El humorista Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa que tramita en los tribunales nacionales. La resolución judicial fue dictada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso que Pettinato cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo satelital GPS a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.

Según la causa, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos, delitos que concurren de forma ideal. La investigación se desprende del expediente por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ya que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que derivó en esta pesquisa paralela.

El arresto domiciliario contempla que Pettinato solo podrá salir para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, previamente impuestos por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 durante su condena por la muerte de Rodrigo. Asimismo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y ordenó un embargo sobre bienes y dinero del imputado hasta cubrir 1.500.000 pesos.

La situación judicial de Pettinato no es nueva. En abril pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, ocurrido en el departamento que ocupaba en Belgrano. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años y 7 meses, mientras que la querella reclamó una condena más severa, y la defensa argumentó el contexto de consumo problemático de sustancias.

Con esta nueva resolución, la justicia apunta a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, preservar la integridad del imputado y asegurar que continúe con sus tratamientos de rehabilitación, mientras se desarrollan los pasos procesales en la causa por estafas.

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entra en su instancia final este lunes, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto tras varias semanas de audiencias. El caso, que se remonta a mayo de 2022, investiga el incendio ocurrido en el departamento del imputado en el barrio porteño de Belgrano, donde el médico perdió la vida.

La audiencia en la que se conocerá el fallo está prevista para este lunes desde las 9 y se realizará de manera virtual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Durante los alegatos, las partes sostuvieron posturas contrapuestas sobre la responsabilidad de Pettinato en el hecho. La fiscalía, representada por el fiscal Fernando Klappenbach, solicitó una pena de 4 años y siete meses de prisión al considerar que se trató de un incendio culposo, es decir, producto de una conducta negligente.

En cambio, la querella, que representa a la familia de la víctima, pidió una condena más severa: 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que implica la intención o conocimiento del riesgo al provocar el incendio.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó la absolución, al sostener que no existen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal en el hecho.

El delito que se juzga contempla penas que van de 8 a 20 años de prisión en caso de comprobarse la figura dolosa, aunque también podría aplicarse una calificación menor si el tribunal considera que se trató de un hecho culposo.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300. Según la investigación, esa noche se desató un incendio en el interior de la vivienda mientras el neurólogo se encontraba allí.

De acuerdo con las pericias, el fuego se habría iniciado por una “llama libre”, posiblemente generada por un encendedor o un fósforo, y no por una falla eléctrica. Esto fue uno de los puntos centrales del debate durante el juicio.

La autopsia determinó que la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y que aún se encontraba con vida cuando comenzó el incendio, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Durante el proceso también se analizó el contexto en el que ocurrió el hecho. Rodrigo, quien era el médico tratante de Pettinato, se encontraba en el departamento al momento del incendio, en circunstancias que fueron reconstruidas a partir de testimonios y pericias técnicas.

Uno de los ejes de discusión fue si el imputado actuó con negligencia al manipular un encendedor o si existió una conducta más grave que justificara una imputación por estrago doloso.

El caso generó atención pública desde sus inicios no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura del acusado, vinculado al ámbito artístico y mediático. A lo largo del juicio, el tribunal analizó pruebas periciales, testimoniales y documentales para determinar la mecánica del incendio y el grado de responsabilidad.

Además, en caso de una eventual condena, el fallo podría tener un impacto mayor en la situación judicial de Pettinato, quien ya cuenta con antecedentes penales por otra causa, lo que también fue considerado durante el proceso.

Con el veredicto previsto para este lunes, el tribunal pondrá fin a la etapa oral del juicio y definirá si existió responsabilidad penal en un caso que combina elementos técnicos, periciales y jurídicos complejos.

El Litoral

Este lunes comenzó en los tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales GSP, acusado de cometer una tentativa de homicidio con arma de fuego en la ciudad de Sunchales.

El debate es encabezado por el juez Juan Gabriel Peralta, mientras que el fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representa al Ministerio Público de la Acusación. El funcionario adelantó que solicitará una pena de 13 años de prisión para el imputado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el jueves 13 de junio de 2024, cerca de las 11:30, cuando la víctima caminaba junto a su novia por calle Alem al 1300.

Según detalló Castellano, el acusado los persiguió desde atrás, se les cruzó en el camino y extrajo de su cintura un revólver calibre 32, color plateado, el cual portaba sin autorización legal.

En ese contexto, el imputado le apuntó al hombre y le exigió que entregara sus pertenencias. Mientras la víctima se disponía a sacarse la mochila, también amenazó a la mujer, advirtiéndole que no interfiriera.

El fiscal remarcó que, en ese momento, el acusado disparó a una distancia aproximada de medio metro directamente al rostro del hombre, con la intención de provocarle la muerte.

Tras el ataque, el agresor escapó corriendo del lugar, mientras que la víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención médica, lo que impidió que se consumara el homicidio.

El imputado será juzgado como autor de tentativa de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de arma de uso civil.

Según el cronograma dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), tras los alegatos de apertura, las declaraciones testimoniales continuarán durante la semana.

Los alegatos de clausura están previstos para el viernes, mientras que la sentencia podría conocerse el próximo martes 28.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con el inicio de las declaraciones testimoniales. En los Tribunales de San Isidro, prestarán declaración Gianinna Maradona, un médico y el primer policía que ingresó a la vivienda donde falleció el ex futbolista el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, en el marco del debate oral que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Gianinna Maradona, hija de Claudia Villafañe y del ex capitán de la Selección, fue propuesta como testigo por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Su declaración es una de las más relevantes en esta etapa del juicio.

En intervenciones previas, la joven había sostenido que a su familia la “convencieron” de optar por una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural que Maradona se realizó en la Clínica Olivos. Además, había manifestado que lo vio “muy mal” en ese período.

También cuestionó con dureza al equipo médico que atendía a su padre: “Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó, en referencia al médico personal Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa.

Otro de los testimonios será el del oficial Lucas Farías, quien fue el primer efectivo en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, tras el llamado por la descompensación de Maradona.

En declaraciones anteriores, el policía describió que al ingresar observó en la cama un “bulto prominente” cubierto, y que procedió a preservar la escena al constatar que se trataba del ex futbolista.

Su testimonio es considerado clave para reconstruir los momentos posteriores al fallecimiento.

También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que llegó en la ambulancia de la empresa +Vida y que constató la muerte de Maradona.

El profesional había señalado que el cuerpo del ex jugador se encontraba “hinchado” y “irreconocible”, una descripción que generó fuerte impacto en el expediente judicial.

En la causa están imputados ocho profesionales de la salud: además de Luque y Cosachov, figuran el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Pablo Di Spagna.

El tribunal deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

El juicio contra Felipe Pettinato continuó este lunes con los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, en el proceso que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 en el barrio porteño de Belgrano.

El fiscal Fernando Klappenbach solicitó una pena de 4 años y 7 meses de prisión para Pettinato, al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso con una condena previa por abuso sexual.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público sostuvo que no existen pruebas suficientes para afirmar que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

“No encontré respuestas necesarias que me permitan sostener la hipótesis de un hecho doloso”, afirmó.

Klappenbach remarcó que, si bien las consecuencias fueron “graves e irreparables”, la evidencia no permite reconstruir con certeza cómo actuó el acusado.

En ese sentido, señaló:“No estoy en condiciones de relatar cómo actuó Pettinato”

Y agregó que tampoco puede afirmarse que no haya intentado ayudar a la víctima:“Será un tremendo inútil, pero no podemos decir que no hizo nada”.

La hipótesis principal de la fiscalía apunta a una manipulación negligente de un encendedor, lo que habría generado el incendio fatal.

La acusación particular, representada por el abogado Alejandro Drago, mantiene una postura mucho más severa.

Solicitó una pena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, al considerar que el incendio fue provocado de manera intencional.

“Esto no fue un accidente”, sostuvo el letrado, quien argumentó que el fuego se inició sobre el sillón donde dormía la víctima y que se habrían utilizado elementos inflamables.

El caso se remonta al 16 de mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en un departamento de la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano.

En ese lugar murió Melchor Rodrigo, quien —según las pericias— se encontraba dormido y bajo los efectos de psicofármacos al momento del inicio del fuego.

El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, incluyó testimonios de peritos, bomberos, vecinos y familiares de la víctima.

Con el alegato de la fiscalía, el debate oral ingresa en su tramo decisivo.

En las próximas audiencias será el turno de la defensa, y luego el tribunal —integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle— quedará en condiciones de dictar sentencia.

Hasta el momento, Pettinato no declaró en el juicio.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será llevado a juicio en Francia tras la denuncia por presunta violación presentada en febrero de 2023. El defensor del Paris Saint-Germain deberá comparecer ante el Tribunal de Nanterre, luego de que la fiscalía decidiera elevar la causa a instancia oral.

El expediente se originó el 25 de febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años acudió a una comisaría en Nogent-sur-Marne para denunciar que, la noche anterior, había sido agredida sexualmente en la vivienda del jugador, ubicada en Boulogne-Billancourt.

Según la denuncia, la joven llegó al domicilio alrededor de la 1:15 de la madrugada y allí el futbolista la habría besado y tocado sin su consentimiento, para luego violarla.

La postura de la defensa

Tras varios años de investigación, la fiscalía de Nanterre resolvió enviar el caso a juicio. La decisión fue confirmada por la abogada del jugador, Fanny Colin, quien cuestionó con dureza la medida.

La letrada sostuvo que el proceso se basa únicamente en la declaración de la denunciante y afirmó que, según su postura, la joven habría rechazado exámenes médicos y análisis de ADN, además de negarse a facilitar su teléfono móvil y a identificar a un testigo clave.

Desde que trascendió la denuncia, Hakimi se declaró inocente. El lateral negó “cualquier acto de penetración”, aunque reconoció que existieron “abrazos y besos consentidos”.

El mensaje del jugador

Tras conocerse la elevación a juicio oral, Hakimi se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, según contempla la legislación francesa para este tipo de delitos.

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En el plano futbolístico, la temporada del marroquí no ha sido regular. Entre lesiones —como un esguince de tobillo que lo marginó varios partidos— y el contexto judicial, su participación se redujo a 19 encuentros oficiales.

El proceso que se abre en Hauts-de-Seine marca un capítulo sensible en la carrera de Achraf Hakimi y obligará al PSG a gestionar la situación deportiva y comunicacional. Los plazos judiciales marcarán los próximos pasos y la cita en la sala será la oportunidad para que el sistema judicial determine responsabilidades más allá del ruido mediático.

El enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez neoyorquino Alvin Hellerstein, de 92 años y que tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública.

El magistrado estuvo en el pasado a cargo de casos como la causa por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y las demandas contras las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de la Universidad de Columbia y, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual y el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.__IP__

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

El camino hacia el juicio oral por presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad de Ceres entró en su tramo final.

El mes pasado, el juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peralta, firmó el auto de apertura a juicio contra los exfuncionarios Camilo Enzo Busquets, Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy, una resolución que dejó la causa lista para el debate. Ahora sólo falta que la Oficina de Gestión Judicial defina la integración del tribunal pluripersonal y fije la fecha de inicio.

En paralelo, y ya con la acusación firme, los tres imputados dieron un paso clave: cambiaron a sus defensores. Hasta entonces asistidos por la Defensa Pública, designaron como abogados particulares a Pablo Mosconi y Rafael Juárez.

Los referentes del estudio Mitre Asesores Jurídicos, asumieron formalmente el patrocinio el 6 de noviembre, después de que la Cámara Penal de Rafaela confirmara la resolución de primera instancia que desestimó los planteos defensivos.

El giro en la estrategia legal llega en un contexto procesal que se volvió irreversible desde el 1º de septiembre de 2025, cuando el camarista rafaelino Matías Drivet rechazó in limine los agravios presentados por los imputados y ratificó lo decidido por el juez Peralta el 20 de mayo de 2025. Aquella resolución confirmó la validez de la acusación y despejó el camino hacia el juicio.

La investigación reúne catorce hechos atribuidos a la gestión municipal encabezada por Busquets, quien gobernó Ceres entre 2003 y 2019, período en el que Godoy y Cañete fueron sus exsecretarios de Hacienda.

Según la imputación del fiscal de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5, Guillermo Loyola, se habrían cometido maniobras de malversación de caudales públicos agravada, fraude a la administración, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos.

A la acusación fiscal se plegó como parte querellante el abogado santafesino Ignacio Alfonso Garrone, quien representa a la Municipalidad de Ceres, actualmente a cargo de la intendente Alejandra Dupouy, que será testigo en el juicio.

Fiscalía y querella señalan, entre los hechos más relevantes, el presunto desvío de subsidios provinciales, la falta de depósito de aportes sindicales retenidos a empleados municipales, la omisión deliberada de deudas en el informe de traspaso de gestión en 2019 y la adjudicación indebida de obras públicas.

También pesan cargos por aceptación ilegal de cargo y abuso de autoridad, a raíz de designaciones irregulares dentro del municipio.

La resolución de apertura de juicio firmada en octubre pasado incluye un extenso listado de testimoniales y pruebas documentales ofrecidas por las partes, que serán debatidas en la etapa oral.

En su fallo del 1º de septiembre, el camarista Drivet analizó uno por uno los argumentos elevados por la defensa pública -entonces emprendida por los Dres. Aníbal Caula y Adrián Rocca-, y concluyó que ninguno justificaba frenar el avance hacia el juicio.

El primer punto cuestionado había sido la negativa a otorgar la suspensión del proceso a prueba. Las defensas pretendían acceder a este mecanismo alternativo, pero el fiscal interviniente se opuso.

Para Drivet, dicha oposición fue “razonable y fundada”, especialmente por la naturaleza de los delitos –vinculados a corrupción estatal– y por los estándares internacionales contenidos en la Ley 26.097 y la Ley 24.759. En el caso de Godoy, además, el camarista señaló que ni siquiera había existido un ofrecimiento reparatorio que permitiera evaluar el beneficio.

El segundo agravio apuntaba a la supuesta prescripción de algunos de los hechos. Sin embargo, Drivet ratificó la posición del Ministerio Público Fiscal y consideró acreditado que la citación a audiencia imputativa –acto interruptivo según la normativa penal– estaba debidamente probada.

Incluso evaluó especialmente el hecho 14, vinculado a un nombramiento irregular de 2011: allí destacó que uno de los imputados era “el máximo funcionario local” y que la pesquisa se inició a partir de una auditoría posterior al cambio de gestión, escenario en el que podían haber existido factores que demoraran el avance del expediente. Por ello, descartó la prescripción total o parcial.

El tercer planteo se centraba en la presunta violación del plazo razonable, dado que la investigación lleva ya varios años. Para Drivet, el caso “carecía del desarrollo argumental mínimo” para avalar la queja.

Recordó que los imputados transitaron todo el proceso en libertad, manteniendo sus actividades laborales e incluso cargos públicos. Sumó a ello la complejidad objetiva del expediente, con catorce hechos autónomos y pluralidad de imputaciones. Así, calificó el tiempo trascurrido como “lógico y racional” dadas las características del caso.

Tras el revés en Cámara, la defensa tomó otro rumbo. Mosconi y Juárez, ahora al frente de la estrategia, trabajan sobre un expediente voluminoso que ya superó todas las instancias preliminares.

En Ceres y San Cristóbal, el avance del caso mantiene expectantes a actores políticos, empleados municipales y vecinos, que esperan un debate donde por primera vez se ventilarán públicamente los detalles de la gestión cuestionada.

Con la acusación ratificada en todas sus partes y la etapa instructoria cerrada, la definición de la fecha del juicio depende exclusivamente de cuestiones administrativas de la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal. Una vez integrado el tribunal –que será pluripersonal–, las partes serán convocadas para organizar el cronograma del debate.

Mientras tanto, los tres exfuncionarios se preparan para afrontar un juicio que podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años en la región, no sólo por la cantidad de hechos en juego, sino también por el impacto institucional que podría tener sobre la administración pública local.

El Litoral

Este jueves por la mañana se puso en marcha en el Senado bonaerense el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, acusada de haber cometido graves irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El procedimiento determinará si la magistrada —actualmente suspendida— será removida de su cargo o podrá continuar en funciones.

La audiencia tuvo lugar en una sala especialmente acondicionada en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Makintach se presentó sin emitir declaraciones y escoltada por su equipo legal.

El juicio político contra Makintach se originó tras conocerse que habilitó la filmación del documental “Justicia Divina”, en el cual participó activamente, mientras se desarrollaba el juicio oral por el fallecimiento del astro del fútbol. La magistrada no informó de esta decisión al resto de los jueces del tribunal, lo que posteriormente derivó en la nulidad del juicio por violación de garantías procesales.

Frente a este hecho, la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) resolvió suspenderla de manera preventiva y se dio paso al proceso disciplinario.

El futuro de la jueza Makintach está ahora en manos de un tribunal integrado por cinco legisladores provinciales y cinco abogados conjueces, quienes deberán evaluar si la conducta de la magistrada constituye causal de remoción. Las razones invocadas podrían incluir incapacidad, conducta incompatible con el cargo, graves irregularidades o incumplimiento de deberes.

Por parte de la defensa, ya se había cuestionado la legalidad del proceso, denunciando “la ausencia de condiciones mínimas para avanzar con prudencia y ecuanimidad”, aunque ese planteo fue rechazado por el jury.

Cuatro años después de la denuncia, Diego García enfrentará a la Justicia por la acusación de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven en La Plata durante 2021. El futbolista, actualmente en Club Atlético Peñarol, cruzó el Río de la Plata para asistir al inicio del juicio oral que comenzará este martes.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, con la actuación del fiscal Lucas Domsky. La acusación será representada por el fiscal Jorge Paolini, la querella por el abogado Marcelo Peña —representante de la víctima—, mientras que la defensa correrá por cuenta de Diego Hernán Bandín.

🎙️ #AHORA | Ignacio Ruglio: "Estuve hablando con los agentes de Diego García, al inicio de la semana que viene van a tener novedades del juicio y la declaración (coincide con la final de la #CopaUruguay)" ▶️ https://t.co/9Dk9Ye1EuK pic.twitter.com/BTpkgcTL9k

El caso se remonta a febrero de 2021, cuando García, apodado “el Demonio”, asistió junto a otros futbolistas de Club Estudiantes de La Plata a una fiesta en una quinta ubicada en el barrio El Rodeo. Según la denunciante —jugadora de hockey del mismo club—, el jugador la llevó a un baño donde la golpeó y abusó sexualmente.

La joven declaró de manera consistente y su testimonio fue respaldado por pericias médicas oficiales y declaraciones de testigos, lo que llevó a que los camaristas dieran validez a su relato y rechazaran las versiones presentadas por la defensa.

Aunque fue procesado penalmente, García continuó su carrera profesional. El club Estudiantes activó su protocolo de género y lo separó del plantel, mientras que en 2022 la Justicia bonaerense lo autorizó a continuar jugando en el exterior. Tras su paso por Patronato, firmó contrato en Uruguay.

La acusación prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había rechazado el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y ratificó la elevación a juicio oral dispuesta por el juez de Garantías Pablo Raele, a pedido de la fiscal Cecilia Corfield.

Entre los testigos citados figuran varios excompañeros del acusado: Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski.

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos reabrió este viernes un capítulo clave en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay.

La Sala Penal del STJ, integrada por Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa de Néstor Roberto Pavón y confirmó que el acusado deberá enfrentar un nuevo juicio como posible autor o coautor del abuso y asesinato de la joven.

La resolución ratificó lo dispuesto por la Cámara de Casación Penal en 2019 y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Juicio para un nuevo debate oral, que deberá dictar una nueva sentencia.

Micaela García (21) era estudiante de Educación Física y militante social. Fue secuestrada la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando regresaba a su casa en Gualeguay tras salir de un boliche.

La joven estuvo desaparecida durante casi una semana hasta que, el 8 de abril de 2017, su cuerpo fue hallado en un descampado de la zona de chacras de la ciudad.

El femicidio conmocionó a la sociedad argentina y convirtió a Micaela en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, impulsando además la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos.

En octubre de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

En cambio, Néstor Pavón fue condenado solo por encubrimiento agravado y recibió cinco años de prisión efectiva, lo que generó un fuerte rechazo de la familia de la víctima y de organizaciones feministas.

La fiscalía y la querella, en representación de los padres de Micaela, apelaron el fallo para que Pavón también fuera juzgado y condenado como coautor del crimen, y no solo como encubridor.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná —integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti— ratificó la condena de Wagner, pero anuló la sentencia contra Pavón y ordenó un nuevo juicio.

Pavón recuperó la libertad en 2020, cuando un tribunal consideró que la condena anterior “carecía de fundamentación adecuada”. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coincidió con el criterio de Casación y dispuso que Pavón debía enfrentar un nuevo debate oral.

Finalmente, este viernes, el STJ de Entre Ríos confirmó esa decisión, dejando a Pavón otra vez en el banquillo de los acusados y con cargos más graves: autor o coautor del abuso y femicidio.

a24

La actriz y productora Andrea del Boca fue absuelta este jueves 25 de septiembre por la Justicia federal en la causa que investigaba un supuesto fraude al Estado en el marco de la producción de la telenovela “Mamá Corazón”, un proyecto financiado con fondos públicos que nunca fue emitido.

El veredicto fue emitido por el Tribunal Oral Federal N°7, luego de seis meses de audiencias, en un juicio oral que se llevó adelante de manera virtual. Del Boca, procesada en 2019, enfrentaba un pedido de tres años y medio de prisión formulado por la fiscal Fabiana León.

Durante la audiencia en la que se comunicó la sentencia, Andrea del Boca se mostró visiblemente emocionada y lloró al conocer la decisión del tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

En su última intervención antes del fallo, la actriz había expresado:

“Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles”.

El tribunal también absolvió a los otros 10 imputados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), así como varios exfuncionarios del INCAA y la UNSAM.

La denuncia que dio origen a la causa se centraba en la supuesta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la telenovela “Mamá Corazón”, a través de convenios firmados entre el Ministerio de Planificación, el INCAA y la UNSAM.

Según la acusación, la productora de Andrea del Boca habría cobrado el 76% de un contrato por $36,5 millones, sin haber completado ni emitido la obra. Sin embargo, la defensa de la actriz, a cargo de Juan Pablo Fioribello, sostuvo que ella cumplió con todas sus obligaciones contractuales y que no era su responsabilidad la emisión del contenido, lo que fue finalmente tenido en cuenta por el tribunal.

La sentencia absolutoria incluye a la totalidad de los imputados y los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 25 de noviembre.

El juicio había comenzado en marzo de 2025, y desde entonces Andrea del Boca reiteró públicamente su inocencia y expresó su deseo de que se hiciera justicia.Este jueves 25 de septiembre, esa expectativa se cumplió.

Tres integrantes del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe fueron designados esta semana para intervenir en la apelación horizontal de la condena a prisión para el profesor de Educación Física, Juan Francisco Trigatti.

La Oficina de Gestión Judicial de la Cámara local notificó este lunes a las partes intervinientes acerca de los magistrados que definirán sobre la inocencia o culpabilidad del docente acusado por el abuso de cuatro niñas que en 2021 asistían la Jardín de Infantes del Complejo educativo Ceferino Namuncurá de barrio Yapeyú .

Trigatti fue absuelto en primera instancia el 3 de octubre de 2024.

Se trata de los camaristas Fabio Mudry -presidente del tribunal y primer voto-, junto con sus pares Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri.

Aunque todavía existe plazo para impugnar tales designaciones, todo indicaría que no habrá cambios, atento a que no quedarían jueces en esta circunscripción, más allá del Dr. Oscar Burtnik, quien al menos hasta ahora, es el único que no tuvo ni tendrá que intervenir en la causa.

La Circunscripción judicial Nº 1 con sede en Santa Fe cuenta con diez jueces penales de segunda instancia, de los cuales tres (Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón) intervinieron en la apelación del fallo absolutorio, el cual resultó revocado y en su lugar dictaron una condena a 12 años de prisión para Trigatti.

Los tres restantes, Martha Feijoo, Roberto Prieu Mántaras y Roberto Reyes, intervinieron en sucesivas instancias recursivas durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y por lo tanto quedaron marginados de integrar un tribunal.

El profesor Juan Trigatti llegó a juicio por primera vez el miércoles 28 de agosto de 2024. En ese entonces, el bloque acusador, integrado por los fiscales Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi; y la abogada querellante Carolina Walker Torres, solicitaron 25 años de cárcel.

El Litoral 

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide hoy lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

La Mona Jiménez perdió un juicio con Natalia Jiménez Rufino, una mujer que luchó hace años por ser reconocida por el cantante como su hija y ahora él deberá pagar una suma millonaria de $92.213.040 por daño moral y patrimonial a la joven. 

Según el fallo de la Justicia que leyeron en A la tarde (América TV), el artista “se negó sistemáticamente a conocerla a pesar de que sabía del embarazo de su madre” y por ello deberá pagar $40.314.000 por daño moral y $51.899.040 por pérdida de chance pasada. 

De todas formas, el cantante de cuarteto aún puede apelar el fallo, pero los abogados de Natalia consideran que será difícil revertirlo. En el caso de que siga todo igual, la joven podría convertirse en la heredera legal del patrimonio de La Mona. 

En diálogo con A la tarde, Natalia Jiménez confesó que fue su abuela quien le comentó que ella era hija del artista, pero que este nunca la reconoció legalmente como su hija ni se molestó en entablar un vínculo afectivo, aunque sí aportó algunas cuotas alimentarias durante su niñez.

En el 2015, la joven inició su batalla legal tras realizar una prueba de ADN que dio positiva y según sus palabras le ofrecieron reconocerla solo “si renunciaba a todos mis derechos”: "Cuando pregunté cuáles eran, me dijeron ‘la plata, bol...’”.

NA

El juez penal Juan Gabriel Peralta resolvió elevar a juicio oral una extensa causa por presuntos delitos contra la administración pública que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad de Ceres.

Entre los implicados se encuentran el exintendente Camilo Enzo Busquets (68), quien estuvo al frente de la administración durante el período 2003-2019, y sus exsecretarios de Hacienda, Betiana Godoy (45) (1/11/2004 hasta el 13/12/2018) y Lucas Sebastián Cañete (45) (11/09/2018 hasta el 9/12/2019).

La resolución, del pasado 20 de mayo, refiere a la audiencia preliminar, realizada en dos jornadas, el 9 de septiembre y el 30 de octubre de 2024.

De dicho acto participaron el fiscal de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja del MPA Rafaela, Guillermo Loyola; el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, en representación de la Municipalidad de Ceres; y los defensores públicos Aníbal Caula y Adrián Rocca, por los acusados.

Las defensas habían solicitado la suspensión del juicio a prueba -ofreciendo donaciones y reparaciones económicas- y plantearon la prescripción de algunos de los hechos.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella rechazaron tales salidas alternativas, argumentando el carácter de funcionarios públicos de los imputados y la gravedad de los hechos. El juez Peralta coincidió con esa postura y desestimó ambos planteos.

Según la acusación formal, se investiga un complejo entramado de hechos que incluyen malversación de caudales públicos agravada, incumplimiento de deberes de funcionario, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales.

El juez Peralta dio por admitida la acusación del MPA y de la querella, habilitando la realización del juicio oral.

También admitió la prueba ofrecida por la fiscalía, que incluye declaraciones de más de una decena de testigos clave, entre ellos la actual intendente y denunciante Alejandra Dupouy, el secretario de Hacienda Miguel Ángel Andrada, autoridades del Tribunal de Cuentas, del Nuevo Banco Santa Fe y de sindicatos municipales.

También se sumaron como prueba diversos documentos contables, presupuestos municipales, registros de pagos y material audiovisual sobre las obras adjudicadas.

La causa refleja el presunto desvío de fondos públicos y maniobras administrativas irregulares sostenidas durante los años en que Busquets fue intendente (2003-2019) y estuvo al frente de la administración local.

La decisión del juez marca el cierre de la etapa preparatoria y abre el camino a un juicio oral cuya fecha de realización será oportunamente programada por la Oficina de Gestión de los tribunales de San Cristóbal.

El Litoral

Es por una causa que comenzó por una denuncia del actual mandatario, cuando era ministro de Seguridad. "Cuando hay corrupción, se tiene que denunciar", dijo. Y aclaró que "como en la sociedad, en la Policía hay más buenos, honestos y trabajadores, que malos".

El gobernador Maximiliano Pullaro se presentó este jueves en los tribunales santafesinos, en la capital provincial, para prestar declaración en un juicio en el que se acusa a los exjefes de la Policía de la Provincia, Omar Odriozola y Rafael Grau, de liderar entre 2015 y 2016 una organización ilícita dedicada a defraudar económicamente a la administración pública mediante facturas de supuestos arreglos de patrulleros. La denuncia de ese accionar fue realizada por el actual mandatario provincial, quien en ese momento era el ministro de Seguridad.

La causa, conocida como "D4", ya tiene a varias personas condenadas a través de juicios abreviados. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia del proceso contra los principales acusados, en la que Pullaro brindó su testimonio.

Luego, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “uno tiene que ser muy claro en estas cosas: cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”, y aclaró también que "la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta. Como en todos los ámbitos de la sociedad, ahí hay más buenos que malos, pero hay malos". 

"Cuando nos tocó, hicimos lo que teníamos que hacer -continuó Pullaro- que fue no hacernos los boludos ante la corrupción. Y ahora también, se hace lo que se tiene que hacer en cada ámbito del Estado, y eso es un mensaje claro. Y lo vamos a seguir haciendo, porque el Estado puede ser mejor, más eficiente, y porque entre todos tenemos que mejorar las instituciones democráticas".

Asimismo, el mandatario provincial afirmó que "nosotros no toleramos la corrupción institucional. Cuando esas cuestiones (denuncias) le llegan a la autoridad política, la autoridad política tiene que tener mucha ejemplaridad, y eso se da con los hechos que hace uno, pero también se da cuando hace lo que tiene que hacer: si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia de Santa Fe, no puede permitir ningún tipo de corrupción", por eso "acá hay que hacer lo que uno tiene que hacer como funcionario público, porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales. Entonces, parece que la cosa va derecha, pero en realidad va a torcida y cada vez se va torciendo más".

Pullaro recordó que siendo ministro de Seguridad durante la gobernación de Miguel Lifschitz, "me vi muy conmovido con lo que se me anoticiaba a través de un mensaje anónimo muy certero, porque lo que se me informaba era con números de móviles, tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia".

"Entendí que como ministro de Seguridad, pero fundamentalmente como máxima autoridad en ese momento de la seguridad pública de la provincia, yo tenía que hacer esa denuncia, y acompañé ese mensaje anónimo -que era muy certero y muy claro- a la Fiscalía con mi firma, que posteriormente derivó en allanamientos, detenciones y varios juicios abreviados", explicó.

Este miércoles, el Tribunal de Rafaela dictó sentencia en la causa por el crimen de Julio Funes, asesinado en marzo de 2020 en el barrio Fasoli. Iván Alejandro Belizán fue condenado a 28 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio simple, abuso sexual simple, abuso sexual agravado con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, todos en concurso real.

Por su parte, Marianela Pairetti, hermana del condenado, fue absuelta de la acusación como partícipe necesaria del homicidio. El Tribunal consideró que su conducta encuadró en una figura de encubrimiento, pero que debía ser eximida de responsabilidad penal por el vínculo familiar. Se dispuso el cese inmediato de las medidas cautelares y su libertad inmediata, salvo requerimiento de otra autoridad.

La lectura estuvo a cargo del juez José Luis Estévez, con los votos de los conjueces Sergio Beceyro y Cecilia Álamo. En la sentencia también se ordenó la toma de muestras biológicas de Belizán para su incorporación al Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.

El caso, que conmocionó a Rafaela, se reconstruyó en base a indicios, sin testigos presenciales. El fiscal Martín Castellano había solicitado 40 años de prisión para Belizán y 9 años para Pairetti. Las defensas públicas habían pedido la absolución de ambos.

A cinco años del asesinato de Julio Funes, ocurrido en marzo de 2020 en el barrio Fasoli de Rafaela, el juicio entra en su etapa final. Este lunes, en una extensa audiencia virtual, el fiscal Martín Castellano pidió 40 años de prisión efectiva para Iván Belizán, a quien acusa de ser el autor del crimen y de un abuso sexual contra una menor. Para su hermana, Marianela Pairetti, solicitó 9 años de cárcel como partícipe necesaria del homicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Soldano al 1370, donde vivía Julio Funes, de 70 años. Según el fiscal, no hay testigos presenciales, por lo que fue necesario reunir indicios serios para demostrar la autoría. La investigación apunta a que Belizán golpeó a Funes en la nuca con un palo, lo ató con cables y, días después, junto a su hermana quemó el cuerpo en un galpón, tras rociarlo con líquido inflamable.

Vecinos habían alertado por fuertes olores nauseabundos en los días previos al hallazgo. Al momento del incendio, Belizán y Pairetti fueron captados por cámaras de seguridad llegando al lugar. Además, según la Fiscalía, comenzaron a retirar objetos de valor de la casa y decían que Funes se había ido a Córdoba a visitar familiares.

Para Castellano, los acusados idearon un "macabro plan" con el objetivo de apoderarse de las pertenencias de la víctima, incluida la vivienda. El fiscal sostuvo que Pairetti había mantenido un vínculo afectivo con Funes y que, tras intentar desalojarla sin éxito, el conflicto escaló. Belizán, por su parte, también frecuentaba el lugar y se habría instalado allí.

Además del homicidio, Belizán fue acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 13 años, hija de Pairetti. La víctima prestó testimonio diciendo que vive con miedo hasta la actualidad, y pidió justicia para evitar que haya más víctimas. 

El fiscal solicitó 40 años de prisión, apenas cuatro menos que el máximo previsto legalmente (44). Para Pairetti, pidió 9 años como partícipe necesaria.

Las defensoras públicas Amalia Cassina (Belizán) y Georgina Alasia (Pairetti) pidieron la absolución. Cassina cuestionó la solidez de los testimonios y afirmó que no “se produjo prueba contundente”. También sugirió que el cuerpo carbonizado hallado podría no ser el de Funes, por falta de pericias concluyentes.

Alasia, por su parte, planteó que Pairetti fue una víctima de violencia de género y manipulación, y que su participación, de haber existido, se limitó a hechos posteriores al crimen. Ambas hicieron énfasis en la ausencia de testigos presenciales y en las dudas respecto del relato fiscal.

Tras las exposiciones de las partes, el Tribunal integrado por el juez José Luis Estévez y los conjueces Sergio Beceyro y Cecilia Álamo deberá emitir su veredicto de absolución o condena este miércoles. De ser condenados, también se establecerá el monto de las penas.