El clan Sena fue condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023. La sentencia fue leída en una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, tras el veredicto emitido por un jurado popular.

César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Los tres cumplirán prisión perpetua.

En relación al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado; Fabiana González, a cinco años de prisión efectiva por el mismo delito; y Gustavo Melgarejo, a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple, con pautas de conducta estrictas. Griselda Reinoso fue absuelta y recuperó su libertad.

Los condenados participaron de la audiencia de forma virtual, donde se dieron a conocer las penas por su participación en el femicidio.

Según estableció la Fiscalía, Cecilia, de 28 años, fue asesinada dentro de la vivienda de la familia Sena, ubicada en calle Santa María de Oro al 1400. La investigación determinó que el crimen ocurrió entre las 12.16 y las 13.01 del 2 de junio, franja horaria reconstruida a partir de cámaras de seguridad, registros de antenas telefónicas y testimonios.

Cecilia había ingresado a la casa a las 9.15, engañada bajo la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia junto a César Sena. Nunca volvió a salir con vida. El hallazgo de rastros de sangre en el colchón de una de las habitaciones fue clave para sostener la acusación.

La Fiscalía sostuvo que el asesinato fue planificado y ejecutado con la participación de los tres integrantes del clan, con un móvil vinculado a intereses económicos y al rechazo de la familia hacia la relación de la víctima con César Sena.

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar enfrentados por la organización de las fechas para compartir con sus hijas Francesca e Isabella, en un nuevo capítulo del conflicto familiar.

Si bien en las últimas horas se había informado que la ex pareja había alcanzado un acuerdo sobre el reparto de las festividades, esa tregua habría durado poco. Según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show, la situación volvió a tensarse y podría derivar en una definición judicial.

El eje del conflicto radica en que Wanda Nara tenía previsto pasar Nochebuena y Navidad junto a sus hijas en su residencia de Punta del Este, mientras que a Icardi le correspondían las fechas de fin de año. Sin embargo, el futbolista habría solicitado modificar ese esquema y pasar la Navidad con las menores.

El pedido de Icardi estaría vinculado a compromisos profesionales, ya que debe disputar un partido el 3 de enero y necesita concentrarse con el Galatasaray, lo que complicaría su disponibilidad durante los días posteriores.

Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, la decisión quedaría en manos de la Justicia. “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”, explicó Balbiani, quien agregó que, en general, los fallos suelen inclinarse por el progenitor que se encuentra trabajando, aunque aclaró que en este caso no está definido cuál será el criterio que se aplicará.

De este modo, cuando restan pocos días para las fiestas, el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a quedar atravesado por la disputa por la organización familiar y la agenda de sus hijas.

La Justicia de Rafaela otorgó la prisión domiciliaria a Luis Carlos Cavaile, condenado por prácticas abortivas, tras analizar un pedido presentado por su defensor, el abogado Carlos Farías Demalde. Argumentó que el estado de salud del imputado hacía inviable su permanencia en la Alcaidía.

La audiencia estuvo presidida por el juez penal Nicolás Stegmayer. Allí, la defensa detalló que Cavaile, de más de 70 años, padece una enfermedad degenerativa en la columna y otras afecciones que requieren controles médicos frecuentes, una medicación específica y condiciones de tratamiento que —según planteó el abogado— no pueden garantizarse dentro del establecimiento penitenciario. Farías Demalde sostuvo que mantenerlo alojado en prisión “supondría un deterioro irreversible”.

El fiscal Martín Castellano intervino señalando que la prisión domiciliaria no es un beneficio automático para personas de edad avanzada. Sin embargo, reconoció que en este caso existían particularidades que ameritaban un análisis individual, especialmente por la situación sanitaria expuesta.

Tras un cuarto intermedio, el juez Stegmayer resolvió conceder la medida. Consideró como factores determinantes la edad del imputado, las patologías acreditadas y las limitaciones del sistema carcelario para asegurar un tratamiento adecuado. Ordenó que Cavaile cumpla la condena en su domicilio en Rafaela, con controles periódicos y un monitoreo semanal destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas. También dispuso que la víctima sea notificada conforme a la normativa vigente. La decisión se enmarca en una causa que lleva más de una década en el ámbito judicial.

El último juicio por jurados del año en la provincia de Santa Fe se realizará la semana próxima en los tribunales de la ciudad de Reconquista y será por el crimen de una niña de 3 años, cuyo deceso se produjo a causa de golpes en la cabeza, los cuales fueron atribuidos a su padrastro, Bruno Luis Martínez, de 23 años.

El hecho se remonta al 8 de enero de 2024, cuando la pequeña Xiomara Ailén Vallejos (3) ingresó con un cuadro desesperante a la guardia del Hospital Central de Reconquista, luego de que la mamá acudiera al Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Itatí.

Bruno Luis Martínez está en prisión preventiva desde enero de 2024. Foto: Gentileza Reconquista Hoy

Con débiles signos vitales, la niña fue hospitalizada y sometida a cirugía a raíz de un cuadro de “encéfalo hematoma en región lateral derecha”, al que luego los testigos atribuyeron a los golpes propinados por el padrastro Martínez.

La menor vivía con su madre María Adelina Vallejos y una hermanita de entonces 7 años, en la casa de Martínez, ubicada en el asentamiento oeste del Barrio Virgen de Guadalupe, de la ciudad norteña.

A causa de lo que se describió en la autopsia como “traumatismo de cráneo grave”, Xiomara falleció el 9 de enero de 2024, en horas de la noche.

Desde entonces Martínez permanece tras las rejas, en prisión preventiva, acusado por el delito de "homicidio triplemente agravado, por ensañamiento, alevosía y por ser la víctima una mujer y el hecho perpetrado por un hombre mediante violencia de género en calidad de autor", según artículos 45, 80, inciso 2 y 11 del Código Penal Argentino.

Dada la gravedad de la acusación, que -en caso de ser condenado- sólo tiene como opción la pena de prisión perpetua, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Georgina Díaz, solicitó que sea juzgado por un tribunal popular.

Así lo aceptó el Colegio de Jueces Penales de primera instancia de la cuarta circunscripción judicial y el juicio por jurados fue fijado para los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de diciembre próximos.

La jueza que tendrá a su cargo guiar el proceso penal popular será la Dra. Claudia Bressán; mientras que las partes estarán representadas por la defensora pública María Noel Severo (por Martínez); la querella estará a cargo del estudio jurídico de Ricardo Degoumois e hijos (Ricardo Ceferino D. Ricardo Rubén D. y Naimir D.); en tanto que la acusación la encabezará la fiscal Díaz.

El pasado 18 de noviembre se celebró en los tribunales de Reconquista el sorteo de los jurados populares y se espera que el próximo martes, previo al debate, se lleve a cabo la audiencia de selección, en la que se depurará la lista original de 42 candidatos, quedando los 12 titulares -6 hombres y 6 mujeres- y 4 jurados suplentes.

Una vez concluido dicho acto la jueza dará las instrucciones al tribunal y comenzará el debate, que según está previsto, se realizará íntegramente en la Sala de Audiencias N° 4 del edificio de tribunales de Reconquista.

Por allí pasarán a lo largo de los tres días un total de 25 testigos, entre los que se encuentran personal policial y médicos; además de vecinos, y familiares directos de la víctima y del victimario.

En la previa del juicio, la Dra. Naimir Degoumois, en representación de la mamá de la víctima, destacó las expectativas creadas en torno al caso, dado que “es un hecho atroz”, además de ser “el primero en la zona” en su tipo y el cuarto en la provincia.

“Es un hecho atroz” y al día de hoy, “la madre de la niña cada vez que vamos a las audiencias se tiene que retirar, producto de crisis de pánico y llanto”, no obstante “va a estar sentada junto con la querella” en la sala de audiencias, señaló la abogada.

El caso “tuvo cierta trascendencia local, pero al haber pasado un par de años, no se lo mantiene tan vivo”, además “la mayoría de los jurados son de ciudades aledañas que están menos interiorizadas”, destacó.

En ese sentido, recordó que “la defensa había solicitado que se juzgue en otra jurisdicción, justamente por la ‘conmoción social’ que había causado, pero la jueza no le hizo lugar”.

Por último, destacó que “se lo va a retransmitir en vivo desde el Salón de Actos del edificio”, ya que “no se permite el ingreso de público a la sala por la reserva de identidad del jurado” y también será retransmitido por Youtube por el canal del Poder Judicial de Santa Fe.

Producto de la ley N° 14.253 sancionada y promulgada en marzo de 2024, se instauró en la provincia de Santa Fe el juicio por jurados para aquellas causas criminales de mayor relevancia.

La puesta en marcha fue progresiva y el debut fue en los tribunales de Reconquista, a mediados de este año. Luego se llevaron a cabo otros dos debates bajo la misma dinámica en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y ahora se aguarda el inicio del primer debate en su tipo en la ciudad de Reconquista.

El Litoral

Un hombre de 33 años identificado como Cristian Sebastián Bracho fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña y de un niño en Fortín Olmos (departamento Vera). Las víctimas son la hija y el hijo –menores de edad– de la mujer que es su pareja.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Gon en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Vera.

El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en el debate y valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, dispuso la condena por la misma calificación penal que planteamos en la acusación y ordenó una pena similar a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Hereñú señaló que “el condenado vulneró la integridad sexual de la niña y del niño en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2024 y en enero de este año”, y subrayó que “los abusos fueron cometidos en una casa en Fortín Olmos en la que convivían Bracho y la madre de las víctimas”.

“Las víctimas, que viven en otro lugar de la provincia junto con su padre, habían ido a la casa en la que convivían su madre y Bracho a pasar sus vacaciones de verano”, remarcó el fiscal.

El funcionario del MPA afirmó que “las agresiones sexuales fueron cometidas en momentos en los que el condenado se quedaba a cargo del cuidado de la niña y del niño, a raíz de que la madre de ellos se iba de la casa a trabajar”, y agregó que “los amenazaba para evitar que hablaran con otras personas de sus padecimientos”.

“El condenado se aprovechó de la diferencia de edad con las víctimas, del vínculo que los unía y de la vulnerabilidad de las dos personas menores de edad”, argumentó el fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, Hereñú planteó que “la niña pudo develar lo sucedido a unos vecinos de Fortín Olmos, quienes realizaron la denuncia”. El fiscal hizo hincapié en que “luego, ella reiteró el relato de los hechos en la entrevista en Cámara Gesell, mientras que su hermano pudo contar lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer y también a su papá cuando volvió a verlo”.

“Inmediatamente después de la denuncia iniciamos la investigación, ordenamos diversas diligencias, realizamos la imputación, solicitamos la prisión preventiva, presentamos la acusación y llegamos al juicio oral que finalizó con la condena a menos de un año de haber ocurrido los ilícitos”, concluyó Hereñú.

Bracho fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por su comisión aprovechando la convivencia prexistente con dos niños menores de 18 años de edad), dos hechos en concurso real entre sí.

EL

Será imputada la mujer detenida por haber abandonado a su hijo de 9 años, quien tiene síndrome de Down, en una plaza de la ciudad de Santa Fe.

La audiencia fue solicitada por la fiscal Milagros Parodi ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), y sería agendada para este viernes por la mañana, en horario a confirmar.

Las autoridades se anoticiaron de lo ocurrido el martes cerca del mediodía. Personal policial que realizaba tareas de patrullaje por la zona del Palomar recibió una alerta y acudió a la plaza Colón -ubicada en la esquina de La Rioja y Rivadavia-.

Encontraron al pequeño jugando en el piletón del lugar e intervinieron. Pusieron al menor a resguardo y se activaron todos los protocolos de protección infantil, dando intervención al área local de Niñez.

Ayer, el secretario de Políticas Sociales de la ciudad, Hugo Marchetti, señaló que se realizó “una especie de pesquisa con las escuelas y distintas instituciones para dar con algún progenitor o alguien que pueda dar certeza de quién se trataba”.

Finalmente, con “la colaboración de la directora de una escuela local, se identificó al niño como alumno de la institución. Posteriormente, se logró localizar al progenitor”.

La identificación del niño fue clave para comenzar a determinar por qué apareció solo en la plaza. Su padre fue entrevistado, y tras la realización de una serie de medidas la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la detención de la madre del chico.

La aprehensión fue concretada el martes por la tarde en una casa de barrio Centenario, ubicada sobre calle Oroño al 600.

Sobre la mujer, Marchetti indicó que tiene antecedentes de consumo de sustancias y que “se había dado una situación de algún problema con el cuidado en el año 2021”. En esa línea, planteó que “uno siempre confía que los cuidados parentales son los adecuados, pero estas situaciones suceden, por lo tanto hay que trabajar también con la familia ampliada”.

El Litoral

Se cumplen 19 años del asesinato de Nora Dalmasso, cuyo cuerpo apareció en noviembre de 2006 en el dormitorio de su hija, en la vivienda familiar del barrio Villa Golf de Río Cuarto. Desde entonces, el expediente acumuló cambios de hipótesis, acusaciones fallidas, pasos judiciales demorados y señalamientos políticos, sin que hasta hoy exista una sentencia condenatoria.

Mientras el paso del tiempo consolidó la prescripción de la causa principal, la familia de la víctima mantiene vigente su reclamo y busca impedir que el último acusado quede definitivamente fuera de juicio. En paralelo, los tres fiscales que intervinieron en la investigación podrían afrontar un jury de enjuiciamiento por presuntas irregularidades procesales.

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro presentaron sus descargos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. La próxima semana se definirá si avanzará el proceso disciplinario en su contra, lo que podría derivar en un juicio sin precedentes: tres funcionarios sometidos simultáneamente por su actuación en la misma causa.

El expediente prescribió al cumplirse 15 años del crimen, lo que impide avanzar con condenas penales. Sin embargo, la continuidad de los cuestionamientos al desempeño de los fiscales abre un capítulo institucional que podría extenderse durante gran parte de 2026.

En 2024, el trabajador Roberto Marcos Bárzola fue señalado como principal sospechoso tras la detección de coincidencias genéticas con rastros hallados en la escena. El resultado reforzó la hipótesis de un ataque por estrangulamiento y compresión manual, tal como describió la autopsia. Sin embargo, una cámara del crimen dictó su sobreseimiento por prescripción.

Los representantes legales de la familia argumentaron que el caso tiene un “alto caudal probatorio” y adelantaron que acudirán al Tribunal Superior de Justicia. Incluso plantearon la posibilidad de escalar a organismos internacionales en busca de un juzgamiento efectivo.

Durante años, las miradas apuntaron a Marcelo Macarrón, viudo de Nora, acusado en su momento de haber encargado el crimen. Pero en 2022 un jurado popular lo absolvió y dio por cerrada aquella línea investigativa. Desde entonces, el expediente volvió a reconstruirse con nuevas pericias y otro fiscal al frente, Pablo Jávega, quien retomó evidencias genéticas que habían quedado relegadas.

A casi dos décadas del hecho, el caso Dalmasso sigue generando impacto público en Córdoba y en el país. La familia insiste con que la prescripción no debería impedir que Bárzola sea llevado a juicio, mientras el sospechoso continúa en libertad.

El Litoral

El juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Sergio Guillet, ordenó la prisión preventiva para Guillermo Albarracín, imputado por el homicidio de Jonatan Morel, el joven rafaelino que murió tras ser embestido de manera deliberada por una camioneta la noche del 18 de octubre, durante unas carreras cuadreras desarrolladas en Quebracho.

La decisión se tomó este martes, durante una audiencia realizada en sede judicial y seguida por la familia de la víctima vía Zoom desde Rafaela. Los abogados querellantes, Juan Bautista Degiovanni y Marina Gómez, representaron a los Morel, mientras que la acusación estuvo encabezada por el fiscal Martín Silva, quien ratificó la imputación por homicidio simple con intención de matar.

La audiencia estuvo marcada por un intenso cruce entre la Fiscalía, la querella y la defensa. El abogado defensor de Albarracín intentó instalar que los hechos respondieron a un accidente de tránsito en un contexto de tensión generalizada dentro del predio, donde –según planteó– se habían registrado discusiones previas entre distintos grupos de personas.

La acusación rechazó ese argumento con firmeza. Tanto el fiscal Silva como los querellantes sostuvieron que el hecho fue un homicidio doloso, basado en testimonios presenciales que indican que Albarracín habría embestido a Morel en más de una ocasión, utilizando la camioneta “como un arma”, lo que para la acusación demuestra una clara voluntad de provocar la muerte.

Tras analizar los planteos, el juez Guillet consideró que existían elementos suficientes para sostener la imputación y dispuso que Albarracín permanezca detenido mientras avanza la investigación. La defensa adelantó que evaluará apelar la resolución, aunque por ahora el imputado continuará privado de la libertad.

Desde Rafaela, la familia de Jonatan Morel recibió la noticia con alivio. Su madre, Teresa, quien días atrás había encabezado una marcha pidiendo justicia, expresó que la resolución representa “un primer paso importante”, aunque insistió en que el caso debe llegar pronto a juicio para determinar responsabilidades y evitar que la causa quede estancada.

En mensajes difundidos tras conocerse la decisión judicial, la mujer sostuvo que continuará reclamando para que el imputado sea trasladado a un establecimiento penitenciario y reiteró su compromiso de seguir el proceso “hasta obtener la pena máxima”.

Dirigiéndose a la prensa y a la sociedad en general, se mostró “eternamente agradecida”, “desde lo más profundo de mi corazón”. “Albarracín es el asesino de mi hijo, lo mató de una forma atroz. Espero que lo trasladen a un centro penitenciario, como corresponde”, dijo.

Hablándole directamente al imputado, comentó: “las lágrimas que hoy derramaste no son nada comparadas con mi dolor y con las lágrimas que yo derramé en el ataúd de mi hijo, así como las que sigo derramando... Te queda mucho por llorar, porque yo no voy a parar hasta lograr tu pena máxima”.

Teresa también agradeció a sus abogados por su trabajo día tras días, así como a “los medios de noticias de Rafaela y Santiago del Estero que me acompañaron y me ayudaron”. “Gracias a cada una de las personas de distintas provincias y localidades que me ayudaron a compartir el caso en redes sociales”, añadió.

Con la prisión preventiva firme en primera instancia, la investigación continuará con diligencias pendientes, análisis de nuevas pruebas y entrevistas en curso. La Fiscalía considera que el caso reviste una gravedad particular, tanto por la dinámica del hecho como por la presunta intencionalidad que atribuye al acusado. 

El periodista y exfuncionario municipal de San Francisco, Carlos Fuentes, de San Francisco, condenado a siete años de prisión por delitos de abuso sexual contra una de sus hijas y otra joven cuando eran menores de edad, obtuvo el beneficio de la libertad condicional. La resolución fue dictada por el Juzgado de Ejecución Penal y generó un profundo malestar entre las víctimas y sus familias.

Fuentes, de 75 años, había sido declarado culpable en julio de 2019, pero la condena quedó firme recién en noviembre de 2020, cuando fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario de San Francisco. El proceso judicial previo se extendió durante más de cinco años desde que se radicaron las denuncias.

En 2021, a menos de un año de su detención efectiva, recibió la prisión domiciliaria, una medida que ya entonces provocó indignación de las víctimas. En noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia revocó el beneficio y ordenó que volviera a la cárcel, al considerar que “no reunía criterios de confiabilidad para permanecer en el domicilio”.

La causa incluyó condenas por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, mientras que una tercera denuncia, formulada por otra joven, fue desestimada por la Cámara del Crimen durante el juicio.

Desde el Juzgado de Ejecución explicaron que Fuentes ya había cumplido los dos tercios de la pena, requisito legal para acceder a la libertad condicional. Deberá residir en un domicilio establecido en el sector sur de San Francisco, sin poder mudarse sin autorización judicial.

La supervisión del cumplimiento estará a cargo del propio juzgado y del Patronato de Liberados. La resolución establece obligaciones estrictas: mantener una actividad laboral acorde a sus capacidades, abstenerse del consumo de alcohol o estupefacientes, no cometer nuevos delitos y no acercarse ni mantener contacto bajo ninguna circunstancia con las víctimas. También se le prohibió cualquier tipo de vinculación con menores de edad y deberá someterse a tratamiento psicológico.

Una de las jóvenes abusadas expresó su profundo descontento con la decisión judicial. Aseguró que, si bien esperaban que finalmente se otorgara el beneficio, la resolución no deja de resultar dolorosa.

“Nunca les va tan mal a estos monstruos. No vamos a volver atrás; nuestra prioridad hoy es protegernos y acompañarnos. No queremos permitir que este sujeto vuelva a ser el centro de nuestra vida”, sostuvo la víctima en diálogo con medios locales. La joven también reclamó que la sociedad no olvide lo ocurrido y denunció “violencia institucional” en distintas etapas del proceso.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 38 años, cuyas iniciales son DMD, a quien se investiga por haber cometido delitos con un arma de fuego en Rafaela (departamento Castellanos).

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis e impuesta por 90 días por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en el marco de una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos.

La fiscal Korakis también imputó a una mujer de 38 años e iniciales VNA, quien estaba con el hombre investigado. En relación con ella, el juez dispuso la imposición de normas de conducta alternativas a la prisión preventiva.

En la audiencia de medidas cautelares, la representante del MPA manifestó que “entre las 8:30 y las 9:10 del domingo de la semana pasada, el hombre investigado conducía una camioneta Toyota Hilux por inmediaciones de las calles David Mazzi y J.V.González, en la que también iba la mujer que fue imputada”. Korakis también argumentó que “en el interior del vehículo, el imputado tenía una escopeta de un caño calibre 16 marca Centauro, y a su vez portaba un revólver marca Tiver calibre 22 con la numeración suprimida”.

Korakis informó que “las pericias realizadas confirmaron que tanto el revólver como la escopeta son aptas para realizar disparos”, y agregó que “al momento de ser secuestrado por la policía, el revólver estaba debajo del asiento del conductor en condiciones de uso inmediato y con nueve cartuchos en su interior”. Añadió que “los imputados no tenían autorización legal correspondiente de ninguna de las dos armas”.

La fiscal relató que “mientras conducía la camioneta, el hombre imputado efectuó disparos con el revólver hacia otro hombre que estaba corriendo en un descampado, y no logró herirlo”.

La fiscal destacó que “en virtud de las evidencias que aportamos, el juez tuvo por acreditada la participación del imputado en los hechos ilícitos endilgados y con el grado de probabilidad requerido para la instancia procesal en la que estamos”.

Korakis también valoró que “el magistrado sostuvo que la pena en expectativa prevista para los delitos atribuidos sería de cumplimiento efectivo, en tanto son hechos graves cometidos con armas de fuego, lo que de por sí constituye un riesgo procesal”.

Agregó la funcionaria que “Stegmayer tuvo en cuenta además hay que tomar los recaudos necesarios para que la víctima y un testigo puedan brindar sus testimonios”.

Por último, la representante del MPA remarcó que “el magistrado sostuvo que las medidas alternativas solicitadas por la Defensa para el imputado no son aptas para conjurar los riesgos del proceso”. En tal sentido, Korakis advirtió que “no obstante lo resuelto en relación con el hombre, el juez dispuso la libertad de la mujer bajo medidas alternativas teniendo en cuenta el grado de participación de ella en los hechos ilícitos”.

A las dos personas imputadas se les endilgó la coautoría de los delitos de portación indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Por otra parte, al hombre investigado también se le atribuyó la autoría del delito de abuso de armas.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Juan Pablo Zapata (37) y Valeria Luciana Gorosito (45) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pareja, que operaba desde una vivienda de calle Gorostiaga al 4200, en la capital provincial, fue hallada culpable tras un proceso que se inició por chats de WhatsApp que revelaron maniobras de narcomenudeo.

El tribunal, presidido por el juez Luciano Lauría, impuso cinco años de prisión a Zapata —declarado reincidente— y cuatro años a Gorosito. La causa se cerró a partir de un juicio abreviado, producto del acuerdo alcanzado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal, los imputados y su abogado particular, el Dr. Raúl Oscar Sartori.

La causa se originó cuando los investigadores detectaron conversaciones que vinculaban a la pareja con la venta de drogas. A partir de esas pruebas, la Policía Federal Argentina realizó tareas de inteligencia y allanó dos viviendas el 14 de noviembre de 2024.

En una de ellas no se hallaron elementos de interés; en la otra, donde se encontraba la pareja, los agentes secuestraron tres envoltorios con marihuana, 45 con cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, pendrives y material balístico. Los peritajes posteriores de la Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de 48 gramos de marihuana y 14 gramos de cocaína.

Durante el procedimiento, Gorosito afirmó padecer una parálisis corporal y mostró un certificado médico. Permanecía recostada en una cama, desde donde pedía asistencia sanitaria. Sin embargo, al ser revisada, los efectivos constataron que su estado era normal.

Debajo del colchón donde se encontraba acostada se descubrieron envoltorios con droga fraccionada, dinero en efectivo y un teléfono celular que luego revelaría las conversaciones más comprometedoras.

Entre los mensajes analizados, se destaca uno en el que Gorosito ofrece su CBU personal para recibir transferencias de clientes. En otro intercambio, una usuaria pregunta: “¿De medio tenés?”, a lo que Valeria responde: “Tengo, pero todo molido”. También se registraron diálogos donde se mencionan precios por gramo y referencias al aumento de las ventas.

Las conversaciones demostraron no sólo la participación activa de ambos en la comercialización, sino también que Zapata y Gorosito compartían el mismo número telefónico, dato que fue confirmado al momento de sus detenciones.

El tribunal valoró que los acusados no contaban con ingresos lícitos ni registros laborales en ANSES o AFIP, por lo que el dinero hallado en el domicilio fue considerado producto del tráfico de drogas. Además, los movimientos de personas en la vivienda y las quejas de vecinos reforzaron la hipótesis de que allí funcionaba un punto de venta.

Pareja condenada por narcomenudeo en Villa Hipódromo Santa Fe. Foto: Google Maps

En su resolución, el juez Lauría sostuvo: “Ha quedado acreditada, con los elementos probatorios existentes, la relación material entre ellos y la droga encontrada. Parte del material estaba oculto en la cama donde se hallaba Gorosito, lo que demuestra su conocimiento de la ilicitud del resguardo”.

Zapata, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, recibió una pena de cinco años de prisión efectiva y fue declarado reincidente. Gorosito, en tanto, deberá cumplir cuatro años de prisión una vez que la sentencia quede firme.

El Litoral

Así fue dispuesto en una audiencia de revisión de cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Jorge. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Diego Rodríguez y Barros, quien se opuso a que al hombre investigado se le impongan medidas no privativas de la libertad. Está previsto que el próximo mes se realice la audiencia preliminar.

Continuará en prisión preventiva un hombre de 31 años, cuyas iniciales son JJA, que fue acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de su entorno familiar en El Trébol (departamento San Martín). Así lo resolvió el juez Pablo Ruiz Staiger, en una audiencia de revisión de cautelares realizada en los tribunales de San Jorge.

El fiscal Diego Rodríguez y Barros estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en la audiencia. En tal sentido, valoró que “frente al requerimiento de medidas no privativas de la libertad que hizo la Defensa, argumentamos por qué no correspondía cambiar la situación del acusado en esta etapa del proceso penal y el juez avaló nuestra postura”.

En tanto, el fiscal detalló que “según lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el próximo mes se desarrollará la audiencia preliminar, que es el paso previo al juicio oral”. Al respecto, adelantó que “pediremos que el hombre de iniciales JJA sea condenado a 12 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal”

En cuanto al hecho delictivo, Rodríguez y Barros señaló que “el acusado atentó contra la integridad sexual de la adolescente de su entorno familiar en una oportunidad, en mayo de este año”.

El fiscal sostuvo que “el hombre de 31 años cometió el ilícito en un inmueble en el que él residía con su pareja”, y aclaró que “la víctima había ido de visita”. Según remarcó, “el abuso se enmarcó en un contexto de abuso de poder y de confianza por parte del acusado”

La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por una presunta evasión fiscal superior a los $1.644 millones. El Juzgado Federal de Rafaela citó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez a declaración indagatoria para el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.

De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los expresidentes habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, según lo estipulado en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

La causa abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIP, a través del área ARCA, junto al INAES. Los peritajes detectaron retenciones salariales no depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.

Además, informes del Comité Provisorio de Control señalaron irregularidades en el destino de fondos de la mutual y el sindicato, situación que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal por parte del juez del concurso preventivo que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela.

La cooperativa atraviesa una de sus etapas más críticas. A las dificultades financieras se suman acusaciones por maniobras fraudulentas que habrían continuado bajo la actual conducción, presidida por Oscar Juan Sapino.

Más de 400 trabajadores aportaron recibos y constancias que probarían la falta de depósito de los aportes retenidos. En paralelo, la Justicia evalúa si existió un concurso fraudulento, mientras la cooperativa mantiene deudas con proveedores, organismos públicos y empleados.

El conflicto laboral también escala. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realizó una multitudinaria movilización en Rafaela, con más de 600 trabajadores frente a los tribunales para rechazar el “Plan de Crisis” presentado por la empresa.

El gremio denuncia una deuda salarial de cinco meses, la falta de aportes y el intento de despedir a 304 empleados adicionales, cifra que se sumaría a más de mil despidos desde 2019.

“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta. La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, solicitando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.

El 12 de noviembre, los ex directivos deberán declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela, mientras continúa la investigación de la PDI y el Ministerio Público Fiscal. La audiencia se desarrollará en un contexto de máxima tensión gremial.

Una maniobra delictiva quedó expuesta el viernes 26 de septiembre en la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Tacural, cuando efectivos de la Guardia Provincial detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok que viajaba desde Buenos Aires con destino a Tucumán.

Durante el control, los agentes detectaron que tanto la cédula del automotor como las chapas patentes presentaban signos de adulteración. La situación se agravó cuando los dos ocupantes, ambos mayores de edad, intentaron coimear a los policías con una importante suma de dinero para continuar viaje. El hecho fue comunicado de inmediato al fiscal de turno.

Tras el secuestro de la camioneta, los documentos y dos teléfonos celulares, se verificó con la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo en Buenos Aires, con fecha del 24 de septiembre, apenas dos días antes.

Con esa confirmación, la aprehensión de los sospechosos pasó a carácter de detención, imputándoselos por encubrimiento, uso de documento falso y tentativa de cohecho.

El martes 30 de septiembre se realizó la audiencia de imputación y medidas cautelares en Rafaela, presidida por el juez penal Nicolás Guillermo Stegmayer, con el fiscal Juan Manuel Puig y el abogado defensor José María Silvela.

El fiscal formalizó los cargos y presentó las pruebas. La defensa no planteó objeciones, y al no constatarse antecedentes condenatorios en los imputados, se acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Los imputados recuperaron la libertad, pero bajo estrictas condiciones judiciales:

Con esta resolución, los dos acusados fueron notificados y liberados, aunque con la imposibilidad de volver a circular por territorio santafesino.

Imputaron a los dos detenidos por el crimen de Damián Strada, el joven empleado de la comuna de María Luisa que apareció muerto a la vera de la Ruta Provincial N°2, entre Laguna Paiva y Constituyentes

El fiscal Alejandro Benítez está al frente de la investigación, y atribuyó a Lourdes Nahir T. y Alessandro Juan Gabriel R. la coautoría de "homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía y criminis causa". El último agravante refiere a un fallido intento de extorsión.

La audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe fue presidida por el juez penal Leandro Lazzarini, y contó con la presencia del padre de la víctima, quien declaró previo a que se realizaran las atribuciones delictivas: "Que paguen por lo que han hecho, cadena perpetua. Ya arruinaron una familia, que no arruinen otra", pidió.

Intervino el juez Leandro Lazzarini.

Lourdes T. y Alessandro R. contaron con la representación de las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, respectivamente. También participó de la audiencia el Dr. Iván Carrión, quien asesora a la familia de la víctima.

El fiscal Benítez atribuyó a la pareja haber asesinado a Strada previo acuerdo y distribución de roles. La noche del sábado 13 de septiembre, pasadas las 22, se encontraron con la víctima, que había tenido una relación con la mujer, y "lo amedrentaron con un cuchillo, obligándolo a subir a su motocicleta".

La mujer condujo, Strada se sentó entre ella y Alessandro R., quien desde atrás "le apuntaba con el cuchillo". Se dirigieron hasta el kilómetro 30 de la RP2, y se adentraron en un monte lindero, ubicado a unos 20 metros de la calzada.

Las detenciones se efectuaron el 18 de septiembre.

Allí, "con violencia, le comenzaron a exigir dinero, obligándolo a solicitar transferencias virtuales a sus amigos, empleador y familiares". La situación se extendió hasta pasada la medianoche. A las 00.40, "luego de no haber consumado dicha extorsión, colocaron un cinto en su cuello y ahorcaron a Strada, provocando una asfixia que le ocasionó la muerte".

Desde la fiscalía sostuvieron que con la víctima ya fallecida, los asesinos cubrieron el cuerpo con pastos secos y durmientes que sacaron de las vías de tren cercanas, lo rociaron con un líquido inflamable y luego lo prendieron fuego. Todo "con el fin de ocultar el cadáver y procurar encubrir el hecho".

Posteriormente, sustrajeron el teléfono del celular de Strada y se retiraron del lugar en la moto de la víctima, la cual ocultaron entre unos arbustos linderos a la calzada de la RP2, a unos 100 metros de la intersección con la Ruta 4.

Investiga el fiscal Benítez. Crédito: Archivo El Litoral.

El fiscal Benítez adelantó que solicitará la prisión preventiva para ambos imputados, la cual se discutirá el próximo jueves. "Hay muchas cuestiones que están en trámite de investigación y que van a ser reveladas en la audiencia de medidas cautelares", aseguró.

El Litoral

Un pastor evangélico de 44 años identificado como Guillermo Nicolás Bravo fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de un hombre en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispuso el juez Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Roberto Olcese investigó lo sucedido y representó al MPA en el debate junto con la fiscal Vivian Galeano. Luego de conocer el veredicto, sostuvieron que “valoramos que el juez haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos y que haya resuelto condenar al acusado por las mismas calificaciones penales que seleccionamos desde la Fiscalía”.

En cuanto a la pena impuesta, los fiscales señalaron que “es cercana a los 13 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos” y sostuvieron que “aguardaremos los fundamentos del magistrado para analizar los pasos a seguir”.

Olcese indicó que “Bravo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2019”. Al respecto, expuso que “el condenado se desempeñaba como pastor en una iglesia evangélica a la que acudía la víctima”, y remarcó que “se aprovechó de su rol de guía espiritual para vulnerar la integridad sexual del feligrés”.

El fiscal precisó que “el pastor cometió los ilícitos en diversos lugares, entre ellos, en la casa en la que vivía y en una clínica privada a la que fue a visitar a la víctima en una oportunidad en la que estuvo internado".

En cuanto al inicio de la investigación penal, el fiscal señaló que “la víctima logró develar lo sucedido y realizar la denuncia correspondiente en 2021”.

Bravo fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado (por haber sido cometido por un ministro de un culto). 

Un hombre de 29 años identificado como Gerónimo Daniel Roldán fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber engañado a una adolescente para que le envíe videos íntimos de ella y luego los vendió en las redes sociales.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Olivera, en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Sebastián Marichal estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate. Según indicó, “si bien valoramos la sentencia condenatoria, aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar lo que llevó al magistrado a resolver de la forma en la que lo hizo, sobre todo en relación al monto de la pena”. Al respecto, mencionó que “los tres años y seis meses de prisión resultaron de la unificación con otra pena que Roldán”.

Marichal afirmó que “durante 2020, el condenado engañó a la víctima para que le envíe fotos y videos íntimos a través de Facebook”, y precisó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”. En tal sentido, remarcó que “esas conductas configuraron el delito de grooming”.

El fiscal también sostuvo que “entre octubre y noviembre de 2021, Roldán ofreció a la venta las filmaciones de la víctima”, y subrayó que “lo hizo en Facebook e Instagram a través de perfiles falsos a nombre de ella”.

El funcionario del MPA detalló que “en el marco de un allanamiento, al condenado se le secuestraron un teléfono celular, dos computadoras, tres discos rígidos, una tarjeta de memoria, un pendrive y un dispositivo tipo posnet de una billetera virtual que fueron decomisados”.

Roldán fue condenado como autor de los delitos de grooming y de ofrecimiento, publicación y comercio de los videos íntimos de la víctima. 

Un hombre de 31 años de edad identificado como Fabián Alejandro Fernández fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por vender droga al menudeo en Tostado. La pena también se le impuso porque tenía en su casa un arma de fuego sin la correspondiente autorización.

La sentencia fue dispuesta por el juez José Luis Estévez en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales tostadenses. La fiscal Shirli Tomasso representó al MPA.

La fiscal recordó que “el sábado 3 de agosto del año pasado, aproximadamente a las 16:30, se llevó a cabo un allanamiento en la casa de Fernández, ubicada en calle Naciones Unidas al 1200”. Tomasso agregó que “en el marco del procedimiento, se secuestraron estupefacientes fraccionados y preparados para su venta al por menor”, y detalló que “el condenado tenía envoltorios con clorhidrato de cocaína y con picadura de marihuana.

“En la casa en la que vivía Fernández también se le secuestró un revólver calibre 22 marca Tala con seis cartuchos en el interior de su tambor”, remarcó la fiscal y agregó que “el arma de fuego estaba en una de las habitaciones de la vivienda, escondida debajo de un colchón”. En tal sentido, subrayó que “Fernández tenía el revólver bajo su esfera de custodia y no poseía la autorización legal de tenencia ni de portación”.

Tomasso puntualizó que “el condenado admitió su culpabilidad en los hechos ilícitos que le atribuimos desde la Fiscalía, prestó su conformidad por las calificaciones legales seleccionadas y por la pena solicitada en cuanto a su monto y a la modalidad de cumplimiento”. Asimismo, la fiscal del MPA remarcó que “Fernández y su Defensa manifestaron la conformidad con el procedimiento escogido”.

Fernández fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes para comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. 

Un hombre identificado como Juan José Nieto fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido sexualmente a la hija de su expareja en una localidad del departamento San Cristóbal. La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal que representó al MPA fue Hemilce Fissore. Por su parte, la conducción del debate estuvo a cargo del juez Javier Bottero.

Luego de conocerse la sentencia del magistrado, la fiscal expresó su conformidad con lo resuelto y señaló que “si bien aún no conocemos los fundamentos, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado por el mismo monto de pena que solicitamos en la acusación”.

La funcionaria del MPA informó que “Nieto abusó sexualmente de la niña de manera reiterada durante 2022 mientras ella transitaba los últimos años de su escolaridad primaria”.

Fissore remarcó que “el condenado cometió los ilícitos con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos” y subrayó que “fueron en el marco de una relación paternal que tenía con la niña, a partir de la relación de pareja con la madre de ella”. En tal sentido, la fiscal precisó que los “delitos fueron cometidos en la vivienda familiar en la que convivían”.

La fiscal también remarcó que “los abusos sexuales fueron cometidos por el condenado aprovechando las circunstancias de guarda y de convivencia”.

Nieto fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente calificado (por resultar encargado de la guarda y por la convivencia con la menor víctima).

Martín Kunz fue condenado a prisión perpetua por el ataque a un grupo de cadetes del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe en el que asesinó al chofer que los trasladaba, Rubén Isidro “Bigote” Walesberg.

El tribunal conformado por los jueces Pablo Ruiz Staiger -presidente-, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti, falló de forma unánime, imponiendo la pena de prisión perpetua al exliceísta. Lo encontraron culpable del “homicidio criminis causa” del chofer, cuatro “tentativas de homicidio” y la “privación ilegítima de la libertad” de siete cadetes.

Kunz fue llevado a juicio por los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, y por los querellantes Daniel Recamán -representante de la familia Walesberg- y Mariana y Néstor Oroño -por los cadetes-. La defensa estuvo a cargo de la Dra. Virginia Balanda, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Kunz llegó a juicio acusado del “homicidio criminis causa” de Walesberg, la “tentativa de homicidio” de cuatro cadetes y la “privación ilegítima de la libertad” de siete de los diez adolescentes que iban en la combi cuando todo comenzó.

La fiscalía intentó reconstruir lo ocurrido el 19 de agosto de 2022 a partir de los dichos de los cadetes -dos declararon en juicio mientras que del resto se reprodujeron las entrevistas en cámara Gesell realizadas poco tiempo después del suceso-, que fueron contrastados con otras evidencias, entre ellas las cámaras de la panadería La Perla de Colastiné, en cuyo estacionamiento comenzó todo.

Policías, peritos de la Policía Científica Forense, médicos, psicólogos y psiquiatras declararon como testigos durante cinco jornadas. A ellos se sumaron los padres y madres de los cadetes, quienes acompañaron todas las audiencias desde dentro y fuera de la sala.

De la reconstrucción surgió que Kunz abordó la trafic en el estacionamiento de la panadería, en la que los cadetes siempre paraban para comprar el almuerzo en su viaje del Liceo hasta San Javier.

Las cámaras lo captaron acercándose al vehículo a paso acelerado luego de que la última cadete se subiera. Tan solo ocho segundos después, el chofer “Bigote” Walesberg salió de la camioneta trastabillando y quedó tendido sobre la vereda, en un charco de su propia sangre. De los cortes que tenía, el ubicado al frente de su oreja, fue letal y provocó que se desangrara rápidamente.

Momentos después, tres asustados cadetes descendieron del vehículo. Dos de ellos sufrieron heridas en la zona del cuello, y fueron socorridos por quienes estaban en los locales de la zona. Mientras, un grupo de personas se acercó a la trafic, cuya puerta había sido cerrada, y comenzaron a golpear para que alguien abriera.

Fue entonces que la camioneta arrancó, con dificultad, y se alejó por la colectora para luego subir a la Ruta Provincial N°1 en dirección sur-norte.

La discusión del juicio giró en torno a qué ocurrió dentro de la trafic.

Los cadetes observaron, desde distintos ángulos y en mayor o menor medida, cómo el encapuchado -que luego sabrían que era Kunz- se abalanzó sobre “Bigote”. Casi todos creyeron que lo estaba golpeando, que se trataba de un robo.

En su primera y única declaración desde el inicio del proceso judicial, hace tres años, Kunz dijo que saludó al chofer y que algunos liceístas, enojados por su presencia allí, lo asesinaron. También reconoció que obligó a uno de los chicos a manejar, y que atacó pero “para defenderse”.

Los cadetes recordaron a un encapuchado enajenado, tirando puntazos para todos lados, ensañándose con uno de ellos y diciéndoles que si querían vivir debían rezar.

Recorrieron cinco kilómetros en la trafic hasta que la policía los interceptó, y Kunz se entregó. Ya sobre la ruta, cuando fue reducido por los uniformados y le pidieron que se identificara, fue que los cadetes supieron de quién se trataba. La mayoría había tenido poco o nulo contacto con él.

Del juicio participaron profesionales de la salud mental que dieron cuenta de que Kunz era consciente de sus actos al momento del hecho, y realizaron un perfil psicológico del excadete. Otros atendieron a las víctimas, y explicaron los traumas que la terrible experiencia les causó.

Médicos, cirujanos y forenses detallaron qué tipos de lesiones sufrieron los cadetes y el chofer, y por qué las de este último resultaron fatales. Policías recordaron las intervenciones que realizaron en las dos escenas del hecho: el estacionamiento de la panadería y la trafic.

Por último, los padres de los chicos explicaron el impacto que el ataque tuvo en sus hijos y en sus familias, reclamaron justicia y pidieron que se aplique “la pena máxima” para que los chicos “puedan vivir en paz”.

La sentencia dictada este miércoles es una primera resolución para este caso, y los fundamentos detrás de la decisión serán dados a conocer la semana próxima.

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