El fiscal Raúl Garzón cerró este jueves la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba, y elevó el caso a juicio.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

"Fue una investigación profunda y de alto contenido científico", consignó un vocero de la causa ante la consulta de esta agencia.

El fiscal continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.

Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta, calificó de "papelón" la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba: "Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca".

En tanto, Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, padre de la víctima, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque, según consideró, restan las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y un amigo del principal imputado que es apodado "tele vieja".

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, consignó que "se confirman las hipótesis" que la querella "anticipó" y sostuvo que Barrelier era "el jefe de la banda" y los demás implicados integraban "un equipo de encubridores".

"Estoy bastante conforme", expresó el letrado, y agregó que el presunto autor del crimen podría recibir prisión perpetua.

El Litoral

Pocas horas antes del inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, la televisión francesa difundió imágenes inéditas que reconstruyen los momentos previos al crimen del ex jugador de Los Pumas ocurrido en París en marzo de 2022.

El material, emitido por el programa Sept à Huit y analizado por medios franceses, muestra la pelea que se produjo frente al restaurante Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, y que derivó en una persecución callejera que terminó con la muerte del ex rugbier argentino.

Según la reconstrucción del caso, Aramburu se encontraba en el local junto a su amigo y ex compañero del Biarritz Olympique, Shaun Hegarty. En el mismo lugar estaban Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes no tenían relación previa con ellos.

El conflicto comenzó cuando Hegarty intervino ante un comentario de Le Priol hacia otro cliente. Las cámaras de seguridad no registraron sonido, pero muestran cómo la tensión aumentó hasta que Le Priol golpeó en el rostro al ex jugador francés.

Aramburu observó la situación sin intervenir inicialmente. Minutos más tarde, cuando parecía que el conflicto había terminado, la situación volvió a escalar.

Al salir del restaurante, las imágenes muestran un nuevo cruce entre los protagonistas. Según la investigación, Aramburu tiró de la capucha de Le Priol, provocando que cayera al piso, lo que generó una pelea física en la puerta del establecimiento.

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En las imágenes difundidas se observa cómo varias personas intentan separar a los involucrados. Durante el enfrentamiento participaron Le Priol, Bouvier, Hegarty y Aramburu, hasta que el personal de seguridad logró controlar la situación.

El altercado duró menos de un minuto, pero el conflicto no terminó allí.

Después de la pelea, Aramburu y Hegarty se retiraron caminando hacia el hotel donde se alojaban, luego de detenerse para atender algunas heridas producto del enfrentamiento.

La investigación sostiene que minutos después fueron alcanzados nuevamente por sus agresores en la vía pública.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Le Priol habría tomado un arma luego de la pelea y habría pronunciado la frase: “Voy a matarlo”, antes de salir en búsqueda del ex Puma.

Para la Fiscalía francesa, esa secuencia será clave durante el juicio para determinar si existió premeditación en el homicidio.

Aramburu murió tras recibir disparos en el boulevard Saint-Germain durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

El proceso comenzó este lunes ante la Corte de Asís de París y tiene como principales acusados a Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

La familia de Aramburu sostiene que se trató de un ataque premeditado y sus representantes legales remarcaron que la cantidad de disparos efectuados demuestra, según su postura, que no se trató de una acción defensiva.

El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre.

Federico Martín Aramburu tenía 42 años cuando fue asesinado. Fue formado en el Club Atlético San Isidro (CASI), disputó 22 partidos con la camiseta de Los Pumas y participó del Mundial de Francia 2007, donde Argentina consiguió el tercer puesto.

Además, tuvo una destacada trayectoria en el rugby europeo, especialmente en el Biarritz Olympique, donde fue campeón del rugby francés en dos oportunidades.

Antes del juicio, la Unión Argentina de Rugby acompañó a la familia y lanzó la campaña “Justicia por Fede”. Los jugadores de Los Pumas utilizaron una camiseta con ese mensaje durante el calentamiento previo al partido frente a Australia.

El caso que conmocionó al rugby argentino y francés entra ahora en una etapa decisiva, con un juicio que buscará determinar las responsabilidades por la muerte de uno de los jugadores más recordados de la historia reciente de Los Pumas

El Tribunal de lo Penal de París inició este lunes el juicio por el asesinato de Federico Martín-Aramburu, el exrugbista argentino que murió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 tras un violento episodio ocurrido en las calles de la capital francesa.

Los principales acusados son Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes enfrentan una posible condena a cadena perpetua. El proceso se extenderá durante aproximadamente tres semanas y buscará reconstruir las circunstancias que derivaron en la muerte del exjugador.

La primera jornada se desarrolló en una sala Voltaire colmada, con alrededor de 60 periodistas acreditados para cubrir un juicio que despertó gran expectativa en Francia y Argentina.

Entre los presentes estuvieron María, esposa de Martín-Aramburu, y familiares del exrugbista que viajaron especialmente desde Argentina. Para facilitar el seguimiento de las audiencias por parte de sus padres se dispusieron intérpretes, aunque la madre de Federico no pudo asistir debido a un problema de salud.También estuvo presente Shaun Hegarty, uno de los principales testigos de aquella noche.

En el banquillo se ubicaron Le Priol y Bouvier, mientras que también comparecieron otros dos acusados: Lyson Rochemir, pareja de Le Priol y conductora del Jeep utilizado durante aquella noche, quien llega al juicio en libertad, y Anthony Sorrentino, señalado por haber ayudado a Bouvier en su posterior huida. 

Cómo comenzó la noche que terminó en tragedia

Durante la primera audiencia, el tribunal comenzó a reconstruir la secuencia de hechos que terminó con la muerte de Aramburu.

El relato incluyó el encuentro inicialmente cordial en la terraza del café Mabillon, el posterior altercado, la persecución por las calles de París y finalmente los disparos que terminaron con la vida del exrugbista argentino.

Según lo expuesto por el juez presidente, Le Priol sostuvo durante la investigación que reaccionó por instinto y en defensa propia: “Actué por instinto, para defenderme. Ya no tenía control de mí mismo. Estaba en peligro y me sentí como si estuviera de nuevo en una operación especial en África”, había declarado el exmilitar, según se recordó durante la audiencia.

Bouvier, por su parte, sostuvo ante los investigadores que utilizó el arma con una finalidad disuasoria. Según su versión, los disparos fueron dirigidos hacia el suelo con el objetivo de hacer retroceder a Martín-Aramburu y permitirle escapar.

En la reconstrucción también apareció el rol de Sorrentino, quien reconoció haber ayudado a Bouvier después del episodio. Según su declaración, Bouvier se comunicó con él durante la mañana siguiente y le dijo: “Pasaron algunas cosas con unos tipos”.Sorrentino también reconoció que posteriormente arrojó el arma utilizada durante el episodio a un arroyo ubicado en Yvelines.

Bouvier negó haber querido matar a Martín-AramburuUno de los momentos centrales de la primera audiencia se produjo cuando los acusados tuvieron la posibilidad de dirigirse directamente al tribunal.

Bouvier fue el primero en hablar. Visiblemente afectado, negó los cargos que se le atribuyen y aseguró que nunca tuvo intención de matar al argentino.“Niego completamente los cargos que se me imputan. Nunca tuve la intención de matar, herir ni siquiera tocar al señor Aramburu”, afirmó.

El acusado reconoció haber utilizado el arma, pero insistió en que no buscaba impactar contra Martín-Aramburu: “Desde el primer disparo hasta el último, siempre tuve la intención de disparar al suelo para que retrocediera y así poder escapar”, sostuvo.Bouvier también se refirió al momento en que tomó conocimiento de la muerte del exrugbista y al impacto que tuvo la tragedia: “Cuando me enteré de esta horrible tragedia, pensé que era el único tirador, el único responsable de su muerte”, manifestó.Y agregó: “Desde esta catástrofe, pienso cada día en la familia de la víctima, en la víctima misma y en el señor Hegarty”.

Le Priol reconoció su responsabilidad y pidió perdónLe Priol también se dirigió al tribunal y reconoció expresamente su responsabilidad por la muerte de Martín-Aramburu, aunque mantuvo su versión de que actuó en defensa propia: “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu. Siempre he explicado que disparé en defensa propia. Será el tribunal quien decida, y esta tragedia me acompañará el resto de mi vida”, afirmó.Luego pronunció una de las frases más contundentes de la primera jornada:“Nunca dejaré de pedir perdón”.

Sus palabras, al igual que las de Bouvier, marcaron uno de los momentos más tensos de una audiencia que recién comienza.

Ahora será el tribunal el encargado de determinar qué ocurrió exactamente durante aquella madrugada y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.Lyson Rochemir, quien conducía el Jeep en el que se desplazaban los acusados aquella noche, también negó haber tenido responsabilidad en la muerte de Martín-Aramburu.“Nunca quise que el señor Aramburu muriera”, aseguró ante el tribunal.La mujer, de 29 años, también habló sobre la incertidumbre que atraviesa durante el proceso y sobre el temor a una eventual condena.“En tres semanas, corro el riesgo de pasar el mismo tiempo en prisión”, manifestó. 

Tres semanas para reconstruir el crimenEl juicio continuará durante las próximas tres semanas en París. Durante ese período declararán los acusados, testigos y familiares, mientras el tribunal buscará reconstruir paso a paso los acontecimientos que terminaron con la muerte de Federico Martín-Aramburu.

El proceso deberá establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento, la participación de cada uno de los acusados y las responsabilidades penales que correspondan por el crimen del exrugbista argentino

Cristian “Pity” Álvarez habló sobre el juicio que enfrenta por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y dejó una serie de declaraciones en las que reconoció su responsabilidad en el episodio.

El músico, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, fue abordado por la periodista Florencia Rodríguez dentro de la sede judicial, donde se desarrolla el debate que busca determinar también cuál era su capacidad de comprensión al momento del hecho y cuál es su situación psíquica actual.

🚨 "YA PAGUÉ Y ESTOY PAGANDO", HABLÓ PITY ALVAREZ SOBRE EL JUICIO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO- Via Florencia Rodríguez @tvpublica pic.twitter.com/FL6Fric4Gm

Ante la consulta acerca de si entendía lo que estaba ocurriendo, Álvarez respondió: “No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me estaban juzgando por algo que yo cometí. Acepto eso y me hago cargo”.

Sin embargo, agregó: “Pero yo creo que ya pagué eso, lo estoy pagando. Nada más que eso”.

Durante el breve intercambio, Pity también fue consultado sobre qué espera del desenlace judicial.

Su respuesta fue directa: “Ni idea. Que pase lo que tenga que pasar. La justicia divina me va a juzgar”.

En otra parte de la conversación explicó el mensaje de la remera que llevaba puesta, con la inscripción “La gente manda”.

“Es una frase que tendría que haber nacido hace mucho tiempo. Porque la gente siempre manda. Las mayorías mandan”, sostuvo.

Luego agregó una reflexión particular sobre la percepción social: “Vos estás loco cuando el 51% lo piensa. Capaz que con el 49 sos un capo, pero la gente manda”.

Uno de los principales ejes planteados por la defensa de Álvarez es su estado cognitivo y psiquiátrico, tanto en relación con el momento en que ocurrió el hecho como con su capacidad actual para comprender el proceso judicial.

El músico atravesó durante años problemas vinculados con el consumo de drogas y estuvo internado en distintos centros terapéuticos.

Su defensa sostiene que el hecho de haber vuelto a presentarse sobre un escenario no implica necesariamente que se encuentre en condiciones de atravesar un juicio penal.

En los últimos meses, Pity realizó dos presentaciones de gran convocatoria: una en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 20 de diciembre de 2025, y otra en el Autódromo Municipal de Rosario, el 9 de mayo de 2026.

Álvarez designó recientemente como defensores a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, este último amigo del cantante y abogado que ya había participado en los primeros momentos de la investigación.

A raíz del cambio de representación, la nueva defensa solicitó suspender y reprogramar el juicio oral para contar con tiempo suficiente para estudiar el expediente, analizar las pruebas y diseñar una nueva estrategia.

[JUSTICIA] "Ya hay una condena": Sebastián Queijeiro, abogado de "Pity" Álvarez, aseguró que el tribunal "no dio lugar" a "un informe" que dice que el músico "no tiene la capacidad para entender" el juicio en su contra, y explicó que es "como un niño".📹 @todonoticias https://t.co/uO1ECsxq74 pic.twitter.com/gVaNkG5otO

La petición derivó inicialmente en la suspensión de una audiencia en la que estaban citados cuatro policías.

Baños explicó que la decisión respondió a una elección de la familia del músico. “La familia de Pity decidió ponernos al doctor Sebastián Queijeiro y a mí como abogados defensores particulares. Está en todo su derecho de poner letrados de su confianza”, manifestó.

Posteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 rechazó por unanimidad los recursos planteados por los abogados y sostuvo que Álvarez se encuentra en condiciones psíquicas de continuar afrontando el proceso.

La defensa había alegado la existencia de un “trastorno cognitivo mayor”, pero los jueces tomaron como referencia informes del Cuerpo Médico Forense que determinaron que el músico comprende la criminalidad de sus actos y puede afrontar el debate.

También fueron rechazados los pedidos de realizar nuevas evaluaciones psiquiátricas y de modificar el formato del proceso para avanzar hacia un juicio por jurados.

El fiscal Sandro Abraldes se manifestó en contra de postergar nuevamente el debate y cuestionó los argumentos presentados por la defensa.

“Dormirse o aburrirse no es incapacidad jurídica”, sostuvo durante una de las audiencias.

Desde la Fiscalía consideraron además que las apariciones públicas recientes del músico y distintos videos difundidos en redes sociales constituyen elementos a tener en cuenta para evaluar su grado de comprensión.

El proceso judicial continúa mientras el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el hecho ocurrido en 2018 y resolver las discusiones vinculadas con su estado de salud mental.

Cristian “Pity” Álvarez volvió este miércoles a los tribunales porteños para participar de la segunda audiencia del juicio que se desarrolla en su contra por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano. Sin embargo, antes del inicio formal de la jornada, un particular elemento de su vestimenta captó la atención de quienes estaban en la sala.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó acompañado por su hermana, Débora, y llevaba en la mano derecha un guante negro con pequeñas luces LED en las puntas de los dedos, similar a los utilizados en espectáculos. También lucía anteojos y brillos en el rostro.

Antes de que comenzara la audiencia, el secretario del tribunal se dirigió al abogado defensor Javier Marino y solicitó que el músico se sacara el accesorio.

Álvarez accedió al pedido sin plantear objeciones, se quitó el guante y lo guardó dentro del gorro de invierno que llevaba consigo. También se sacó los anteojos antes de que comenzara formalmente la actividad judicial.

El episodio se produjo mientras el cantante se acomodaba para continuar con el debate oral, iniciado esta semana y que contempla inicialmente 11 audiencias, aunque el cronograma podría modificarse de acuerdo con el desarrollo del proceso.

Álvarez enfrenta un proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano. Durante esta etapa, el tribunal continuará recibiendo testimonios y analizando las pruebas incorporadas a la causa.

Mientras avanza el juicio, la presencia del músico continúa generando una fuerte atención mediática, tanto por el desarrollo judicial como por los distintos gestos y elementos que acompañan sus apariciones en tribunales.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con una nueva ronda de testimonios, entre los que se destaca la declaración de Cinthia Andrea Grimaldi, ginecóloga de María Victoria Caillava, una de las personas imputadas en la causa.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en Corrientes. Desde entonces, la investigación intenta determinar qué ocurrió con el niño, cuyo último rastro conocido se ubicó en la zona del naranjal.

Además de Grimaldi, el fiscal Carlos Schaefer convocó para esta jornada a Leticia Risco, coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas; al comisario mayor de la Policía Federal Martín Leonardo De Cristóbal; y a Carlos Alberto Moreira, un vecino que participó de los operativos de búsqueda.

Los testimonios formarán parte del debate que se desarrolla en Corrientes y buscarán aportar elementos sobre distintos momentos de la investigación.

En una audiencia anterior, uno de los peritos incorporó al juicio un elemento relacionado con Caillava y su esposo, Carlos Pérez.

Según explicó el especialista, dos perros detectaron un rastro compatible con el olor de Loan dentro de un Ford Ka utilizado por el matrimonio pocas horas después de la desaparición.

De acuerdo con lo expuesto en el debate, ese vehículo fue utilizado posteriormente para trasladarse hacia la ciudad de Corrientes y luego hacia Chaco.

También se analizó una Ford Ranger perteneciente a la pareja, con la que habían concurrido al almuerzo familiar el día en que desapareció el niño.

El perito Rosillo sostuvo que otros dos perros reaccionaron positivamente dentro de esa camioneta, dato que quedó incorporado al conjunto de pruebas discutidas durante el proceso.

Entre los principales acusados se encuentran María Victoria Caillava, Carlos Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Millapi cumple prisión domiciliaria y participa de las audiencias de manera virtual.

Además, otras diez personas fueron acusadas por hechos vinculados con la investigación, entre ellos presunto encubrimiento, manipulación de testimonios y usurpación de títulos.

La jornada de este martes volverá a estar centrada en la incorporación de testimonios y pruebas mientras continúa el proceso judicial destinado a establecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña desde aquel 13 de junio de 2024.

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 confirmara la fecha y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.

El debate se desarrollará durante 11 audiencias previstas para agosto y septiembre en los tribunales porteños. El proceso busca determinar la responsabilidad del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Los abogados de Álvarez habían solicitado que se suspendiera el inicio del juicio al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución. Para fundamentar el planteo, hicieron referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y respaldó la postura de la fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, había sostenido que el juicio oral constituye el ámbito correspondiente para resolver las cuestiones pendientes y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.

Además, el representante del Ministerio Público cuestionó que la participación en las audiencias pudiera ser considerada una actividad riesgosa para el acusado, teniendo en cuenta sus recientes apariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Uno de los puntos centrales para definir el inicio del proceso estuvo relacionado con la capacidad de Álvarez para participar del debate.

Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el músico posee la capacidad cognitiva necesaria para afrontar las distintas etapas del juicio. A partir de esas conclusiones, el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado.

El tribunal consideró que no correspondía postergar indefinidamente el proceso a la espera de tratamientos de rehabilitación. En ese sentido, señaló que una eventual interrupción o falta de continuidad de esas terapias podría derivar en nuevas postergaciones.

Los magistrados también remarcaron la obligación del Estado de garantizar que las víctimas puedan acceder a un proceso con celeridad y obtener una respuesta judicial.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, durante el enfrentamiento el músico habría sacado una pistola calibre 6,35 de su campera y disparado contra Díaz. La víctima recibió varios impactos en la cabeza y murió como consecuencia de las lesiones y una hemorragia interna.

Luego del episodio, Álvarez se habría retirado del lugar.

Otros delitos que serán juzgados

Además del homicidio de Díaz, el músico deberá responder en este proceso por otros hechos denunciados.

La acusación también contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga. Estos episodios habrían ocurrido en noviembre de 2016.

Un proceso que sufrió varias postergaciones

La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso fue suspendido posteriormente debido a informes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del acusado.

El trámite volvió a frenarse en 2021 y luego en marzo de 2023, hasta que nuevas evaluaciones determinaron que Álvarez cuenta con las condiciones cognitivas necesarias para participar del debate oral.

El Litoral

Hay enojo con el fiscal Carlos Schaefer en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, por el "doble discurso" que realiza debido a que “no le salen las cosas bien.”

Martín Leiro, abogado del acusado Alan Cañete expuso su malestar con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre cómo lleva a cabo el debate: "Está enojado porque, evidentemente, no le salen las cosas bien, entonces acude al doble discurso".

Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.

En este sentido, redobló la puesta y recordó una entrevista que Schaefer dio días atrás: "Sale en los medios a decir cosas que no pasan. Por ejemplo, se está quejando de que los jueces no están presencial, pero nunca planteó la incidencia".

"También dijo que el Tribunal está actuando mejor. ¿Es decir que antes estaba actuando peor? O ¿está poniendo en duda la parcialidad al tribunal?", cuestionó.

Este miércoles declaran Santiago Molina, un vecino de 9 de Julio, localidad correntina en la que fue visto por última vez el menor; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

El Litoral

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda señalaron que era él quien impartía las órdenes durante los rastrillajes realizados en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además, otro testigo que estuvo presente en el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño aportó su versión sobre los movimientos de Loan antes de que se le perdiera el rastro.

Durante la audiencia declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes participaron del operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición del menor.

Alegre explicó que fue quien recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava para informar sobre el extravío de Loan y posteriormente dio aviso a las autoridades. También relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido colocado allí por Laudelina Peña.

El uniformado afirmó que desconoce quién encontró el calzado y sostuvo que, cuando llegó al lugar, ya había tres cadetes custodiándolo junto al ex comisario Walter Maciel. Según su declaración, fue Maciel quien le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta que arribara la perito encargada de levantar la evidencia.

Asimismo, indicó que tomó dos fotografías del botín y del lugar donde fue encontrado, y precisó que el elemento permaneció en el sitio alrededor de una hora y media antes de ser retirado por la especialista.

En la misma audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan.

El testigo recordó que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando junto a otros chicos en un tacuaral cuando expresó: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.

Fernández explicó que esa información surgió del relato de su hijo, quien se encontraba junto a Loan en esos momentos previos a la desaparición.

El fiscal federal Carlos Schaefer convocó para este miércoles a una nueva audiencia en la que declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

La causa tiene como principales acusados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes enfrentan el juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al expediente.

EL

La gira de Bandana por el interior del país quedó envuelta en un fuerte conflicto mediático y judicial. El grupo canceló de manera abrupta sus shows previstos en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, lo que generó malestar entre los fanáticos y un duro cruce con la productora ShowMax.

Lo que prometía ser una noche cargada de nostalgia y recuerdos de los años 2000 terminó en una disputa pública entre las artistas y la empresa organizadora, que adelantó que llevará el caso a la Justicia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Bandana explicó que las fechas previstas para el 17 de julio en Santa Rosa y el 18 de julio en Bahía Blanca se suspendían por la coincidencia con el próximo partido de la Selección Argentina.

“Afortunadamente, nuestra Selección Argentina sigue haciendo historia y continúa en carrera rumbo a la cuarta estrella. Como el próximo partido coincide con una de las fechas de nuestra gira, y sabiendo que es un momento muy especial para todos, la producción del evento decidió suspender los shows previstos bajo su organización”, señalaron.

En el mismo mensaje, el grupo alentó al equipo nacional e informó un correo electrónico para que el público pudiera gestionar la devolución de las entradas.

La reacción de ShowMax no tardó en llegar. La productora desmintió la versión difundida por el grupo y aseguró que no recibió una notificación formal sobre los motivos de la cancelación.

“Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación”, señalaron desde la empresa.

Además, la productora vinculó la suspensión con la baja convocatoria registrada para los shows.

“Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos”, expresaron.

En ese mismo descargo, la firma confirmó que también quedó cancelada la presentación prevista para el 18 de septiembre en Paraná.

Mientras la productora habló de una decisión unilateral, desde el entorno cercano a las integrantes de Bandana señalaron otra versión.

Según fuentes allegadas al grupo, las artistas tenían voluntad de presentarse, pero habrían decidido “plantarse” ante supuestas informalidades logísticas y contractuales por parte de la organización.

La situación dejó a cientos de fanáticos sin la posibilidad de asistir a los conciertos y abrió un escenario de reclamos por la devolución del dinero de las entradas.

Con las fechas suspendidas y las acusaciones cruzadas en aumento, ShowMax confirmó que iniciará acciones legales contra Bandana.

La empresa buscará reclamar un resarcimiento por los daños y perjuicios económicos que, según sostiene, provocó la cancelación unilateral de los shows.

Mientras tanto, los seguidores del grupo expresan su desilusión en redes sociales y esperan respuestas sobre la devolución de los tickets.

El conflicto, por ahora, dejó en pausa el esperado reencuentro de Bandana con parte de su público del interior y trasladó la discusión del escenario al ámbito judicial.

El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

La causa federal por el hallazgo en Mar del Plata del cuadro “Retrato de una dama”, vinculado al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, sumó un nuevo capítulo cultural y simbólico: la querella evalúa la posibilidad de que la obra sea exhibida en el Museo del Holocausto de Buenos Aires en caso de que la Justicia ordene su restitución a la heredera Marei von Saher.

La querella está integrada por los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, quienes mantienen conversaciones con autoridades del museo, en particular Jonathan Karszenbaum y la abogada Valeria Elfman, para evaluar un eventual esquema de préstamo de la obra.

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto, destacó la importancia del gesto: “Más allá de su valor artístico, representa un ejemplo concreto de restitución histórica y de preservación de la memoria. Exhibirla tendría un enorme valor educativo y simbólico para las nuevas generaciones”. La iniciativa, de concretarse, marcaría un hito institucional en Argentina al tratarse del primer caso de restitución judicial de una obra vinculada al expolio nazi con exhibición pública.

Actualmente, la causa se encuentra en su fase de definición procesal. Se están llevando adelante las últimas medidas de prueba antes de concluir la etapa preparatoria prevista por el Código Procesal Penal Federal, tras lo cual se dará vista a las partes para formular acusaciones y eventualmente elevar el caso a juicio oral. En las últimas semanas, la DAIA presentó un informe como amicus curiae, contextualizando el despojo sufrido por la familia Goudstikker durante la ocupación nazi y repasando estándares internacionales de restitución, incluidos los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009).

Fuentes de la querella adelantaron que solicitarán la formulación de acusación por encubrimiento agravado en concurso con lavado de activos agravado, con pedido de aplicación de penas máximas y multas millonarias, ya que la obra fue valuada pericialmente en 250.000 euros. La exhibición permitiría que la restitución no se limite a un trámite judicial, sino que se convierta en un acto de memoria y reparación histórica.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomará este martes una audiencia clave con las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona. La jornada se desarrollará luego de la suspensión de la última audiencia, interrumpida tras la descompensación de Gianinna Maradona.

Luque, ex médico de cabecera del exfutbolista, brindará testimonio desde las 10, mientras que Díaz declarará a partir de las 16. Jana será la única testigo convocada en esta instancia.

La declaración de Jana será uno de los puntos centrales de la audiencia debido a su participación en la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se resolvió que Maradona continuara con una internación domiciliaria en una vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre. Además, la hija del exjugador firmó el contrato de alquiler de la propiedad.

Durante el primer juicio, posteriormente anulado por el escándalo vinculado al documental de la ex jueza Julieta Makintach, Jana sostuvo que fue Luque quien propuso ese domicilio como residencia temporal de su padre. “No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba”, afirmó entonces.

También recordó haber visitado a su padre solo en dos oportunidades en el country: una junto a Gianinna, cuando lo vio en buen estado, y otra en la que aseguró haberlo encontrado hinchado y de mal humor.

Por su parte, Leopoldo Luque comparecerá nuevamente ante los jueces con el objetivo de responder a las declaraciones del médico Mario Schiter y de los especialistas forenses que participaron de la autopsia.

La última audiencia quedó marcada por un fuerte episodio de tensión cuando el neurocirujano exhibió un video de la necropsia sin advertir la presencia de Gianinna Maradona en la sala. La hija menor del exfutbolista rompió en llanto, insultó al médico y sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender la jornada.

En tanto, el psicólogo Carlos Díaz buscará contextualizar una serie de audios presentados por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en una audiencia previa.

Se trata de conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov después del fallecimiento de Maradona, material que forma parte de las pruebas analizadas en el expediente.

Además de Luque, Díaz y Cosachov, también están imputados el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El humorista Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa que tramita en los tribunales nacionales. La resolución judicial fue dictada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso que Pettinato cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo satelital GPS a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.

Según la causa, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos, delitos que concurren de forma ideal. La investigación se desprende del expediente por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ya que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que derivó en esta pesquisa paralela.

El arresto domiciliario contempla que Pettinato solo podrá salir para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, previamente impuestos por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 durante su condena por la muerte de Rodrigo. Asimismo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y ordenó un embargo sobre bienes y dinero del imputado hasta cubrir 1.500.000 pesos.

La situación judicial de Pettinato no es nueva. En abril pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, ocurrido en el departamento que ocupaba en Belgrano. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años y 7 meses, mientras que la querella reclamó una condena más severa, y la defensa argumentó el contexto de consumo problemático de sustancias.

Con esta nueva resolución, la justicia apunta a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, preservar la integridad del imputado y asegurar que continúe con sus tratamientos de rehabilitación, mientras se desarrollan los pasos procesales en la causa por estafas.

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entra en su instancia final este lunes, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto tras varias semanas de audiencias. El caso, que se remonta a mayo de 2022, investiga el incendio ocurrido en el departamento del imputado en el barrio porteño de Belgrano, donde el médico perdió la vida.

La audiencia en la que se conocerá el fallo está prevista para este lunes desde las 9 y se realizará de manera virtual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Durante los alegatos, las partes sostuvieron posturas contrapuestas sobre la responsabilidad de Pettinato en el hecho. La fiscalía, representada por el fiscal Fernando Klappenbach, solicitó una pena de 4 años y siete meses de prisión al considerar que se trató de un incendio culposo, es decir, producto de una conducta negligente.

En cambio, la querella, que representa a la familia de la víctima, pidió una condena más severa: 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que implica la intención o conocimiento del riesgo al provocar el incendio.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó la absolución, al sostener que no existen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal en el hecho.

El delito que se juzga contempla penas que van de 8 a 20 años de prisión en caso de comprobarse la figura dolosa, aunque también podría aplicarse una calificación menor si el tribunal considera que se trató de un hecho culposo.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300. Según la investigación, esa noche se desató un incendio en el interior de la vivienda mientras el neurólogo se encontraba allí.

De acuerdo con las pericias, el fuego se habría iniciado por una “llama libre”, posiblemente generada por un encendedor o un fósforo, y no por una falla eléctrica. Esto fue uno de los puntos centrales del debate durante el juicio.

La autopsia determinó que la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y que aún se encontraba con vida cuando comenzó el incendio, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Durante el proceso también se analizó el contexto en el que ocurrió el hecho. Rodrigo, quien era el médico tratante de Pettinato, se encontraba en el departamento al momento del incendio, en circunstancias que fueron reconstruidas a partir de testimonios y pericias técnicas.

Uno de los ejes de discusión fue si el imputado actuó con negligencia al manipular un encendedor o si existió una conducta más grave que justificara una imputación por estrago doloso.

El caso generó atención pública desde sus inicios no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura del acusado, vinculado al ámbito artístico y mediático. A lo largo del juicio, el tribunal analizó pruebas periciales, testimoniales y documentales para determinar la mecánica del incendio y el grado de responsabilidad.

Además, en caso de una eventual condena, el fallo podría tener un impacto mayor en la situación judicial de Pettinato, quien ya cuenta con antecedentes penales por otra causa, lo que también fue considerado durante el proceso.

Con el veredicto previsto para este lunes, el tribunal pondrá fin a la etapa oral del juicio y definirá si existió responsabilidad penal en un caso que combina elementos técnicos, periciales y jurídicos complejos.

El Litoral

Este lunes comenzó en los tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales GSP, acusado de cometer una tentativa de homicidio con arma de fuego en la ciudad de Sunchales.

El debate es encabezado por el juez Juan Gabriel Peralta, mientras que el fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representa al Ministerio Público de la Acusación. El funcionario adelantó que solicitará una pena de 13 años de prisión para el imputado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el jueves 13 de junio de 2024, cerca de las 11:30, cuando la víctima caminaba junto a su novia por calle Alem al 1300.

Según detalló Castellano, el acusado los persiguió desde atrás, se les cruzó en el camino y extrajo de su cintura un revólver calibre 32, color plateado, el cual portaba sin autorización legal.

En ese contexto, el imputado le apuntó al hombre y le exigió que entregara sus pertenencias. Mientras la víctima se disponía a sacarse la mochila, también amenazó a la mujer, advirtiéndole que no interfiriera.

El fiscal remarcó que, en ese momento, el acusado disparó a una distancia aproximada de medio metro directamente al rostro del hombre, con la intención de provocarle la muerte.

Tras el ataque, el agresor escapó corriendo del lugar, mientras que la víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención médica, lo que impidió que se consumara el homicidio.

El imputado será juzgado como autor de tentativa de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de arma de uso civil.

Según el cronograma dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), tras los alegatos de apertura, las declaraciones testimoniales continuarán durante la semana.

Los alegatos de clausura están previstos para el viernes, mientras que la sentencia podría conocerse el próximo martes 28.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con el inicio de las declaraciones testimoniales. En los Tribunales de San Isidro, prestarán declaración Gianinna Maradona, un médico y el primer policía que ingresó a la vivienda donde falleció el ex futbolista el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, en el marco del debate oral que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Gianinna Maradona, hija de Claudia Villafañe y del ex capitán de la Selección, fue propuesta como testigo por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Su declaración es una de las más relevantes en esta etapa del juicio.

En intervenciones previas, la joven había sostenido que a su familia la “convencieron” de optar por una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural que Maradona se realizó en la Clínica Olivos. Además, había manifestado que lo vio “muy mal” en ese período.

También cuestionó con dureza al equipo médico que atendía a su padre: “Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó, en referencia al médico personal Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa.

Otro de los testimonios será el del oficial Lucas Farías, quien fue el primer efectivo en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, tras el llamado por la descompensación de Maradona.

En declaraciones anteriores, el policía describió que al ingresar observó en la cama un “bulto prominente” cubierto, y que procedió a preservar la escena al constatar que se trataba del ex futbolista.

Su testimonio es considerado clave para reconstruir los momentos posteriores al fallecimiento.

También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que llegó en la ambulancia de la empresa +Vida y que constató la muerte de Maradona.

El profesional había señalado que el cuerpo del ex jugador se encontraba “hinchado” y “irreconocible”, una descripción que generó fuerte impacto en el expediente judicial.

En la causa están imputados ocho profesionales de la salud: además de Luque y Cosachov, figuran el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Pablo Di Spagna.

El tribunal deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

El juicio contra Felipe Pettinato continuó este lunes con los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, en el proceso que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 en el barrio porteño de Belgrano.

El fiscal Fernando Klappenbach solicitó una pena de 4 años y 7 meses de prisión para Pettinato, al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso con una condena previa por abuso sexual.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público sostuvo que no existen pruebas suficientes para afirmar que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

“No encontré respuestas necesarias que me permitan sostener la hipótesis de un hecho doloso”, afirmó.

Klappenbach remarcó que, si bien las consecuencias fueron “graves e irreparables”, la evidencia no permite reconstruir con certeza cómo actuó el acusado.

En ese sentido, señaló:“No estoy en condiciones de relatar cómo actuó Pettinato”

Y agregó que tampoco puede afirmarse que no haya intentado ayudar a la víctima:“Será un tremendo inútil, pero no podemos decir que no hizo nada”.

La hipótesis principal de la fiscalía apunta a una manipulación negligente de un encendedor, lo que habría generado el incendio fatal.

La acusación particular, representada por el abogado Alejandro Drago, mantiene una postura mucho más severa.

Solicitó una pena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, al considerar que el incendio fue provocado de manera intencional.

“Esto no fue un accidente”, sostuvo el letrado, quien argumentó que el fuego se inició sobre el sillón donde dormía la víctima y que se habrían utilizado elementos inflamables.

El caso se remonta al 16 de mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en un departamento de la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano.

En ese lugar murió Melchor Rodrigo, quien —según las pericias— se encontraba dormido y bajo los efectos de psicofármacos al momento del inicio del fuego.

El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, incluyó testimonios de peritos, bomberos, vecinos y familiares de la víctima.

Con el alegato de la fiscalía, el debate oral ingresa en su tramo decisivo.

En las próximas audiencias será el turno de la defensa, y luego el tribunal —integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle— quedará en condiciones de dictar sentencia.

Hasta el momento, Pettinato no declaró en el juicio.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será llevado a juicio en Francia tras la denuncia por presunta violación presentada en febrero de 2023. El defensor del Paris Saint-Germain deberá comparecer ante el Tribunal de Nanterre, luego de que la fiscalía decidiera elevar la causa a instancia oral.

El expediente se originó el 25 de febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años acudió a una comisaría en Nogent-sur-Marne para denunciar que, la noche anterior, había sido agredida sexualmente en la vivienda del jugador, ubicada en Boulogne-Billancourt.

Según la denuncia, la joven llegó al domicilio alrededor de la 1:15 de la madrugada y allí el futbolista la habría besado y tocado sin su consentimiento, para luego violarla.

La postura de la defensa

Tras varios años de investigación, la fiscalía de Nanterre resolvió enviar el caso a juicio. La decisión fue confirmada por la abogada del jugador, Fanny Colin, quien cuestionó con dureza la medida.

La letrada sostuvo que el proceso se basa únicamente en la declaración de la denunciante y afirmó que, según su postura, la joven habría rechazado exámenes médicos y análisis de ADN, además de negarse a facilitar su teléfono móvil y a identificar a un testigo clave.

Desde que trascendió la denuncia, Hakimi se declaró inocente. El lateral negó “cualquier acto de penetración”, aunque reconoció que existieron “abrazos y besos consentidos”.

El mensaje del jugador

Tras conocerse la elevación a juicio oral, Hakimi se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, según contempla la legislación francesa para este tipo de delitos.

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En el plano futbolístico, la temporada del marroquí no ha sido regular. Entre lesiones —como un esguince de tobillo que lo marginó varios partidos— y el contexto judicial, su participación se redujo a 19 encuentros oficiales.

El proceso que se abre en Hauts-de-Seine marca un capítulo sensible en la carrera de Achraf Hakimi y obligará al PSG a gestionar la situación deportiva y comunicacional. Los plazos judiciales marcarán los próximos pasos y la cita en la sala será la oportunidad para que el sistema judicial determine responsabilidades más allá del ruido mediático.