Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (de 54 años), que es investigado como instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera cometido en Frontera (departamento Castellanos).

Así lo ordenó el camarista Sergio Alvira, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia.

Castellano indicó que “el camarista coincidió con el juez de primera instancia en que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, en que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y en que los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.

Al respecto, el fiscal explicó que “cualquier medida alternativa a la prisión preventiva era insuficiente para mitigar esos riesgos”.

En tanto, el funcionario del MPA recordó que “hasta diciembre del año pasado, el imputado integró el listado de prófugos más buscados de la provincia”, y destacó que “actualmente está alojado en un establecimiento penitenciario, bajo el régimen de alto perfil”.

Castellano afirmó que “el homicidio de Cabrera fue precedido por amenazas de muerte que el hombre investigado le había hecho entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como por intermedio de otras personas”.

El fiscal indicó que “las intimidaciones tenían como objetivo que la víctima le pagara al imputado una supuesta deuda y abandonara su lugar de residencia en Frontera”. No obstante, subrayó que “a pesar de los amedrentamientos, Cabrera nunca se mudó”.

“El sábado 23 de abril de 2022, dos personas que aún no fueron identificadas le quitaron la vida a la víctima por orden del hombre de iniciales HAG, quien les dio instrucciones precisas”, sostuvo Castellano. “Entre las 21:45 y las 22:00, los autores materiales fueron en moto hasta un complejo de departamentos en el que vivía Cabrera, ubicado en calle 74 al 300”, especificó.

“Una de las personas enviadas por el imputado entró al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego en el rostro”, remarcó el funcionario del MPA. “Como consecuencia, el hombre agredido falleció momentos más tarde en el hospital de la localidad cordobesa de San Francisco, vecina de Frontera”, puntualizó.

El imputado es investigado como instigador de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y como autor de amenazas coactivas calificadas (por haber tenido como propósito compeler a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual).

EL

La Justicia dispuso la liberación de Adrián Marcelo Torres, conocido como “El Chelo”, cantante del Grupo Green, en el marco de la causa en la que había sido detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El músico había sido arrestado el 11 de marzo de 2026 en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Según informó la defensa de la denunciante, durante la investigación la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintos elementos de prueba, entre ellos cámaras de seguridad, chats, audios y prendas que fueron entregadas para pericias genéticas.

En las últimas horas, el abogado penalista Ignacio Barrios asumió la representación de Angélica Lilian Escalante, conocida en redes sociales como “Dulce Lilian”, y presentó formalmente un pedido de prisión preventiva contra Torres.

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la información aportada por la querella, que sostuvo que el pasado 3 de mayo, con la causa todavía en trámite, Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.

“Estamos ante un patrón sistemático, no ante un hecho aislado”, afirmó el abogado Barrios, quien anticipó que continuará impulsando medidas ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Matanza.

Desde el entorno judicial también remarcaron que el cantante ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad, causa por la que cumplió condena en distintas unidades penitenciarias bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.

Por su parte, Escalante expresó: “No sabía que tenía antecedentes. Si lo hubiese sabido, jamás hubiera aceptado verlo”.

El pedido de prisión preventiva se fundamenta en la gravedad de la acusación, los antecedentes condenatorios del imputado y los elementos incorporados al expediente. Mientras tanto, la querella buscará que la Justicia revise la situación procesal del cantante.

Este jueves, la Justicia le concedió la libertad Nicolás C., joven de 16 años acusado de tener participación en el tiroteo ocurrido a fines de marzo en la escuela Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

El adolescente se encontraba detenido en la cárcel de Las Flores de la capital provincial desde el mes pasado y fue beneficiado por el fallo del Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia, integrado por el Dr. Matías Drivet.

El magistrado resolvió revocar la resolución de Primera Instancia que había dispuesto la prisión preventiva de Nicolás C. y dispuso en su lugar medidas alternativas, combinadas con medidas socioeducativas.

En la audiencia estuvieron presentes, además del joven imputado, sus padres y sus defensores (Eugenia Marianela Campillay Perrig y Pedro Emiliano Bulsico).

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Carina Gerbaldo y los querellantes por el doctor Leopoldo Luis Hilbert.

Según informaron fuentes judiciales, “en la resolución se hizo hincapié en la especialidad y singularidad de la temática de menores vinculados a investigaciones penales, determinado por el rango constitucional otorgado a diversas Convenciones Internacionales, lo cual ha sido reconocido tanto por la Corte Suprema de Justicia Nacional como Provincial”.

“Ello implica -agregaron-, por un lado, que debe considerarse especialmente que un adolescente es un ser humano en formación, en desarrollo, en evolución. Y, por otro lado, que definir medidas de restricción implica someterlas a una doble excepcionalidad: las propias de cualquier persona y las derivadas de la condición de niño, aún cuando esté sometido a proceso penal”.

Concretamente, se consideró que había elementos suficientes para sostener la vinculación de Nicolas C., mas no era posible afirmar que la “pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución”.

Así, el juez consideró prudente y adecuado otorgar la libertad del menor de edad e imponerle medidas alternativas mientras avanza el proceso:

1) deberá fijar domicilio en una ciudad a más de 150 kilómetros de San Cristóbal y una persona adulta debe constituirse como referente;

2) tendrá prohibido el acercamiento y contacto con las víctimas, familiares y testigos del caso;

3) se someterá al Programa “Medidas Penales en Territorio” de la Dirección Provincial Penal Juvenil, tal como fuera propuesto por ese organismo, el que deberá elevar informes mensuales del cumplimiento de los objetivos fijados;

4) el adolescente no podrá acceder a redes sociales con el nombre propio o con nombres ficticios o de otras personas;

5) quedará prohibido el acercamiento a la ciudad de San Cristóbal mientras duren las medidas fijadas.

Además, por sugerencia de los organismos técnicos interdisciplinarios del Poder Judicial y por la representante legal de la Dirección Penal Juvenil, y con aceptación del joven imputado, se fijaron medidas socioeducativas:

1) realizar un tratamiento vinculado a la salud mental;

2) restablecer su vinculación con el sistema educativo, de la manera más adecuada que determine la Dirección Penal Juvenil y la esfera administrativa correspondiente;

3) un familiar deberá acompañar y dar cuenta del tratamiento de salud mental y de la vinculación con el sistema educativo.

Finalmente, las fuentes explicaron que esta decisión no implica que la investigación en marcha se detenga y que, eventualmente, pueda revaluarse la situación del joven, si cambian las condiciones que se tuvieron en cuenta para disponer las medidas antes enumeradas.

El hecho que se investiga ocurrió durante la mañana del lunes 30 de marzo de este año, adentro de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Ese día, un alumno de 15 años entró al establecimiento educativo con una escopeta de grueso calibre y abrió fuego contra estudiantes.

Así asesinó a Ian Cabrera, un alumno de 13 años.

Para la fiscalía, Nicolás C. sabía lo que iba a suceder y, además, habría estimulado al autor de los disparos para que perpetrara el ataque.

EL

El juez Ariel Lijo ordenó el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti.

El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a cononcer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó  revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

Un joven de 27 años, identificado como Leandro Alegre y oriundo de Santa Elena, Entre Ríos, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una cacería de jabalíes en la isla El Damasio, ubicada en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, frente a la ciudad entrerriana de La Paz.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes y es investigado por la Justicia santafesina, que busca determinar si el disparo fue efectuado de manera accidental por uno de los compañeros que participaba de la actividad.

De acuerdo con las primeras informaciones, Alegre integraba un grupo de cinco cazadores, todos oriundos de Santa Elena. Mientras perseguían jabalíes en la isla, un disparo de escopeta impactó en la cabeza del joven.

Según trascendió, la víctima se encontraba agachada a la altura del animal que perseguían cuando recibió el disparo. La investigación deberá establecer con precisión cómo se produjo el hecho y quién efectuó el tiro.

Luego del disparo, los cuatro sobrevivientes cargaron el cuerpo de Alegre durante varias horas. Primero lo trasladaron a pie por la isla y luego lo llevaron en una canoa hasta la costa de Santa Elena.

El grupo arribó aproximadamente a las 22:30 del lunes, momento en el que intervino personal de la Prefectura Naval Argentina.

El jefe de la Prefectura local dio aviso a efectivos policiales que realizaban recorridas por la costanera de La Paz. A partir de allí, la embarcación utilizada para el traslado quedó bajo resguardo, junto con el cuerpo de la víctima.

Los cuatro acompañantes de Alegre permanecieron retenidos en la sede de Prefectura, a la espera de las directivas judiciales. Si bien el cuerpo fue trasladado inicialmente al Hospital de Santa Elena, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Santa Fe, ya que el hecho ocurrió en jurisdicción de Helvecia, departamento Garay.

El fiscal en turno de La Paz, Facundo Barbosa, dispuso dar intervención a las autoridades santafesinas. En ese marco, la fiscal de Garay, María del Rosario Haeffeli, ordenó la realización de una autopsia para determinar la mecánica de la muerte.

Según se informó, el procedimiento se realizará en la Morgue de Oro Verde, a partir de un exhorto enviado por la Justicia de Santa Fe a la de La Paz.

Este martes por la mañana, una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llegó a Santa Elena para iniciar las pericias ordenadas por la Justicia provincial.

Los investigadores trabajaron sobre el cuerpo de la víctima y la canoa utilizada para el traslado, mientras que los cuatro cazadores que acompañaban a Alegre prestaron declaración ante las autoridades santafesinas en la sede de Prefectura.

La causa apunta ahora a reconstruir las formas y circunstancias exactas en que se produjo la muerte violenta de Leandro Alegre.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. De esta manera, el joven continuará detenido mientras la causa sigue su curso en las instancias superiores.

La solicitud había sido impulsada por sus abogados bajo el argumento de que la prisión preventiva excedía el “plazo razonable”, ya que Pertossi lleva más de seis años privado de su libertad sin una condena firme.

En su resolución, los jueces consideraron que la medida cautelar sigue siendo válida y proporcional. Señalaron que la gravedad del hecho, junto con la pena impuesta —15 años de prisión—, permite presumir la existencia de riesgo de fuga.

Además, remarcaron que el expediente presenta un alto grado de complejidad, tanto por la cantidad de imputados como por el volumen de pruebas analizadas durante el proceso judicial.

El tribunal también evaluó que, si bien transcurrió un tiempo prolongado desde la detención, el avance de la causa no registró demoras injustificadas y se mantuvo dentro de los parámetros legales.

La Fiscalía de Juicio N°8, encabezada por Juan Manuel Dávila, ya se había pronunciado en contra del pedido. El fiscal sostuvo que la prisión preventiva no implica una pena anticipada, dado que el juicio ya se realizó, existe una condena dictada y esta fue confirmada en instancias superiores.

En la misma línea se expresó la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes consideraron que la continuidad de la detención está justificada por la gravedad del caso.

El fallo destaca que todavía resta una definición clave: la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia pendiente en el proceso.

En ese contexto, el tribunal concluyó que la prisión preventiva resulta “razonable, necesaria e inevitable”, al considerar que aún existen riesgos procesales y que no se cumplen las condiciones para otorgar la libertad.

Mientras tanto, Lucas Pertossi permanece alojado en la Unidad Penal N°61 de Melchor Romero, a la espera de la resolución definitiva del caso.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

La decisión del magistrado sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a permitir acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

Todo eso para poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer así si hubo un enriquecimiento ilícito o no.

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito de la calle Miró que luego adquirió el ex vocero presidencial.

Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 del corriente mes.

Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.

Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi (deberán hacerlo el 20 de abril), el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril) y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá (27 de abril).

La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país para asistir al sorteo de las copas internacionales que se realizará en Paraguay.

La medida fue adoptada luego de que el dirigente se presentara a declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta retención de impuestos y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos.

Con esta autorización, Tapia podrá viajar para participar del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, programado para el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, ciudad cercana a Asunción.

Tras su presentación ante la Justicia, Tapia aseguró que la AFA actuó dentro del marco legal y cumplió con las obligaciones tributarias.

“El organismo ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, expresó el dirigente.

Además, sostuvo que se presentaron todas las declaraciones impositivas y los pagos correspondientes, incluyendo intereses resarcitorios cuando correspondió.

Según indicó, no existió omisión en los aportes del personal en relación de dependencia.

Posteriormente, Tapia se expresó a través de sus redes sociales, donde señaló que la AFA se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.

“Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, afirmó.

También aclaró que el único representante legal de la AFA en la causa es el abogado Luis F. Charró.

El sorteo de las competencias internacionales se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores serán:

Por su parte, los clubes que disputarán la Copa Sudamericana son:

Tapia cerró su mensaje señalando que continuará enfocado en fortalecer el fútbol argentino y preparar a las competencias nacionales e internacionales, incluyendo los próximos desafíos de la selección como la Finalissima y el Mundial.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al joven de 18 años acusado por el asesinato de Kim Gomez, la niña de 7 años que murió durante un intento de robo ocurrido en febrero de 2025 en la ciudad de La Plata.

La decisión fue confirmada este miércoles tras el proceso judicial que analizó las pruebas y testimonios vinculados al caso, uno de los hechos que generó mayor conmoción social en el país durante el último año.

El asesinato ocurrió en febrero de 2025 cuando la menor fue atacada durante un intento de robo. El hecho provocó una fuerte repercusión pública y derivó en múltiples reclamos de justicia por parte de familiares, vecinos y distintos sectores sociales.

Desde entonces, la causa avanzó en el fuero penal juvenil, donde se evaluó la responsabilidad del imputado en el episodio.

Este miércoles, el tribunal resolvió declarar culpable al acusado, quien actualmente tiene 18 años. La resolución establece su responsabilidad penal por el crimen de la menor.

De acuerdo con la información judicial difundida, el fallo fue dictado por el tribunal especializado en causas que involucran a menores o hechos ocurridos cuando los imputados eran menores de edad.

Tras la declaración de culpabilidad, resta definir la pena o medida judicial que deberá cumplir el acusado, decisión que se conocerá en una etapa posterior del proceso.

La causa continúa en desarrollo y se esperan más detalles sobre la sentencia y las medidas que adoptará la Justicia.

El Gobierno Nacional recibió una intimación judicial para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), publicada recientemente, que desarticula y elimina las funciones del Programa de Metrología Legal, área encargada de controlar y regular herramientas o elementos con reglamentos nacionales como, por ejemplo, los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos.

Este requerimiento judicial fue solicitado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) quienes accionaron contra la gestión de Javier Milei y el objetivo que persigue desde su asunción sobre desestatizar toda dependencia posible de privatización.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, indicó que esta medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que “atenta contra la seguridad” de toda la población.

“El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”, señaló.

En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, sostuvo que “es evidente” que habrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento cotidiano de diversas empresas y que, además, serán “millones los ciudadanos que pueden verse afectados”.

El Programa de Metrología Legal incide directamente en la cotidianidad de la población ya que, entre otras tareas, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros utilizados para detectar fotomultas, las balanzas comerciales y los surtidores de combustibles, entre otros.__IP__

Desde ATE advirtieron que, a partir de esta disposición del Gobierno Nacional, este sector del INTI “cesa en sus actividades de aprobación de modelos y también la certificación del correcto funcionamiento y medición” de los instrumentos actualmente utilizados.

“Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, concluyó el gremialista.

AgenciaNA

Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años que es investigado por haber sustraído la batería de un camión en Ceres (departamento San Cristóbal). Así fue dispuesto por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó la prisión preventiva del imputado, cuyas iniciales son JFC. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y ordenó la medida cautelar por un plazo de 60 días.

El hecho

El fiscal señaló que “entre las 14:30 y las 15:00 del lunes de la semana pasada el hombre investigado se apoderó ilegítimamente de la batería de un camión marca Mercedes Benz que estaba estacionado en calle Sarmiento al 400”, y precisó que “no ejerció fuerza ni violencia para concretar el ilícito”.

Asimismo, Odriozola sostuvo que “posteriormente, el imputado vendió la batería en un local de compraventa, cuyo dueño la entregó a la policía en el marco de la investigación”. Al respecto, especificó que “fue reconocida por la víctima, quien pudo recuperarla”.

El funcionario del MPA manifestó que “la magistrada consideró que en esta etapa procesal y con el carácter provisorio requerido, la autoría material del hecho atribuido al imputado está fuera de discusión”.

A su vez, el fiscal indicó que “la jueza afirmó que, en virtud de que en el marco de otros legajos penales al hombre investigado se le impusieron medidas no privativas de la libertad que incumplió, la eventual pena que podría recibir es de ejecución efectiva”.

Odriozola también refirió que “la jueza consideró que tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento probatorio estaban latentes en función de la pena en expectativa, la falta de arraigo y la posibilidad de que el imputado pueda intimidar a los testigos y entorpecer la producción de la prueba”.

Finalmente, el fiscal valoró que “la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa porque no eran suficientes para contrarrestar los riesgos procesales”.

El imputado es investigado como autor del delito de hurto.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años que es investigado por haber amenazado a su expareja en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola investiga lo sucedido y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son WDC, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la medida cautelar por el término de 60 días.

Odriozola afirmó que “el martes de la semana pasada aproximadamente a las 11:30, el hombre investigado llevó a cabo su accionar delictivo en la vía pública”. Relató que “se acercó a su expareja, quien circulaba en moto con una amiga, y la amenazó con matarla mientras le hacía señas de que le cortaría el cuello”.

El fiscal agregó que “tras la amenaza, el imputado intentó tomar a la víctima del cabello”, y aclaró que “no lo logró gracias a la intervención de la otra mujer y de un hombre que estaba en el lugar”.

Asimismo, el funcionario del MPA indicó que “al momento del amedrentamiento, el imputado estaba notificado de una restricción de acercamiento a su expareja, la cual se le había impuesto en septiembre del año pasado y aún estaba vigente”. En tal sentido, remarcó que “con su conducta ilícita, violó la orden judicial”.

Odriozola informó que “la jueza consideró que las circunstancias de tiempo y de lugar y la participación del imputado en los hechos atribuidos por la Fiscalía en base a las evidencias recolectadas, no estaban controvertidas”.

El fiscal además planteó que “la magistrada sostuvo que, por tratarse de amenazas cometidas en un contexto de violencia de género, mientras estaba vigente una prohibición de acercamiento a la víctima, y por antecedentes de incumplimiento de medidas no privativas de la libertad en el marco de otras causas, la pena en expectativa es de ejecución efectiva”. Al respecto, remarcó que “ello impacta de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular, el entorpecimiento probatorio”.

El representante del MPA a su vez señaló que “la jueza manifestó que el riesgo de fuga también estaba acreditado”. En tanto, añadió que “era necesario resguardar los testimonios de la víctima y de los testigos”.

“En función de las particularidades del caso, la magistrada rechazó alternativas a la preventiva propuestas por la Defensa, las cuáles eran insuficientes para contrarrestar la peligrosidad procesal”, concluyó Odriozola.

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de amenazas simples y desobediencia a un mandato judicial.

Un trabajador de un supermercado de Galicia, España, fue despedido luego de llevar facturas para compartir con sus compañeros en el día de su cumpleaños. El gesto, que se realizó antes de la apertura del local, terminó en un conflicto que fue llevado a la justicia.

El empleado, en octubre de 2023, fue al trabajo con varias bandejas de facturas compradas en el mismo supermercado para compartir con sus compañeros de trabajo. El importe total de los artículos era de 68,82 euros, pero el pagó 10,23 por un fallo en el cobro.

Ante esta situación, el trabajador pagó los 58,59 euros restantes 12 días más tarde y le avisó a la empresa acerca del error, en busca de que la cajera que le había cobrado no fuera sancionada por su equivocación.

Aunque el empleado pagó el monto restante y notificó el incidente, en noviembre recibió una carta del supermercado en la que se le comunicaba su despido. La justificación fue que en una cláusula del contrato se consideraba falta grave “el consumo, apropiación o uso para beneficio propio de cualquier bien perteneciente a la empresa, así como el consumo fuera de la zona de descanso”.

En ese contexto, el trabajador llevó el caso al Tribunal de Galicia y salió victorioso: la justicia consideró que el error no tuvo ningún tipo de perjuicio económico para la empresa y que quedó solucionado con el pago de la plata restante y la notificación.

Además, el fallo judicial consideró al despido como improcedente, y le dio dos opciones distintas al supermercado: readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 105.716,09 euros. La sentencia afirmó que el empleado no era digno de sanción de despido.

De esta manera, la resolución judicial remarcó la importancia de que las sanciones empresariales se apliquen con criterio y teniendo el contexto de la situación.

TN

La Unidad Fiscal de Río Cuarto, a cargo del fiscal Pablo Jávega, dio por concluida la investigación por el homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, y solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio.

Según informó este lunes el Ministerio Público Fiscal, el fiscal entendió que se encuentran reunidos los elementos probatorios necesarios para formular el mérito acusatorio, lo que habilita el paso a la instancia de debate oral en una de las causas judiciales más resonantes de la historia reciente de Córdoba.

La investigación había sido reabierta el 15 de octubre de 2022, con el objetivo de identificar a los partícipes del crimen que conmocionó a la ciudad de Río Cuarto y al país. Desde la Fiscalía precisaron que el proceso investigativo se dio por finalizado luego de que se recibiera la declaración del imputado —cuya identidad no fue informada oficialmente— y se produjera la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes.

En ese marco, la Unidad Fiscal consideró que están dadas las condiciones para avanzar a la siguiente etapa judicial. La acusación fue notificada a la defensa técnica del imputado y también puesta en conocimiento de la familia de Nora Dalmasso, que actúa como querellante particular en el expediente.

Desde el Ministerio Público se destacó especialmente el peso de la prueba científica y los peritajes genéticos incorporados durante la investigación. En ese sentido, se reconoció el trabajo del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, dirigido por la doctora Nidia Modesti, y el aporte del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, bajo la coordinación del doctor Jack Ballantyne.

Asimismo, se valoró la labor desarrollada por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial de Córdoba, que participó en el análisis de la evidencia y en las medidas investigativas complementarias.

El pedido de elevación a juicio marca un nuevo capítulo en la causa, a casi dos décadas del crimen que tuvo un fuerte impacto social y mediático, y que atravesó múltiples instancias judiciales sin condenas hasta el momento.

El Ministerio Público Fiscal informó que la Unidad Fiscal de Río Cuarto brindará una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre el pedido de elevación a juicio. La misma se realizará este martes a las 10.30, en la sede de Tribunales de Río Cuarto.

El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.vuVUqA.

La sentencia —firme desde el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente un decomiso de $84.835.227.378,04, pero peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema actualizaron esa cifra. El tribunal adoptó esa metodología y exigió el pago a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

El decomiso incluye inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades cedidas a los hijos de la expresidenta. También se prevé ejecutar bienes de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich si los activos principales no alcanzan a cubrir el monto.

El Ministerio Público Fiscal fue encargado de precisar el origen ilícito de los bienes. Según la individualización realizada, los activos fueron incorporados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período considerado relevante para la maniobra de administración fraudulenta vinculada a la obra pública en Santa Cruz.

El tribunal sostuvo que la sentencia firme acreditó beneficios económicos, directos e indirectos, para Báez y la familia Kirchner derivados de adjudicaciones irregulares, y que el decomiso recae sobre bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si están en manos de terceros no protegidos por buena fe.

Las defensas de Báez, Fernández de Kirchner, Ganora, Pavesi y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner pidieron rechazar el decomiso. Argumentaron que no se acreditó el nexo causal entre los bienes y el delito, que la prueba era insuficiente y que la decisión vulneraba principios constitucionales. También objetaron que se incluyeran bienes adquiridos antes del ejercicio de cargos públicos o ya investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.

La resolución se apoya en la Convención de la ONU contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y normativa local que obliga a recuperar activos provenientes de delitos contra la administración pública. Se admite el decomiso incluso cuando los bienes hayan sido transformados, sustituidos o mezclados con recursos lícitos, siempre que exista una vinculación razonable.

Los bienes serán inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados, mientras que la Corte Suprema definirá su destino final. El tribunal remarcó que la prioridad es la reparación del daño causado al Estado y a la sociedad.

La Fiscalía conserva la facultad de identificar nuevos activos susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia.

Este jueves, los dos imputados por haber asesinado a Damián Strada a la vera de la Ruta Provincial N°2, pidieron que se revise el fallo en el que el juez Sebastián Szeifert dispuso su prisión preventiva.

La de hoy fue la primera intervención que tuvo la Cámara de Apelaciones en la causa, que inició a mediados de septiembre con la desaparición del joven empleado municipal de María Luisa, cuyo cuerpo fue hallado en un campo cerca de Laguna Paiva.

La jueza de segunda instancia Martha Feijoó escuchó a las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes representan a los dos imputados por el homicidio triplemente agravado: Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

El fiscal Alejandro Benítez y el querellante Iván Carrion -en representación del padre de la víctima- solicitó que la medida cautelar de máxima sea confirmada.

La audiencia fue programada para este jueves 13 de noviembre a las 11.30, en la sala 5 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Estaba previsto que acuda a la misma Víctor Strada, papá de Damián, para pedir que los acusados de haber asesinado a su hijo continúen tras las rejas.

En diálogo con RADIO RAFAELA, la hermana de Damián confirmó que no habían hablado con el fiscal todavía. Sin embargo, adelantó: “vamos a ir hasta el final con esto”. “Queremos cadena perpetua para ellos”, afirmó.

Para manifestar su reclamo, se presentaron fuera de los Tribunales con carteles Y al grito de “JUSTICIA”. “Estamos pidiéndoles para que ellos no queden libres, y exigiendo justicia por Damián”, afirmaron.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la RP2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrion sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Benítez afirmó: “Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué”. La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Las defensas cuestionarán estos elementos durante la audiencia de apelación, instancia en la que la Alzada deberá resolver.

Radio Rafaela y El Litoral 

En la tarde de este lunes, cientos de vecinos, familiares y amigos de Iván Ávila se movilizaron por las calles de Rafaela para pedir justicia tras su muerte, ocurrida la semana pasada luego de recibir una bala perdida durante un enfrentamiento armado en el barrio 2 de Abril de Rafaela. La convocatoria comenzó cerca de las 20:00 en la Plaza 25 de Mayo, donde los asistentes encendieron velas y levantaron pancartas con mensajes de reclamo.

El recorrido avanzó por bulevar Santa Fe hasta la Jefatura de Policía, acompañado por personal de Protección Vial y Comunitaria, que cortó el tránsito en las principales arterias, y por un móvil policial que escoltó la manifestación. Al llegar, alguien tomó el micrófono y aclaró: “No es una marcha en silencio, es una marcha pacífica”. En ese momento, los aplausos y el grito de “¡Justicia!” se hicieron sentir con fuerza.

Frente a la multitud, Magdalena, la madre de Iván, tomó la palabra visiblemente conmocionada. “Me lo quitaron injustamente, él estaba parado afuera de su casa y viene una bala perdida, y me lo mata. Justicia por él, nada más”, comenzó diciendo.

“Era joven, bueno, trabajador, buen papá, buen esposo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me hicieron eso? Dios necesitaba un ángel, y él donó todos sus órganos, así que en la Argentina tenemos a alguien que lo está viviendo”, rememoró visiblemente afectada.

La mujer recordó que su hijo había regresado de trabajar momentos antes del hecho y pidió celeridad a la justicia.

También habló la hermana de Iván, quien pidió que la ciudad no naturalice la violencia: “No solo era nuestro hermano, sino también era hijo de Magdalena, era vecino de muchas de estas personas que están hoy acá, era amigo de millares de personas, pero también era papá y era esposo”.

“No nos olvidemos de la gente laburadora, de la que se levanta todos los días a trabajar, de la que no puede salir a la calle porque pasa lo que le pasó. Solo queremos que no vuelva a pasar. Queremos que nos den la seguridad de que mi cuñada y mis sobrinos, que siguen viviendo en el barrio, no se tengan que ir de su hogar que tanto les costó construir”, pidió dirigiéndose a las autoridades.

“Queremos que nos den la seguridad de que (el imputado) no va a salir, que no se va a repetir. Queremos seguridad para la familia de Iván”, exigió.

Durante la manifestación, también se sumó el pedido de justicia por Melani, una joven de 23 años cuyo fallecimiento continúa bajo investigación. Su familia insiste en que no se trató de un suicidio y reclama que se profundice la causa judicial.

Uno de los familiares presentes expresó: “Los tres poderes son responsables de lo que está pasando. No se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. También estamos marchando por Melani, necesitamos que se haga justicia por ella. Salgan del microcentro, al jefe policial se lo digo, al jefe de la GUR, a todos. La gente está sufriendo y Rafaela es demasiado mansa. La gente necesita justicia”.

El reclamo incluyó fuertes críticas al accionar judicial. “El fiscal jamás nos atendió hasta el día de hoy. Siempre nos atendieron secretarios. Y lo que nos dicen no nos convence. Hay evidencias y pruebas que no las toman. Nos ignoran, nos maltratan. Melani sufría violencia de género, hay testigos, hay audios, pero no los quieren tomar. Necesitamos respuestas. Esto depende de la justicia”.

La marcha regresó a la Plaza 25 de Mayo cerca de las 21:00, donde los familiares se abrazaron entre lágrimas. Magdalena y la hermana de Iván volvieron a hablar ante los presentes, agradeciendo el acompañamiento de los rafaelinos. La desconcentración se dio de manera pacífica, mientras continuaban los aplausos y los pedidos de justicia.

La semana próxima habrá una nueva instancia judicial en la causa que investiga el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado a mediados de septiembre cerca de Laguna Paiva.

Por el "homicidio triplemente agravado" hay dos imputados: Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts. Ambos quedaron en prisión preventiva por orden del juez penal Sebastián Szeifert, decisión que fue recurrida por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada.

El mencionado recurso fue admitido y será tratado por la Cámara de Apelaciones, más precisamente por la jueza de segunda instancia Martha Feijoó. La audiencia fue agendada para el jueves 13 de noviembre, a las 11.30, en la Sala 5 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación del crimen de Strada está a cargo del fiscal Alejandro Benítez. Además de haber imputado a Tacundo y Roberts como coautores del homicidio, imputó a otras dos personas por “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”. Se trata de los hermanos Maximiliano Ezequiel y Rocío Belén E., quienes habrían tenido en su poder y vendido el celular de la víctima.

La familia de Strada se constituyó como querellante en el proceso judicial, y cuenta con la representación del abogado Iván Carrión.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre, y el 16 las fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte a la vera de la RP2, cerca de Laguna Paiva. Además de presentar signos de haber sido incinerado y tener un cinturón en su cuello, la autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia.

La fiscalía dispuso la detención de la expareja de Strada, Tacundo, y del actual novio de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión argumentaron la existencia de un plan común y la participación activa de ambos imputados.

Para los acusadores Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a solicitar transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Estos llamados, en los que la madre de la víctima notó su voz de desesperación, se hicieron desde el lugar donde fue asesinado.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Benítez afirmó con certeza: "Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué". La acusación sostiene que, al no conseguir las transferencias solicitadas y no lograr consumar el delito de extorsión, lo ahorcaron y luego quemaron el cuerpo para ocultar su actuar y procurar la impunidad.

La evidencia objetiva presentada incluyó el análisis del impacto de antenas celulares, que localizó el teléfono de la víctima cerca del lugar del hecho, y el posterior hallazgo de que Roberts introdujo su chip en el teléfono de Strada después del crimen.

Además, se verificó a través de cámaras de seguridad que los imputados circularon con Strada en la moto camino al lugar donde fue asesinado, y que sólo regresaron ellos dos.

Todo esto será cuestionado por las defensas durante la audiencia de apelación, y deberá ser analizado por la Alzada.

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Más allá de que no hubo sesiones en la semana ni en el Senado ni en Diputados, el Poder Ejecutivo remitió nueve pliegos de magistrados para análisis de la Comisión de Acuerdos y posterior votación en Asamblea Legislativa.

Son siete vacantes para suplir vacantes en cinco sedes judiciales, entre ellas Santa Fe y dos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y Reconquista.

La semana próxima, la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini pondrá fechas para el tratamiento y la vicegobernadora Gisela Scaglia deberá definir si la Asamblea Legislativa es convocada antes de noviembre o los pliegos serán considerados en Extraordinarias en diciembre.

Con los nuevos pliegos más 88 aprobados en sendas asambleas legislativas, el Ejecutivo avanza en la cobertura de vacantes tan reclamada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Consejo de la Magistratura lleva adelante varios concursos, entre ellos para el fiscal regional de Venado Tuerto.

Por otra parte, la Legislatura deberá definir los alcances del nuevo instituto para seleccionar candidatos para la justicia siguiendo los lineamientos de la nueva Constitución.

Los pliegos remitidos para análisis legislativo son los siguientes:

María Josefina Olcese: jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe.

Nicolás Alejandro Occhi: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª. Nominación para Santa Fe.

Federico Lema: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.

Guillermo Roldán: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo.

Javier Pedro Bértora: Juez Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo.

Carolina Burgos Grabich: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez.

María de los Milagros de la Torre: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.

Paula Prieto: fiscal adjunta subrogante para Reconquista.

Brenda Baños: fiscal adjunta subrogante para Rafaela.

Este miércoles, el tribunal resolvió condenar a Damián Eduardo Rostagno a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 8 años de inhabilitación para conducir, tras hallarlo responsable del homicidio culposo que provocó la muerte de Valentín Chialvo, un joven motociclista de 21 años.

La sentencia se dictó luego del juicio oral y público que comenzó el pasado 7 de octubre y culminó este lunes con los alegatos de clausura. Durante el proceso declararon testigos, peritos y familiares de la víctima.

El siniestro ocurrió la madrugada del 4 de febrero de 2023, alrededor de las 2:00, en la localidad de Bella Italia, sobre la Ruta Provincial N° 70. Rostagno conducía un automóvil Fiat Línea negro en dirección oeste-este y, al llegar a la intersección con calle Los Sauces, giró hacia la izquierda invadiendo el carril contrario.

En sentido opuesto circulaba Valentín Chialvo a bordo de una motocicleta Rouser NS 200 negra. El impacto fue frontal y de gran violencia. El joven falleció en el lugar del hecho a causa de las graves lesiones sufridas.

La Fiscalía calificó el hecho como homicidio culposo, y solicitó una condena de tres años de prisión efectiva. En tanto, la Querella, representada por el abogado Federico Scarinci en nombre de la familia de Chialvo, pidió una pena mayor: seis años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación, argumentando que Rostagno actuó con desprecio por las normas de tránsito y con una conducta claramente temeraria.

Finalmente, el tribunal impuso la condena de 3 años de prisión y 8 años de inhabilitación, al considerar probada la responsabilidad penal del acusado en el hecho que le costó la vida a Chialvo.