Se trata de un flujo cortado unilateralmente por Nación. El nuevo acuerdo “equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández”, indicó la funcionaria, acompañada por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso. En paralelo, se abre un período de negociación por el stock adeudado entre 2022 y 2025, pero Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”, se destacó.

El Gobierno de Santa Fe informó que junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzó en un convenio para el envío de $ 10 mil millones mensuales, a partir del mes de mayo y por el término de un año, destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. 

“El convenio lo firmará el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades de Anses este martes en la ciudad autónoma de Buenos Aires”, anunciaron la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad capital. 

Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. Así, la transferencia, según anunciaron las autoridades provinciales, se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, detalló Coudannes.

Montos que triplican cifras antes recibidas

Los $ 10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. “En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, destacó la funcionaria, quien a su vez, remarcó que la Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”. 

Al mismo tiempo, Coudannes realizó una analogía para entender que $ 10 mil millones por mes significan “lo que el Ministerio de Obras Públicas presupuestó para reparar la ruta A012 o lo que la EPE licitó en 2025 para más de 300 transformadores y la mejora del tendido eléctrico en la provincia”. En el mismo sentido, la funcionaria valoró los esfuerzos por “salvar la Caja” y que “se hayan encaminado las negociaciones necesarias para alcanzar este acuerdo porque hay un gobierno provincial que fija reglas, busca el orden”.

En defensa de los santafesinos

Boasso, en tanto, aseguró que el convenio es “otro acto más en defensa de los intereses de los santafesinos, salvando un sistema previsional que es modelo en el país porque tiene las mejores jubilaciones y pensiones”. El secretario de Seguridad Social recordó que la obligación nacional de financiar el déficit de la Caja nació con los pactos federales de la década del 90, cuando la mayoría de las provincias transfirió sus regímenes jubilatorios a la Nación, pero hubo trece que no lo hicieron, entre ellas Santa Fe. 

En 2016, con la llamada ley de reparación histórica sancionada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas. 

Sin embargo, Boasso aseguró que “en la última etapa del gobierno del presidente Alberto Fernández se dejó de hacer las transferencias y así se acumuló una deuda hiper millonaria, que estimamos puede alcanzar los 1,5 a 2 billones de pesos”. Es por eso que desde el Gobierno Provincial buscan que se inicie un proceso de negociación para recuperar esos recursos que Santa Fe dejó de percibir, mientras reactiva el flujo en este convenio por un año.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los haberes jubilatorios y prestaciones previsionales que regirá desde marzo de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que establece los nuevos montos mínimos y máximos del sistema en base a la movilidad mensual vinculada a la inflación.

Según la Resolución 38/2026, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.600,88 a partir de marzo.

El incremento responde a la aplicación del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de manera mensual de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El cálculo toma como referencia el dato de inflación correspondiente a enero de 2026, que determinó una movilidad del 2,88%. Este mecanismo deriva del decreto que modificó la fórmula previsional y estableció actualizaciones mensuales basadas en la evolución de los precios.

En paralelo, la normativa fijó el nuevo haber máximo del sistema previsional, que ascenderá a $2.487.063,95. De esta manera, se actualizan los límites del sistema en línea con el mismo criterio aplicado al haber mínimo.

La resolución también establece nuevos valores para las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para el cálculo de aportes y contribuciones.

Desde marzo, la base mínima será de $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Estos parámetros impactan tanto en trabajadores activos como en futuros beneficiarios del sistema.

Además de jubilaciones y pensiones contributivas, la medida actualiza otras prestaciones centrales del sistema previsional argentino. Entre ellas, la Prestación Básica Universal (PBU), que se fijó en $169.075,53 desde marzo.

También se estableció el nuevo valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que alcanzará los $295.680,70. Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La resolución detalla además criterios para la actualización de remuneraciones utilizadas en el cálculo de nuevos beneficios. En particular, se establecieron índices de actualización para trabajadores que cesen en su actividad desde fines de febrero de 2026 o que soliciten su jubilación a partir de marzo.

Estos índices, definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, se aplicarán para actualizar salarios históricos y determinar el haber inicial de nuevos jubilados, un aspecto clave en la determinación de los montos futuros.

La actualización se enmarca en el conjunto de normas que regulan el sistema previsional argentino, incluyendo leyes históricas como la 24.241 y modificaciones posteriores que introdujeron distintos esquemas de movilidad.

El esquema actual se basa en la modificación del artículo 32 de la ley previsional, que dispuso ajustes mensuales vinculados al IPC nacional. Este modelo reemplazó fórmulas previas y estableció una dinámica más frecuente de actualización de haberes.

Desde el organismo previsional señalaron que la medida se adopta en cumplimiento de las facultades legales otorgadas para fijar valores mínimos y máximos del sistema, así como para actualizar prestaciones vinculadas a la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, la resolución faculta a áreas técnicas del organismo a implementar las adecuaciones necesarias para aplicar los nuevos montos, incluyendo comunicaciones internas y adecuaciones operativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó la resolución 21 del corriente año que establece los nuevos haberes mínimos y máximos a pagar desde febrero a los pasivos nacionales. Así el haber mínimo quedó establecido en $359.254,35 y el máximo en $2.417.441,63.

En tanto, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia publicó el resumen correspondiente a diciembre donde informa que la jubilación mínima abonada ese mes fue de $515.970,44; la máxima en $10.319.408,78 y el promedio abonado a los 81.402 jubilados fue $1.742.043.

Son datos a diciembre y la diferencia de la mínima nacional y provincial en términos porcentuales es del 43% que se reduce al 20% ya que en días más, Anses, confirmará la extensión del bono de $70.000 que viene acompañando a los beneficiarios con el haber mínimo que son la gran mayoría en el sistema nacional.

En la provincia rige la emergencia previsional que, entre otras cosas, dispuso que los aumentos a pasivos se trasladan dos meses después del cobro de activos y los haberes más altos de la pirámide realizan un aporte extra al sostenimiento de la Caja de Jubilaciones.

Anses ha dejado de aportar a la mayoría de las cajas previsionales desde hace varios años pese al acuerdo firmado oportunamente cuando 13 provincias resolvieron no transferir sus sistemas previsionales al nacional. En el caso de Santa Fe, el reclamo está instalado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los haberes nacionales a pagar desde el lunes próximo, ya febrero, tendrán un aumento del 2,85% que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, publicado por el INDEC. Es decir, se sigue aplicando la fórmula de actualización mensual por inflación.

En Santa Fe, el gobierno cerró a diciembre la paritaria con los distintos gremios estatales y en días más empezará la ronda del nuevo año para fijar los aumentos salariales para activos que luego -con demora de dos meses- se aplicarán a los pasivos de cada sector.

En Anses, un 65% de los beneficiarios cobra el haber mínimo y el bono de $ 70.000. Ampliando el grupo para incluir a quienes cobran apenas un poco más que el mínimo (pero siguen recibiendo el bono proporcional para alcanzar el tope de asistencia), el porcentaje sube a casi el 75% u 80% de todo el universo previsional nacional.

Este alto porcentaje de jubilaciones mínimas se explica porque de los casi 6 millones de jubilados nacionales, cerca de 5 millones accedieron al beneficio a través de moratorias previsionales, es decir personas que no tenían los 30 años de aportes completos.

En las cajas provinciales -el caso Santa Fe y otros estados- donde suele haber más variedad de escalas según el sueldo que se tenía en actividad, en el sistema nacional se ha producido el llamado achatamiento de la pirámide.

El efecto del bono de $70.000 (y otros anteriores) que lo perciben los que ganan la mínima, con el tiempo, los que aportaron toda su vida y ganaban un poco más quedaron pegados al monto del que menos aportó. Expertos en el sistema previsional marcan que hoy, casi dos de cada tres jubilados cobren exactamente lo mismo, el mínimo más el bono.

En cambio, en el caso de Santa Fe, el haber mínimo es cobrado por el 2,21% del universo de pasivos. Se trata de 2.231 personas, siendo 1.155 las jubilaciones mínimas y 1.176 las pensiones mínimas.

Volviendo a Anses, el aumento del 2,85% se aplica sobre los haberes del SIPA (jubilados y pensionados del sistema general); la PBU (Prestación Básica Universal); PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor); montos mínimos y máximos de los haberes y las bases imponibles (topes para los aportes de los trabajadores en actividad).

Así el haber mínimo jubilatorio desde febrero será $359.254,35; el máximo de $2.417.441,63; PUAM $287.403,48 y la PBU $164.342,47.

Docentes, administración central y policías marcan los principales sectores del Estado santafesino con beneficios previsionales, de acuerdo al informe de la propia Caja de Jubilaciones de la provincia.

En diciembre, la Caja pagó a 105.597 beneficiarios y desembolsó $164.557.289.081.

En la distribución por sectores, docentes tienen 42.284 beneficiarios (37.959 jubilados y 4326 pensiones). Le sigue la administración central con 22.924 pasivos (17.930 y 4.994) y el podio lo completa la policía con 16.373 (9.965 y 6.408).

El sector con menos pasivos es la Caja de Previsión Social con 118 beneficiarios.

La resolución de Anses, además define los límites sobre los cuales se calculan los aportes y las nuevas jubilaciones.

Bases Imponibles (Aportes): Mínima: $120.996,78 (Sueldo mínimo sobre el que se aportan cargas sociales) y Máxima: $3.932.339,08 (Sueldo tope sobre el cual se retienen aportes).

Para el cálculo del haber inicial para aquellos que se jubilan a partir del 1° de febrero de 2026, los sueldos de los últimos 10 años que se usan para calcular la jubilación se actualizarán mediante un índice específico (aprobado por la Disposición N° 29/2025) para que no pierdan valor frente a la inflación al momento de hacer el cálculo inicial.

EL

En febrero de 2026, los adultos mayores y pensionados del sistema previsional argentino verán un aumento en sus haberes, fruto de la actualización periódica que establece la ANSES en función de la evolución de los precios.

Este ajuste —que responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025— se suma a un refuerzo extraordinario que se mantiene vigente y busca reforzar los ingresos más bajos

La actualización de febrero se traduce en un incremento cercano al 2,8 % sobre los haberes vigentes en enero, lo que impacta en diversas prestaciones previsionales.

La jubilación mínima, es decir, el haber básico que reciben quienes han completado los requisitos para jubilarse, pasa a ubicarse en torno a los $359.000, antes de sumar cualquier complemento.

Además de este ajuste, continúa un bono extraordinario de $70.000, que se acredita junto con el haber mensual.

Esta suma se otorga íntegramente a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), y se aplica proporcionalmente a beneficiarios con ingresos superiores, hasta un tope que iguala el total a cobrar al de la mínima con bono incluido.

Cómo quedan algunos de los principales montos en febrero de 2026:

Jubilación mínima: alrededor de $359.000 en base, más $70.000 de bono, totalizando unos $429.000.

Jubilación máxima: supera los $2,4 millones, aún sin el bono, que no aplica a este tramo.

PUAM: cerca de $287.000 de haber básico, con bono incluido asciende a unos $357.000.

PNC por invalidez o vejez: en torno a los $251.000 de base, alcanzando unos $321.000 con el plus.

Redacción El Litoral

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cómo será y cuándo iniciará el calendario de pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para el primer mes del año 2026.

Las personas pueden consultar el recibo de haberes desde mi ANSES a partir de la fecha de inicio del calendario que a continuación se detalla por grupo, fecha y terminación del número de DNI.

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

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DNI terminados en 9: 22 de enero.

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.

EL

La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales tras la derogación de la anterior fórmula de actualización y la transición al nuevo esquema de movilidad mensual por inflación.

Mediante el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 que se cobrará en enero de 2026. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales tras la derogación de la anterior fórmula de actualización y la transición al nuevo esquema de movilidad mensual por inflación.

El bono será otorgado a:

El beneficio se aplica por titular y alcanza a quienes tengan su prestación vigente al momento de la liquidación. En pensiones con copartícipes, sólo se considera un único titular para el cobro. 

Según la Resolución 381/25, la jubilación mínima en enero será de $349.299,32, lo que implica un aumento respecto al mes anterior; sumado al bono, quienes reciben el haber mínimo podrían percibir ingresos previsionales de $419.299,32 en enero. 

El Gobierno nacional oficializó los aumentos que regirán a partir de diciembre de 2025 para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y para las asignaciones familiares.

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), se dispuso una suba del 2,34%, según la movilidad derivada de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al mes de octubre, como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.

La Resolución 359/2025 establece los valores actualizados de las prestaciones previsionales que comenzarán a pagarse con el calendario de diciembre. En primer lugar, el organismo fijó el haber mínimo garantizado en $340.879,59, mientras que el haber máximo quedó establecido en $2.293.796,92. Ambos montos se actualizan de acuerdo con el mecanismo mensual de movilidad basado en el IPC.

Además, ANSES definió los nuevos valores de la base imponible mínima y máxima, que sirven de referencia para los aportes previsionales. A partir del devengado diciembre, la base mínima será de $114.808,17, y la máxima alcanzará los $3.731.212,01.

Otro punto clave de la resolución es la actualización de los importes correspondientes a prestaciones esenciales del régimen, como la Prestación Básica Universal (PBU), que desde diciembre pasará a ser de $155.936,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), fijada en $272.703,67. Ambos valores también se ajustan utilizando el índice de movilidad mensual.

La normativa aclara, además, que las remuneraciones consideradas para los futuros cálculos de haberes también serán actualizadas mediante los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social, según la Disposición 29/2025. Esto impacta directamente en quienes cesen en la actividad a partir del 30 de noviembre de 2025 o soliciten su beneficio a partir del 1° de diciembre.

En paralelo, mediante la Resolución 361/2025, ANSES también oficializó la actualización de las asignaciones familiares, que alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, del seguro por desempleo, jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

La suba definida es también del 2,34% y se aplicará tanto a los importes de las asignaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, que determinan quiénes están habilitados a cobrarlas. La actualización toma como referencia los valores establecidos en la Resolución 339/2025 del propio organismo.

Entre los puntos centrales del nuevo esquema se destaca que:

Las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no podrán ser inferiores al valor equivalente al 100% de la AUH, en el caso de los trabajadores temporarios o permanentes discontinuos, tal como establece el Decreto 514/21.

La Ayuda Escolar Anual, que se paga en marzo, mantiene su actualización solo una vez al año, según lo dispuesto por el Decreto 63/25.

Las nuevas escalas para monotributistas se definieron según las categorías ajustadas por movilidad, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Asignaciones Familiares.

Se mantiene el criterio de exclusión por ingresos individuales: si una persona del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda automáticamente fuera del régimen de asignaciones, aunque el ingreso total no supere el tope conjunto.

La resolución también señala que, cuando los montos resulten con decimales tras la aplicación del índice de movilidad, ANSES aplicará redondeo hacia el número entero siguiente.

EL

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cambios en el calendario de pagos de diciembre. La reprogramación se debe al feriado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que obligó a desplazar el inicio del cronograma al martes 9.

El último mes del año llega además con un incremento del 2,3% para jubilaciones y pensiones, basado en el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. De esta forma, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 a $340.755,35, mientras que el haber máximo asciende de $2.241.349,35 a $2.293.124,50.

A los incrementos se suman dos pagos extra: el medio aguinaldo y el bono de $70.000 destinado a quienes cobran la mínima. Con ambos refuerzos, el ingreso mínimo para diciembre será de $410.755,35. El organismo anticipó que todos los pagos se realizarán antes de Navidad y seguirán el orden habitual por terminación de DNI, aunque con fechas ajustadas por el feriado.

El calendario se iniciará el martes 9 para quienes perciben haberes mínimos y continuará de manera progresiva con el resto de los jubilados y pensionados. Las prestaciones superiores a la mínima comenzarán a pagarse desde el 17 de diciembre y concluirán el día 23.

Además del impacto en jubilaciones y pensiones, la actualización del 2,3% también alcanza a otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.597,08, y con el bono llegará a $342.597,08. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo reflejarán la suba y quedarán en $238.522,43.

El organismo recordó que el aguinaldo se paga automáticamente junto con el haber mensual y que no es necesario realizar ningún trámite adicional. También aclaró que los depósitos mantendrán su modalidad habitual por banco, cuenta bancaria y fecha asignada.

Para quienes reciben la jubilación mínima, diciembre será uno de los meses más fuertes del año en términos de ingresos: se acreditará el haber actualizado, el aguinaldo y el refuerzo extraordinario. En casos de pensiones no contributivas o múltiples beneficios, los montos también incorporarán las mejoras correspondientes.

Con el cronograma ya confirmado, Anses buscará garantizar que todos los pagos se concreten antes de las celebraciones de fin de año, evitando demoras y reprogramaciones de último momento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las jubilaciones y pensiones nacionales recibirán en diciembre un aumento del 2,34%, correspondiente al índice de inflación de octubre. Además, este mes se liquidan el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo, lo que eleva significativamente los montos finales.

Estos son los valores oficiales que se perciben en el último mes del año:

La segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) se paga en la misma fecha que el haber mensual de diciembre, según la terminación del DNI, tal como lo establecerá el próximo calendario oficial de Anses.

El aumento mensual del 2,34% se aplica solo sobre el haber previsional.Pero el bono de $70.000:

Esto hace que el ajuste real que recibe el jubilado sea inferior al IPC, a pesar de las subas mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles 5 de noviembre los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir de noviembre de 2025 en todo el país.

Los valores actualizados se establecieron mediante la Resolución 338/2025, publicada en el Boletín Oficial, y llevan la firma del titular de la ANSES, Fernando Omar Bearzi. La medida alcanza a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según lo dispuesto oficialmente:

Estos montos se determinaron en función de lo previsto por los artículos 8° y 9° de la Ley 26.417 y el Decreto 274/24, que regulan los ajustes de haberes previsionales en base a la movilidad.

La resolución establece, además, la actualización de las bases imponibles mínima y máxima, que afectan a los trabajadores afiliados al sistema que cesen actividades a partir del 31 de octubre de 2025. Esto impacta en el cálculo de aportes y contribuciones para quienes estén próximos a jubilarse.

En paralelo a esta medida, el Gobierno también otorgará un bono de hasta $70.000 destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM, como parte de un refuerzo económico en un contexto de alta inflación.

La ANSES, (Administración Nacional de la Seguridad Social), comunicó los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

Este mes se da una nueva actualización para los titulares del sistema previsional argentino y de las distintas prestaciones del organismo. En noviembre se aplica una suba del 3,47%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 3,5%.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de noviembre

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

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• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

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• DNI terminados en 8: 21 de noviembre

• DNI terminados en 9: 22 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de noviembre

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

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• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

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• DNI terminados en 6: 19 de noviembre

• DNI terminados en 7: 20 de noviembre

• DNI terminados en 8: 21 de noviembre

• DNI terminados en 9: 22 de noviembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2: 13 de noviembre

• DNI terminados en 3: 14 de noviembre

• DNI terminados en 4: 15 de noviembre

• DNI terminados en 5: 19 de noviembre

• DNI terminados en 6: 20 de noviembre

• DNI terminados en 7: 21 de noviembre

• DNI terminados en 8: 22 de noviembre

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 11 de diciembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de noviembre al 11 de diciembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

EL

Con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, el Gobierno nacional dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta 70 mil pesos, que será abonado durante el mes de noviembre de 2025.

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 771/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El refuerzo económico beneficiará a más de siete millones de personas que perciben haberes previsionales a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo jubilaciones, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más.

Según lo establecido en el decreto, el bono alcanzará el monto máximo de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo jubilatorio. En tanto, los titulares que perciban ingresos superiores a ese valor recibirán un monto variable que les permita alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el bono completo, es decir, una suma total de hasta $70.000 adicionales.

El texto oficial aclara que el beneficio será otorgado por titular y no podrá ser objeto de descuentos ni considerado para otros cálculos o beneficios. Además, en los casos de pensiones con varios copartícipes, el bono se abonará como si se tratara de un único titular.

La ANSES será el organismo encargado de liquidar el bono y de dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, control y recupero en caso de pagos indebidos. Asimismo, la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias para asegurar los fondos destinados a este refuerzo.

El Gobierno justificó la medida señalando que busca compensar los efectos negativos que tuvo la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley N° 27.609, vigente entre 2021 y mediados de 2024. Según el decreto, esa fórmula “no contemplaba la variación de los precios y generó un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y los haberes de los adultos mayores”.

Desde 2024, el Poder Ejecutivo viene otorgando bonos mensuales extraordinarios a los jubilados y pensionados de menores ingresos, como forma de complementar la movilidad previsional. En marzo de ese año, la Casa Rosada modificó el cálculo de actualización de haberes mediante el Decreto 274/2024, que dispuso aumentos mensuales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Con el bono de noviembre, el Gobierno busca “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales”, según el texto oficial. El documento agrega que el otorgamiento del refuerzo “evita que los adultos mayores continúen perdiendo su capacidad de compra” frente a la inflación acumulada.

En los últimos meses, los haberes jubilatorios registraron aumentos automáticos de acuerdo con la evolución del IPC, pero distintos informes de consultoras privadas y defensores de la tercera edad advirtieron que los incrementos no siempre logran empatar la suba de los precios en alimentos, medicamentos y servicios, los rubros que más impactan en el consumo de los jubilados.

El artículo 2° del decreto detalla que el bono alcanzará a los siguientes grupos:

Personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, en virtud de la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores o especiales.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley N° 27.260.

Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables administradas por ANSES.

Para acceder al beneficio, los haberes deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación. El bono, además, tiene carácter no remunerativo y no será computable para ningún otro concepto, lo que significa que no impactará en futuras actualizaciones ni en el cálculo del medio aguinaldo.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que regirán a partir de octubre de 2025. La medida se enmarca en la aplicación de la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, establecida por el Decreto 274/24.

Según la Resolución 317/2025, publicada este jueves 25 de septiembre en el Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $326.298,38. En tanto, el haber máximo vigente se ubicará en $2.195.679,22.

La actualización corresponde a la variación del IPC de agosto, que fue de 1,88%. Este índice es el que determina, mes a mes, la movilidad de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, se fijaron las nuevas bases imponibles para el cálculo de aportes: la mínima será de $109.897,23 y la máxima de $3.571.608,54, aplicables al período devengado en octubre.

El organismo también actualizó los valores de otras prestaciones clave del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) pasará a $149.266,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, será de $261.038,70.

De esta manera, quienes perciban la PUAM —un beneficio destinado a las personas mayores de 65 años que no completaron los aportes necesarios para jubilarse— también recibirán un refuerzo en sus ingresos.

Por otra parte, la ANSES determinó que las remuneraciones de los trabajadores que se jubilen a partir del 1° de octubre, o de quienes continúen en actividad bajo el régimen de compatibilidad, se actualizarán de acuerdo con los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social en agosto.

El actual esquema de movilidad previsional comenzó a aplicarse en julio de 2024. Sustituyó al sistema trimestral y estableció que los haberes deben actualizarse mensualmente según la inflación.

De esta forma, los jubilados y pensionados cuentan con una actualización más frecuente de sus ingresos, aunque los incrementos dependen directamente de la evolución del costo de vida.

En esta oportunidad, el aumento fue de apenas 1,88%, en línea con la variación de precios de agosto, lo que refleja una suba moderada en comparación con meses anteriores.

Con la nueva resolución, los principales valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.298,38

Jubilación máxima: $2.195.679,22

Base imponible mínima: $109.897,23

Base imponible máxima: $3.571.608,54

Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones que regirán durante septiembre de 2025, con una suba del 1,90% en los haberes, correspondiente al ajuste por inflación del mes de julio.

El incremento alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional nacional, y se mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000, que sigue sin modificaciones desde marzo de 2024. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $320.277,18, pero con el bono incluido, el total a cobrar será de $390.277,18.

Los montos actualizados para las diferentes categorías del sistema previsional son:

El bono de $70.000 está destinado a quienes perciben haberes mínimos y se paga automáticamente junto con la jubilación o pensión.

En el caso de jubilados que cobran más que la mínima, el bono se otorga en forma proporcional, con un tope total de ingresos que no puede superar los $390.277,18. De este modo, el refuerzo busca mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema.

Si bien el aumento de septiembre del 1,90% coincide con el índice de inflación de julio informado por el Indec, el bono se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Este retraso en su actualización incide negativamente en el poder de compra, ya que el monto real del refuerzo pierde peso frente al avance de los precios.

Desde el Gobierno sostienen que este esquema garantiza al menos un monto mensual de referencia para quienes tienen los ingresos más bajos. Sin embargo, organizaciones de jubilados y economistas advierten que la falta de movilidad del bono reduce progresivamente su efecto compensador frente a la inflación acumulada.

Para iniciar un trámite jubilatorio ante la Anses, el procedimiento es el siguiente:

En 600 días de gobierno, el gobierno de Javier Milei tuvo que destinar $64,5 billones a afrontar vencimiento de deuda, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El dato refleja el peso que están teniendo los intereses en los pagos que realiza el gobierno nacional para evitar a toda costa un defaul, oi cesacion de pagos. 

Además, el CELAG indicó que el gobierno destinó en ese período "más al pago de intereses (34.8 billones), que a las jubilaciones y pensiones ($25,5 billones).

El ministro de Economía, Luis Caputo, viene explicando que la estrategia de su plan financiero apunta a pagar los vencimientos de intereses y refinanciar el capital de los créditos solicitados por la Argentina durante los últimos gobiernos.

Incluso, Caputo fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019.

En ese período se logró casi inmediatamente salir del default y levantar el cepo cambiario, pero años después Macri y Caputo decidieron pedir un nuevo crédito al Fondo Monetario.

Macri se puso en contacto por primera vez con el FMI para iniciar la gestión de un préstamo el 8 de mayo de 2018. 

Un mes después, el 7 de junio, se anunciaba que el FMI había concedido a la Argentina un crédito stand by por 50.000 mil millones de dólares, el más grande en la historia. 

A través del Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado en el mes de agosto.

La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas y busca reforzar los ingresos de quienes se vieron más afectados por la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei establece que el bono extraordinario será otorgado por única vez en agosto y se destinará a personas titulares de distintas prestaciones previsionales, contributivas y no contributivas, administradas por la ANSES.

La medida alcanza a quienes cobran haberes bajo el régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidas las jubilaciones y pensiones mínimas, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez, pensiones por vejez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables que estén a cargo del Estado nacional.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo principal es compensar el deterioro del poder de compra que sufrieron estos sectores durante el período en que rigió la fórmula de movilidad jubilatoria instaurada por la Ley 27.609.

Esa normativa, que comenzó a aplicarse en marzo de 2021, generó un desfase entre los haberes previsionales y la inflación, afectando principalmente a quienes perciben ingresos más bajos.

Con este bono, se intenta amortiguar los efectos acumulados de esa pérdida y reforzar los ingresos ante el contexto inflacionario.

El monto máximo del bono será de $70.000, pero no todos recibirán la misma suma. Según lo establecido en el decreto, los beneficiarios se dividirán en dos grupos principales:

Titulares con haberes iguales o menores al haber mínimo: Percibirán el bono completo de $70.000.

Titulares con haberes superiores al haber mínimo: Recibirán un monto proporcional que, sumado a su haber, no podrá superar la suma del haber mínimo más $70.000.

Esto significa que, por ejemplo, si una persona cobra $180.000 de jubilación y el haber mínimo es de $200.000, se le otorgará un bono de $90.000 solo si el tope establecido así lo permite. Pero si el tope es de $270.000, se le otorgará un bono de $70.000.

Es importante aclarar que el beneficio se otorga “por titular”. En el caso de las pensiones compartidas entre varios copartícipes, como suele suceder cuando fallece un jubilado y el haber se reparte entre familiares con derecho, el bono será considerado como único y no múltiple.

Además, los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se realiza la liquidación, es decir, en agosto de 2025. De no ser así, no corresponderá su pago.

Otro dato relevante es que el bono tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no formará parte del haber mensual ni será tenido en cuenta para calcular futuros aumentos o el aguinaldo. Además, el monto no estará sujeto a ningún tipo de descuento, embargo ni será computable para ningún otro concepto, incluyendo la obra social.

Este criterio busca que el bono llegue íntegro a los bolsillos de los beneficiarios, sin sufrir recortes por otros compromisos financieros o administrativos.

Por otro lado, la ANSES será el organismo responsable de implementar la medida, incluyendo su liquidación, control y, en caso de ser necesario, la recuperación de percepciones indebidas. Para ello, podrá dictar normas aclaratorias y complementarias.

Desde julio de 2024, los haberes previsionales comenzaron a actualizarse mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, a raíz de un cambio implementado por el Decreto 274/2024.

Esta modificación reemplazó la fórmula anterior, criticada por no contemplar de manera suficiente el efecto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Pese a esa actualización mensual, desde el Gobierno consideran que aún existe un rezago que debe ser atendido, especialmente en los casos de quienes cobran los haberes más bajos. Por eso, se viene otorgando una serie de bonos previsionales desde enero de 2024, y esta nueva ayuda de agosto se inscribe en esa misma lógica.

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La actualización es de 1,62% en línea con la inflación de junio. No hay actualización del bANSES formalizó los aumentos de jubilaciones y pensiones para agosto que será de 1,62% en línea con la inflación de junio.

De esta forma el haber jubilatorio mínimo ascenderá a $ 314.305,37, más el bono de $ 70.000, lo que deja un total de $ 384.305,37.

En tanto, la jubilación máxima se fijó en: $ 2.114.977,60.

El valor de las prestaciones es el siguiente:

La reforma del sistema jubilatorio que el Senado convirtió en ley el jueves por la tarde trajo una consecuencia negativa impensada ya que puso una traba importante en el financiamiento para las pymes.

Aunque suene extraño, se produjo el link entre dos cuestiones tan alejadas como las jubilaciones y el crédito a las pequeñas empresas: en la búsqueda de fondos que compensen el aumento a los haberes, en su artículo 10 el proyecto elimina las exenciones impositivas para los aportantes a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), las entidades que avalan 1 de cada 3 préstamos pymes en la Argentina.

La alarma que se encendió en el sector pyme obedece a que sin ese beneficio, corre grave riesgo un sistema crediticio que funciona hace 30 años para darle garantías a las empresas que carecen de ellas y las precisan para financiarse en los bancos.

Según datos de la CASFOG (Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía), el costo fiscal para el estado nacional por las exenciones impositivas del sistema de las SGR es de USD 136 millones al año, lo que representa apenas el 0,02% del PBI, un monto ínfimo para afrontar el aumento jubilatorio y que a la vez “muestra una notable eficiencia fiscal frente a los beneficios económicos y productivos que genera”, según señala el secretario de la Cámara, Ignacio Pérez Riba.

El ejecutivo aseguró que siempre que se revisa el gasto público queda claro que el costo fiscal que puedan tener el sistema SGR queda compensado en exceso con el movimiento crediticio posterior. “El sistema genera una fuerte externalidad positiva en términos de recaudación: las pymes financiadas tributan IVA, Ganancias, aportes y contribuciones, lo que más que compensa lo que el estado deja de recaudar”, explicó Pérez Riba.

“Sabemos que este Gobierno está en contra de otorgar beneficios sectoriales y apunta a dar soluciones al conjunto de la economía. Y el sistema de las SGR es trasversal, porque que las pymes accedan al crédito a un costo más bajo beneficia a todos”, apuntó.

¿Cómo funcionan las SGR, que financian un stock de 3.800 billones de pesos en créditos para 100.000 pymes? Es un sistema que vincula a inversores (socios protectores) que aportan su capital de riesgo para avalar los préstamos de pequeñas y medianas empresas (socios partícipes). Las SGR hacen la evaluación del riesgo crediticio para que esos capitales sirvan de garantía a las pymes que toman créditos créditos bancarios u operan con cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, ON pyme y otros instrumentos.

El proyecto aprobado por el Senado golpea en el punto de origen del mecanismo. “Si se le quitan la exenciones impositivas a los fondos de riesgo que solventan el sistema, esos capitales se van. Y sin inversores, no hay sistema”, señaló Rafael Galante, presidente de Crecer SGR.

“Hay una idea de que el sistema de las SGR no paga impuestos y no es real. Las únicas exenciones son las del impuesto a las Ganancias para el socio protector, que sí paga por los intereses que gana, y la del IVA para las cuotas que pagan las pymes. El resto de la operación paga todos los impuestos, sin ninguna rebaja, desde hace 30 años”, señaló Galante.

Descontadas esas excepciones, las SGR pagan “los mismos impuestos que cualquier empresa”, tales como Impuesto a las Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y cargas sociales, entre otros.

Frente al argumento habitual del Gobierno de Javier Milei frente al Congreso, “si quieren que gaste, decidan de dónde saldrán los recursos”, en la cámara de Diputados se incorporó a los socios protectores de las SGR para que resignen su beneficio impositivo.

La idea atravesó el debate en Diputados y también la particular sesión del Senado. Y como toda idea que genera alarma, hoy no tiene dueño. Nadie explica con certeza cuál es el beneficio de haber mezclado a las SGR en esta ley. Y mucho menos quién fue el legislador que lo sumó al proyecto.

En la Cámara que agrupa a las SGR cuentan con asombro que en reuniones privadas ni el PRO, ni la UCR, ni el peronismo en todas sus variantes apoyan la decisión. Mucho menos el oficialismo. El propio ministro de Economía Luis Caputo se sumó a la crítica en un posteo de la red social X. “Los ‘nacionales y populares’ están destrozando el financiamiento a las pymes y a la producción nacional”, ironizó Caputo.

Los números del sistema SGR señalan que el 35% del préstamo pyme cuenta con sus garantías, con marcas puntuales como la de servir de aval para el 40% de la emisión de cheques de pago diferido que se negocian en el mercado de capitales. Las 100.000 pymes que asisten exportan USD 1.500 millones al año y emplean a más de 500.000 trabajadores.

En la Argentina funcionan cerca de 50 SGR pero el 80% del mercado se concentra en un puñado de organizaciones. Garantizar SGR, vinculada al Banco Nación, tiene un claro liderazgo en el mercado. En el pelotón de las principales, además de la ya mencionada Crecer SGR, también aparecen Acindar Pyme, Argenpymes (Allaria), Fintech SGR (Banco Macro) y Bind Garantías (Banco Industrial), entre otras.

Más allá de la suerte que corra el proyecto de reforma jubilatoria, que en breve será vetado por el Poder Ejecutivo y, seguramente, será reimpulsado por la oposición en el Congreso, las SGR preparan la pelea parlamentaria para volver atrás con el mecanismo tributario que les permite fortalecer el financimiento pyme.

infobae

En medio del debate por el ajuste a los haberes previsionales, las jubilaciones de privilegio de ex presidentes y vicepresidentes siguen generando polémica. En total, el Estado destinó en diciembre último $126,7 millones netos para pagar 11 de estas asignaciones vitalicias, una cifra que equivale a 385 jubilaciones mínimas con bono incluido.

Según supo Noticias Argentinas a partir de datos de la ANSES a los que accedió Clarín, el caso del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá es uno de los más emblemáticos: por su mandato de apenas siete días en 2001, en diciembre percibió un haber de $15,1 millones. El listado de los que más cobran lo encabeza Mauricio Macri, con $15,7 millones netos en el mismo período.

La lista de los haberes más altos la completan las pensiones de las ex primeras damas Zulema Yoma ($13,1 millones) y Bety Andrés ($12,6 millones), seguidas por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, quien cobró $11,7 millones, cifra similar a la que figura en la infografía de Clarín que acompaña el informe.

El dato que expone la profunda inequidad del sistema es la evolución de los montos: entre mayo y diciembre de 2024, la masa total de estas jubilaciones de privilegio aumentó un 104% en términos reales. En el mismo período, los haberes mínimos (con bono) solo lo hicieron en un 29%.

Este selecto grupo de 11 beneficiarios se redujo recientemente. La ANSES le quitó el beneficio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (tras la confirmación de su condena en la causa "Vialidad") y al ex vicepresidente Amado Boudou (condenado por el caso Ciccone). El último haber de la ex mandataria, sumando su jubilación y pensión, ascendía a $21,8 millones.

El debate político sobre estos regímenes especiales sigue vigente. Mientras la Cámara de Diputados rechazó eliminar las jubilaciones de privilegio para futuros mandatarios, el presidente Javier Milei presentó formalmente su renuncia a cobrar este beneficio en el futuro.

NA

Apenas 1.235.318 jubilados perciben más de dos jubilaciones mínimas en la Argentina, según datos oficiales del SIPA de septiembre de 2024. Esa cifra representa alrededor del 17% del total de beneficiarios previsionales, que suman 7.379.478.

El dato cobra relevancia luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el haber promedio para quienes aportaron supera los $900.000. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los jubilados no alcanza siquiera ese umbral.

Caputo aseguró que la jubilación promedio es de $900.000 y que un buen porcentaje supera el millón de pesos

En detalle:

Las cifras surgen de la base del SIPA y contradicen la idea de que la mayoría de los jubilados tienen haberes cercanos al millón de pesos, como sugirió Caputo esta semana en una entrevista con LN+.

Según supo Noticias Argentinas, el promedio general de haberes jubilatorios en el sistema —considerando quienes se jubilaron con y sin moratoria— rondaba los $642.000 para hombres y $588.000 para mujeres, incluyendo los ajustes por inflación hasta mayo.

Las cifras confirman que la mayoría de los beneficiarios depende de los bonos extraordinarios para complementar sus ingresos, dado que más de 6 millones (84%) cobran menos del doble de la mínima.