Este martes 14 de abril de 2026 comenzó en San Isidro el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, en una audiencia que se desarrolló entre las 10:30 y las 16:00, y que estuvo marcada por fuertes acusaciones, cruces entre abogados y posturas contrapuestas entre las partes.

El proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego de que el juicio anterior fuera anulado. En el banquillo de los acusados hay siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Una acusación contundente de la fiscalía

Durante la apertura, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que Maradona fue “abandonado a su suerte” y aseguró que la internación domiciliaria en la que se encontraba era “sin precedentes”.

El representante del Ministerio Público remarcó que el exfutbolista no estaba en condiciones de decidir por sí mismo y que debía contar con un sistema de atención médica más complejo. “No hicieron nada para evitar que muriera”, afirmó.

La querella habló de “asesinato”

En la misma línea, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, fue aún más duro y sostuvo: “Diego Armando Maradona fue asesinado”.

El letrado apuntó a “desidia, desinterés y omisiones” por parte del equipo médico y calificó la internación domiciliaria como una decisión “en abierta contradicción con el arte médico”. Además, aseguró que esa modalidad fue clave para lo que definió como un “crimen”.

Tras la audiencia, Burlando señaló que la jornada fue difícil para las hijas del exjugador: “Es un drama para Dalma y Gianinna estar acá”, expresó.

Las defensas rechazaron las acusaciones

Por su parte, los abogados defensores de los imputados expusieron distintas líneas argumentales para desligar responsabilidades.El defensor del neurocirujano Leopoldo Luque sostuvo que buscará demostrar que Maradona murió de un infarto y negó que su cliente haya tenido responsabilidad directa en el desenlace.

En tanto, la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov afirmó que el propio Maradona tomaba decisiones sobre su salud, mientras que el abogado del psicólogo Carlos Díaz remarcó que su asistido no tenía rol médico ni vínculo con el entorno familiar.

Otros defensores insistieron en que sus clientes cumplían funciones específicas y limitadas, como la coordinación de enfermeros o tareas administrativas, sin intervención directa en el tratamiento clínico.

Cruces, decisiones del tribunal y continuidad del proceso

La audiencia también tuvo momentos de tensión, como un cruce entre Burlando y el abogado de Luque, Francisco Oneto, durante la exposición de pruebas.

Además, el tribunal rechazó el pedido de transmitir en vivo todas las audiencias, aunque sí permitirá la difusión de los alegatos de apertura, cierre y el veredicto.

Antes de finalizar la jornada, los jueces dispusieron que las partes deberán informar los testigos con al menos 24 horas de anticipación y establecieron un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10, cuando comenzarán las primeras declaraciones.

Reacciones tras la primera jornada

Al finalizar la audiencia, Verónica Ojeda, expareja del exfutbolista, expresó: “A Diego lo mataron y yo quiero justicia”, y manifestó su malestar por no haber podido exponer su postura durante el debate.

También estuvieron presentes Dalma, Gianinna y Jana Maradona, quienes siguieron de cerca el inicio del proceso judicial.

Este jueves 9 de abril comenzará en la provincia de San Juan el juicio oral contra tres miembros de una familia gitana oriunda de la ciudad de Santa Fe, acusados de haber sometido a una adolescente a una situación de servidumbre doméstica, laboral y sexual durante varios años.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal sanjuanino, integrado por los jueces Daniel Alejandro Doffo —en carácter de presidente—, Hugo Carlos Echegaray y María Carolina Pereira, y se extenderá al menos hasta el miércoles 15 de abril.

En el banquillo de los acusados estará una pareja: C.A.C. (45), C.I.C. (46); y su hijo C.F.G.C. (23), quienes llegan al juicio detenidos —los dos hombres con prisión preventiva y la mujer bajo arresto domiciliario— imputados por el delito de trata de personas agravada.

La acusación fue presentada el 27 de noviembre de 2025 por el fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángaro. El propio Alcaraz será además el encargado de sostener la acusación durante el juicio oral, en continuidad con la estrategia del Ministerio Público Fiscal.

La defensa está a cargo del estudio encabezado por el abogado santafesino Claudio Torres del Sel, junto a Julieta Carnaval y Francisco García Rossi, este último presente en San Juan para intervenir en el debate.

“Tenemos un juicio oral por trata de personas de una familia gitana que vive en Cabaña Leiva”, explicó el letrado, quien subrayó además que “la mayoría de los hechos ocurrieron en Santa Fe”.

El proceso judicial tendrá como eje una discusión compleja: el alcance de las prácticas culturales de la comunidad gitana frente a los límites que imponen las normas penales argentinas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Según la hipótesis fiscal, la víctima —identificada como V.S.Y.— fue sometida a una unión forzada a los 13 años con C.F.G.C., quien en ese momento tenía 20.

El vínculo se habría concretado entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, en el marco de un rito tradicional que incluyó el pago de $825.000 por parte de la familia del joven a los padres de la adolescente, suma que actualizada superaría los 11 millones de pesos.

Para los acusadores, ese pago constituye un elemento de captación con fines de explotación. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de una práctica cultural —la dote— y que la relación fue “buscada por ambos”, descartando cualquier forma de coerción.

El requerimiento de elevación a juicio estructura los hechos en tres momentos. El primero es la unión, que la fiscalía califica como forzada y enmarcada en una situación de vulnerabilidad extrema: V.S.Y. nunca accedió al sistema educativo formal, no sabe leer ni escribir y creció en un contexto de pobreza estructural.

En una segunda etapa, ya instalada en Santa Fe, la joven habría sido sometida a condiciones de explotación: tareas domésticas, venta ambulante e incluso trabajo durante su embarazo, además de violencia física y psicológica. También se le atribuye al joven imputado haber mantenido relaciones sexuales con la menor desde el inicio del vínculo, lo que la acusación encuadra como servidumbre sexual.

La tercera etapa —central para el desenlace del caso— se sitúa en diciembre de 2024, cuando V.S.Y., junto a C.F.G.C. y el hijo de ambos, viajaron a San Juan para convivir con la familia de la adolescente en el barrio La Capilla. Durante aproximadamente cuatro meses, la pareja permaneció en ese entorno familiar, en un contexto que, según surge de la causa, no había sido inicialmente judicializado.

El conflicto se desató hace un año. El 5 de abril, C.A.C. y C.I.C. llegaron a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la pareja y al niño a Santa Fe. Para la fiscalía, lo ocurrido al día siguiente constituye un episodio de captación violenta: los imputados habrían obligado a la joven a subir a una camioneta Ford Ranger y emprendieron el regreso.

De acuerdo con la declaración en Cámara Gesell, la adolescente intentó escapar a los pocos kilómetros, descendiendo del vehículo con su hijo en brazos en una zona de estaciones de servicio. Sin embargo, fue alcanzada por su suegra, quien —según la acusación— la obligó a regresar a la camioneta.

La situación derivó en un operativo policial tras la alerta de las autoridades sanjuaninas. Finalmente, personal de la Unidad Rural N° 1 interceptó el vehículo en las inmediaciones del paraje Caputo, sobre la Ruta Nacional 141, y rescató a la joven junto a su hijo, frustrando el traslado.

Para la fiscalía, este episodio configura un hecho autónomo de trata, en tanto implicó captación y traslado mediante coacción con fines de explotación. La defensa sostiene una versión opuesta: afirma que se trató de “una discusión familiar ante un cambio de decisión inesperado” y niega la existencia de un rapto.

Uno de los ejes del juicio será la valoración de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Informes oficiales indican que no existen registros de escolaridad a su nombre en la provincia de Santa Fe, y que creció en un contexto de extrema precariedad, en una familia dedicada a la venta ambulante.

La fiscalía sostiene que esas condiciones fueron determinantes para su captación y sometimiento. Además, remarca que el matrimonio infantil constituye una violación de derechos humanos, aun cuando se inscriba en prácticas culturales.

La defensa, en tanto, rechaza esa interpretación. “No hay una relación forzada, sino una relación genuina”, sostuvo García Rossi, quien adelantó que buscarán demostrar que no existió finalidad de explotación ni abuso de poder en los términos exigidos por el tipo penal.

El debate no sólo definirá la responsabilidad penal de los acusados —para quienes se solicitaron penas de hasta 14 años de prisión en el caso de los padres y 11 para el joven—, sino también los límites entre el respeto a la diversidad cultural y la vigencia de los derechos fundamentales.

Mientras la acusación sostiene que ninguna práctica puede justificar la vulneración de derechos de niñas y adolescentes, la defensa insiste en que las conductas deben analizarse dentro del contexto cultural en el que se produjeron.

Con ese trasfondo, el juicio que se inicia este jueves se adentra en una zona de tensión entre prácticas culturales y derecho penal, donde el tribunal deberá determinar si los hechos constituyen delitos de trata de personas o si, como plantea la defensa, se trató de una dinámica familiar sin relevancia penal.

La Unidad Fiscal de Río Cuarto, a cargo del fiscal Pablo Jávega, dio por concluida la investigación por el homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, y solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio.

Según informó este lunes el Ministerio Público Fiscal, el fiscal entendió que se encuentran reunidos los elementos probatorios necesarios para formular el mérito acusatorio, lo que habilita el paso a la instancia de debate oral en una de las causas judiciales más resonantes de la historia reciente de Córdoba.

La investigación había sido reabierta el 15 de octubre de 2022, con el objetivo de identificar a los partícipes del crimen que conmocionó a la ciudad de Río Cuarto y al país. Desde la Fiscalía precisaron que el proceso investigativo se dio por finalizado luego de que se recibiera la declaración del imputado —cuya identidad no fue informada oficialmente— y se produjera la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes.

En ese marco, la Unidad Fiscal consideró que están dadas las condiciones para avanzar a la siguiente etapa judicial. La acusación fue notificada a la defensa técnica del imputado y también puesta en conocimiento de la familia de Nora Dalmasso, que actúa como querellante particular en el expediente.

Desde el Ministerio Público se destacó especialmente el peso de la prueba científica y los peritajes genéticos incorporados durante la investigación. En ese sentido, se reconoció el trabajo del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, dirigido por la doctora Nidia Modesti, y el aporte del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, bajo la coordinación del doctor Jack Ballantyne.

Asimismo, se valoró la labor desarrollada por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial de Córdoba, que participó en el análisis de la evidencia y en las medidas investigativas complementarias.

El pedido de elevación a juicio marca un nuevo capítulo en la causa, a casi dos décadas del crimen que tuvo un fuerte impacto social y mediático, y que atravesó múltiples instancias judiciales sin condenas hasta el momento.

El Ministerio Público Fiscal informó que la Unidad Fiscal de Río Cuarto brindará una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre el pedido de elevación a juicio. La misma se realizará este martes a las 10.30, en la sede de Tribunales de Río Cuarto.

El 31 de marzo del año pasado, un control rutinario de vehículos establecido por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 11, en el norte santafesino, terminó en un episodio tan violento como confuso. En la zona rural de San Bernardo, un motociclista fue baleado en un brazo y los dos cabos que abrieron fuego terminaron procesados por la Justicia Federal. Ahora, la fiscalía solicitó la elevación de la causa a Juicio Oral.

Los acusados son Walter Germán Mejía Ruíz, de 30 años y oriundo de la localidad de Tilcara, en la provincia de Jujuy; y Reinaldo Martínez, de 32 años y domiciliado en Embarcación, provincia de Salta. Ambos se encuentran en libertad, con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Para los fiscales Jorge Gustavo Onel y Natalia Palacín, ambos son autores de “lesiones graves, agravadas por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y violación de los deberes de funcionario público”.

Era madrugada de domingo cuando se desató el incidente. Cuatro uniformados del Escuadrón de Seguridad Vial San Justo de Gendarmería Nacional se apostaron sobre la ruta nacional 11, aproximadamente en el kilómetro 563. La idea era controlar el tránsito para detectar infracciones o delitos.

Muy cerca de allí, en una estancia de zona rural, varios amigos estaban de “peña”. Poco después de las 3, cuatro de ellos se retiraron a bordo de dos motos. A través de un camino rural llegaron a la ruta, pero apenas subieron al asfalto observaron el retén y regresaron por donde habían llegado.

Al ver la maniobra, tres gendarmes abordaron una camioneta y salieron raudamente en persecución. Los alcanzaron cuando arribaron a la misma finca en la que todavía algunos de sus conocidos seguían reunidos.

La situación se tornó tensa. Una de las motos tenía su documentación en regla. La otra, una Honda Tornado, presentaba alguna irregularidad. Aparentemente, no tenía “papeles” y el escape no era el reglamentario.

El conductor de este último rodado, aprovechó un momento de desconcierto, encendió su moto y aceleró para escapar. De manera instintiva, uno de los gendarmes le arrojó una linterna que impactó en la espalda del joven.

Fue entonces que dos de los uniformados abrieron fuego con sus armas reglamentarias. La investigación pudo determinar que se efectuaron al menos tres disparos. Luego, salieron en persecución del motociclista, que apagó las luces y logró escabullirse para llegar hasta su casa.

Algo le había pegado en su brazo derecho, lo sentía pesado. Entonces vio sangre. Le pidió ayuda a su hermano, que lo trasladó al Samco local. Allí, lo asistieron por una herida de arma de fuego, que le provocó una fractura y le iba a dejar una secuela permanente.

El juez federal que procesó a los gendarmes, Carlos Villafuerte Ruzo, sostuvo en su resolución que "inicialmente" el accionar de los uniformados podía considerarse como "desproporcionado e imprudente".

Al declarar ante los fiscales Onel y Palacín, los cabos dieron su versión. Dijeron que mientras uno de ellos verificaba los papeles de las motos, los otros dos hacían "seguridad", porque de la casa salieron varios amigos de los motociclistas. Explicaron que había poca luz, que se sentía olor a marihuana y que el muchacho que finalmente iba a resultar herido amagaba con sacar un arma de su cintura.

Los dos gendarmes que dispararon con sus pistolas aseguran que sólo lo hicieron para que el joven no se fugara y que apuntaron “al aire”.

El lugar donde se produjo toda esa secuencia cuenta con cámaras de vigilancia que captaron esos instantes. Para la fiscalía, la versión de los gendarmes -y también lo que ellos escribieron y omitieron en el acta de ese día- no coincide con lo que puede apreciarse en los videos.

Por ejemplo, en las grabaciones no se ve que ninguno de los jóvenes hiciera ademanes como para buscar un arma. Sólo se aprecia que uno de ellos levanta su moto, la enciende y escapa. Nunca habría tratado de atropellar a los funcionarios.

Además, en el acta los uniformados no señalaron que habían vuelto al lugar luego de la fallida persecución. Aparentemente buscaban las cápsulas servidas por los disparos realizados. Esos casquillos recién fueron hallados por peritos al día siguiente.

Para los fiscales, no había sospechas razonables de que la víctima estuviera armada. Asimismo, la evidencia sugiere que los disparos no fueron efectuados al aire, porque una bala impactó en el brazo de la víctima.

El juez Villafuerte Ruzo, al dictar el procesamiento, señaló: "Los elementos típicos necesarios para la imputación del hecho parecen estar debidamente cumplidos, al menos en términos de dolo eventual. En definitiva, debe recordarse que el uso de la fuerza policial en un contexto democrático requiere la estricta adherencia a principios fundamentales que garantizan el respeto por los derechos humanos y la legalidad.

"Estos principios, que incluyen la proporcionalidad, legalidad, último recurso, progresividad y el valor supremo de la vida, establecen un marco claro para la actuación de las fuerzas de seguridad.

"En particular -agregó-, el uso de fuerza debe ser sumamente restringido y utilizado únicamente cuando otras alternativas de resolución pacífica hayan fracasado o sean inaplicables en el contexto específico. Además, se desaconseja la realización de disparos desde o hacia vehículos en movimiento, a menos que se presente una amenaza inminente y grave para la vida del personal policial o de terceros.

"En este sentido, el comportamiento de los inculpados en el caso analizado no sólo carece de justificación adecuada, sino que también contraviene flagrantemente las normas legales vigentes, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su accionar", concluyó el magistrado.

El Litoral

El hombre de 39 años identificado como Miguel Ángel Spahn fue condenado a 23 años de prisión por la autoría del homicidio de Gonzalo Andrés Riatto cometido el 7 de julio de 2023 en Lehmann (departamento Castellano).

La sentencia fue impuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Juan Gabriel Peralta, Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Luego de conocerse la sentencia del tribunal, el fiscal expresó su conformidad con la decisión de los magistrados. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del tribunal, valoramos que se haya condenado a Sphan y que los jueces hayan tomado su decisión por unanimidad”, manifestó Castellano.

Castellano recordó que “el viernes 7 de julio de 2023, aproximadamente a las 20:30, Riatto (quien tenía 29 años de edad) regresaba de su trabajo a su domicilio y fue perseguido por el imputado, quien conducía una motocicleta marca Honda modelo Wave y llevaba consigo un cuchillo”.

El fiscal indicó que “en la vía pública, el hombre investigado insultó a la víctima y le recriminó a viva voz que ‘por culpa de él se había quedado sin nada’”, y puntualizó que “le mostró el arma blanca que portaba”. Según agregó, “mientras la persona intimidada huía de su agresor, se cruzó con varios vecinos a los que les pidió que convocaran a la policía”.

“Cuando Riatto ingresó al jardín delantero de una vivienda, ubicada en Hernandarias al 300, fue acorralado por el imputado, quien dejó tirada la moto en la calle y lo atacó con el cuchillo”, aseguró Castellano. “Le aplicó tres puñaladas en distintas partes del cuerpo, agresión que causó la muerte de la víctima ese mismo día en el hospital de Rafaela”, informó.

“El imputado, en tanto, fue reducido en el lugar por los vecinos hasta que llegó la autoridad policial que procedió a su detención”, destacó el fiscal.

Por último, destacó el Fiscal que “si bien la víctima Riatto y el condenado Sphan eran vecinos en Lehmann, no existía entre ellos ningún tipo de trato o vínculo y tampoco habían surgido problemas o inconvenientes previos a julio del 2023”.

Spahn fue condenado como autor de homicidio doloso simple. La condena informada en la sentencia se aproximó mucho a la máxima de 25 años, solicitada por la querella. 

La cuarta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por declaraciones que siembran dudas sobre la hora exacta de su fallecimiento. Dos médicos que intentaron reanimar al astro del fútbol aportaron testimonios que podrían ser cruciales para el desarrollo del proceso judicial.​

Testimonios médicos clave

El primero en declarar fue Colin Campbell Irigoyen, vecino del barrio privado San Andrés y médico de profesión. Según su relato, fue convocado por la guardia del lugar debido a que Maradona se había descompensado. Al ingresar a la habitación, observó a una persona realizando masajes cardíacos y a otra practicando respiración boca a boca al exfutbolista. Campbell señaló que, al llegar, el psicólogo Carlos Díaz le informó que Diego no presentaba signos vitales. Además, destacó que el cuerpo de Maradona mostraba signos de haber estado sin vida durante un tiempo prolongado, estimando que llevaba muerto más de una o dos horas, debido a la notable inflamación corporal.​

Posteriormente, declaró Juan Carlos Pinto, médico de la empresa de emergencias Más Vida, quien arribó al lugar tras un llamado de código rojo. Pinto describió que, al llegar, encontró a personas realizando maniobras de reanimación sobre Maradona. Inmediatamente, continuó con las maniobras, pero observó que el paciente no tenía actividad eléctrica y presentaba signos de muerte, como rigidez cadavérica y livideces, indicando que llevaba fallecido al menos dos horas. Tras constatar el deceso, comunicó la noticia a las hijas de Maradona y a Claudia Villafañe, quienes inicialmente no aceptaron la situación y solicitaron su traslado a una clínica.​

Las declaraciones de ambos médicos refuerzan la hipótesis de la fiscalía, que sostiene que Maradona pudo haber agonizado durante varias horas antes de que el personal a cargo de su cuidado notara su estado crítico. Esta línea de investigación busca determinar si hubo negligencia por parte del equipo médico responsable de la salud del exjugador.​

Entre los imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de la prepaga Nancy Edith Forlini. Todos enfrentan cargos por "homicidio simple con dolo eventual", que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.​

Próximas etapas del juicio

Se espera que en las próximas audiencias declaren los médicos forenses que realizaron la autopsia a Maradona, lo que podría aportar mayor claridad sobre la hora exacta de su muerte y las circunstancias que la rodearon. Además, está prevista la declaración de los imputados, quienes tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos.​

Las recientes declaraciones en el juicio por la muerte de Diego Maradona han puesto en el centro del debate la hora exacta de su fallecimiento y la posible demora en la reacción del equipo médico a cargo de su cuidado. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que nuevos testimonios y pruebas aporten mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo del fútbol argentino.

Los exfuncionarios Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Gabriel Mariotto -junto a otros exdirigentes de la AFA- figuran como imputados en el debate que dilucidará si hubo una defraudación con los fondos que el Estado le giraba a los clubes por la transmisión de los partidos que se emitían por la TV Pública.

El Tribunal Oral Federal N° 1 comenzó hoy con el juicio por las supuestas defraudaciones al Estado mediante el programa “Fútbol para Todos”, que por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner transmitía los partidos de los torneos de la AFA por la TV Pública.

En la causa hay 14 acusados: los principales imputados son los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto y varios dirigentes de la AFA y otras entidades vinculadas al fútbol.

La investigación

Fernández de Kirchner anunció en 2009 un acuerdo con la AFA, entonces conducida por Julio Grondona, para ofrecer por televisión abierta y en forma gratuita los partidos de la Primera División y de la B Nacional.

El arreglo se produjo poco después de que la entidad que rige los destinos del fútbol argentino decidiera interrumpir el contrato que tenía con el Grupo Clarín. El contrato estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete y establecía que la AFA le cedía al Estado la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol.

De esta forma, los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, y de esta forma, los clubes recibirían recursos. Además, se generarían fondos para costear el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.

En 2014, la legisladora Graciela Ocaña presentó una denuncia para que se investigaran irregularidades en perjuicio del Estado y de los clubes. En su presentación, la exministra de Salud pedía que se investigaran el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA, que eran cambiados en un circuito financiero ilegal.

*Te puede interesar: Mal inicio de los argentinos en la Qualy de Wimbledon

Los imputados llegaron a juicio acusados por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. En tanto que Capitanich será investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los otros acusados son Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. En la lista se agregan los involucrados en la llamada ruta del dinero: los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y sobre Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).

La causa incluía además a José Lemme, quien fuera presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo, quienes fallecieron entre 2021 y 2022.

Antes de que la causa sea elevada a juicio, hubo sobreseimientos para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.(DA)

El viernes 22 de marzo, a las 9 de la mañana, se llevará adelante la primera jornada del juicio oral por abuso sexual simple contra el exDT del primer equipo femenino de Boca. Será ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, en Comodoro Py.

Florencia Marco confirmó el juicio en contra de Jorge Martínez por situaciones de acoso, intimidación y manoseo, una conducta que mantuvo (según consta en la denuncia) desde que asumió como técnico en enero de 2022.

El viernes 22 de marzo, a las 9 de la mañana, se llevará adelante el juicio oral por abuso sexual simple ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, en Comodoro Py.

La jefa de prensa del equipo femenino había hecho la denuncia ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro 22 por abuso sexual simple, después de informar los hechos al Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, el pasado 1 de febrero. Cuatro testigos ratificaron lo que había contado la víctima y el DT sufrió un embargo de 5 millones de pesos.

*Lee también: Dos más para 9 de Julio

Este triste acontecimiento se hizo público a principios de abril. Según contó la comunicadora el hecho en cuestión sucedió el 30 de marzo de 2022, pero desde la llegada de Martínez hubo un “acoso permanente” desde lo verbal y en lo físico.

Antes de que esto se haga público, se le dio licencia a Marco y luego de que se conociera se procedió a hacer lo mismo con Martínez, quien no estará más en el cargo, según contaron desde Boca a través de un comunicado, hasta que “se esclarezca” la situación.

Previo a lo mencionado, la demandante lo informó internamente en el Departamento de Inclusión e Igualdad del club, que, de manera insólita, decidió separarla a ella antes que al técnico que en ese entonces siguió con sus funciones.

En Junio de 2023 la justicia no dio lugar al pedido de nulidad de la defensa de Jorge Martínez, ex entrenador de Boca, en el marco de la denuncia de Florencia Marco, jefa de prensa del club “Xeneize”, por abuso sexual. El pedido fue rechazado por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43.

El viernes 22 de marzo, a las 9 de la mañana, Martínez afrontará la primera jornada del juicio oral por abuso sexual simple ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, en Comodoro Py.(DA)

El crimen de Lucio Dupuy no quedará impune. Están imputadas la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez: el juicio oral comenzó la semana pasada.

La Fiscalía pidió que las acusadas sean condenadas no sólo por el homicidio del menor, sino también por el “maltrato crónico” y las “agresiones físicas y sexuales” al que lo sometían. Por su parte, la querella, representada por el padre de Lucio, solicitó sumar a la acusación el agravante del “odio de género”.

Los fiscales de la causa presentaron los audios como pruebas concretas y específicas que se extrajeron de los teléfonos celulares de las inculpadas que detallan los castigos inhumanos a los que era sometido el niño.

En los mismos audios se desprende que “le ponían hielo para que se le deshincharan los golpes de la cabeza”, remarcaron los investigadores, con el fin de neutralizar los golpes y así poder tapar las secuelas de los intensos impactos.

Así los fiscales revelaron que Lucio Dupuy sufría golpes de puño en la panza, falta de alimento, torturas relacionadas a la falta de abrigos para castigarlo con el frío, entre otras formas de martirio. Por ende, tanto los investigadores como la familia querellante pidieron sumar a la provisoria condena el agravante del "odio de género".

El proceso se realiza a puertas cerradas, ya que se trata del crimen de un menor, en medio de un fuerte operativo de seguridad con un dispositivo de vallas. Las dos detenidas fueron trasladadas desde el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde se encuentran presas desde fines del año pasado. Esta mañana fueron ingresadas a la sala de audiencias por una puerta lateral de la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

► Te puede interesar: El padre de Lucio Dupuy publicó un conmovedor video a seis meses del crimen

En tanto, Christian Dupuy, papá de Lucio, fue uno de los primeros en entrar a los tribunales, cerca de las 7.30. Para ese entonces, un grupo de mujeres ya se había acercado al lugar con una serie de pancartas para reclamar justicia.

Luego de la negativa de las dos imputadas por declarar y para concluir la audiencia, el tribunal llamó como primer testigo a Christian Dupuy, quien durante 45 minutos relató detalles de cómo había sido la vida familiar con Magdalena y Lucio, cuál fue la relación con la imputada cuando se quedó a cargo de la víctima y cuándo fue la última vez que vio a su hijo, entre otras cuestiones.

Son alrededor de 100 personas las que declararán. La fecha de alegatos está programada para el próximo 22 de diciembre y se prevé que la lectura del fallo sea en febrero de 2023.

A24.