Este martes comenzará en Brasil el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en un boliche de Río de Janeiro.

La causa se tramita en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, donde en la primera audiencia se prevé que la fiscalía y la querella expongan sus conclusiones.

Páez se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria, imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en la legislación brasileña contempla una pena máxima de 15 años de cárcel y no es excarcelable.

Según la versión de la imputada, el episodio se originó a partir de una discusión por una cuenta mal cobrada mientras se encontraba de vacaciones con amigas.

Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia luego de que se difundiera un video donde se registran los gestos discriminatorios, material que fue incorporado como prueba clave en la causa judicial.

En las últimas horas, la joven —oriunda de Santiago del Estero— publicó un video en sus redes sociales donde calificó lo ocurrido como “una reacción muy grave” y expresó un pedido de disculpas público.

Explicó además que no había realizado esa manifestación antes por recomendación de su defensa anterior.

El proceso judicial continuará en los próximos días, donde se definirá la responsabilidad penal de la acusada en un caso que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina.

El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió este jueves, por unanimidad, admitir los pedidos de juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes durante años estuvieron al frente de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La resolución fue celebrada por Marcelo Macarrón, viudo de la víctima, quien afirmó: “Es una gran noticia”, al conocerse que los funcionarios judiciales enfrentarán un proceso que podría derivar en su destitución.

El jurado está integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, además de la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti. La decisión se demoró desde el martes pasado hasta este jueves, cuando finalmente se emitió el fallo.

La presentación fue realizada en abril por los abogados del viudo y de sus hijos ante la Legislatura unicameral. Sostienen que los fiscales, pese a contar con elementos suficientes para sospechar de Roberto Bárzola —parquetero que trabajaba en la vivienda y cuyo ADN apareció en la bata de la víctima—, “lo dejaron totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse contra la familia”.

El escrito también les atribuye violencia institucional, negligencia en la producción de pruebas y haber puesto “en riesgo” la posibilidad de que Bárzola fuera juzgado. El parquetero fue sobreseído hace 45 días por prescripción, según resolvió la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2ª Nominación de Río Cuarto.

La familia también cuestiona que los fiscales no ordenaran peritajes genéticos clave sobre Bárzola, pese a los indicios señalados.

Primer fiscal del caso, intervino entre 2006 y 2015. Durante su gestión llegó a tener tres imputados simultáneos:

Al dejar el expediente, Di Santo defendió su actuación y explicó que se apartaba para garantizar la “transparencia” luego de que su imparcialidad fuera cuestionada.

Tomó la causa en 2016 e imputó al viudo basándose en las mismas pruebas genéticas previas. Sostenía que, descartado el hijo, el foco debía estar en el marido. Renunció un año después, tras un pedido de apartamiento. Antes afirmó: “La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen”.

En 2018 agravó la acusación contra Macarrón y sostuvo que podría haber actuado como instigador del crimen. En 2019 elevó la causa a juicio imputándolo por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria.

En julio de 2022, un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. Durante el debate, el fiscal de Cámara Julio Rivero reconoció la falta de pruebas para sostener la acusación.

El fallo declaró a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género, pero casi dos décadas después, el femicidio continúa sin responsable.

Con la admisión del juicio político, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro deberán enfrentar ahora un proceso que revisará su desempeño y que podría derivar en sanciones disciplinarias o en su destitución.

A más de dos años del femicidio que conmocionó al país, la Justicia de Chaco ordenó avanzar con la inscripción formal del fallecimiento de Cecilia Strzyzowski, asesinada en junio de 2023. El procedimiento se activó tras el veredicto del jurado popular que declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como responsables del crimen.

La medida permitirá que su madre, Gloria Romero, reciba las cenizas halladas en el Río Tragadero, restos que resultaron esenciales para reconstruir la secuencia del femicidio y arribar a las condenas.

En conferencia de prensa, el procurador general Jorge Canteros destacó la trascendencia del fallo: “Es la primera vez que hay una condena en un juicio por jurados sin cuerpo y sin certificado de defunción previo”. Agregó que la decisión judicial constituye “un reconocimiento a su familia, que atravesó una pérdida irreparable”.

El próximo paso será la audiencia de cesura, prevista para el 26 de noviembre a las 9, donde la jueza Dolly Roxana Fernández establecerá las penas. El fiscal Juan Martín Bogado adelantó que solicitará que “se disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio”, procedimiento previsto en la legislación para casos donde el cuerpo no fue hallado, pero existen pruebas fehacientes del crimen.

La inscripción oficial marcará un punto simbólico y jurídico para la familia, que durante más de dos años impulsó la búsqueda de justicia, incluida la preservación de los restos incinerados que se convirtieron en evidencia clave.

Canteros enfatizó el impacto probatorio de los hallazgos: “Nos dijeron que sin certificado y sin cuerpo no iba a haber sentencia, pero el cuerpo de Cecilia habló”. Describió cómo las cenizas permitieron establecer los lugares del descarte, mientras que otros indicios –como el hallazgo del dije de la joven, las bolsas donde fue trasladada y su valija quemada– completaron la reconstrucción del recorrido criminal.

Según la investigación, Cecilia ingresó con vida a la casa de los Sena y fue retirada envuelta en una frazada, cargada en una camioneta y luego trasladada hacia la zona del Río Tragadero, donde finalmente se descartaron sus restos.

Para la fiscalía, el avance judicial representa un alivio en medio del dolor. “Este trabajo será un pequeño bálsamo para los familiares de Cecilia”, expresó la fiscal Adriana Fonteina, quien envió “un abrazo sincero a la madre, la abuela, la hermana y a todas las familias de víctimas que se ven reflejadas en este fallo histórico”.

El fiscal Bogado confirmó que hablarán con Gloria Romero para conocer su voluntad respecto al destino de las cenizas: “Es imposible no movilizarse ante un hecho tan aberrante. Haber logrado que Cecilia descanse en paz nos moviliza profundamente”.

El sábado 15 de noviembre, el jurado popular declaró culpable a César Sena por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Sus padres fueron considerados partícipes primarios del mismo delito.

En cuanto al resto de los acusados, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado, Gustavo Melgarejo por encubrimiento leve, mientras que Griselda Reynoso resultó sobreseída.

La audiencia del 26 de noviembre definirá las penas y podría cerrar uno de los capítulos judiciales más dolorosos y resonantes de los últimos años en Argentina.

Este lunes continúa en Chaco el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, con la declaración de una antropóloga forense y varios testigos presentados por las defensas de los acusados. El proceso, que tiene como principales imputados al Clan Sena y a sus presuntos encubridores, atraviesa sus instancias finales tras meses de audiencias.

Durante la jornada, declara ante el tribunal y el jurado popular Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, quien fue convocada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) y las querellas. Ginarte había viajado a Resistencia en los primeros días de la investigación para colaborar en el análisis de los restos hallados, y su testimonio se considera clave dentro del expediente.

Una vez concluida su intervención, será el turno de los testigos ofrecidos por las defensas de los imputados Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Según informó Diario Norte, por parte del matrimonio declararán Anabella Obregón y Rosana Lemos, mientras que la defensa de Melgarejo presentó a Daniel Bied, Daniel Pierdominici, Espósito, Carlos Plaquin, Rodolfo Ríos y Germán Britez.

Con estas declaraciones, el juicio avanza hacia su tramo final, en el que se espera la presentación de los alegatos antes del veredicto.

El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó hoy la vigilancia policial en el área externa de la casa donde cumple prisión domiciliaria el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por riesgo de fuga, unos días de que comience la parte final del juicio por intento de golpe de Estado que puede condenarlo hasta a 40 años de cárcel.

La decisión fue determinada por el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, con base a un informe de la Fiscalía General y de la policía penitenciaria de la ciudad de Brasilia que señaló "puntos ciegos" en el perímetro de la residencia de Bolsonaro, quien vive en un condominio cerrado.

El magistrado también autorizó inspecciones a todos los vehículos que salgan del domicilio del exmandatario, quien además de estar en prisión domiciliaria se encuentra con tobillera electrónica.

En un documento, el fiscal general Paulo Gonet mencionó que las investigaciones recientes demostraron la cercanía del expresidente con "líderes extranjeros" debido a que en una redada se le encontró en el archivo de un teléfono móvil a Bolsonaro un documento pidiendo asilo en la vecina Argentina supuestamente para evitar se juzgado.

Bolsonaro fue ubicado este mes en prisión domiciliaria ya que Moraes consideró que había riesgo de fuga hacia una embajada extranjera, en el marco del cabildeo realizado por su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado que se radicó en Estados Unidos para solicitar al Gobierno de Donald Trump sanciones económicas y políticas contra Brasil para defender a su padre.

En una carta, Trump dijo que aplicó un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños en oposición al juicio que se le sigue por golpismo a Bolsonaro, argumento que Brasil consideró un "chantaje" y un "ataque a la soberanía" del país sudamericano para tomar sus decisiones en el sistema de justicia interno.

Además, aplicó sanciones financieras y el cese de la visa para ingresar a Estados Unidos a varios magistrados de la corte y funcionarios del gobierno.

Bolsonaro está acusado de planificar un golpe de Estado con parte de su gabinete en 2022, luego de haber perdido las elecciones generales ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proceso en el cual es clave la función de un 'arrepentido' como su secretario privado, coronel Mauro Cid, además del testimonio de militares que citaron la existencia de la planificación.

En el plan se preveía, también, que fuerzas especiales del Ejército maten por envenenamiento a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y en una emboscada en la calle al juez Moraes.

A partir del próximo martes 2 de septiembre y hasta el día 12 serán juzgados los primeros ocho acusados de más de una treintena en esta megacausa.

Además de Bolsonaro, será juzgado Cid, el detenido exministro de Defensa y excandidato a vicepreisente en 2022 Walter Braga Netto, general retirado del Ejército; el policía, diputado y exjefe de los servicios de inteligencia Alexandre Ramagen; el exjefe de la Marina almirante Almir Garnier; y el exministro de Justicia Anderson Torres.

También dos figuras clave del círculo más cercano del gobierno de Bolsonaro como el general del Ejército y exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general retirado Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional.

NA

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó este viernes que el cantante Nicolás Mattioli, hijo del recordado Leo Mattioli, deberá ir a juicio acusado por la muerte de Claudia Laura Decurgez, una ciclista atropellada en septiembre de 2024 en la ciudad de Santo Tomé.

La jueza Martha Feijoó desestimó el recurso presentado por la defensa del artista y ratificó el rechazo de la probation que había dictado en mayo la magistrada de primera instancia, Celeste Minniti.

El cantante había ofrecido dos años de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y el pago de 10 millones de pesos como reparación económica. Sin embargo, la jueza entendió que la propuesta era “exigua” y no se correspondía con la gravedad del hecho.

“El monto ofrecido no refleja un esfuerzo por alcanzar una solución razonable, las tareas comunitarias no están garantizadas y la inhabilitación propuesta vulnera el mínimo legal establecido”, sostuvo Feijoó.

La fiscal Rosana Marcolín y los abogados querellantes, en representación de la familia de la víctima, habían insistido en la necesidad de un juicio oral y público.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2024, cuando Mattioli atropelló con su camioneta Ford Ranger a Decurgez, quien circulaba en bicicleta por avenida Richieri. La mujer falleció tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.

Un peritaje determinó que el cantante conducía a 53,31 km/h, velocidad permitida según la norma local, pero en condiciones de visión monocular (no ve del ojo derecho), lo que pudo haber influido en el accidente. Los análisis de alcoholemia y narcolemia dieron negativo.

El bloque acusador pedirá en el juicio una condena de 4 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 10 años para conducir. El delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor prevé penas de entre 2 y 5 años de cárcel.

Con esta resolución, el proceso continuará rumbo al debate oral y público, en el que se definirán las responsabilidades penales de Mattioli.

Camila Mayan dejó sus estudios y oportunidades profesionales para acompañar al futbolista Alexis Mac Allister durante cinco años en Brighton, Inglaterra. Desde allí, la pareja vivió un vínculo que la influencer describe como un apoyo pleno a su carrera deportiva —una trayectoria que incluyó su consagración en la Premier League y la Copa del Mundo de Qatar 2022

Al separarse en 2022, Mayan perdió respaldo económico y laboral, y presentó una demanda en Argentina amparada en el artículo 525 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho a una compensación tras una convivencia prolongada en la que uno de los integrantes queda en desventaja

Primera instancia: La jueza declaró falta de competencia judicial en Argentina, pero permitió avanzar en la producción de pruebas

Cámara de Apelaciones: Ratificó ese fallo por mayoría, aunque un juez consideró que debía tramitarse localmente al involucrar a ciudadanos argentinos

Con estos antecedentes, Mayan y su abogado, Ignacio Trimarco, presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No solo buscan una resolución favorable, sino un fallo "ejemplar" que siente jurisprudencia para futuros casos de parejas no casadas que conviven en el exterior

En caso de ser rechazado, aún queda la vía de la queja —una instancia que requiere un depósito de 900.000 pesos, aunque podría eximírsele demostrando que convivió al menos dos años fuera del país

Lejos de dar marcha atrás, la influencer afirma con firmeza:

“Estoy peleando por lo que es mío… nunca pedí nada ni traté de asegurarme algo cuando podría haberlo hecho” 

También deja entrever que la decisión podría estar influenciada por contactos dentro del ámbito judicial, aunque admite no tener evidencia clara.

Este litigio trasciende a la pareja: pone en debate los derechos de ciudadanos argentinos que acompañan a sus parejas al externo y se despojan de su propio desarrollo a cambio de apoyo. Un fallo favorable podría abrir el camino a la aplicación del artículo 525 en contextos similares, estableciendo un antes y un después en la legislación argentina

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro declaró este jueves la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La decisión fue tomada tras un escándalo protagonizado por una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, quien fue grabada participando activamente en un documental titulado Justicia Divina, centrado en el proceso judicial, sin autorización ni conocimiento de las partes involucradas.

La participación de Makintach fue considerada una grave falta ética que comprometió la imparcialidad del juicio. Según se informó, la jueza no solo intervino en entrevistas, sino que también mantuvo intercambios con testigos y abogados durante los cuartos intermedios del juicio, lo que generó tensión y reclamos dentro del tribunal.

Ante la gravedad de los hechos, la Corte Suprmea de Justicia de la provincia de Buenos Aires decidió suspender a Makintach por 90 días mientras se la investiga. La situación generó conmoción en la sala, especialmente entre los familiares de Maradona, que presenciaban el proceso.

Como consecuencia directa de la nulidad, el juicio deberá reiniciarse desde cero. Esto implica la designación de un nuevo tribunal, la reprogramación de las audiencias y la repetición de todas las instancias procesales previas.

Los siete imputados –entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov– estaban siendo juzgados por “homicidio con dolo eventual” debido a presunta negligencia grave en la atención médica domiciliaria que recibió Maradona antes de su muerte en noviembre de 2020. Las penas posibles van de 8 a 25 años de prisión.

La caída del juicio reavivó las críticas al funcionamiento del Poder Judicial argentino, al quedar uno de los procesos más relevantes y mediáticos del país paralizado por un escándalo interno. Mientras tanto, la familia de Maradona y la sociedad siguen esperando justicia.

Antes de la nulidad, el juicio ya venía mostrando señales de desgaste institucional y dilaciones procesales. Había comenzado en abril con retrasos en las audiencias, cambios de horarios y cuestionamientos cruzados entre las partes. El escándalo con la jueza Makintach terminó por dinamitar lo poco que se había avanzado.

Mientras los abogados defensores destacaron la importancia de preservar la imparcialidad del tribunal, los representantes de la familia Maradona expresaron su frustración por la dilación del proceso. “Es un nuevo golpe para nosotros. Lo único que queremos es que se juzgue con seriedad cómo murió Diego”, señaló uno de los allegados al ídolo.

El número 4 del Ranking ATP fue denunciado en 2020 y las audiencias comenzarán este viernes, pero no estará presente ya que jugará el Abierto francés.

Este lunes Alexander Zverev, número 4 del Ranking ATP, eliminó a Rafael Nadal en el Abierto de Francia, más conocido como Roland Garros.

Este torneo se da en un contexto delicado para el alemán, ya que cuatro días más tarde comenzará el juicio por supuesta violencia de género contra su ex pareja y madre de su hija, Brenda Patea.

En octubre de 2023, un tribunal de Berlín le impuso al tenista una multa de 450.000 euros (USD 476.000) por violencia conyugal. Después de que se conociera la condena, los abogados del deportista germano emitieron un comunicado rechazando el fallo y asegurando que las pruebas no son suficientes.

Al haber negado esa determinación judicial, el proceso por la denuncia continuó y el viernes 31 de mayo comenzará el juicio, sin la presencia de Zverev. “No, estoy aquí. Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda. Por eso puedo jugar tranquilamente y mis resultados, especialmente mi título en Roma, lo han probado”, dijo Alexander en testimonios consignaos por Marca en la previa a Roland Garros.

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En tanto que Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, aseguró este domingo que la mejor raqueta alemana en la actualidad podrá estar en el cuadro principal “porque se le considera inocente mientras se celebre el juicio”.

Zverev y Patea estuvieron en pareja durante casi un año, hasta que en agosto de 2020 informaron su separación. Aunque, al poco tiempo la mujer anunció su embarazo: “Estoy en la vigésima semana de embarazo, estoy esperando un hijo de Alex”, confirmó en una entrevista a la revista Gala en octubre de aquel año. Allí también negó compartir la custodia de la niña.

Aunque, días más tarde, el tenista se refirió al tema y confió que “estoy muy feliz con el bebé. Aunque Brenda y yo ya no estemos juntos, mantenemos una buena relación y asumiré mi responsabilidad como padre”. Luego, ella lo denunció por maltrato en Alemania y él fue sido multado, aunque al rechazar el fallo se reabrió el caso.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, la ex tenista Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”.

Zverev, actual número 4 del Ranking ATP, iniciará este lunes su camino en Roland Garros con el objetivo de poder quedarse con el título. Se trata del segundo Grand Slam del año, sobre polvo de ladrillo. El tradicional evento parisino terminará el 9 de junio.

El tenista germano de 27 años ganó 21 títulos de la ATP y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su acción en Roland Garros la abrirá ante Rafa Nadal, que a sus 37 años volvió a jugar en abril luego de 102 días marginado por sus lesiones.(Yahoo Deportes)

La denunciante reafirmó ante la Audiencia que el ex jugador del Barcelona la abusó en el baño de una discoteca de la ciudad catalana. Dos amigas de la joven ratificaron sus dichos.

Este martes se lleva a cabo la segunda jornada del juicio oral contra el ex futbolista Dani Alves imputado por el delito de “agresión sexual” cometido en el baño de una discoteca de Barcelona a finales del año 2022 y fue el turno de tomarle declaración a la supuesta víctima.

La joven en cuestión, se presentó ante el Tribunal y declaró más de una hora a puertas cerradas ratificando su denuncia inicial. En su declaración, explicaron fuentes jurídicas, sostuvo su versión de los hechos: que Alves la agredió sexualmente, con violencia y una actitud despectiva, tras obligarla a entrar con él en el estrecho baño del reservado de la discoteca Sutton.

Además reiteró, como ya hizo en instrucción, sus reticencias iniciales a presentar denuncia contra el futbolista, convencida de que nadie la iba a “creer”.

La versión de la víctima, que según las fuentes mantuvo la compostura durante el interrogatorio pese a que en ocasiones no pudo evitar el llanto, fue corroborada por las dos jóvenes que la acompañaban.

Según las amigas, la joven lloraba “desconsolada” y contaba que el futbolista le había hecho “mucho daño”, pero inicialmente se resistía a denunciarlo mientras repetía: “Solo quiero irme a casa, no me van a creer”.

Se espera que la condena se conozca diez días después de la finalización del juicio, que termina mañana.(DA)

El jugador de Boca esta siendo juzgado por violencia de género contra su expareja.Las audiencias se retomarán el jueves 27 de abril.

El juicio que se le sigue al futbolista de Boca Sebastián Villa por las presuntas lesiones en el contexto de violencia de género que le provocó a su expareja en la casa que compartían en 2020 pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 27 de abril, luego de que la jueza a cargo del debate hizo lugar a un pedido del abogado del imputado para la víctima sea sometida a una pericia psicológica, para la cual tiene que viajar a Colombia una perito contratada por la defensa.

Por eso, las audiencias del juicio que se le sigue a Villa por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés, se retomarán el jueves 27 con la declaración posiblemente de la psicóloga para explicar los resultados del peritaje

Este miércoles, la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos, le preguntó a la expareja del futbolista, Daniela Cortés, si estaba de acuerdo con someterse al peritaje psicológico solicitado por Martín Apolo, el defensor del delantero de Boca Juniors.

Los Leoncitos campeones Panamericanos Junior

Ante la respuesta afirmativa por parte de Cortés, la magistrada resolvió que una perito contratada por Villa viaje el lunes 24 de abril junto a Apolo hacia la ciudad colombiana de Medellín, en donde reside la mujer, para realizar el peritaje. La fecha de regreso quedó fijada para el miércoles 26, por lo que las audiencias se retomarán el jueves 27, donde se espera que se expongan las conclusiones de la especialista.

Apolo ya había viajado en octubre último a Medellín junto a un perito de parte para que se lleve a cabo la medida, pero en esa oportunidad Cortés no se presentó, por lo que la prueba no se completó.

La audiencia contó con la presencia de Villa, imputado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" en perjuicio de Cortés. El futbolista, escuchó atentamente a Cortés y al único testigo de la jornada, su representante Rodrigo Riep.

*Información para nota Infobae y Página 12