La jueza de Nueva York Loretta Preska decidirá el lunes 14 de julio próximo si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

Así lo informó esta noche Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

Este jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El proceso que pondrá en la mira el futuro de Julieta Makintach, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, comenzó a tomar forma tras el pedido formal de juicio político por parte de Julio Conte Grand, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. La magistrada es objeto de controversia debido a su participación en el documental "Justicia Divina", que relató el juicio por la muerte de Diego Maradona, a pesar de que tenía voz y voto en el tribunal. Su presencia en el film, que muchos consideraron un conflicto de intereses, suscitó sospechas sobre su imparcialidad durante el proceso.

El hecho de que Makintach estuviera involucrada en el proyecto audiovisual mientras se desempeñaba como jueza en el caso Maradona llevó a que se decretara la nulidad del juicio. Este escándalo desató una ola de pedidos de juicio político, y finalmente, Conte Grand presentó una denuncia formal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, acelerando el proceso.

El jurado que decidirá su futuro

Este miércoles, se llevó a cabo el sorteo para conformar el jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar la conducta de la jueza. Ocho abogados fueron seleccionados, con cinco titulares y tres suplentes. Los titulares son: Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora). Los suplentes serán Alberto Biglieri (Lomas de Zamora), Lisandro Benito (Junín) y Guillermo Andrés Marcos (Bahía Blanca).

El jurado tiene la capacidad de tomar decisiones importantes, como apartar preventivamente a la jueza, suspenderla de su cargo durante el juicio o incluso destituirla si se encuentra responsable de faltas graves.

El juicio político en el sistema judicial argentino

El juicio político es un proceso regulado por las constituciones nacional y provincial, que tiene como objetivo evaluar la idoneidad de los jueces y funcionarios judiciales. En este caso, el foco está en determinar si la jueza Makintach actuó en contravención a las conductas requeridas por la Constitución Provincial, y si debe continuar en su puesto. El juicio político no se enfoca en decidir si se cometieron delitos penales, sino en evaluar si la conducta del funcionario es adecuada para seguir en su cargo.

Este procedimiento tiene una naturaleza política y busca garantizar que los miembros del poder judicial mantengan altos estándares éticos y profesionales. El futuro de Julieta Makintach dependerá de la decisión del jurado, que analizará las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones en su contra.

Además, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este jueves a la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

La Cámara Civil rechazó este jueves la recusación de la jueza Alejandra Abrevaya en el expediente por el cual se suspendieron las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, informaron fuentes judiciales que señalaron, además, que el Tribunal de Apelaciones aún tiene que resolver si mantiene o no la medida cautelar que impidió a los socios elegir al próximo presidente del club.

La Sala E de la Cámara Civil resolvió “rechazar las recusaciones con causa deducidas los días 1 y 4 de diciembre de 2023” contra la jueza Abrevaya" según surge de la resolución a la que accedió Télam.

En el fallo el tribunal también ordenó al juez Sebastián Font, que había salido sorteado este miércoles, que “eleve las actuaciones principales” a esa sala “sin más trámite”.

En la misma resolución, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este juevesa la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

“De acuerdo con la urgencia que denota la cuestión debatida en los autos principales, por excepción, confiérase traslado a la parte actora por un día de los fundamentos del recurso de apelación deducido por la parte demandada el 1° de diciembre de 2023”, sostuvieron los jueces.

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En este contexto, quedó en manos de la Sala E de la Cámara Civil la decisión respecto de cuándo se harán las elecciones: si cae la medida cautelar los comicios podrían ser el domingo 17 de diciembre; si es ratificada, las elecciones quedarán postergadas hasta que la jueza Abrevaya resuelva sobre la cuestión de fondo vinculada a la denuncia de la oposición.

Boca debía haber llevado adelante sus comicios el domingo pasado en La Bombonera, en elecciones en las que competían dos listas: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

No obstante, una denuncia ante la justicia de la oposición alegando que había más de 13.000 socios activos que no deberían votar por haberse asociado de manera ilegal y en perjuicio de los adherentes, motivó que se suspendan las elecciones.

En ese contexto, el caso de Boca lo tomó en principio la jueza Alejandra Débora Abrevaya, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionada por Riquelme, y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, quien por ser socia activa del club se excusó y no aceptó tomar la causa, después de ser expuesta también por el actual vicepresidente "xeneize" en un programa del Canal de Boca.

Andrés Ibarra y Macri, la fórmula de la oposición | Foto IG

Más allá de la reciente designación del juez Sebastián Font, al mismo tiempo la Sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente.

Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz del mencionado reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.(Telam)