Hay enojo con el fiscal Carlos Schaefer en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, por el "doble discurso" que realiza debido a que “no le salen las cosas bien.”

Martín Leiro, abogado del acusado Alan Cañete expuso su malestar con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre cómo lleva a cabo el debate: "Está enojado porque, evidentemente, no le salen las cosas bien, entonces acude al doble discurso".

Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.

En este sentido, redobló la puesta y recordó una entrevista que Schaefer dio días atrás: "Sale en los medios a decir cosas que no pasan. Por ejemplo, se está quejando de que los jueces no están presencial, pero nunca planteó la incidencia".

"También dijo que el Tribunal está actuando mejor. ¿Es decir que antes estaba actuando peor? O ¿está poniendo en duda la parcialidad al tribunal?", cuestionó.

Este miércoles declaran Santiago Molina, un vecino de 9 de Julio, localidad correntina en la que fue visto por última vez el menor; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

El Litoral

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda señalaron que era él quien impartía las órdenes durante los rastrillajes realizados en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además, otro testigo que estuvo presente en el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño aportó su versión sobre los movimientos de Loan antes de que se le perdiera el rastro.

Durante la audiencia declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes participaron del operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición del menor.

Alegre explicó que fue quien recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava para informar sobre el extravío de Loan y posteriormente dio aviso a las autoridades. También relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido colocado allí por Laudelina Peña.

El uniformado afirmó que desconoce quién encontró el calzado y sostuvo que, cuando llegó al lugar, ya había tres cadetes custodiándolo junto al ex comisario Walter Maciel. Según su declaración, fue Maciel quien le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta que arribara la perito encargada de levantar la evidencia.

Asimismo, indicó que tomó dos fotografías del botín y del lugar donde fue encontrado, y precisó que el elemento permaneció en el sitio alrededor de una hora y media antes de ser retirado por la especialista.

En la misma audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan.

El testigo recordó que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando junto a otros chicos en un tacuaral cuando expresó: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.

Fernández explicó que esa información surgió del relato de su hijo, quien se encontraba junto a Loan en esos momentos previos a la desaparición.

El fiscal federal Carlos Schaefer convocó para este miércoles a una nueva audiencia en la que declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

La causa tiene como principales acusados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes enfrentan el juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al expediente.

EL

La gira de Bandana por el interior del país quedó envuelta en un fuerte conflicto mediático y judicial. El grupo canceló de manera abrupta sus shows previstos en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, lo que generó malestar entre los fanáticos y un duro cruce con la productora ShowMax.

Lo que prometía ser una noche cargada de nostalgia y recuerdos de los años 2000 terminó en una disputa pública entre las artistas y la empresa organizadora, que adelantó que llevará el caso a la Justicia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Bandana explicó que las fechas previstas para el 17 de julio en Santa Rosa y el 18 de julio en Bahía Blanca se suspendían por la coincidencia con el próximo partido de la Selección Argentina.

“Afortunadamente, nuestra Selección Argentina sigue haciendo historia y continúa en carrera rumbo a la cuarta estrella. Como el próximo partido coincide con una de las fechas de nuestra gira, y sabiendo que es un momento muy especial para todos, la producción del evento decidió suspender los shows previstos bajo su organización”, señalaron.

En el mismo mensaje, el grupo alentó al equipo nacional e informó un correo electrónico para que el público pudiera gestionar la devolución de las entradas.

La reacción de ShowMax no tardó en llegar. La productora desmintió la versión difundida por el grupo y aseguró que no recibió una notificación formal sobre los motivos de la cancelación.

“Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación”, señalaron desde la empresa.

Además, la productora vinculó la suspensión con la baja convocatoria registrada para los shows.

“Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos”, expresaron.

En ese mismo descargo, la firma confirmó que también quedó cancelada la presentación prevista para el 18 de septiembre en Paraná.

Mientras la productora habló de una decisión unilateral, desde el entorno cercano a las integrantes de Bandana señalaron otra versión.

Según fuentes allegadas al grupo, las artistas tenían voluntad de presentarse, pero habrían decidido “plantarse” ante supuestas informalidades logísticas y contractuales por parte de la organización.

La situación dejó a cientos de fanáticos sin la posibilidad de asistir a los conciertos y abrió un escenario de reclamos por la devolución del dinero de las entradas.

Con las fechas suspendidas y las acusaciones cruzadas en aumento, ShowMax confirmó que iniciará acciones legales contra Bandana.

La empresa buscará reclamar un resarcimiento por los daños y perjuicios económicos que, según sostiene, provocó la cancelación unilateral de los shows.

Mientras tanto, los seguidores del grupo expresan su desilusión en redes sociales y esperan respuestas sobre la devolución de los tickets.

El conflicto, por ahora, dejó en pausa el esperado reencuentro de Bandana con parte de su público del interior y trasladó la discusión del escenario al ámbito judicial.

El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

La causa federal por el hallazgo en Mar del Plata del cuadro “Retrato de una dama”, vinculado al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, sumó un nuevo capítulo cultural y simbólico: la querella evalúa la posibilidad de que la obra sea exhibida en el Museo del Holocausto de Buenos Aires en caso de que la Justicia ordene su restitución a la heredera Marei von Saher.

La querella está integrada por los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, quienes mantienen conversaciones con autoridades del museo, en particular Jonathan Karszenbaum y la abogada Valeria Elfman, para evaluar un eventual esquema de préstamo de la obra.

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto, destacó la importancia del gesto: “Más allá de su valor artístico, representa un ejemplo concreto de restitución histórica y de preservación de la memoria. Exhibirla tendría un enorme valor educativo y simbólico para las nuevas generaciones”. La iniciativa, de concretarse, marcaría un hito institucional en Argentina al tratarse del primer caso de restitución judicial de una obra vinculada al expolio nazi con exhibición pública.

Actualmente, la causa se encuentra en su fase de definición procesal. Se están llevando adelante las últimas medidas de prueba antes de concluir la etapa preparatoria prevista por el Código Procesal Penal Federal, tras lo cual se dará vista a las partes para formular acusaciones y eventualmente elevar el caso a juicio oral. En las últimas semanas, la DAIA presentó un informe como amicus curiae, contextualizando el despojo sufrido por la familia Goudstikker durante la ocupación nazi y repasando estándares internacionales de restitución, incluidos los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009).

Fuentes de la querella adelantaron que solicitarán la formulación de acusación por encubrimiento agravado en concurso con lavado de activos agravado, con pedido de aplicación de penas máximas y multas millonarias, ya que la obra fue valuada pericialmente en 250.000 euros. La exhibición permitiría que la restitución no se limite a un trámite judicial, sino que se convierta en un acto de memoria y reparación histórica.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomará este martes una audiencia clave con las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona. La jornada se desarrollará luego de la suspensión de la última audiencia, interrumpida tras la descompensación de Gianinna Maradona.

Luque, ex médico de cabecera del exfutbolista, brindará testimonio desde las 10, mientras que Díaz declarará a partir de las 16. Jana será la única testigo convocada en esta instancia.

La declaración de Jana será uno de los puntos centrales de la audiencia debido a su participación en la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se resolvió que Maradona continuara con una internación domiciliaria en una vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre. Además, la hija del exjugador firmó el contrato de alquiler de la propiedad.

Durante el primer juicio, posteriormente anulado por el escándalo vinculado al documental de la ex jueza Julieta Makintach, Jana sostuvo que fue Luque quien propuso ese domicilio como residencia temporal de su padre. “No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba”, afirmó entonces.

También recordó haber visitado a su padre solo en dos oportunidades en el country: una junto a Gianinna, cuando lo vio en buen estado, y otra en la que aseguró haberlo encontrado hinchado y de mal humor.

Por su parte, Leopoldo Luque comparecerá nuevamente ante los jueces con el objetivo de responder a las declaraciones del médico Mario Schiter y de los especialistas forenses que participaron de la autopsia.

La última audiencia quedó marcada por un fuerte episodio de tensión cuando el neurocirujano exhibió un video de la necropsia sin advertir la presencia de Gianinna Maradona en la sala. La hija menor del exfutbolista rompió en llanto, insultó al médico y sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender la jornada.

En tanto, el psicólogo Carlos Díaz buscará contextualizar una serie de audios presentados por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en una audiencia previa.

Se trata de conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov después del fallecimiento de Maradona, material que forma parte de las pruebas analizadas en el expediente.

Además de Luque, Díaz y Cosachov, también están imputados el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El humorista Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa que tramita en los tribunales nacionales. La resolución judicial fue dictada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso que Pettinato cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo satelital GPS a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.

Según la causa, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos, delitos que concurren de forma ideal. La investigación se desprende del expediente por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ya que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que derivó en esta pesquisa paralela.

El arresto domiciliario contempla que Pettinato solo podrá salir para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, previamente impuestos por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 durante su condena por la muerte de Rodrigo. Asimismo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y ordenó un embargo sobre bienes y dinero del imputado hasta cubrir 1.500.000 pesos.

La situación judicial de Pettinato no es nueva. En abril pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, ocurrido en el departamento que ocupaba en Belgrano. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años y 7 meses, mientras que la querella reclamó una condena más severa, y la defensa argumentó el contexto de consumo problemático de sustancias.

Con esta nueva resolución, la justicia apunta a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, preservar la integridad del imputado y asegurar que continúe con sus tratamientos de rehabilitación, mientras se desarrollan los pasos procesales en la causa por estafas.

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entra en su instancia final este lunes, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto tras varias semanas de audiencias. El caso, que se remonta a mayo de 2022, investiga el incendio ocurrido en el departamento del imputado en el barrio porteño de Belgrano, donde el médico perdió la vida.

La audiencia en la que se conocerá el fallo está prevista para este lunes desde las 9 y se realizará de manera virtual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Durante los alegatos, las partes sostuvieron posturas contrapuestas sobre la responsabilidad de Pettinato en el hecho. La fiscalía, representada por el fiscal Fernando Klappenbach, solicitó una pena de 4 años y siete meses de prisión al considerar que se trató de un incendio culposo, es decir, producto de una conducta negligente.

En cambio, la querella, que representa a la familia de la víctima, pidió una condena más severa: 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que implica la intención o conocimiento del riesgo al provocar el incendio.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó la absolución, al sostener que no existen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal en el hecho.

El delito que se juzga contempla penas que van de 8 a 20 años de prisión en caso de comprobarse la figura dolosa, aunque también podría aplicarse una calificación menor si el tribunal considera que se trató de un hecho culposo.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300. Según la investigación, esa noche se desató un incendio en el interior de la vivienda mientras el neurólogo se encontraba allí.

De acuerdo con las pericias, el fuego se habría iniciado por una “llama libre”, posiblemente generada por un encendedor o un fósforo, y no por una falla eléctrica. Esto fue uno de los puntos centrales del debate durante el juicio.

La autopsia determinó que la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y que aún se encontraba con vida cuando comenzó el incendio, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Durante el proceso también se analizó el contexto en el que ocurrió el hecho. Rodrigo, quien era el médico tratante de Pettinato, se encontraba en el departamento al momento del incendio, en circunstancias que fueron reconstruidas a partir de testimonios y pericias técnicas.

Uno de los ejes de discusión fue si el imputado actuó con negligencia al manipular un encendedor o si existió una conducta más grave que justificara una imputación por estrago doloso.

El caso generó atención pública desde sus inicios no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura del acusado, vinculado al ámbito artístico y mediático. A lo largo del juicio, el tribunal analizó pruebas periciales, testimoniales y documentales para determinar la mecánica del incendio y el grado de responsabilidad.

Además, en caso de una eventual condena, el fallo podría tener un impacto mayor en la situación judicial de Pettinato, quien ya cuenta con antecedentes penales por otra causa, lo que también fue considerado durante el proceso.

Con el veredicto previsto para este lunes, el tribunal pondrá fin a la etapa oral del juicio y definirá si existió responsabilidad penal en un caso que combina elementos técnicos, periciales y jurídicos complejos.

El Litoral

Este lunes comenzó en los tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales GSP, acusado de cometer una tentativa de homicidio con arma de fuego en la ciudad de Sunchales.

El debate es encabezado por el juez Juan Gabriel Peralta, mientras que el fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representa al Ministerio Público de la Acusación. El funcionario adelantó que solicitará una pena de 13 años de prisión para el imputado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el jueves 13 de junio de 2024, cerca de las 11:30, cuando la víctima caminaba junto a su novia por calle Alem al 1300.

Según detalló Castellano, el acusado los persiguió desde atrás, se les cruzó en el camino y extrajo de su cintura un revólver calibre 32, color plateado, el cual portaba sin autorización legal.

En ese contexto, el imputado le apuntó al hombre y le exigió que entregara sus pertenencias. Mientras la víctima se disponía a sacarse la mochila, también amenazó a la mujer, advirtiéndole que no interfiriera.

El fiscal remarcó que, en ese momento, el acusado disparó a una distancia aproximada de medio metro directamente al rostro del hombre, con la intención de provocarle la muerte.

Tras el ataque, el agresor escapó corriendo del lugar, mientras que la víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención médica, lo que impidió que se consumara el homicidio.

El imputado será juzgado como autor de tentativa de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de arma de uso civil.

Según el cronograma dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), tras los alegatos de apertura, las declaraciones testimoniales continuarán durante la semana.

Los alegatos de clausura están previstos para el viernes, mientras que la sentencia podría conocerse el próximo martes 28.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con el inicio de las declaraciones testimoniales. En los Tribunales de San Isidro, prestarán declaración Gianinna Maradona, un médico y el primer policía que ingresó a la vivienda donde falleció el ex futbolista el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, en el marco del debate oral que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Gianinna Maradona, hija de Claudia Villafañe y del ex capitán de la Selección, fue propuesta como testigo por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Su declaración es una de las más relevantes en esta etapa del juicio.

En intervenciones previas, la joven había sostenido que a su familia la “convencieron” de optar por una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural que Maradona se realizó en la Clínica Olivos. Además, había manifestado que lo vio “muy mal” en ese período.

También cuestionó con dureza al equipo médico que atendía a su padre: “Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó, en referencia al médico personal Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa.

Otro de los testimonios será el del oficial Lucas Farías, quien fue el primer efectivo en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, tras el llamado por la descompensación de Maradona.

En declaraciones anteriores, el policía describió que al ingresar observó en la cama un “bulto prominente” cubierto, y que procedió a preservar la escena al constatar que se trataba del ex futbolista.

Su testimonio es considerado clave para reconstruir los momentos posteriores al fallecimiento.

También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que llegó en la ambulancia de la empresa +Vida y que constató la muerte de Maradona.

El profesional había señalado que el cuerpo del ex jugador se encontraba “hinchado” y “irreconocible”, una descripción que generó fuerte impacto en el expediente judicial.

En la causa están imputados ocho profesionales de la salud: además de Luque y Cosachov, figuran el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Pablo Di Spagna.

El tribunal deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

El juicio contra Felipe Pettinato continuó este lunes con los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, en el proceso que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 en el barrio porteño de Belgrano.

El fiscal Fernando Klappenbach solicitó una pena de 4 años y 7 meses de prisión para Pettinato, al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso con una condena previa por abuso sexual.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público sostuvo que no existen pruebas suficientes para afirmar que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

“No encontré respuestas necesarias que me permitan sostener la hipótesis de un hecho doloso”, afirmó.

Klappenbach remarcó que, si bien las consecuencias fueron “graves e irreparables”, la evidencia no permite reconstruir con certeza cómo actuó el acusado.

En ese sentido, señaló:“No estoy en condiciones de relatar cómo actuó Pettinato”

Y agregó que tampoco puede afirmarse que no haya intentado ayudar a la víctima:“Será un tremendo inútil, pero no podemos decir que no hizo nada”.

La hipótesis principal de la fiscalía apunta a una manipulación negligente de un encendedor, lo que habría generado el incendio fatal.

La acusación particular, representada por el abogado Alejandro Drago, mantiene una postura mucho más severa.

Solicitó una pena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, al considerar que el incendio fue provocado de manera intencional.

“Esto no fue un accidente”, sostuvo el letrado, quien argumentó que el fuego se inició sobre el sillón donde dormía la víctima y que se habrían utilizado elementos inflamables.

El caso se remonta al 16 de mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en un departamento de la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano.

En ese lugar murió Melchor Rodrigo, quien —según las pericias— se encontraba dormido y bajo los efectos de psicofármacos al momento del inicio del fuego.

El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, incluyó testimonios de peritos, bomberos, vecinos y familiares de la víctima.

Con el alegato de la fiscalía, el debate oral ingresa en su tramo decisivo.

En las próximas audiencias será el turno de la defensa, y luego el tribunal —integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle— quedará en condiciones de dictar sentencia.

Hasta el momento, Pettinato no declaró en el juicio.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será llevado a juicio en Francia tras la denuncia por presunta violación presentada en febrero de 2023. El defensor del Paris Saint-Germain deberá comparecer ante el Tribunal de Nanterre, luego de que la fiscalía decidiera elevar la causa a instancia oral.

El expediente se originó el 25 de febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años acudió a una comisaría en Nogent-sur-Marne para denunciar que, la noche anterior, había sido agredida sexualmente en la vivienda del jugador, ubicada en Boulogne-Billancourt.

Según la denuncia, la joven llegó al domicilio alrededor de la 1:15 de la madrugada y allí el futbolista la habría besado y tocado sin su consentimiento, para luego violarla.

La postura de la defensa

Tras varios años de investigación, la fiscalía de Nanterre resolvió enviar el caso a juicio. La decisión fue confirmada por la abogada del jugador, Fanny Colin, quien cuestionó con dureza la medida.

La letrada sostuvo que el proceso se basa únicamente en la declaración de la denunciante y afirmó que, según su postura, la joven habría rechazado exámenes médicos y análisis de ADN, además de negarse a facilitar su teléfono móvil y a identificar a un testigo clave.

Desde que trascendió la denuncia, Hakimi se declaró inocente. El lateral negó “cualquier acto de penetración”, aunque reconoció que existieron “abrazos y besos consentidos”.

El mensaje del jugador

Tras conocerse la elevación a juicio oral, Hakimi se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, según contempla la legislación francesa para este tipo de delitos.

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En el plano futbolístico, la temporada del marroquí no ha sido regular. Entre lesiones —como un esguince de tobillo que lo marginó varios partidos— y el contexto judicial, su participación se redujo a 19 encuentros oficiales.

El proceso que se abre en Hauts-de-Seine marca un capítulo sensible en la carrera de Achraf Hakimi y obligará al PSG a gestionar la situación deportiva y comunicacional. Los plazos judiciales marcarán los próximos pasos y la cita en la sala será la oportunidad para que el sistema judicial determine responsabilidades más allá del ruido mediático.

El enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez neoyorquino Alvin Hellerstein, de 92 años y que tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública.

El magistrado estuvo en el pasado a cargo de casos como la causa por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y las demandas contras las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de la Universidad de Columbia y, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual y el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.__IP__

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

El camino hacia el juicio oral por presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad de Ceres entró en su tramo final.

El mes pasado, el juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peralta, firmó el auto de apertura a juicio contra los exfuncionarios Camilo Enzo Busquets, Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy, una resolución que dejó la causa lista para el debate. Ahora sólo falta que la Oficina de Gestión Judicial defina la integración del tribunal pluripersonal y fije la fecha de inicio.

En paralelo, y ya con la acusación firme, los tres imputados dieron un paso clave: cambiaron a sus defensores. Hasta entonces asistidos por la Defensa Pública, designaron como abogados particulares a Pablo Mosconi y Rafael Juárez.

Los referentes del estudio Mitre Asesores Jurídicos, asumieron formalmente el patrocinio el 6 de noviembre, después de que la Cámara Penal de Rafaela confirmara la resolución de primera instancia que desestimó los planteos defensivos.

El giro en la estrategia legal llega en un contexto procesal que se volvió irreversible desde el 1º de septiembre de 2025, cuando el camarista rafaelino Matías Drivet rechazó in limine los agravios presentados por los imputados y ratificó lo decidido por el juez Peralta el 20 de mayo de 2025. Aquella resolución confirmó la validez de la acusación y despejó el camino hacia el juicio.

La investigación reúne catorce hechos atribuidos a la gestión municipal encabezada por Busquets, quien gobernó Ceres entre 2003 y 2019, período en el que Godoy y Cañete fueron sus exsecretarios de Hacienda.

Según la imputación del fiscal de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5, Guillermo Loyola, se habrían cometido maniobras de malversación de caudales públicos agravada, fraude a la administración, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos.

A la acusación fiscal se plegó como parte querellante el abogado santafesino Ignacio Alfonso Garrone, quien representa a la Municipalidad de Ceres, actualmente a cargo de la intendente Alejandra Dupouy, que será testigo en el juicio.

Fiscalía y querella señalan, entre los hechos más relevantes, el presunto desvío de subsidios provinciales, la falta de depósito de aportes sindicales retenidos a empleados municipales, la omisión deliberada de deudas en el informe de traspaso de gestión en 2019 y la adjudicación indebida de obras públicas.

También pesan cargos por aceptación ilegal de cargo y abuso de autoridad, a raíz de designaciones irregulares dentro del municipio.

La resolución de apertura de juicio firmada en octubre pasado incluye un extenso listado de testimoniales y pruebas documentales ofrecidas por las partes, que serán debatidas en la etapa oral.

En su fallo del 1º de septiembre, el camarista Drivet analizó uno por uno los argumentos elevados por la defensa pública -entonces emprendida por los Dres. Aníbal Caula y Adrián Rocca-, y concluyó que ninguno justificaba frenar el avance hacia el juicio.

El primer punto cuestionado había sido la negativa a otorgar la suspensión del proceso a prueba. Las defensas pretendían acceder a este mecanismo alternativo, pero el fiscal interviniente se opuso.

Para Drivet, dicha oposición fue “razonable y fundada”, especialmente por la naturaleza de los delitos –vinculados a corrupción estatal– y por los estándares internacionales contenidos en la Ley 26.097 y la Ley 24.759. En el caso de Godoy, además, el camarista señaló que ni siquiera había existido un ofrecimiento reparatorio que permitiera evaluar el beneficio.

El segundo agravio apuntaba a la supuesta prescripción de algunos de los hechos. Sin embargo, Drivet ratificó la posición del Ministerio Público Fiscal y consideró acreditado que la citación a audiencia imputativa –acto interruptivo según la normativa penal– estaba debidamente probada.

Incluso evaluó especialmente el hecho 14, vinculado a un nombramiento irregular de 2011: allí destacó que uno de los imputados era “el máximo funcionario local” y que la pesquisa se inició a partir de una auditoría posterior al cambio de gestión, escenario en el que podían haber existido factores que demoraran el avance del expediente. Por ello, descartó la prescripción total o parcial.

El tercer planteo se centraba en la presunta violación del plazo razonable, dado que la investigación lleva ya varios años. Para Drivet, el caso “carecía del desarrollo argumental mínimo” para avalar la queja.

Recordó que los imputados transitaron todo el proceso en libertad, manteniendo sus actividades laborales e incluso cargos públicos. Sumó a ello la complejidad objetiva del expediente, con catorce hechos autónomos y pluralidad de imputaciones. Así, calificó el tiempo trascurrido como “lógico y racional” dadas las características del caso.

Tras el revés en Cámara, la defensa tomó otro rumbo. Mosconi y Juárez, ahora al frente de la estrategia, trabajan sobre un expediente voluminoso que ya superó todas las instancias preliminares.

En Ceres y San Cristóbal, el avance del caso mantiene expectantes a actores políticos, empleados municipales y vecinos, que esperan un debate donde por primera vez se ventilarán públicamente los detalles de la gestión cuestionada.

Con la acusación ratificada en todas sus partes y la etapa instructoria cerrada, la definición de la fecha del juicio depende exclusivamente de cuestiones administrativas de la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal. Una vez integrado el tribunal –que será pluripersonal–, las partes serán convocadas para organizar el cronograma del debate.

Mientras tanto, los tres exfuncionarios se preparan para afrontar un juicio que podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años en la región, no sólo por la cantidad de hechos en juego, sino también por el impacto institucional que podría tener sobre la administración pública local.

El Litoral

Este jueves por la mañana se puso en marcha en el Senado bonaerense el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, acusada de haber cometido graves irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El procedimiento determinará si la magistrada —actualmente suspendida— será removida de su cargo o podrá continuar en funciones.

La audiencia tuvo lugar en una sala especialmente acondicionada en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Makintach se presentó sin emitir declaraciones y escoltada por su equipo legal.

El juicio político contra Makintach se originó tras conocerse que habilitó la filmación del documental “Justicia Divina”, en el cual participó activamente, mientras se desarrollaba el juicio oral por el fallecimiento del astro del fútbol. La magistrada no informó de esta decisión al resto de los jueces del tribunal, lo que posteriormente derivó en la nulidad del juicio por violación de garantías procesales.

Frente a este hecho, la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) resolvió suspenderla de manera preventiva y se dio paso al proceso disciplinario.

El futuro de la jueza Makintach está ahora en manos de un tribunal integrado por cinco legisladores provinciales y cinco abogados conjueces, quienes deberán evaluar si la conducta de la magistrada constituye causal de remoción. Las razones invocadas podrían incluir incapacidad, conducta incompatible con el cargo, graves irregularidades o incumplimiento de deberes.

Por parte de la defensa, ya se había cuestionado la legalidad del proceso, denunciando “la ausencia de condiciones mínimas para avanzar con prudencia y ecuanimidad”, aunque ese planteo fue rechazado por el jury.

Cuatro años después de la denuncia, Diego García enfrentará a la Justicia por la acusación de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven en La Plata durante 2021. El futbolista, actualmente en Club Atlético Peñarol, cruzó el Río de la Plata para asistir al inicio del juicio oral que comenzará este martes.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, con la actuación del fiscal Lucas Domsky. La acusación será representada por el fiscal Jorge Paolini, la querella por el abogado Marcelo Peña —representante de la víctima—, mientras que la defensa correrá por cuenta de Diego Hernán Bandín.

🎙️ #AHORA | Ignacio Ruglio: "Estuve hablando con los agentes de Diego García, al inicio de la semana que viene van a tener novedades del juicio y la declaración (coincide con la final de la #CopaUruguay)" ▶️ https://t.co/9Dk9Ye1EuK pic.twitter.com/BTpkgcTL9k

El caso se remonta a febrero de 2021, cuando García, apodado “el Demonio”, asistió junto a otros futbolistas de Club Estudiantes de La Plata a una fiesta en una quinta ubicada en el barrio El Rodeo. Según la denunciante —jugadora de hockey del mismo club—, el jugador la llevó a un baño donde la golpeó y abusó sexualmente.

La joven declaró de manera consistente y su testimonio fue respaldado por pericias médicas oficiales y declaraciones de testigos, lo que llevó a que los camaristas dieran validez a su relato y rechazaran las versiones presentadas por la defensa.

Aunque fue procesado penalmente, García continuó su carrera profesional. El club Estudiantes activó su protocolo de género y lo separó del plantel, mientras que en 2022 la Justicia bonaerense lo autorizó a continuar jugando en el exterior. Tras su paso por Patronato, firmó contrato en Uruguay.

La acusación prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había rechazado el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y ratificó la elevación a juicio oral dispuesta por el juez de Garantías Pablo Raele, a pedido de la fiscal Cecilia Corfield.

Entre los testigos citados figuran varios excompañeros del acusado: Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski.

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos reabrió este viernes un capítulo clave en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay.

La Sala Penal del STJ, integrada por Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa de Néstor Roberto Pavón y confirmó que el acusado deberá enfrentar un nuevo juicio como posible autor o coautor del abuso y asesinato de la joven.

La resolución ratificó lo dispuesto por la Cámara de Casación Penal en 2019 y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Juicio para un nuevo debate oral, que deberá dictar una nueva sentencia.

Micaela García (21) era estudiante de Educación Física y militante social. Fue secuestrada la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando regresaba a su casa en Gualeguay tras salir de un boliche.

La joven estuvo desaparecida durante casi una semana hasta que, el 8 de abril de 2017, su cuerpo fue hallado en un descampado de la zona de chacras de la ciudad.

El femicidio conmocionó a la sociedad argentina y convirtió a Micaela en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, impulsando además la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos.

En octubre de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

En cambio, Néstor Pavón fue condenado solo por encubrimiento agravado y recibió cinco años de prisión efectiva, lo que generó un fuerte rechazo de la familia de la víctima y de organizaciones feministas.

La fiscalía y la querella, en representación de los padres de Micaela, apelaron el fallo para que Pavón también fuera juzgado y condenado como coautor del crimen, y no solo como encubridor.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná —integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti— ratificó la condena de Wagner, pero anuló la sentencia contra Pavón y ordenó un nuevo juicio.

Pavón recuperó la libertad en 2020, cuando un tribunal consideró que la condena anterior “carecía de fundamentación adecuada”. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coincidió con el criterio de Casación y dispuso que Pavón debía enfrentar un nuevo debate oral.

Finalmente, este viernes, el STJ de Entre Ríos confirmó esa decisión, dejando a Pavón otra vez en el banquillo de los acusados y con cargos más graves: autor o coautor del abuso y femicidio.

a24

La actriz y productora Andrea del Boca fue absuelta este jueves 25 de septiembre por la Justicia federal en la causa que investigaba un supuesto fraude al Estado en el marco de la producción de la telenovela “Mamá Corazón”, un proyecto financiado con fondos públicos que nunca fue emitido.

El veredicto fue emitido por el Tribunal Oral Federal N°7, luego de seis meses de audiencias, en un juicio oral que se llevó adelante de manera virtual. Del Boca, procesada en 2019, enfrentaba un pedido de tres años y medio de prisión formulado por la fiscal Fabiana León.

Durante la audiencia en la que se comunicó la sentencia, Andrea del Boca se mostró visiblemente emocionada y lloró al conocer la decisión del tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

En su última intervención antes del fallo, la actriz había expresado:

“Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles”.

El tribunal también absolvió a los otros 10 imputados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), así como varios exfuncionarios del INCAA y la UNSAM.

La denuncia que dio origen a la causa se centraba en la supuesta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la telenovela “Mamá Corazón”, a través de convenios firmados entre el Ministerio de Planificación, el INCAA y la UNSAM.

Según la acusación, la productora de Andrea del Boca habría cobrado el 76% de un contrato por $36,5 millones, sin haber completado ni emitido la obra. Sin embargo, la defensa de la actriz, a cargo de Juan Pablo Fioribello, sostuvo que ella cumplió con todas sus obligaciones contractuales y que no era su responsabilidad la emisión del contenido, lo que fue finalmente tenido en cuenta por el tribunal.

La sentencia absolutoria incluye a la totalidad de los imputados y los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 25 de noviembre.

El juicio había comenzado en marzo de 2025, y desde entonces Andrea del Boca reiteró públicamente su inocencia y expresó su deseo de que se hiciera justicia.Este jueves 25 de septiembre, esa expectativa se cumplió.

Tres integrantes del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe fueron designados esta semana para intervenir en la apelación horizontal de la condena a prisión para el profesor de Educación Física, Juan Francisco Trigatti.

La Oficina de Gestión Judicial de la Cámara local notificó este lunes a las partes intervinientes acerca de los magistrados que definirán sobre la inocencia o culpabilidad del docente acusado por el abuso de cuatro niñas que en 2021 asistían la Jardín de Infantes del Complejo educativo Ceferino Namuncurá de barrio Yapeyú .

Trigatti fue absuelto en primera instancia el 3 de octubre de 2024.

Se trata de los camaristas Fabio Mudry -presidente del tribunal y primer voto-, junto con sus pares Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri.

Aunque todavía existe plazo para impugnar tales designaciones, todo indicaría que no habrá cambios, atento a que no quedarían jueces en esta circunscripción, más allá del Dr. Oscar Burtnik, quien al menos hasta ahora, es el único que no tuvo ni tendrá que intervenir en la causa.

La Circunscripción judicial Nº 1 con sede en Santa Fe cuenta con diez jueces penales de segunda instancia, de los cuales tres (Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón) intervinieron en la apelación del fallo absolutorio, el cual resultó revocado y en su lugar dictaron una condena a 12 años de prisión para Trigatti.

Los tres restantes, Martha Feijoo, Roberto Prieu Mántaras y Roberto Reyes, intervinieron en sucesivas instancias recursivas durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y por lo tanto quedaron marginados de integrar un tribunal.

El profesor Juan Trigatti llegó a juicio por primera vez el miércoles 28 de agosto de 2024. En ese entonces, el bloque acusador, integrado por los fiscales Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi; y la abogada querellante Carolina Walker Torres, solicitaron 25 años de cárcel.

El Litoral