En un contexto marcado por la persistencia de la inflación y el impacto que este fenómeno tiene sobre los ingresos fijos, el Gobierno nacional oficializó un nuevo refuerzo económico destinado a jubilados y pensionados.

A través del Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta 70.000 pesos, que será abonado durante el mes de febrero de 2026 a los beneficiarios del sistema previsional que cumplan con los requisitos establecidos.

La decisión se fundamenta en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores, especialmente de aquellos que perciben los haberes más bajos, y se inscribe en una serie de medidas compensatorias adoptadas desde comienzos de 2024 frente a los efectos negativos generados por la fórmula de movilidad jubilatoria anterior.

Según detalla el decreto, el bono será otorgado por titular y alcanzará a un amplio universo de beneficiarios que perciben prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Entre ellos se encuentran las personas titulares de jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241, tanto del régimen general como de regímenes especiales ya derogados, así como también aquellos beneficios provenientes de ex cajas provinciales o municipales que fueron transferidas al sistema nacional.

La medida también incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por la Ley 27.260, y a quienes perciben pensiones no contributivas, ya sea por vejez, invalidez, para madres de siete hijos o más, además de otras pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Desde el Ejecutivo se aclaró que, para acceder al bono, los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mes en que se realice la liquidación, es decir, febrero de 2026. Además, en los casos de pensiones con más de un copartícipe, estas serán consideradas como un único titular a los fines del cobro del refuerzo.

El Decreto 65/2026 establece que el monto máximo del bono será de $70.000, aunque el importe final a percibir dependerá de los ingresos previsionales totales de cada beneficiario.

Para quienes cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, el bono se pagará en su totalidad. En cambio, aquellos cuyos haberes superen el mínimo recibirán un monto variable, equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de haber mínimo más bono máximo.

De este modo, el refuerzo se otorga de manera decreciente, con el objetivo de priorizar a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

El decreto remarca, además, que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto, por lo que no afectará otros beneficios ni cálculos previsionales futuros.

En los considerandos de la norma, el Gobierno recuerda que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue concebido para garantizar cobertura frente a las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento, y que la movilidad jubilatoria debe preservar el poder adquisitivo de las prestaciones.

En ese sentido, se señala que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, aplicada desde marzo de 2021, presentó “graves y serios inconvenientes”, ya que no contemplaba adecuadamente la variación de los precios y generaba un desfase entre la evolución de la inflación y la actualización de los haberes.

Esta situación afectó especialmente a los jubilados y pensionados de menores ingresos, quienes vieron deteriorarse con mayor fuerza su capacidad de compra.

Como respuesta a ese escenario, en 2024 se modificó el esquema de movilidad mediante el Decreto 274/24, que dispuso la actualización mensual de los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Sin embargo, el Ejecutivo consideró necesario sumar un refuerzo adicional para compensar los efectos acumulados de la normativa anterior, particularmente en el inicio de 2026.

El bono extraordinario se suma a otros refuerzos previsionales otorgados de manera mensual entre enero de 2024 y enero de 2026, y busca amortiguar el impacto de la inflación sobre un sector especialmente vulnerable de la población.

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El Banco Nación presentó una nueva línea de créditos pensada para jubilados y pensionados de la ANSES, con un monto máximo de hasta $50 millones y plazos que varían de acuerdo al banco en el que cobran sus haberes. El objetivo de la medida es fomentar la eficiencia energética y facilitar el acceso a bienes y servicios mediante financiación accesible.

El crédito se otorga a sola firma, aunque está sujeto a la evaluación crediticia de la entidad. Una vez aprobado, se procede a la acreditación de los fondos.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta 70 mil pesos que será abonado en el mes de septiembre, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a la inflación.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y alcanza a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas y graciables.

El bono será liquidado por titular y será de hasta $70.000 para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de forma tal que la suma total no supere el haber mínimo más el monto del bono.

Según el texto del decreto, el beneficio busca mitigar el efecto negativo que tuvo la fórmula de movilidad jubilatoria vigente entre 2021 y julio de 2024, que no contemplaba la evolución de los precios y provocó un "gran desfasaje" entre los haberes y la inflación, especialmente entre los jubilados de menores ingresos.

La nueva fórmula de movilidad, en vigor desde julio último, actualiza los haberes mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores con ingresos más bajos mediante el pago de bonos complementarios.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará un único titular a los efectos del beneficio.

La ANSES será la encargada de implementar el pago, adoptar las medidas complementarias y realizar los controles correspondientes, según lo establece el decreto.

A través del Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado en el mes de agosto.

La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas y busca reforzar los ingresos de quienes se vieron más afectados por la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei establece que el bono extraordinario será otorgado por única vez en agosto y se destinará a personas titulares de distintas prestaciones previsionales, contributivas y no contributivas, administradas por la ANSES.

La medida alcanza a quienes cobran haberes bajo el régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidas las jubilaciones y pensiones mínimas, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez, pensiones por vejez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables que estén a cargo del Estado nacional.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo principal es compensar el deterioro del poder de compra que sufrieron estos sectores durante el período en que rigió la fórmula de movilidad jubilatoria instaurada por la Ley 27.609.

Esa normativa, que comenzó a aplicarse en marzo de 2021, generó un desfase entre los haberes previsionales y la inflación, afectando principalmente a quienes perciben ingresos más bajos.

Con este bono, se intenta amortiguar los efectos acumulados de esa pérdida y reforzar los ingresos ante el contexto inflacionario.

El monto máximo del bono será de $70.000, pero no todos recibirán la misma suma. Según lo establecido en el decreto, los beneficiarios se dividirán en dos grupos principales:

Titulares con haberes iguales o menores al haber mínimo: Percibirán el bono completo de $70.000.

Titulares con haberes superiores al haber mínimo: Recibirán un monto proporcional que, sumado a su haber, no podrá superar la suma del haber mínimo más $70.000.

Esto significa que, por ejemplo, si una persona cobra $180.000 de jubilación y el haber mínimo es de $200.000, se le otorgará un bono de $90.000 solo si el tope establecido así lo permite. Pero si el tope es de $270.000, se le otorgará un bono de $70.000.

Es importante aclarar que el beneficio se otorga “por titular”. En el caso de las pensiones compartidas entre varios copartícipes, como suele suceder cuando fallece un jubilado y el haber se reparte entre familiares con derecho, el bono será considerado como único y no múltiple.

Además, los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se realiza la liquidación, es decir, en agosto de 2025. De no ser así, no corresponderá su pago.

Otro dato relevante es que el bono tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no formará parte del haber mensual ni será tenido en cuenta para calcular futuros aumentos o el aguinaldo. Además, el monto no estará sujeto a ningún tipo de descuento, embargo ni será computable para ningún otro concepto, incluyendo la obra social.

Este criterio busca que el bono llegue íntegro a los bolsillos de los beneficiarios, sin sufrir recortes por otros compromisos financieros o administrativos.

Por otro lado, la ANSES será el organismo responsable de implementar la medida, incluyendo su liquidación, control y, en caso de ser necesario, la recuperación de percepciones indebidas. Para ello, podrá dictar normas aclaratorias y complementarias.

Desde julio de 2024, los haberes previsionales comenzaron a actualizarse mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, a raíz de un cambio implementado por el Decreto 274/2024.

Esta modificación reemplazó la fórmula anterior, criticada por no contemplar de manera suficiente el efecto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Pese a esa actualización mensual, desde el Gobierno consideran que aún existe un rezago que debe ser atendido, especialmente en los casos de quienes cobran los haberes más bajos. Por eso, se viene otorgando una serie de bonos previsionales desde enero de 2024, y esta nueva ayuda de agosto se inscribe en esa misma lógica.

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los detalles de la compensación que recibirán en la compra de medicamentos los jubilados provinciales, disposición que fue anunciada la semana pasada y que establece que los jubilados y pensionados provinciales no gastarán más del 5 % de sus ingresos en medicamentos.Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, el ministro de Economía, Pablo Olivares, se refirió a los alcances y aplicación de esta medida “de garantizar que el gasto en medicamentos de los jubilados y pensionados afiliados a Iapos (que perciban un ingreso de hasta $ 2,5 millones) no va a exceder el 5% de sus ingresos mensuales”, y agregó que esto alcanza a quienes “pertenecen a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y a los que están afiliados a otras cajas municipales y que son también afiliados de Iapos”.

El funcionario justificó la decisión de otorgar el beneficio a este sector debido a que “tienen una necesidad de consumo de medicamentos más alta que la media poblacional, y eso es una problemática que le lleva una parte importante de sus ingresos”. Asimismo, agregó que este beneficio “es de determinación y de cálculo automático: el afiliado no tiene que hacer ningún trámite”. Esto es posible ya que Iapos puede determinar a quiénes le corresponde el beneficio y qué monto reintegrar cada mes gracias al cruce de información disponible. Así, cuando los gastos de medicamentos superen el 5 % de los ingresos, los jubilados recibirán automáticamente en su CBU un reintegro a través de Iapos por ese gasto superior, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones.

Olivares  explicó que “el objetivo no es que las eficiencias queden en la caja de Iapos y mucho menos dentro de una cuenta de la provincia, por el contrario: el objetivo es permitir mejores servicios e incrementar las prestaciones. Esa es la diferencia que siempre venimos planteando entre la eficiencia y el ajuste: el ajuste es reducir los montos de gasto pero quitando prestaciones; y la eficiencia es mantener las prestaciones o incrementarlas, pero haciendo un uso más racional de los recursos”.

En ese sentido, Olivares recordó que “a esta misma altura el año pasado nos encontrábamos con cortes de servicio de distintos prestadores, eso se ha ido solucionando, se ha ido dando previsibilidad en un año muy complejo como 2024. Esas eficiencias nos permiten mejorar algunas prestaciones, y a partir de allí la prioridad del gobierno es que puedan volcarse a nuestros adultos mayores”. Al respecto, mencionó que “esto tiene un impacto de aproximadamente unos 120 o 130 millones de pesos por mes, en tanto que el Iapos tiene un presupuesto mensual de 40.000 millones de pesos”.

Olivares indicó que el cruce de datos (entre el consumo de medicamentos y los ingresos de los afiliados) comenzó el 1 de marzo, y “vamos a esperar que finalice abril para hacer el procesamiento”, por lo que durante mayo comenzarán a realizarse los primeros reintegros. 

“Esto también va a ir por un proceso de acumulación, porque el consumo de medicamentos no se da de una forma regular a lo largo del año: en algún mes recae el consumo, en otros es muy alto, y hay meses que prácticamente es nulo, por lo cual se va a hacer el cómputo anual de consumo acumulado de cada jubilado y el ingreso acumulado. Tomamos el 1 de marzo para empezar a ver esa acumulación, con lo cual a partir de abril vamos a tener los datos de dos meses”. A partir de ahí, “cuando supere el 5 % de su ingreso, se le va a ir acreditando esa diferencia”. 

Este martes 25 de julio entra en vigencia la Ley 27.721 que elimina ese requisito para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales.

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Millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que debían realizar el trámite de fe de vida para poder cobrar sus haberes mensuales ya no tendrán que hacerlo, gracias a la ley 27.721 que fue aprobada en Cámara de Diputados.

“Los bancos que pagan jubilaciones y pensiones que aún no habían dejado de solicitar este trámite, deberán gestionar formas alternativas de verificación como por ejemplo la compra con tarjetas de débito o crédito”, explicó la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta.

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De esta manera, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones.

Fuente: SFC