Un nuevo caso de abuso de autoridad quedó expuesto en Comodoro Rivadavia, donde Fabricio Sachi, auxiliar de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia (Santa Cruz), se negó a realizarse un control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito que lo interceptaron.

El episodio ocurrió el pasado 25 de octubre en la intersección de Alem y Necochea, pero se conoció recién en las últimas horas a través de un video grabado por los propios efectivos. Las imágenes muestran a Sachi visiblemente alterado y realizando maniobras peligrosas con su vehículo, lo que motivó el despliegue de un operativo.

Según consta en el registro, el funcionario se negó a someterse al test de alcoholemia, insultó a los agentes y mostró una libreta oficial intentando amedrentarlos. Cuando el inspector le advirtió que sería multado y que se tomaría su negativa como resultado positivo, Sachi respondió con desprecio: “Me c... en los dos huevos”.

Además, lanzó amenazas directas: “Los voy a dejar sin trabajo”, gritó, intentando intimidar al personal que cumplía su labor.

El procedimiento siguió su curso: se labró el acta por infracción, se retuvo el vehículo y se informó a la sede de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

Fabricio Sachi no es un desconocido dentro del ámbito judicial. Años atrás, fue ayudante fiscal en investigaciones resonantes, como la búsqueda de María Cash, desaparecida hace más de una década en el norte argentino. Su actual cargo como auxiliar fiscal está bajo la lupa tras este hecho que generó repudio en redes sociales y en el ámbito judicial.

Después de que el extenista reconociese haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían en CABA, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que archivó la causa. Araceli Torrado pidió también el allanamiento a los dispositivos de su expareja David Nalbandian.

La modelo Araceli Torrado pidió una medida de restricción y un allanamiento a los dispositivos de su expareja David Nalbandian en su declaración en el marco de la causa contra el extenista por hostigamiento, después de que el deportista reconociera haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían en la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que "es un alivio" ser escuchada por el Poder Judicial.

"Fue un buen paso el hecho de poder hablar y declarar. Estoy esperándolo haces meses, desde que hice la denuncia a mitad de año. Siento un poco de alivio al saber que se ha hecho público y que nos han prestado atención de parte de la justicia", dijo Torrado a Télam, luego de declarar durante dos horas en el Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad 30, ubicado en la calle Beruti 3345 en el barrio porteño de Palermo.

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Esta instancia judicial se dio luego de que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocara la resolución que archivó la causa contra su expareja Nalbandian, tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte.

Además, los jueces ordenaron que la denunciante sea escuchada, reconociendo su derecho a continuar impulsando la investigación.

"Espero que la justicia ahora que está actuando no tarde mucho más. Queremos el allanamiento a los dispositivos. Me quiero quedar tranquila que no está en mano de una persona depravada"Araceli Torrado

"Hoy volvimos a insistir en la medida de restricción. En una de mis últimas comunicaciones con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas", compartió la joven de 30 años.

Además pidió un allanamiento de los dispositivos de Nalbandian ya que "me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas".

"Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen", expresó.

Este pedido se dio después de que el extenista reconociese haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían en CABA.

Olari Ugrotte informó a esta agencia que entre este martes y miércoles el Poder Judicial va a resolver sobre los pedidos de su representada.

Télam

Este 28 de noviembre se llevará a cabo el juicio en relación al caso, en que se imputa al acusado por abuso sexual a sus sobrinas. Emanuel S. permanece preso por lo que su familia define como una falsa denuncia.

El pasado mes de septiembre, atadas con cadena a un árbol, la madre y la esposa de Emanuel reclamaron por su liberación. Se trata de una de muchas manifestaciones que se realizaron en los Tribunales locales reclamando por la injusta detención.

Por su parte, la Fiscal Favia Burella interviniente en el caso comentó días atrás a Radio Rafaela que el hecho imputado “comenzó siendo menores”. “Lo que se le atribuye es que, siendo mayor, el imputado aprovechó lo que venía sucediendo intrafamiliarmente y continuó con los abusos. Hubo una doble imputación, cuando era menor y lo imputamos nuevamente ahora de adulto”, explicó.

“Él era menor y sus sobrinas menores, con una diferencia bastante importante entre las víctimas. Pero lo que se está juzgando es que, cuando él adquiere los 18 años, continúa haciéndolo siendo menores las víctimas”, añadió Burella.

Le dieron un balazo en el abdomen y terminó muriendo en el Hospital Cullen

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El juicio

Finalmente, este martes va a comenzar el juicio del que mucho se hablará. Como ya se mencionó, está acusado de abuso sexual a sus sobrinas, hijas de su hermano. La madre de Emanuel S., abuela de las denunciantes, asegura que se trata de una falsa acusación.

Hace tres años que Emanuel S. está detenido, en un proceso que comenzó cuando ambas partes eran menores de edad. “Después se dio nuevamente cuando esta persona, Emanuel, era ya mayor, por eso son los cargos que se le imputan”, explicó el periodista Sergio Boschetto a Radio Rafaela.

Los cargos “son muy, muy duros. La fiscal va a pedir una pena de 16 años. El Tribunal va a estar conformado por tres jueces”. Fue imputado como “autor de abuso sexual gravemente ultrajante, por la circunstancia de su realización, reiterado en número indeterminado, a menor de 13 años”.

El hecho es “agravado por la convivencia persistente, abuso sexual con acceso carnal reiterado y estupro agravado, aprovechando la situación de convivencia persistente por la mayor de sus sobrinas. Son cargos muy duros”.

El comentario que realizó la mujer en la red social fue subido durante la pandemia del Covid-19. Criticaba el sistema de vacunación de la comuna y denunciaba un “vacunagate”. Los demandantes reclamaban casi 500 mil pesos por daño moral.

Un juzgado de Córdoba rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada por el intendente y la Municipalidad de Colonia Italiana contra una vecina que durante la pandemia criticó a través de Facebook el sistema de vacunación llevado a cabo en esa comuna, donde denunció un “vacunagate”. Entre los dos demandantes reclamaron casi 500 mil pesos en concepto de daño moral, lo que fue desestimado por considerarse que las publicaciones en redes sociales integran “la garantía de la libertad de expresión”.

La decisión estuvo a cargo del juez Claudio Daniel Gómez, a cargo del Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos, quien al decidir en un fallo de 17 páginas publicado por la Justicia de Córdoba consideró que en la causa estaban en juego dos derechos antagónicos: “por un lado, el derecho personalísimo a la dignidad y, por otro, la libertad de expresión”. También precisó que para valorar el comentario de la vecina había que evaluar el contexto de aquel entonces, “con personas fallecidas, con el temor por el COVID-19 que azotaba, con un sistema de vacunación insuficiente, en donde el ejemplo de nuestras autoridades no eran ciertamente las mejores (tal el recordado vacunatorio vip a nivel nacional

Según se articuló en la presentación de la demanda por “difamación” y por “injurias”, impulsada en conjunto por el apoderado de la Municipalidad de Colonia Italiana y su intendente, Juan Alberto Priotto, el comentario de la mujer demandada salió a la luz el 17 de marzo de 2021 en Facebook -hoy Meta-, por medio del seudónimo “GARRAS CORRAL” y bajo el contexto de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a la reseña de los hechos, a esa altura de los acontecimientos el sistema de vacunación estaba en curso y seguía un orden de prelación especial en virtud de las dosis que iban arribando al territorio. Apuntando en esa dirección, el usuario “Garras Corral” lanzó a la red un comentario: “vacunagate, donde??? Aca nomas Col.italiana. Gente de 20, de 30 años. Vacunados. Por pertenecer. Y los profesionales, abuelos, maestros ni una dosis obtuvieron, que País… (sic)”.

disparó contra el jefe municipal del lugar, con cerca de 800 habitantes, de quien dijo no haber “ni conseguido bici sendas, gas a medias -ni- obras hídricas”, tras lo cual añadió: “Es fácil hablar cuando se vive, se usa y se abusa del estado durante tantas décadas. Los ciudadanos de bien sabemos de qué hablamos y sabemos defendernos con respeto y con dignidad, lo que no tiene el intendente de esa localidad”.

La publicación en Facebook, dijeron los demandantes, tuvo el objetivo de “injuriar” y “desacreditar el honor y la honorabilidad” de todos los funcionarios del Ejecutivo Municipal, del personal de salud del Centro Médico a cargo de la vacunación y del intendente. Y bajo ese parámetro reclamaron una indemnización por daño moral por un total de $489.700

Al desestimar el planteo, el juez Gómez encuadró el caso en cuestión: “Se encuentran en juego dos derechos antagónicos, por un lado el derecho personalísimo a la dignidad y, por otro la libertad de expresión; ambos deben ser analizados armónicamente conforme nuestro sistema de derecho. Las publicaciones en redes sociales también integran la garantía de la libertad de expresión. Así lo dispone el art. 1 de la ley 26.032 y, se debe tener en cuenta que todo lo que rodea a dicha libertad es una garantía de tutela preferida por nuestra Carta Magna (art. 14, C.N.), como lo ha sostenido la CSJN -Corte Suprema- en reiteradas oportunidades, quien la considera con ‘mayor entidad’ frente a otros derechos”

“Asimismo -continuó- el tenor de la expresión que se enjuicia debe ser valorado en el contexto realizado, frente a una situación pandémica, con personas fallecidas, con el temor por el COVID19 que azotaba, con un sistema de vacunación insuficiente, en donde el ejemplo de nuestras autoridades no eran ciertamente las mejores (tal el recordado vacunatorio vip a nivel nacional y la imputación penal de quien estaba a cargo del Ministerio de Salud de la Nación -Ginés González García- por ese entonces)”.

Y a su término agregó: “Es cierto que la afectación, el ataque al honor, aparece bajo la forma del desmerecimiento, el descrédito, la desconsideración, a través de las redes sociales, pero ello no es suficiente para reconocer un agravio moral que merezca una indemnización”.

Además, al referirse especialmente al daño moral invocado por el jefe de la Comuna, el juez considero que al ser una persona expuesta “está sujeto a críticas”, y que “algunas pueden ser consideradas injustas”. “El estar en la vidriera -dijo- implica asumir el riesgo de que se cuestione su accionar, y hasta de previsibilidad forzosa de crítica, incluso de la crítica injusta”.

“Por otra parte, no se encuentra acreditado daño alguno de parte del actor Sr. Priotto (...). El daño debe ser cierto. La certeza del daño equivale, pues, a su existencia. La doctrina y la jurisprudencia traducen ese requisito como efectividad del daño: el daño debe ser real y efectivo, no meramente conjetural o hipotético”, concluyó.