieron lo que ellos mismos pedían”, sostuvo.

“El ejemplo es claro: quienes hoy levantan la voz son los mismos que, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, no actuaron. Esa es la verdadera dimensión del problema”, agregó.

Finalmente, Scavino fue categórico: “Estamos frente a la hipocresía en su máxima expresión. No solo venció el pavimento, también venció una forma de hacer política que durante años eligió mirar para otro lado”.

Para cerrar, el concejal reafirmó el compromiso del gobierno local de avanzar con un plan sostenido de recuperación y mantenimiento de calles: “Estamos trabajando con planificación, inversión y responsabilidad para revertir años de abandono. Sabemos que no se soluciona de un día para el otro, pero estamos dando pasos firmes en ese camino”.

“Existen unas cuantas coincidencias entre los espacios políticos. Pero de ninguna manera estaban dadas las condiciones para votar a las apuradas las diferentes modificaciones” señaló.

En ese sentido, adelantó que se analizan cambios que contemplan la posibilidad de ampliar la cantidad de cuotas para el pago de las obras, con el objetivo de acompañar la realidad económica de las familias rafaelinas. Asimismo, se evalúa la implementación de un registro de oposición, que incluso podría organizarse por zonas, permitiendo que determinados sectores o cuadras —especialmente aquellas vinculadas a repavimentación— puedan ser excluidas del plan en caso de que una mayoría de vecinos así lo manifieste.

“El objetivo es lograr un esquema que represente más fielmente la intención de los rafaelinos, y acorde a las consideraciones de cada barrio, sin perder de vista la importancia de sostener un plan de infraestructura que mejore la calidad de vida en toda la ciudad”, sostuvo.

Por otra parte, el edil se refirió a lo ocurrido en la última sesión del Concejo Municipal, donde no se dio tratamiento sobre tablas a la iniciativa vinculada a este tema. En este sentido, fue claro al señalar que “no vamos a aceptar de ningún modo la imposición de tiempos políticos por parte del peronismo, ni tampoco acompañar procesos”.

Cabe recordar que dicha ordenanza fue aprobada oportunamente con el acompañamiento del propio bloque peronista, por lo que desde el oficialismo consideran fundamental abordar cualquier modificación con la seriedad, el análisis técnico y el consenso que una política pública de estas características requiere.

Finalmente, el concejal reafirmó el compromiso de continuar trabajando en instancias de diálogo y construcción colectiva, tomando en cuenta los aportes de vecinos y sectores involucrados.

A partir del 15 de abril, comenzará a aplicarse en Rafaela la normativa que prohíbe la actividad de los llamados “trapitos” o lavacoches en el microcentro. Así lo explicó el concejal oficialista Juan Scavino, quien defendió la medida, remarcó que responde a una decisión política del Ejecutivo local y aseguró que habrá un despliegue articulado para garantizar su cumplimiento.

“La verdad es que soy optimista. El intendente siempre tuvo claro que había que ordenar el microcentro fundamentalmente, y la ciudad en general”, señaló.

Según explicó, ya el año pasado se había intentado avanzar en ese sentido, aunque entonces faltaban herramientas normativas y consenso institucional. “Con el tema lavacoches hubo una iniciativa el año pasado, pero no había un marco legal ni la consistencia de todas las partes que sí hay ahora”, sostuvo.

Scavino detalló que la medida ya tiene respaldo formal desde febrero, a través de un decreto firmado por el intendente, que fijó un plazo de 60 días para informar la disposición antes de su aplicación efectiva.

“El dato es que desde el 15 de febrero hay un decreto, que tiene valor de norma, no es una ordenanza, pero sí un decreto del intendente, donde se prohíbe y se restringe la actividad del lavacoche a partir del 15 de abril”, explicó.

Consultado sobre ese plazo de espera, agregó: “¿Por qué sesenta días? Porque hubo un proceso de información que se produjo”.

En esa etapa, según indicó, no solo se comunicó la nueva disposición, sino también el modo en que se controlará su cumplimiento.

Uno de los puntos que subrayó el edil es que la normativa no apunta únicamente a quienes ofrezcan el servicio, sino también a quienes decidan contratarlos dentro de la zona restringida.

“Si quieren lavar el auto con un lavacoches en la zona ZEC, va a venir un inspector, de los muchos que van a estar circulando junto con la Policía y junto con la GUR, y les va a decir: esta multa la van a tener que pagar”, afirmó.

En esa línea, remarcó: “Van a ser infraccionados también quienes hagan lavar el auto”.

Para Scavino, esa decisión busca proteger a quienes muchas veces accedían al servicio por presión o temor. “El punto es darle al vecino una herramienta para decir: no te lo puedo dar porque, si no, me sancionan”, explicó.

El concejal aseguró que el esquema de aplicación de la norma contará con respaldo operativo en la calle para evitar conflictos y garantizar que la restricción se cumpla con rapidez.

“Vos me decís: sí, pero igual me da miedo. Va a estar la Policía”, afirmó.

Y añadió: “Hay un compromiso para que esto, en definitiva, sea controlado rápidamente. Por eso va a estar la Policía, va a estar Protección Vial y Comunitaria, va a estar la GUR ”.

Scavino sostuvo que, durante los 60 días previos a la entrada en vigencia de la norma, hubo distintas posturas en torno al tema, aunque aseguró que la mayoría de las personas abordadas por el Municipio reclamó una solución.

“Yo me imaginé que en estos sesenta días iba a aparecer un equilibrio entre aquellos que seguían reclamando orden y que desaparezcan los trapitos a cualquier precio, y otros que entendían que era una problemática social”, expresó.

Sin embargo, aseguró que la demanda más extendida fue otra. “Sinceramente, el grueso de la gente que fue abordada por el personal municipal en estos sesenta días quería orden, quería el acomodamiento de la ZEC por infinidad de motivos”, afirmó.

Entre esos motivos, enumeró: “Había situaciones de consumo, situaciones violentas, enfrentamientos entre los propios lavacoches y una reducción notable en la facturación de los comercios”.

También señaló que hubo un trabajo específico con los usuarios y comerciantes del sistema de estacionamiento controlado. “Hubo mucha concientización al comerciante y al usuario de la ZEC, que ya paga para estar tranquilo. Ahí también hay una coherencia que se busca”, indicó.

Más allá del aspecto vinculado al control del espacio público, Scavino explicó que desde el Estado local también se avanzó en un relevamiento de las personas que realizaban esta actividad, con el objetivo de distinguir situaciones y diseñar respuestas diferentes.

“En el trabajo articulado del Estado también se abordó a los lavacoches. Se sabía que había algo más de ochenta, se sabía su nivel de escolaridad, si eran titulares o no de un inmueble, si tenían hijos y demás”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, dijo, se establecieron cuatro grupos. “Ahora hubo una segmentación donde se determinaron cuatro grupos”, explicó.

Sobre los dos primeros, precisó: “El primer grupo tiene una autonomía laboral consolidada, es decir, gente que efectivamente trabajaba de lavacoches, hasta te diría de forma exclusiva. Después hay un segundo grupo donde esa autonomía laboral estaba en proceso de consolidación: el lavacoche era una actividad real, pero tal vez part time o complementada con otra tarea”.

En cambio, describió a los otros dos grupos como los más complejos. “El tercero tiene niveles de vulnerabilidad en muchos aspectos, y el cuarto niveles extremos de vulnerabilidad y prácticamente una negación a la aceptación de límites y pautas de armonía social”, sostuvo.

En cuanto a las respuestas previstas, Scavino señaló que algunos casos tienen posibilidades concretas de inserción laboral, mientras que otros requieren un abordaje más asistencial y de acompañamiento.

“Tengo que decir que la Oficina de Empleo ha recibido diez o doce casos donde efectivamente se puede hablar de una empleabilidad razonable, posible”, afirmó.

Según explicó, algunos podrían acceder a un empleo con herramientas básicas de inserción. “Algunos tendrán la chance del armado de un buen currículum y alguna vinculación con el sector privado”, dijo.

Otros, en cambio, serían orientados hacia oficios concretos. “Otros recibirán el kit de jardinería, de gastronomía, de albañilería o de pintura”, detalló.

Por último, indicó que en los casos de mayor vulnerabilidad el abordaje será de contención. “El resto, fundamentalmente los grupos tres y cuatro, que son los mayoritarios, allí el Estado contiene. Allí el Estado provee herramientas para que vayan, por ejemplo, al DIAT o al centro de día”, concluyó.

El concejal Juan Scavino remarcó que el intendente ya firmó el decreto que prohibirá la actividad de lavacoches en el microcentro de Rafaela y que la medida entrará en una etapa previa de información y concientización antes de comenzar a aplicarse sanciones.

“El decreto respectivo, a partir del cual comenzará a correr un plazo de 60 días corridos. En ese plazo habrá una recorrida de tanto gente de Protección Vial y Comunitaria, como la gente de GUR, hablando con comerciantes, hablando con los habitués del centro y conductores de vehículos”, explicó.

Durante ese período, se informará sobre el alcance de la normativa y las consecuencias de su incumplimiento. “Después de esos 60 días de información y concientización, la sanción será para los lavacoches, será para los que se disfrazan de lavacoches y van a otra cosa al microcentro, pero también va a aparecer la sanción para el que haga lavar el auto”, advirtió.

Scavino detalló que la norma no solo alcanzará a quienes realicen la actividad en la vía pública, sino también a quienes la promuevan o faciliten. “Si hacemos lavar el auto y nos observa un inspector de Protección Vial y Comunitaria, vamos a ser sancionados nosotros y el trapito o el lavacoche”, sostuvo.

En la misma línea, indicó que “también será sancionado aquel comerciante que provea agua, que le dé un balde, que le dé una rejilla para que el lavacoche pueda oficiar de tal”.

Ante posibles cuestionamientos, defendió el criterio de la norma: “Le estamos dando una herramienta para evitar sentirse presionados porque ese que es coercionado para lavar el auto le va a poder decir al trapito: ‘No, porque me sancionan’. El comerciante: ‘No, no te doy agua porque me sancionan a mí’”.

Además, anticipó que, una vez vencido el plazo de 60 días, habrá controles activos. “Va a estar la gente de Protección Vial y Comunitaria, la gente de GUR, pero también la policía, porque ojalá no, pero tenemos que tener prevista la posibilidad de que se produzca algún episodio donde haya resistencia”.

El concejal sostuvo que la medida responde a una demanda extendida en la ciudad. “Hay un pedido casi a gritos como para que se limpie el microcentro de los trapitos y los lavacoches. Hoy, no tengo dudas que ese es el clamor popular”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que el debate también incluye una dimensión social. “Cuando efectivamente esto entre en vigor y se sancione, va a aparecer la sensibilidad y la empatía con aquel que a lo mejor tiene que parar la olla. Sí con aquel que va y efectivamente labura”.

En ese sentido, subrayó que “el espíritu de este decreto tiene las dos caras de la moneda: la necesaria armonización del microcentro, pero también la mirada respecto a quienes efectivamente tienen una opción de laburo en esto. Porque no son todos delincuentes”.

Scavino recordó que el último relevamiento registró 81 lavacoches en la ciudad y aportó algunos datos del perfil social del sector. “La mayoría son varones. El 70% no tiene terminada la secundaria”, señaló.

Paralelamente al período de información, distintas áreas municipales trabajarán en un nuevo abordaje social. “La gente de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Desarrollo Productivo están desarrollando un trabajo en conjunto y van a volver a relevar para tratar de hacer una segmentación”, explicó.

Esa segmentación distinguirá distintos grupos: quienes “tienen la autonomía laboral absolutamente consolidada”, quienes están “en proceso de consolidación”, un tercer grupo con “un nivel de vulnerabilidad social muy importante” y un cuarto grupo “donde el abordaje es muy complejo, porque no aceptan ninguna posibilidad de ayuda o están con problemas severos de consumo sistemático”.

En relación a los dos primeros grupos, remarcó cuál será el objetivo central: “Lo más importante va a ser aportarles la posibilidad de una empleabilidad en reemplazo de esta acción de lavacoches que vienen llevando adelante”.

Con la firma del decreto y el inicio del plazo de 60 días, la medida entra en su etapa inicial, con el foco puesto en el ordenamiento del microcentro y, en paralelo, en el abordaje social de una problemática que combina seguridad, convivencia y vulnerabilidad.

“La definición política es, desde siempre, el ordenamiento del espacio público. A partir de ahora, se dará un paso decisivo” comenzó diciendo el edil.

Desde la firma del decreto correspondiente, comenzará un período de información y concientización que se extenderá por 60 días. “A partir de ese momento equipos territoriales del municipio recorrerán el microcentro, diciéndole a la gente que la actividad ya no está permitida. Se abordará tanto a los ‘trapitos’ como a comerciantes y vecinos del microcentro”.

Juan Scavino puso especial atención en la necesidad de que todos conozcan de la decisión tomada y de las consecuencias del incumplimiento. “Transcurrido el período de 60 días, será sancionado todo aquel lavacoches que esté realizando la actividad. Pero además será multado el ciudadano que haga lavar su auto, y hasta el comerciante que proporcione agua para que esto suceda”.

Se le planteó al legislador si la medida de Viotti no era demasiado punitiva, al sancionar tanto la oferta como la demanda. Scavino consideró que “por el contrario, resulta una herramienta que tanto al comerciante al que le solicitan agua, como al ciudadano que sufre el ‘apriete’ le sirve para justificar plenamente la negativa”.

Es de importancia señalar que luego de la instancia de información, el control efectivo de la norma estará a cargo de Protección Vial y Comunitaria, con la colaboración de la GUR. “Además de los equipos municipales, hay que darle la tranquilidad a toda la gente que estará la policía, tanto para evitar cualquier tipo de resistencia, como para recibir denuncias por lo que podría llegar a generarse ante la negativa a tomar la oferta de lavado” señaló Scavino, quién además recordó que la actividad estará vedada exclusivamente en la zona de estacionamiento controlado (ZEC). Esto tiene una doble explicación: 

Por un lado, si bien existe la chance del corrimiento de los trapitos hacia sectores de estacionamiento no controlado, no es menos cierto que la gran concentración de vehículos y actividad está en el microcentro, lugar donde hoy se expresan la gran mayoría de los inconvenientes. En segundo lugar, la capacidad operativa de control del Estado local tiene un límite, resultando imposible abordar la problemática más allá de la ZEC.

Y lo social? Y “si se van a ganar un plato de comida?” “Si bien desde muchos años a esta parte el inconveniente se fue agravando y son muchas las voces que reclaman una solución casi a cualquier precio, el legislador oficialista pondera la mirada amplia del Departamento Ejecutivo.

“Si bien el espíritu del decreto es recuperar la armonía perdida hace muchos años en el centro de la ciudad, el intendente Viotti no desconoce que entre los ‘trapitos’ hay algunos casos que verdaderamente necesitan trabajar. Para ellos, la tranquilidad de que existe un conocimiento acabado de todos los casos, y que aquel que necesite de una mano para salir adelante, desde la Secretarìa de Desarrollo  humano y la oficina de empleo se estàn articulando acciones. Los que verdaderamente quieran trabajar tendrán el acompañamiento del municipio con alguna màquina para desmalezar o alguna bloquera (de las que sirven para fabricar ladrillos). Del mismo modo, y conociendo de las severas dificultades que muchos lavacoches presentan con el tema adicciones, si ellos manifiestan voluntad, el Estado pone a disposición el DIAT, que funciona realmente bien ante este tipo de situaciones”.

“Sabemos que la situación es harto compleja, y que durante décadas muchas veces con buenas intenciones y muchas veces con demagogia y asistencialismo, las acciones no dieron resultado. Estoy convencido que esta vez podemos lograrlo. Entre todos, haciendo cada uno nuestra parte” finalizò el concejal.

Juan Scavino, concejal de Rafaela, analizó la problemática de los consumos problemáticos y de las personas en situación de calle y fue categórico al describir el escenario actual. “Lo que planteo, sin ningún tipo de hipocresía y con toda la crudeza, es que el problema está, es incontrastable”, afirmó.

Scavino sostuvo que se trata de una situación de extrema complejidad. “No es un problema menor y no es un problema que vaya a solucionarse ni en el corto ni en el mediano plazo”, señaló, y agregó: “Me da mucha tristeza ver esta imagen”. Sin embargo, remarcó un aspecto que considera clave: “Encuentro como dato que se lo está abordando con seriedad, con responsabilidad, sin demagogia, sin esconder la suciedad bajo la alfombra, como tantas veces se hizo”.

El concejal vinculó esta realidad con el deterioro social de los últimos años. “El nivel de pobreza, cincuenta por ciento en 2023, ¿no tendrá que ver con esto?”, planteó, y reflexionó sobre el impacto de la crisis económica. “La degradación económica que genera degradación social fue más rápida que la estabilización de la economía”, explicó.

En ese sentido, advirtió que, aunque el escenario económico haya cambiado, las dificultades persisten. “Hoy está menos volátil la economía, pero la situación para muchos hogares es tremendamente dificultosa”, afirmó. Y añadió: “Aquellos niños que estaban en la pobreza con niveles que nos avergonzaron hoy, en muchos casos, son los que están dando vueltas en las diferentes barrios”.

Scavino rechazó de plano que la situación pueda atribuirse a la gestión actual. “Plantearlo en estos términos es canallesco”, sostuvo. Y agregó: “Señalar con el dedo a esta gestión no solo es injusto, sino absolutamente inverosímil, porque esta gestión, exactamente al contrario, ha tomado cartas en el asunto como nunca antes en la historia”.

Como ejemplo, mencionó una decisión concreta. “¿Cuándo hubo un refugio de invierno?”, se preguntó, y explicó que más allá de la cantidad de plazas, “es una definición política y también una definición de decir: vemos el problema, no lo escondemos y lo afrontamos”.

El concejal detalló que existe un trabajo sostenido de abordaje territorial. “Hay trabajos dos y, en algunos momentos, hasta tres veces por semana para acercarse a cada una de las personas”, indicó. Según explicó, el perfil mayoritario está claramente identificado. “La mayoría son jóvenes, en un gran porcentaje varones, entre los diecinueve y treinta y cinco años, muchos con origen por fuera de Rafaela, y lo que es terrible también es que el noventa y nueve

 por ciento están atravesados por el consumo”, afirmó.

Frente a los reclamos de parte de la comunidad, Scavino fue claro. “Primero, son personas, no son paquetes. Tienen dignidad”, sostuvo. Y explicó que, además de una convicción ética, existe un límite jurídico. “Hay una cuestión legal, el marco legal, que es el límite donde la voluntad y la definición política tocan un freno”, señaló.

Finalmente, Scavino planteó la necesidad de avanzar en modificaciones legales. “Todo lo que está al alcance se está haciendo, pero el freno que encontramos es la norma”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que podría ser necesario revisar el marco vigente. “Creo que estaríamos encaminados a una modificación de la norma vigente para tener más atribuciones desde el Estado para poder accionar y recomponer la dignidad de esa persona”.

Para el concejal, ese camino no solo beneficia a quienes atraviesan la situación más crítica. “Recomponer la dignidad de esa persona termina beneficiando a la sociedad, porque es un círculo virtuoso”, concluyó.

“La degradación social existe y Rafaela no es la excepción. Tenemos entre 15 y 18 personas que están en situación de calle. Casi sin margen de error se puede decir que el ciento por ciento están atravesados por la problemática del consumo. Esta es la foto de enero del 2026. Debemos hacernos varias preguntas. Si esta es la foto. Qué muestra la película si miramos algunos años hacia atrás? Qué se puede hacer hoy con esta situación y qué se hace efectivamente?”.

Scavino plantea con extrema crudeza la realidad de estos días. “La verdad de la situación está a la vista. Ahora bien: Qué hicimos para llegar hasta acá como sociedad? Cuánto tiene que ver el 50 por ciento de pobreza que alcanzamos en 2023? Alguien puede afirmar que de pronto las personas en situación de calle brotaron espontáneamente en los últimos meses?”

En rigor de verdad, nadie puede desconocer la descomposición social que se produjo en el último gobierno de Alberto Fernández, y de las actuales dificultades que afrontan muchos hogares del país para poder llegar a fin de mes. Las consecuencias en pobreza e indigencia están a la vista. También en Rafaela, más allá del actual y enorme trabajo del Estado local.

El concejal Juan Scavino aporta datos que solventan las acciones del municipio local que se decidieron desde el inicio de la gestión Viotti.

“El Estado local releva dos veces por semana la presencia de individuos en la vía pública. El equipo de trabajadores sociales dialoga con cada una de las personas. Son -en su gran mayoría- personas jóvenes y prácticamente todas están atravesadas por el consumo de sustancias. Como nunca antes en la historia de nuestra ciudad se puso en funcionamiento un Refugio de Invierno. Funciona en el barrio Mora con una lógica de contención social fundamentalmente, pero demostrando además que se asume la problemática y no se esconde la basura bajo la alfombra como tantas veces se hizo”

El legislador local también aclara que existen dificultades serias para el abordaje. “Aquellos que no quieren asumir sus responsabilidades y pertenencias a espacios políticos que se desentendieron de la problemática, hoy parecen tener la fórmula que no supieron aplicar en sus mandatos, algunos muuuy largos”. “A la gente hay que decirle las cosas como son: tanto en cuestiones de situación de calle o consumo, las leyes nacionales no permiten intervención del Estado. Es solo el diálogo de los trabajadores sociales, pero la norma indica que tiene que ser estrictamente la voluntad de la persona la que manifieste querer ser contenida en el Refugio o ayudada con su problema de adicción”

“El Refugio de invierno es un orgullo de la actual gestión. Hoy tiene una capacidad para 6 personas. Quienes aceptan incorporarse son registrados y controlados sanitariamente. Es un esfuerzo enorme del municipio rafaelino con el acompañamiento del gobierno provincial. Se espera que para el próximo invierno se pueda ampliar el número de plazas. Todo está encaminado como para llegar a los 15 lugares”

En cuestiones de consumos problemáticos, el concejal oficialista otra vez reclama responsabilidad a quienes intentan sacar provecho político de la situación. “Aquellos que señalan con el dedo acusador la problemática, son los mismos que en el DIAT desaprovechaban el dispositivo. Huertas, talleres y partidos de vóley eran la muy laxa política de abordaje de la situación hasta el 10 de diciembre de 2023”. “Desde ese momento el gobierno de Maximiliano Pullaro y el de Leonardo Viotti articularon y comenzó un proceso de transformación. Hoy el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, es un verdadero Centro de día que funciona de 7 a 19, de forma gratuita. Hay médicos, sicólogos, asistentes sociales, nutricionistas que sostienen el tratamiento de más de 50 personas con el rigor profesional y la contención que la problemática requiere”.

Scavino, una vez más reclamó seriedad y planteos que respondan a intereses genuinos, y no al obstruccionismo o la crítica infundada.

Prensa Scavino

Durante la sesión extraordinaria realizada este martes en el Concejo Municipal de Rafaela, el concejal Juan Scavino se refirió al traslado de la Alcaidía y afirmó que la decisión puso de manifiesto “el valor de la gestión en las definiciones políticas trascendentes”, en alusión al acuerdo alcanzado entre el Municipio y el Gobierno provincial para avanzar con la obra en el sector norte de la ciudad.

El edil recordó que el gobierno de la provincia de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, avanzó con el proyecto luego de recibir la donación del terreno por parte del municipio rafaelino, lo que permitirá la construcción de una nueva Alcaidía en el predio ubicado sobre avenida Italia y el desvío del tránsito pesado.

En ese contexto, Scavino cuestionó duramente a sectores de la oposición. “Es llamativo el cinismo de algunos. Durante 32 años intentaron trasladar la alcaidía ubicada en Mitre y avenida Santa Fe. No pudieron, no supieron o no tuvieron el valor. Hoy hay un intendente que decide aquello que otros no se animaron”, expresó, y agregó que criticar una medida “objetivamente positiva” solo por provenir de otro espacio político es “un claro síntoma de mediocridad”.

Scavino expuso además la situación actual de la dependencia ubicada en la Jefatura de la Unidad Regional V, la cual fue diseñada para albergar a 45 personas pero actualmente supera los 60 internos y, en algunos momentos, llegó a tener más de 100. Remarcó que se trata de un edificio emplazado en una zona densamente poblada, con una estación de servicios y un espacio infantil en las inmediaciones, y con alrededor de 15.000 vecinos viviendo en un radio cercano.

“No solo es necesario el traslado. Resulta prioritario y urgente”, sostuvo el concejal, al tiempo que subrayó que la nueva ubicación en el norte de la ciudad fue una definición política de la actual gestión, respaldada por consultas con especialistas y por el aval del Gobierno provincial. También indicó que el proyecto cuenta con respaldo legislativo desde comienzos de 2025.

En relación con el nuevo emplazamiento, Scavino señaló que existe una distancia superior a un kilómetro respecto del barrio residencial más cercano y consideró improbable que, por las condiciones naturales y las decisiones urbanísticas, la Alcaidía quede rodeada por la ciudad, como ocurrió con la actual.

Asimismo, destacó que la construcción de la nueva infraestructura implicará la extensión de servicios básicos hasta el sector, lo que beneficiará a los barrios cercanos con obras que llegarán antes de los plazos originalmente previstos.

El edil también diferenció el concepto de Alcaidía del de cárcel. “La oposición habla siempre de cárcel y milita el miedo. No se trata de una cárcel, sino de una alcaidía, con internos temporarios”, afirmó, y sostuvo que esto evita la radicación de familiares, fenómeno que suele darse en torno a establecimientos penitenciarios permanentes. En ese sentido, remarcó que la nueva Alcaidía tendrá 240 plazas y que, en paralelo, el Gobierno provincial está construyendo nuevas cárceles, descartando que la dependencia pueda transformarse en un penal.

En el cierre de su intervención, Scavino vinculó las críticas actuales con decisiones de gestiones anteriores. “Los que ahora ven negativo el traslado son los mismos que conectaban cámaras de manera ilegal al tendido de la EPE y los que ablandaron los regímenes carcelarios”, sostuvo. Finalmente, reclamó “menos obstruccionismo, menos hipocresía y mayor responsabilidad” por parte de los sectores opositores.

En el marco de las reuniones previas para la sesión extraordinaria donde se votará el presupuesto, el edil hizo referencia a la injusticia que supone que AMBA financie su transporte público, con el esfuerzo de las ciudades del interior del país.

“Sería interesante Fabricio, que desde tu lugar y del lugar de Milagros puedan gestionar en Buenos Aires la recuperación de los subsidios, porque en definitiva si la decisión hubiera sido para todo el país, no se discutiría. Pero la decisión no incluyó a AMBA. Esa situación también produjo un desfinanciamiento para el servicio de minibuses en la ciudad de Rafaela”. 

De ese modo Scavino le recriminaba a los concejales libertarios por un flujo de recursos que se interrumpió discrecionalmente en el comienzo de la gestión Milei, poniendo en jaque un servicio esencial en la ciudad.

“Sería interesante Fabricio, que desde tu lugar y del lugar de Milagros puedan gestionar en Buenos Aires la recuperación de los subsidios, porque en definitiva si la decisión hubiera sido para todo el país, no se discutiría. Pero la decisión no incluyó a AMBA" Juan Scavino

El legislador oficialista también hizo alusión al recurrente pedido de austeridad de La Libertad Avanza. “Ustedes que son tan contundentes con el ahorro, la situación generó una erogación millonaria para poder sostener un servicio que como bien vos decís,  podría ser más eficiente. Es un círculo que puede ser virtuoso o vicioso. Es decir: si vos tenés mejores coches, si tenés mejores frecuencias, vas a tener más demanda y vas a tener por esa demanda más ingresos. Se estuvo a punto de cortar el servicio de minibuses por una decisión arbitraria del presidente”.

En la reunión concretada este lunes se conoció que el gobierno municipal, a pesar de la situación descripta, cuenta con 24 minibuses y proyecta de acuerdo al presupuesto, la incorporación de una unidad 0 km, y la continuidad del proceso de recuperación de los vehículos de la flota actual.Martes 30, desde las 11, sesión extraordinaria para la votación del presupuesto 2026.