El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la recusación contra el juez Fermín Amado Ceroleni, quien continuará al frente del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

La presentación había sido realizada por la defensa de Antonio Benítez, uno de los siete acusados en la causa por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, quien había solicitado apartar al magistrado al considerar que existía un “temor fundado de parcialidad”.

El pedido fue presentado el pasado 28 de agosto por el defensor oficial de Benítez, Enzo Di Tella, quien cuestionó distintas situaciones ocurridas durante el desarrollo del debate oral.

Entre sus argumentos, el abogado mencionó interrupciones durante interrogatorios, llamados de atención y restricciones para profundizar determinadas respuestas, además de diferencias en el tratamiento de algunas objeciones realizadas por las partes.

Según la defensa, esas intervenciones no habrían sido hechos aislados y podían afectar el normal ejercicio de la defensa de Antonio Benítez.

Al analizar el planteo, el Tribunal sostuvo que no advirtió situaciones de hostilidad ni animosidad hacia ninguna de las partes involucradas en el proceso.

Además, indicó que tampoco se registraron tratos preferenciales que pudieran beneficiar a alguno de los participantes del juicio.

Con esos fundamentos, los jueces resolvieron rechazar la recusación, por lo que Ceroleni continuará presidiendo el debate oral.

De esta manera, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace más de dos años, continuará con la actual integración del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El proceso de quiebra de SanCor sumó un nuevo capítulo de alto impacto judicial e institucional. Un síndico independiente denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al juez Marcelo Gelcich, titular del juzgado de Rafaela que interviene en la causa, por presuntas irregularidades en la administración del expediente.

La presentación cuestiona el manejo de activos de la histórica cooperativa láctea y advierte sobre supuestas maniobras que, según el denunciante, habrían afectado los controles previstos por la Ley de Concursos y Quiebras.

Entre los puntos más sensibles aparece el presunto faltante de 24.640 kilos de queso que se encontraban bajo resguardo judicial, con un valor estimado en al menos 209.440 dólares.

Según la presentación, el juez habría instrumentado un esquema que permitió concentrar decisiones clave dentro del expediente y limitar la intervención de parte de la sindicatura.

El escrito menciona la creación de un supuesto “mecanismo de poder paralelo” en torno a la administración de los bienes de la cooperativa, especialmente en lo referido a la liquidación de activos, el control de mercadería y el análisis de ofertas comerciales.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la designación de la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora. De acuerdo con la denuncia, su incorporación se habría realizado de manera directa, sin el sorteo legal correspondiente, y con funciones que luego habrían avanzado sobre atribuciones propias de los órganos de control.

La denuncia también expone una fuerte fractura interna dentro del cuerpo de fiscalización.

Según el planteo, mientras algunos integrantes de la sindicatura buscaban sostener una supervisión estricta del proceso, otro sector habría quedado alineado con las decisiones del juzgado y de la coadministración.

En ese marco, el denunciante sostuvo que se habrían desplazado o limitado funciones de los síndicos considerados “disidentes”, especialmente en etapas sensibles vinculadas con la venta de bienes y el resguardo de activos de la cooperativa.

Uno de los puntos más llamativos de la presentación es el presunto faltante de 24.640 kilos de queso que, según la denuncia, estaban bajo resguardo judicial mediante warrants.

El valor de esa mercadería fue estimado en al menos 209.440 dólares, monto que, siempre según el escrito presentado, no habría ingresado a las cuentas vinculadas al proceso judicial.

El síndico denunciante sostuvo además que las alertas sobre esa situación no habrían derivado en una investigación interna adecuada, sino en sanciones o apercibimientos contra quienes impulsaban controles sobre el faltante.

La presentación también menciona una operación comercial cuyo valor habría sido corregido tras la intervención de fiscalizadores independientes.

Según el denunciante, esa actuación permitió incrementar el monto de la transacción en 635 mil dólares a favor de la quiebra, lo que es señalado como un ejemplo del impacto que podían tener los controles sobre el proceso.

Actualmente, la licitación de plantas, marcas y activos de SanCor tiene una base fijada en 52 millones de dólares, aunque la denuncia plantea dudas sobre la metodología utilizada para tasar bienes y definir condiciones de venta.

Otro tramo del escrito apunta a un supuesto clima de hostigamiento dentro del expediente.

El denunciante afirmó que se habrían fijado plazos de cumplimiento difícil o imposible para luego aplicar sanciones a síndicos que cuestionaban el funcionamiento del proceso. También se mencionó la renuncia del síndico Oscar Epstein, cuya vacante, según la denuncia, no habría sido cubierta mediante los mecanismos ordinarios.

A partir de estos señalamientos, el planteo solicita que la Corte Suprema de Santa Fe evalúe la apertura de un sumario administrativo y adopte medidas para resguardar la transparencia del proceso.

La situación de SanCor tiene fuerte impacto en la cuenca lechera y en numerosas localidades de Santa Fe y Córdoba, donde la cooperativa tuvo históricamente presencia productiva, laboral y comercial.

La empresa atraviesa uno de los procesos concursales más relevantes del sector agroindustrial argentino, con miles de trabajadores, acreedores y productores pendientes del futuro de sus activos.

Por ahora, la denuncia abre una nueva instancia de análisis institucional. Será la Corte Suprema provincial la que deberá resolver si avanza con medidas administrativas o de control sobre el juzgado que lleva adelante una de las quiebras más sensibles de la industria láctea nacional.

El enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez neoyorquino Alvin Hellerstein, de 92 años y que tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública.

El magistrado estuvo en el pasado a cargo de casos como la causa por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y las demandas contras las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de la Universidad de Columbia y, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual y el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.__IP__

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

AFA designó los árbitros para una nueva fecha de la Primera Nacional y el santafesino estará presente en el duelo que los rafaelinos juagarán como locales ante los de Campana.

Por la fecha 12 de la Zona B de la Primera Nacional,Atlético de Rafaela estará recibiendo a Villa Dálmine el domingo a las 20 y tendrá como árbitro principal a Adrián Franklin.

El sanatfesino suegido en la ligal local d ela capital provincial, dirigirá por séptima vez a la Crema y con un historial negativo:ganó uno, empató dos y perdió tres. En Rafaela, los números se reducen a un triunfo, una igualdad y una caída para el Celeste.

En esta ocasión, Franklin estará acompañado por Matías Coria y Malvina Schiel como asistentes; en tanto, el cuarto árbitro será Marcelo Sanz.

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