Silvina Débora Álvarez, hermana de Cristian “Pity” Álvarez, brindó su testimonio este viernes en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

La mujer describió un escenario de hostigamiento y persecución que el exlíder de Viejas Locas sufría en el barrio Samoré. Según su relato, ambos compartían problemas de consumo de pasta base.

Había una suerte de persecución y hostigamiento permanente. Eso sí lo vi.

Sobre el momento del crimen, la testigo aseguró que su hermano “nunca sintió tanto miedo en su vida” y que intentó frenar la discusión antes de sentirse acorralado.

La hermana del músico destacó las dificultades familiares para lograr asistencia médica. Cristina Congiú, madre del acusado, consultó a numerosos profesionales, pero el entorno del músico dificultaba cualquier intervención efectiva.

Sobre su salud actual, Silvina Débora Álvarez fue contundente:

Cristian puede pasar días sin comer. Está en estados en los que no percibe si es lunes, martes o miércoles.

La testigo también recordó episodios de paranoia y el aislamiento sufrido durante la pandemia. “Él vive asustado permanentemente”, afirmó sobre el estado del músico, quien actualmente sigue el debate vía Zoom.

Respecto a la hija de 14 años del músico, la mujer actúa como intermediaria para el pago de la cuota alimentaria, aunque destacó que ambos tuvieron un acercamiento positivo mediante terapia.

Tras la declaración, la querella solicitó 11 años y dos meses de prisión. El miércoles 11 de noviembre será el turno de la fiscalía y el viernes 13 de la defensa.

El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde se encuentra internado Cristian “Pity” Álvarez, recomendó que el músico no participe por el momento de las audiencias del juicio en el que está acusado por el homicidio de Cristian Díaz.

La institución elevó un escrito a las autoridades judiciales en el que expresó su preocupación por el efecto que podrían tener sobre el paciente las audiencias presenciales o virtuales, los interrogatorios, los traslados y la exposición judicial y mediática.

El planteo se produjo luego de que, según el documento, una evaluación del cuerpo médico forense determinara que Álvarez debía continuar con el proceso penal mientras atraviesa su actual internación.

El equipo tratante sostuvo que su prioridad es preservar el bienestar y la estabilidad del músico durante el tratamiento. “Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal”, indicaron los profesionales.

Según el escrito, la exposición a audiencias, interrogatorios y otras situaciones asociadas con el proceso podría afectar negativamente su evolución clínica.

El establecimiento señaló además que, de acuerdo con su evaluación actual, persisten indicadores que requieren mantener las medidas terapéuticas y asistenciales adoptadas durante la internación.

Los profesionales manifestaron especial preocupación por situaciones que podrían ser percibidas como hostiles por el músico, entre ellas los interrogatorios y la presión mediática y judicial.

En el documento, el hospital vinculó esa posibilidad con características del cuadro por el que Álvarez se encuentra actualmente en tratamiento y consideró que una exposición de ese tipo podría provocar una desestabilización de su estado.

La institución también hizo referencia a antecedentes previos a la internación, entre ellos la interrupción del tratamiento psicofarmacológico y el consumo de distintas sustancias, circunstancias que, según los profesionales, forman parte de la evaluación clínica realizada.

El hospital solicitó que intervengan el Juzgado de Familia encargado de controlar la internación, el juzgado civil relacionado con la determinación de su capacidad jurídica y el órgano de revisión correspondiente.

El objetivo planteado es que estos organismos consideren el criterio del equipo terapéutico antes de decidir si el músico puede participar del juicio mientras continúa internado.

La institución insistió en que, desde su perspectiva asistencial, Álvarez no debería intervenir actualmente en el proceso penal.

El Solar Colonial también planteó que, si la recomendación médica no fuera aceptada y se resolviera igualmente la participación del músico en las audiencias, el establecimiento pretende quedar eximido de una eventual responsabilidad médica, civil o penal ante una posible descompensación relacionada con esa participación.

Será ahora la Justicia la que deberá resolver de qué manera continuará el proceso y bajo qué condiciones podrá intervenir Álvarez en las próximas instancias judiciales.

El cirujano Aníbal Lotocki deberá comparecer este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso judicial se centra en las denuncias por lesiones graves cometidas contra cinco mujeres.

La primera denunciante en presentarse ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo será Paola Auzmendi. Tras su testimonio, será el turno del médico, quien brindará su declaración ante el tribunal en el marco de este debate oral.

Además de esta causa, Aníbal Lotocki se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021. La muerte ocurrió tras una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito. Por este expediente, el médico ya prestó declaración ante la Justicia.

En la causa por el fallecimiento de Cristian Zárate también son juzgados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Asimismo, están señalados Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde, junto con los profesionales mencionados. La investigación busca determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados.

Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono celular de Aníbal Lotocki para evitar que fuera hallado por los investigadores. El debate reúne así distintas acusaciones vinculadas tanto a las denuncias por lesiones graves como a la investigación por la muerte de Cristian Zárate.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava se convertirá este miércoles en la cuarta imputada en declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes. Su testimonio se suma a los ya brindados por el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez en el juicio que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

El proceso judicial, que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, continúa avanzando. El niño fue visto por última vez en la zona del naranjal. El fiscal federal Carlos Schaefer también ha citado a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

La ronda de testimonios seguirá el jueves 8 de octubre, jornada en la que está previsto que expongan Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal; Mario Justo González, conocido como Guacha; y la policía Silvana Beatriz Romero.

Entre los acusados por el supuesto extravío del menor se encuentran María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel Fierrito Ramírez. Asimismo, existen otros 10 imputados vinculados al desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel El Americano Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

En paralelo al debate, la Justicia analiza un pedido de la querella para realizar tareas de drenaje en las lagunas 1 y 4 de la localidad de 9 de Julio. Estos sitios ya habían sido rastrillados anteriormente sin resultados positivos, pero el planteo se encuentra actualmente bajo análisis judicial mientras prosigue el juicio.

El músico Cristian “Pity” Álvarez será sometido a una nueva pericia interdisciplinaria para establecer si se encuentra en condiciones de continuar con el juicio en su contra por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Actualmente, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial, en Castelar. Desde allí, será trasladado al Cuerpo Médico Forense para la evaluación. Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la defensa participará de la instancia con peritos de parte.

“Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido”

El letrado también se refirió al estado del músico en el nosocomio de Morón, señalando que “anda como puede” y afirmó que “es el último lugar en el que quería estar internado”. Cabe recordar que Álvarez permaneció anteriormente en el Hospital Tornú, hasta que la justicia ordenó su derivación al área de salud mental.

La acusación sostiene que el músico, de 54 años, asesinó de cuatro disparos a la víctima. Según el expediente, tras el ataque se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Al entregarse a la policía, el imputado declaró: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”. El delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego contempla una pena de ocho a 25 años de prisión.

Este miércoles, el músico Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, debe afrontar una nueva jornada del juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La audiencia está programada para las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en un contexto marcado por la incertidumbre tras la reciente decisión de disponer su internación forzosa.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentarían nuevamente un pedido para suspender el debate oral. La solicitud se fundamenta en la situación médica del acusado, ya que, tras el dictamen judicial, no se encuentra en condiciones de presenciar las audiencias ni de afrontar el proceso legal.

La medida de internación fue dispuesta por el Juzgado Civil N°4, luego de recibir un informe elaborado por el Área de Salud Mental de la Clínica Dharma. Los profesionales evaluaron al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú y concluyeron que Álvarez “presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”.

A partir de dicho documento, se convalidó la internación del músico en el Hospital Tornú por un período de 90 días. Mientras permanece bajo cuidado médico, la expectativa se centra en la postura que adoptará el tribunal durante la jornada de este miércoles frente al nuevo escenario planteado por la defensa.

La familia de Federico Martín Aramburu recibió con alivio el veredicto de la Justicia francesa, que condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol y a 19 años a Romain Bouvier por el crimen del ex integrante de Los Pumas, ocurrido en París en marzo de 2022.

La sentencia fue dictada el viernes 25 de septiembre por la Corte de Asís de París, luego de más de once horas de deliberación y tres semanas de audiencias. Si bien las penas quedaron por debajo de las solicitadas por la fiscalía, los representantes de la familia consideraron que el castigo se corresponde con la gravedad de los hechos.

Aramburu, de 42 años, murió tras recibir diez disparos durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, en el bulevar Saint-Germain de París. El ataque se produjo después de una pelea en un bar del Barrio Latino, en la que también estuvo involucrado su amigo y ex rugbier Shaun Hegarty.

Le Priol fue declarado culpable del homicidio, mientras que Bouvier recibió una condena por su participación en el ataque. Ambos habían integrado el Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024.

El tribunal descartó la premeditación, la legítima defensa y la existencia de un trastorno mental que alterara las facultades de los acusados. La fiscalía había solicitado 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier.

El alivio de la familia tras el veredicto

A la salida del tribunal, los familiares y allegados de Aramburu se abrazaron y expresaron su satisfacción por una resolución que puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de cuatro años.

Yann Le Bras, uno de los abogados de la familia, sostuvo que el fallo representó un alivio para los seres queridos del ex Puma. El letrado destacó que las penas estuvieron a la altura de la gravedad del caso y consideró que la decisión permitirá a las familias Aramburu y Hegarty cerrar una etapa difícil.

Aunque la Justicia no mantuvo la calificación de asesinato con premeditación, el representante de la querella consideró que la sentencia fue equilibrada y valoró el resultado del juicio.

Por su parte, Cecilia Aramburu, madre del ex jugador, manifestó su tranquilidad tras conocer que los dos principales acusados deberán cumplir penas de prisión. También cuestionó que personas con antecedentes penales hayan podido permanecer en libertad antes del crimen. La mujer remarcó que el proceso permitió dejar en claro que su hijo fue víctima de un ataque y rechazó cualquier interpretación que pudiera vincularlo con una conducta violenta o delictiva.

Durante las audiencias, la familia siguió de cerca el desarrollo del juicio. En las inmediaciones del tribunal, algunos de los presentes llevaron pañuelos rojos con referencias a la bandera argentina y al número 13, el dorsal que Aramburu utilizó durante su etapa en Los Pumas.

El tribunal descartó la premeditación y la legítima defensa

Uno de los aspectos centrales del juicio fue la discusión sobre la responsabilidad de los acusados y las circunstancias en las que se produjo el ataque. La Corte de Asís consideró probado que Le Priol y Bouvier actuaron con intención de matar, pero entendió que no existían elementos suficientes para acreditar que hubieran acordado previamente cometer el crimen.

Entre los argumentos para descartar la premeditación, los magistrados señalaron la ausencia de imágenes de videovigilancia que permitieran confirmar una planificación conjunta. También evaluaron las acciones de ambos acusados durante los enfrentamientos previos y posteriores a la pelea en el bar.

El tribunal rechazó, además, el planteo de legítima defensa presentado por Le Priol. Tampoco aceptó que sus facultades estuvieran alteradas al momento del homicidio. No obstante, ambos condenados recibieron una orden de tratamiento médico.

La resolución tuvo en cuenta que los acusados dispararon reiteradamente y que, por su experiencia en el manejo de armas, debían haber comprendido que Aramburu se encontraba indefenso. La Justicia consideró que existió una acción conjunta con intención homicida, aunque no pudo probar un acuerdo previo entre ellos.

Con las condenas, la Justicia francesa cerró una de las etapas más importantes del caso. Para la familia del ex Puma, el veredicto significó el reconocimiento de su condición de víctima y el inicio del cierre de un largo proceso judicial.

Este martes comenzó en la Cámara del Crimen de San Francisco el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años que fue encontrada sin vida tras un incendio en su vivienda en Brinkmann el 1 de noviembre de 2024. El proceso se desarrolla con jurados populares y a puertas cerradas.

Tras la primera jornada, Betiana Heredia, prima de Rocío Milagros Rauch —madre de la víctima y una de las tres personas acusadas—, expresó el dolor y la indignación de los allegados.

Millones de sensaciones, los sentimientos súper encontrados, con mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación.

Los tres imputados, Rocío Milagros Rauch, su pareja Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela, enfrentan cargos por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. En el caso de Simeone, la acusación incluye también el incendio provocado para intentar eliminar evidencias. Sobre su prima, Heredia manifestó:

Considero que ella es la culpable número uno, es la asesina número uno. Como mamás es nuestro deber cuidar y proteger a nuestros hijos, ella jamás hizo eso.

La familia de la menor busca que el tribunal dicte la pena máxima para los tres involucrados.

La expectativa que tengo es que el juicio nos lleve a que le den condena perpetua a los tres por igual, a los tres tienen que condenarlos y no salir nunca más de la cárcel.

Además del pedido de justicia, los familiares reclaman que se investigue el accionar de los organismos estatales encargados de la protección de la infancia. Según sostienen, existieron fallas u omisiones que dejaron a la niña en una situación de vulnerabilidad extrema. El debate continuará este miércoles y tiene previstas audiencias para los días 22, 23 y 29 de septiembre.

El fiscal Raúl Garzón cerró este jueves la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba, y elevó el caso a juicio.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

"Fue una investigación profunda y de alto contenido científico", consignó un vocero de la causa ante la consulta de esta agencia.

El fiscal continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.

Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta, calificó de "papelón" la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba: "Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca".

En tanto, Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, padre de la víctima, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque, según consideró, restan las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y un amigo del principal imputado que es apodado "tele vieja".

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, consignó que "se confirman las hipótesis" que la querella "anticipó" y sostuvo que Barrelier era "el jefe de la banda" y los demás implicados integraban "un equipo de encubridores".

"Estoy bastante conforme", expresó el letrado, y agregó que el presunto autor del crimen podría recibir prisión perpetua.

El Litoral

Pocas horas antes del inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, la televisión francesa difundió imágenes inéditas que reconstruyen los momentos previos al crimen del ex jugador de Los Pumas ocurrido en París en marzo de 2022.

El material, emitido por el programa Sept à Huit y analizado por medios franceses, muestra la pelea que se produjo frente al restaurante Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, y que derivó en una persecución callejera que terminó con la muerte del ex rugbier argentino.

Según la reconstrucción del caso, Aramburu se encontraba en el local junto a su amigo y ex compañero del Biarritz Olympique, Shaun Hegarty. En el mismo lugar estaban Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes no tenían relación previa con ellos.

El conflicto comenzó cuando Hegarty intervino ante un comentario de Le Priol hacia otro cliente. Las cámaras de seguridad no registraron sonido, pero muestran cómo la tensión aumentó hasta que Le Priol golpeó en el rostro al ex jugador francés.

Aramburu observó la situación sin intervenir inicialmente. Minutos más tarde, cuando parecía que el conflicto había terminado, la situación volvió a escalar.

Al salir del restaurante, las imágenes muestran un nuevo cruce entre los protagonistas. Según la investigación, Aramburu tiró de la capucha de Le Priol, provocando que cayera al piso, lo que generó una pelea física en la puerta del establecimiento.

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En las imágenes difundidas se observa cómo varias personas intentan separar a los involucrados. Durante el enfrentamiento participaron Le Priol, Bouvier, Hegarty y Aramburu, hasta que el personal de seguridad logró controlar la situación.

El altercado duró menos de un minuto, pero el conflicto no terminó allí.

Después de la pelea, Aramburu y Hegarty se retiraron caminando hacia el hotel donde se alojaban, luego de detenerse para atender algunas heridas producto del enfrentamiento.

La investigación sostiene que minutos después fueron alcanzados nuevamente por sus agresores en la vía pública.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Le Priol habría tomado un arma luego de la pelea y habría pronunciado la frase: “Voy a matarlo”, antes de salir en búsqueda del ex Puma.

Para la Fiscalía francesa, esa secuencia será clave durante el juicio para determinar si existió premeditación en el homicidio.

Aramburu murió tras recibir disparos en el boulevard Saint-Germain durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

El proceso comenzó este lunes ante la Corte de Asís de París y tiene como principales acusados a Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

La familia de Aramburu sostiene que se trató de un ataque premeditado y sus representantes legales remarcaron que la cantidad de disparos efectuados demuestra, según su postura, que no se trató de una acción defensiva.

El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre.

Federico Martín Aramburu tenía 42 años cuando fue asesinado. Fue formado en el Club Atlético San Isidro (CASI), disputó 22 partidos con la camiseta de Los Pumas y participó del Mundial de Francia 2007, donde Argentina consiguió el tercer puesto.

Además, tuvo una destacada trayectoria en el rugby europeo, especialmente en el Biarritz Olympique, donde fue campeón del rugby francés en dos oportunidades.

Antes del juicio, la Unión Argentina de Rugby acompañó a la familia y lanzó la campaña “Justicia por Fede”. Los jugadores de Los Pumas utilizaron una camiseta con ese mensaje durante el calentamiento previo al partido frente a Australia.

El caso que conmocionó al rugby argentino y francés entra ahora en una etapa decisiva, con un juicio que buscará determinar las responsabilidades por la muerte de uno de los jugadores más recordados de la historia reciente de Los Pumas

El Tribunal de lo Penal de París inició este lunes el juicio por el asesinato de Federico Martín-Aramburu, el exrugbista argentino que murió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 tras un violento episodio ocurrido en las calles de la capital francesa.

Los principales acusados son Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes enfrentan una posible condena a cadena perpetua. El proceso se extenderá durante aproximadamente tres semanas y buscará reconstruir las circunstancias que derivaron en la muerte del exjugador.

La primera jornada se desarrolló en una sala Voltaire colmada, con alrededor de 60 periodistas acreditados para cubrir un juicio que despertó gran expectativa en Francia y Argentina.

Entre los presentes estuvieron María, esposa de Martín-Aramburu, y familiares del exrugbista que viajaron especialmente desde Argentina. Para facilitar el seguimiento de las audiencias por parte de sus padres se dispusieron intérpretes, aunque la madre de Federico no pudo asistir debido a un problema de salud.También estuvo presente Shaun Hegarty, uno de los principales testigos de aquella noche.

En el banquillo se ubicaron Le Priol y Bouvier, mientras que también comparecieron otros dos acusados: Lyson Rochemir, pareja de Le Priol y conductora del Jeep utilizado durante aquella noche, quien llega al juicio en libertad, y Anthony Sorrentino, señalado por haber ayudado a Bouvier en su posterior huida. 

Cómo comenzó la noche que terminó en tragedia

Durante la primera audiencia, el tribunal comenzó a reconstruir la secuencia de hechos que terminó con la muerte de Aramburu.

El relato incluyó el encuentro inicialmente cordial en la terraza del café Mabillon, el posterior altercado, la persecución por las calles de París y finalmente los disparos que terminaron con la vida del exrugbista argentino.

Según lo expuesto por el juez presidente, Le Priol sostuvo durante la investigación que reaccionó por instinto y en defensa propia: “Actué por instinto, para defenderme. Ya no tenía control de mí mismo. Estaba en peligro y me sentí como si estuviera de nuevo en una operación especial en África”, había declarado el exmilitar, según se recordó durante la audiencia.

Bouvier, por su parte, sostuvo ante los investigadores que utilizó el arma con una finalidad disuasoria. Según su versión, los disparos fueron dirigidos hacia el suelo con el objetivo de hacer retroceder a Martín-Aramburu y permitirle escapar.

En la reconstrucción también apareció el rol de Sorrentino, quien reconoció haber ayudado a Bouvier después del episodio. Según su declaración, Bouvier se comunicó con él durante la mañana siguiente y le dijo: “Pasaron algunas cosas con unos tipos”.Sorrentino también reconoció que posteriormente arrojó el arma utilizada durante el episodio a un arroyo ubicado en Yvelines.

Bouvier negó haber querido matar a Martín-AramburuUno de los momentos centrales de la primera audiencia se produjo cuando los acusados tuvieron la posibilidad de dirigirse directamente al tribunal.

Bouvier fue el primero en hablar. Visiblemente afectado, negó los cargos que se le atribuyen y aseguró que nunca tuvo intención de matar al argentino.“Niego completamente los cargos que se me imputan. Nunca tuve la intención de matar, herir ni siquiera tocar al señor Aramburu”, afirmó.

El acusado reconoció haber utilizado el arma, pero insistió en que no buscaba impactar contra Martín-Aramburu: “Desde el primer disparo hasta el último, siempre tuve la intención de disparar al suelo para que retrocediera y así poder escapar”, sostuvo.Bouvier también se refirió al momento en que tomó conocimiento de la muerte del exrugbista y al impacto que tuvo la tragedia: “Cuando me enteré de esta horrible tragedia, pensé que era el único tirador, el único responsable de su muerte”, manifestó.Y agregó: “Desde esta catástrofe, pienso cada día en la familia de la víctima, en la víctima misma y en el señor Hegarty”.

Le Priol reconoció su responsabilidad y pidió perdónLe Priol también se dirigió al tribunal y reconoció expresamente su responsabilidad por la muerte de Martín-Aramburu, aunque mantuvo su versión de que actuó en defensa propia: “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu. Siempre he explicado que disparé en defensa propia. Será el tribunal quien decida, y esta tragedia me acompañará el resto de mi vida”, afirmó.Luego pronunció una de las frases más contundentes de la primera jornada:“Nunca dejaré de pedir perdón”.

Sus palabras, al igual que las de Bouvier, marcaron uno de los momentos más tensos de una audiencia que recién comienza.

Ahora será el tribunal el encargado de determinar qué ocurrió exactamente durante aquella madrugada y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.Lyson Rochemir, quien conducía el Jeep en el que se desplazaban los acusados aquella noche, también negó haber tenido responsabilidad en la muerte de Martín-Aramburu.“Nunca quise que el señor Aramburu muriera”, aseguró ante el tribunal.La mujer, de 29 años, también habló sobre la incertidumbre que atraviesa durante el proceso y sobre el temor a una eventual condena.“En tres semanas, corro el riesgo de pasar el mismo tiempo en prisión”, manifestó. 

Tres semanas para reconstruir el crimenEl juicio continuará durante las próximas tres semanas en París. Durante ese período declararán los acusados, testigos y familiares, mientras el tribunal buscará reconstruir paso a paso los acontecimientos que terminaron con la muerte de Federico Martín-Aramburu.

El proceso deberá establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento, la participación de cada uno de los acusados y las responsabilidades penales que correspondan por el crimen del exrugbista argentino

Cristian “Pity” Álvarez habló sobre el juicio que enfrenta por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y dejó una serie de declaraciones en las que reconoció su responsabilidad en el episodio.

El músico, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, fue abordado por la periodista Florencia Rodríguez dentro de la sede judicial, donde se desarrolla el debate que busca determinar también cuál era su capacidad de comprensión al momento del hecho y cuál es su situación psíquica actual.

🚨 "YA PAGUÉ Y ESTOY PAGANDO", HABLÓ PITY ALVAREZ SOBRE EL JUICIO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO- Via Florencia Rodríguez @tvpublica pic.twitter.com/FL6Fric4Gm

Ante la consulta acerca de si entendía lo que estaba ocurriendo, Álvarez respondió: “No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me estaban juzgando por algo que yo cometí. Acepto eso y me hago cargo”.

Sin embargo, agregó: “Pero yo creo que ya pagué eso, lo estoy pagando. Nada más que eso”.

Durante el breve intercambio, Pity también fue consultado sobre qué espera del desenlace judicial.

Su respuesta fue directa: “Ni idea. Que pase lo que tenga que pasar. La justicia divina me va a juzgar”.

En otra parte de la conversación explicó el mensaje de la remera que llevaba puesta, con la inscripción “La gente manda”.

“Es una frase que tendría que haber nacido hace mucho tiempo. Porque la gente siempre manda. Las mayorías mandan”, sostuvo.

Luego agregó una reflexión particular sobre la percepción social: “Vos estás loco cuando el 51% lo piensa. Capaz que con el 49 sos un capo, pero la gente manda”.

Uno de los principales ejes planteados por la defensa de Álvarez es su estado cognitivo y psiquiátrico, tanto en relación con el momento en que ocurrió el hecho como con su capacidad actual para comprender el proceso judicial.

El músico atravesó durante años problemas vinculados con el consumo de drogas y estuvo internado en distintos centros terapéuticos.

Su defensa sostiene que el hecho de haber vuelto a presentarse sobre un escenario no implica necesariamente que se encuentre en condiciones de atravesar un juicio penal.

En los últimos meses, Pity realizó dos presentaciones de gran convocatoria: una en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 20 de diciembre de 2025, y otra en el Autódromo Municipal de Rosario, el 9 de mayo de 2026.

Álvarez designó recientemente como defensores a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, este último amigo del cantante y abogado que ya había participado en los primeros momentos de la investigación.

A raíz del cambio de representación, la nueva defensa solicitó suspender y reprogramar el juicio oral para contar con tiempo suficiente para estudiar el expediente, analizar las pruebas y diseñar una nueva estrategia.

[JUSTICIA] "Ya hay una condena": Sebastián Queijeiro, abogado de "Pity" Álvarez, aseguró que el tribunal "no dio lugar" a "un informe" que dice que el músico "no tiene la capacidad para entender" el juicio en su contra, y explicó que es "como un niño".📹 @todonoticias https://t.co/uO1ECsxq74 pic.twitter.com/gVaNkG5otO

La petición derivó inicialmente en la suspensión de una audiencia en la que estaban citados cuatro policías.

Baños explicó que la decisión respondió a una elección de la familia del músico. “La familia de Pity decidió ponernos al doctor Sebastián Queijeiro y a mí como abogados defensores particulares. Está en todo su derecho de poner letrados de su confianza”, manifestó.

Posteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 rechazó por unanimidad los recursos planteados por los abogados y sostuvo que Álvarez se encuentra en condiciones psíquicas de continuar afrontando el proceso.

La defensa había alegado la existencia de un “trastorno cognitivo mayor”, pero los jueces tomaron como referencia informes del Cuerpo Médico Forense que determinaron que el músico comprende la criminalidad de sus actos y puede afrontar el debate.

También fueron rechazados los pedidos de realizar nuevas evaluaciones psiquiátricas y de modificar el formato del proceso para avanzar hacia un juicio por jurados.

El fiscal Sandro Abraldes se manifestó en contra de postergar nuevamente el debate y cuestionó los argumentos presentados por la defensa.

“Dormirse o aburrirse no es incapacidad jurídica”, sostuvo durante una de las audiencias.

Desde la Fiscalía consideraron además que las apariciones públicas recientes del músico y distintos videos difundidos en redes sociales constituyen elementos a tener en cuenta para evaluar su grado de comprensión.

El proceso judicial continúa mientras el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el hecho ocurrido en 2018 y resolver las discusiones vinculadas con su estado de salud mental.

Cristian “Pity” Álvarez volvió este miércoles a los tribunales porteños para participar de la segunda audiencia del juicio que se desarrolla en su contra por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano. Sin embargo, antes del inicio formal de la jornada, un particular elemento de su vestimenta captó la atención de quienes estaban en la sala.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó acompañado por su hermana, Débora, y llevaba en la mano derecha un guante negro con pequeñas luces LED en las puntas de los dedos, similar a los utilizados en espectáculos. También lucía anteojos y brillos en el rostro.

Antes de que comenzara la audiencia, el secretario del tribunal se dirigió al abogado defensor Javier Marino y solicitó que el músico se sacara el accesorio.

Álvarez accedió al pedido sin plantear objeciones, se quitó el guante y lo guardó dentro del gorro de invierno que llevaba consigo. También se sacó los anteojos antes de que comenzara formalmente la actividad judicial.

El episodio se produjo mientras el cantante se acomodaba para continuar con el debate oral, iniciado esta semana y que contempla inicialmente 11 audiencias, aunque el cronograma podría modificarse de acuerdo con el desarrollo del proceso.

Álvarez enfrenta un proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano. Durante esta etapa, el tribunal continuará recibiendo testimonios y analizando las pruebas incorporadas a la causa.

Mientras avanza el juicio, la presencia del músico continúa generando una fuerte atención mediática, tanto por el desarrollo judicial como por los distintos gestos y elementos que acompañan sus apariciones en tribunales.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con una nueva ronda de testimonios, entre los que se destaca la declaración de Cinthia Andrea Grimaldi, ginecóloga de María Victoria Caillava, una de las personas imputadas en la causa.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en Corrientes. Desde entonces, la investigación intenta determinar qué ocurrió con el niño, cuyo último rastro conocido se ubicó en la zona del naranjal.

Además de Grimaldi, el fiscal Carlos Schaefer convocó para esta jornada a Leticia Risco, coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas; al comisario mayor de la Policía Federal Martín Leonardo De Cristóbal; y a Carlos Alberto Moreira, un vecino que participó de los operativos de búsqueda.

Los testimonios formarán parte del debate que se desarrolla en Corrientes y buscarán aportar elementos sobre distintos momentos de la investigación.

En una audiencia anterior, uno de los peritos incorporó al juicio un elemento relacionado con Caillava y su esposo, Carlos Pérez.

Según explicó el especialista, dos perros detectaron un rastro compatible con el olor de Loan dentro de un Ford Ka utilizado por el matrimonio pocas horas después de la desaparición.

De acuerdo con lo expuesto en el debate, ese vehículo fue utilizado posteriormente para trasladarse hacia la ciudad de Corrientes y luego hacia Chaco.

También se analizó una Ford Ranger perteneciente a la pareja, con la que habían concurrido al almuerzo familiar el día en que desapareció el niño.

El perito Rosillo sostuvo que otros dos perros reaccionaron positivamente dentro de esa camioneta, dato que quedó incorporado al conjunto de pruebas discutidas durante el proceso.

Entre los principales acusados se encuentran María Victoria Caillava, Carlos Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Millapi cumple prisión domiciliaria y participa de las audiencias de manera virtual.

Además, otras diez personas fueron acusadas por hechos vinculados con la investigación, entre ellos presunto encubrimiento, manipulación de testimonios y usurpación de títulos.

La jornada de este martes volverá a estar centrada en la incorporación de testimonios y pruebas mientras continúa el proceso judicial destinado a establecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña desde aquel 13 de junio de 2024.

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 confirmara la fecha y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.

El debate se desarrollará durante 11 audiencias previstas para agosto y septiembre en los tribunales porteños. El proceso busca determinar la responsabilidad del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Los abogados de Álvarez habían solicitado que se suspendiera el inicio del juicio al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución. Para fundamentar el planteo, hicieron referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y respaldó la postura de la fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, había sostenido que el juicio oral constituye el ámbito correspondiente para resolver las cuestiones pendientes y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.

Además, el representante del Ministerio Público cuestionó que la participación en las audiencias pudiera ser considerada una actividad riesgosa para el acusado, teniendo en cuenta sus recientes apariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Uno de los puntos centrales para definir el inicio del proceso estuvo relacionado con la capacidad de Álvarez para participar del debate.

Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el músico posee la capacidad cognitiva necesaria para afrontar las distintas etapas del juicio. A partir de esas conclusiones, el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado.

El tribunal consideró que no correspondía postergar indefinidamente el proceso a la espera de tratamientos de rehabilitación. En ese sentido, señaló que una eventual interrupción o falta de continuidad de esas terapias podría derivar en nuevas postergaciones.

Los magistrados también remarcaron la obligación del Estado de garantizar que las víctimas puedan acceder a un proceso con celeridad y obtener una respuesta judicial.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, durante el enfrentamiento el músico habría sacado una pistola calibre 6,35 de su campera y disparado contra Díaz. La víctima recibió varios impactos en la cabeza y murió como consecuencia de las lesiones y una hemorragia interna.

Luego del episodio, Álvarez se habría retirado del lugar.

Otros delitos que serán juzgados

Además del homicidio de Díaz, el músico deberá responder en este proceso por otros hechos denunciados.

La acusación también contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga. Estos episodios habrían ocurrido en noviembre de 2016.

Un proceso que sufrió varias postergaciones

La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso fue suspendido posteriormente debido a informes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del acusado.

El trámite volvió a frenarse en 2021 y luego en marzo de 2023, hasta que nuevas evaluaciones determinaron que Álvarez cuenta con las condiciones cognitivas necesarias para participar del debate oral.

El Litoral

Hay enojo con el fiscal Carlos Schaefer en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, por el "doble discurso" que realiza debido a que “no le salen las cosas bien.”

Martín Leiro, abogado del acusado Alan Cañete expuso su malestar con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre cómo lleva a cabo el debate: "Está enojado porque, evidentemente, no le salen las cosas bien, entonces acude al doble discurso".

Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.

En este sentido, redobló la puesta y recordó una entrevista que Schaefer dio días atrás: "Sale en los medios a decir cosas que no pasan. Por ejemplo, se está quejando de que los jueces no están presencial, pero nunca planteó la incidencia".

"También dijo que el Tribunal está actuando mejor. ¿Es decir que antes estaba actuando peor? O ¿está poniendo en duda la parcialidad al tribunal?", cuestionó.

Este miércoles declaran Santiago Molina, un vecino de 9 de Julio, localidad correntina en la que fue visto por última vez el menor; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

El Litoral

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda señalaron que era él quien impartía las órdenes durante los rastrillajes realizados en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además, otro testigo que estuvo presente en el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño aportó su versión sobre los movimientos de Loan antes de que se le perdiera el rastro.

Durante la audiencia declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes participaron del operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición del menor.

Alegre explicó que fue quien recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava para informar sobre el extravío de Loan y posteriormente dio aviso a las autoridades. También relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido colocado allí por Laudelina Peña.

El uniformado afirmó que desconoce quién encontró el calzado y sostuvo que, cuando llegó al lugar, ya había tres cadetes custodiándolo junto al ex comisario Walter Maciel. Según su declaración, fue Maciel quien le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta que arribara la perito encargada de levantar la evidencia.

Asimismo, indicó que tomó dos fotografías del botín y del lugar donde fue encontrado, y precisó que el elemento permaneció en el sitio alrededor de una hora y media antes de ser retirado por la especialista.

En la misma audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan.

El testigo recordó que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando junto a otros chicos en un tacuaral cuando expresó: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.

Fernández explicó que esa información surgió del relato de su hijo, quien se encontraba junto a Loan en esos momentos previos a la desaparición.

El fiscal federal Carlos Schaefer convocó para este miércoles a una nueva audiencia en la que declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

La causa tiene como principales acusados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes enfrentan el juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al expediente.

EL

La gira de Bandana por el interior del país quedó envuelta en un fuerte conflicto mediático y judicial. El grupo canceló de manera abrupta sus shows previstos en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, lo que generó malestar entre los fanáticos y un duro cruce con la productora ShowMax.

Lo que prometía ser una noche cargada de nostalgia y recuerdos de los años 2000 terminó en una disputa pública entre las artistas y la empresa organizadora, que adelantó que llevará el caso a la Justicia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Bandana explicó que las fechas previstas para el 17 de julio en Santa Rosa y el 18 de julio en Bahía Blanca se suspendían por la coincidencia con el próximo partido de la Selección Argentina.

“Afortunadamente, nuestra Selección Argentina sigue haciendo historia y continúa en carrera rumbo a la cuarta estrella. Como el próximo partido coincide con una de las fechas de nuestra gira, y sabiendo que es un momento muy especial para todos, la producción del evento decidió suspender los shows previstos bajo su organización”, señalaron.

En el mismo mensaje, el grupo alentó al equipo nacional e informó un correo electrónico para que el público pudiera gestionar la devolución de las entradas.

La reacción de ShowMax no tardó en llegar. La productora desmintió la versión difundida por el grupo y aseguró que no recibió una notificación formal sobre los motivos de la cancelación.

“Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación”, señalaron desde la empresa.

Además, la productora vinculó la suspensión con la baja convocatoria registrada para los shows.

“Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos”, expresaron.

En ese mismo descargo, la firma confirmó que también quedó cancelada la presentación prevista para el 18 de septiembre en Paraná.

Mientras la productora habló de una decisión unilateral, desde el entorno cercano a las integrantes de Bandana señalaron otra versión.

Según fuentes allegadas al grupo, las artistas tenían voluntad de presentarse, pero habrían decidido “plantarse” ante supuestas informalidades logísticas y contractuales por parte de la organización.

La situación dejó a cientos de fanáticos sin la posibilidad de asistir a los conciertos y abrió un escenario de reclamos por la devolución del dinero de las entradas.

Con las fechas suspendidas y las acusaciones cruzadas en aumento, ShowMax confirmó que iniciará acciones legales contra Bandana.

La empresa buscará reclamar un resarcimiento por los daños y perjuicios económicos que, según sostiene, provocó la cancelación unilateral de los shows.

Mientras tanto, los seguidores del grupo expresan su desilusión en redes sociales y esperan respuestas sobre la devolución de los tickets.

El conflicto, por ahora, dejó en pausa el esperado reencuentro de Bandana con parte de su público del interior y trasladó la discusión del escenario al ámbito judicial.

El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

La causa federal por el hallazgo en Mar del Plata del cuadro “Retrato de una dama”, vinculado al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, sumó un nuevo capítulo cultural y simbólico: la querella evalúa la posibilidad de que la obra sea exhibida en el Museo del Holocausto de Buenos Aires en caso de que la Justicia ordene su restitución a la heredera Marei von Saher.

La querella está integrada por los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, quienes mantienen conversaciones con autoridades del museo, en particular Jonathan Karszenbaum y la abogada Valeria Elfman, para evaluar un eventual esquema de préstamo de la obra.

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto, destacó la importancia del gesto: “Más allá de su valor artístico, representa un ejemplo concreto de restitución histórica y de preservación de la memoria. Exhibirla tendría un enorme valor educativo y simbólico para las nuevas generaciones”. La iniciativa, de concretarse, marcaría un hito institucional en Argentina al tratarse del primer caso de restitución judicial de una obra vinculada al expolio nazi con exhibición pública.

Actualmente, la causa se encuentra en su fase de definición procesal. Se están llevando adelante las últimas medidas de prueba antes de concluir la etapa preparatoria prevista por el Código Procesal Penal Federal, tras lo cual se dará vista a las partes para formular acusaciones y eventualmente elevar el caso a juicio oral. En las últimas semanas, la DAIA presentó un informe como amicus curiae, contextualizando el despojo sufrido por la familia Goudstikker durante la ocupación nazi y repasando estándares internacionales de restitución, incluidos los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009).

Fuentes de la querella adelantaron que solicitarán la formulación de acusación por encubrimiento agravado en concurso con lavado de activos agravado, con pedido de aplicación de penas máximas y multas millonarias, ya que la obra fue valuada pericialmente en 250.000 euros. La exhibición permitiría que la restitución no se limite a un trámite judicial, sino que se convierta en un acto de memoria y reparación histórica.