Los trabajadores de la histórica empresa lactea “La Veronica” , cuya producción se encuentra paralizada desde mediados de enero, denunciaron que continúan siendo empleados, pero sin percibir salarios. Según señalaron, la empresa no produce, no despide, pero tampoco funciona, dejando a los empleados en un limbo laboral. “No cobramos, pero seguimos siendo empleados de la empresa. La empresa no entra desde enero, no entra una gota de leche y la producción está detenida”, explicaron.

Los trabajadores confirmaron que las tres plantas están paralizadas, con cortes de luz y ausencia de actividad en otras sedes, lo que agrava la crisis. A pesar de ello, destacaron la labor de los compañeros que mantienen las instalaciones limpias y listas para producir si se reanudara la actividad.

“El gremio está actuando por los carriles legales y la política también, pero la justicia no responde como debería”, aseguraron. Los empleados recuerdan que ya se han presentado reclamos judiciales para cobrar salarios atrasados, incluyendo aguinaldos y sueldos de hasta seis meses sin pago. Sin embargo, los dueños, con propiedades y capitales importantes, no intervienen directamente.

Se indicó que se mantiene un acampe y vigilancia para proteger el mobiliario y las instalaciones de la cooperativa, mientras los trabajadores buscan alternativas para sostener su subsistencia, a través de changas y préstamos familiares.

Los empleados denunciaron que la cooperativa fue vaciada por sus herederos desde el año pasado y que los directivos apenas han hecho presencia, dejando a la comunidad y a los trabajadores en una situación crítica. Señalan que este vaciamiento afecta no solo la producción, sino también el futuro laboral y económico de la región, al frenar la actividad de un sector estratégico.

Los trabajadores solicitan la intervención urgente de fiscales y jueces para regularizar la situación, garantizar el pago de salarios adeudados y asegurar que la cooperativa vuelva a operar. “No queremos ser ilegales, pero necesitamos que la justicia actúe rápido. No podemos esperar más”, afirmaron.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, atraviesa una etapa decisiva. Mientras avanzan las pericias forenses, la Justicia busca reconstruir sus últimas horas, establecer el móvil del hecho y determinar si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier.

En las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Barrelier, quien ahora es investigado por femicidio, una figura que contempla la posibilidad de prisión perpetua. La medida fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien además informó que los padres de Agostina fueron admitidos como querellantes particulares en la causa.

El informe preliminar de la autopsia ubicó el momento del crimen entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los estudios también detectaron un daño severo en órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia.

Además, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, lo que dificulta el trabajo de los peritos. Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios para precisar la causa de muerte, la data del fallecimiento y otros elementos que podrían ser determinantes para la investigación.

La familia fue convocada para ser informada sobre estos primeros resultados, mientras los equipos técnicos continúan trabajando sobre los restos hallados en Ampliación Ferreyra.

Aunque Barrelier continúa siendo el único detenido, laposibilidad de que haya actuado con la participación o colaboración de otras personas tomó fuerza en los últimos días.

Durante el fin de semana, la familia de Agostina fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le pidió que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el fiscal no descartó la existencia de más partícipes en la causa. En la misma línea, Gabriel Vega, padre de la adolescente, sostuvo públicamente que cree que el acusado no actuó solo.

“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta”, expresó Elizabeth, una de las abuelas de Agostina.

Otro de los elementos incorporados a la causa es un audio que Claudio Barrelier le envió al padre de la adolescente en medio de la búsqueda.

En el mensaje, el acusado intentó despegarse de la situación. “No entiendo por qué quedé pegado en todo esto”, dijo. También sostuvo que Agostina había ido voluntariamente y que su madre estaba al tanto: “Me dijo que la madre sabía que había venido para que yo la llevara a lo de un noviecito”.

Ese material quedó bajo análisis de la fiscalía junto con cámaras de seguridad, rastros levantados en la vivienda de barrio Cofico y el recorrido de un Ford Ka negro vinculado al entorno del detenido.

En paralelo, una joven que denunció a Barrelier en 2025 relató un episodio ocurrido en la misma casa donde se cree que fue asesinada Agostina. Según contó, el hombre la habría amenazado con un arma, la ató con cinta y le exigió que se sacara la ropa.

La víctima logró escapar semidesnuda y pedir ayuda a vecinos. Tras aquella denuncia, el acusado fue detenido, pero recuperó la libertad días después.

“Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte”, expresó la joven, quien pidió justicia por la adolescente.

Uno de los testimonios considerados relevantes es el del remisero que trasladó a Agostina hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Barrelier.

El chofer contó que, al día siguiente, reconoció a la adolescente en redes sociales y se comunicó con la familia. Cuando le describió a la madre quién la había recibido en el destino, la mujer respondió: “Ya sé quién es”, y comenzó a llorar.

Ese dato permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Luego, las cámaras de seguridad confirmaron parte del recorrido y mostraron a la adolescente ingresando a una vivienda junto al sospechoso.

Los abuelos de la víctima, Miguel y Elizabeth, también hablaron sobre el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina. Según explicaron, el acusado había sido pareja de Melisa años atrás y luego mantuvieron una relación de amistad basada en la confianza.

“Se veían en la cancha, mi hija le tenía confianza a él, eran amigos”, señalaron. Además, aclararon que se trataba de un complejo de fútbol amateur y no de la barrabrava de Instituto.

También indicaron que conocían por comentarios que Barrelier había tenido una causa previa, aunque él sostenía que “le habían hecho una cama”, versión que habría sido creída por parte del entorno.

Entre los elementos centrales del expediente aparece el recorrido del Ford Ka negro vinculado al entorno de Barrelier. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir desplazamientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos de la adolescente.

La fiscalía también analiza un audio enviado por Agostina a un grupo de amigas antes de desaparecer. En ese mensaje, la adolescente contó que iba a encontrarse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa.

Mientras avanzan las pericias, la investigación busca responder los interrogantes principales: cómo murió Agostina, cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió en las horas previas a su desaparición y si hubo otras personas involucradas además del único acusado.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez. NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos y gastos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025.

La cifra representa un promedio de 7,1 millones de pesos mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el funcionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a 3,5 millones de pesos.

Según los datos obtenidos de registros oficiales del Banco Central (BCRA) publicados por La Nación, la pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito desde que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año.

Los pagos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia y se mantuvieron siempre al día, bajo la calificación de "Situación 1, Normal", que implica cumplimiento total y ausencia de mora.

Esta dinámica de gastos incrementó las sospechas en la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la pesquisa, tras haberse levantado los secretos fiscal y bancario, no se centra en la deuda en sí misma, sino en determinar el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogación, el cual superaba holgadamente los ingresos declarados.

El desglose de los resúmenes financieros muestra un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio a partir de su llegada a la Casa Rosada.

A estos plásticos se sumaron nuevos gastos fijos durante 2025, como el pago mensual de 700.000 pesos por expensas en el country Indio Cuá, mientras que otros costos familiares significativos —como las cuotas del colegio de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales— se abonaban por fuera del sistema de tarjetas.

La evolución de los gastos también expuso un fuerte contraste entre los perfiles de la pareja. Mientras que los consumos indexados de Adorni se contrajeron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron un 21% en el mismo período, concentrando la mayor parte del flujo de gastos familiares.

El pico de consumo de la mujer se dio en septiembre de 2025, cuando alcanzó los 7,8 millones de pesos en un mes. Paralelamente, Angeletti modificó su estatus ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): dejó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales, y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400.000 dólares. Esta estimación incluye 245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en su vivienda de un barrio cerrado, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias y más de 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

Además, se detectaron compromisos futuros por unos 335.000 dólares vinculados a dos hipotecas privadas sobre departamentos y un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario, dado que la pareja no registra préstamos en el circuito bancario tradicional.

El salario bruto de Adorni se mantuvo congelado en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Luego de asumir formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado, sus ingresos en la función pública se elevaron a 7,6 millones de pesos en enero de este año, momento en el que también fue nombrado director titular de YPF, cargo al que posteriormente comunicó su renuncia a percibir honorarios.

La investigación judicial avanza ahora sobre el cruce de datos para establecer si existe correspondencia entre el crecimiento patrimonial observado y las fuentes de ingresos declaradas por el entorno familiar. 

Agencia NA

A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia. 

La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.

Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. 

Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.

El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.

Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.

En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

 El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.

El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados.

La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales.

El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe.

En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.

También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado. NA

La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero comenzó a tomar testimonios y a reunir pruebas por el trágico accidente que se vivió el fin de semana pasado durante el Rally Sudamericano, en el que murió un joven de solo 25 años.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, “se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar, asimismo se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen y se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad denominados ‘0’ que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores”.

Además, se detalló que “se están practicando pericias pertinentes al vehículo que participó del hecho, entre otras medidas probatorias que llevan a cabo para dilucidad el hecho, que se encuentra en plena investigación”.

El trágico accidente ocurrió cuando los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistaron entre los kilómetros uno y dos del circuito en Mina Clavero, Córdoba, y luego de varios vuelcos embistió a varias personas en una de las zonas que estaban habilitadas para espectadores.

Toda esta situación terminó con la muerte de Brian Ezequiel Zárate González, un espectador cordobés de 25 años, que había sido trasladado al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad que resultaron fatales.

Además, resultaron heridos una menor y dos adultos, de los cuales una es una mujer que sufrió una impactante fractura en una de sus piernas aunque se encuentra fuera de peligro.

Fuente: Noticias Argentinas

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. NA

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su familia en diciembre de 2024, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente, el actual jefe de Gabinete —quien en ese momento se desempeñaba como vocero del Gobierno— compró pasajes por un valor de 1.450 dólares cada uno, lo que totalizó unos 5.800 dólares para el grupo familiar. El viaje se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025.

La información fue aportada por la aerolínea LATAM Airlines, que detalló que los vuelos incluyeron escalas en Perú (ida) y Ecuador (vuelta), y que los pasajes fueron abonados en efectivo y en dólares.

Por el momento, la Justicia no cuenta con datos sobre el costo del alojamiento durante la estadía en Aruba.

La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, mientras que el juez Ariel Lijo ordenó recientemente levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

A partir de esta medida, los investigadores podrán acceder a los consumos realizados con tarjeta de crédito durante el viaje y contrastarlos con los ingresos declarados por el funcionario.

En paralelo, la fiscalía analiza distintos movimientos financieros realizados en los últimos años. Entre ellos, se encuentran pagos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, con un desembolso inicial de 30.000.

También se investiga la adquisición de una vivienda en un country, donde se registró un pago adicional de 20.000 dólares, así como cancelaciones parciales de hipotecas por montos similares.

Estos gastos serán comparados con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según el expediente— rondaba los 3 millones de pesos mensuales hasta fines del año pasado.

Mientras avanza la causa, Adorni continúa con su agenda de gestión dentro del gobierno de Javier Milei. En los últimos días, mantuvo reuniones con distintos ministros y con el economista Federico Sturzenegger para avanzar en la reorganización del Estado y profundizar el ajuste del gasto público.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es consolidar una nueva etapa de gestión con foco en la reducción del gasto y la eficiencia administrativa.

Un hallazgo estremecedor conmociona a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, luego de que trabajadores de una obra en construcción descubrieran el cadáver de un hombre oculto dentro de una pared que no formaba parte de los planos originales del edificio. El hecho salió a la luz este domingo por la mañana en un inmueble ubicado en la esquina de avenida Quirós y Moreno, en una zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los obreros comenzaron a sospechar al percibir un fuerte olor nauseabundo y advertir una estructura irregular en el subsuelo, debajo de una escalera. Al revisar el sector, encontraron el cuerpo escondido detrás de una pared falsa, en una especie de baulera, envuelto en frazadas y cubierto con cal, en lo que aparece como una maniobra deliberada para ocultarlo.

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes la caratularon como homicidio calificado. Según trascendió, junto al cadáver también se hallaron pertenencias y documentación que podrían ayudar a confirmar la identidad de la víctima. Los datos preliminares indican que se trataría de un hombre de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la misma obra y cuya desaparición dataría de aproximadamente 15 días, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.

Además, las primeras tareas periciales detectaron un traumatismo de cráneo y rastros de sangre en otro sector del edificio, elementos que refuerzan la hipótesis de una muerte violenta. Mientras tanto, la Justicia ordenó la búsqueda de un hombre oriundo de Buenos Aires, en situación de calle, que solía ser visto junto al desaparecido y que ahora es intensamente buscado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. La investigación intenta determinar cómo murió la víctima, cuándo fue ocultado el cuerpo y si hubo participación de terceros.

Thelma Fardín, actriz y referente feminista, se pronunció en contra del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas a quienes presenten falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual. En un video publicado en sus redes sociales, Fardín manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa en las víctimas de abuso.

"Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel", expresó la actriz, quien se mostró alarmada por lo que considera un riesgo para quienes ya enfrentan barreras sociales, emocionales y judiciales para denunciar. Fardín destacó que, si bien los casos de falsas denuncias son extremadamente bajos, el foco debe estar en las dificultades estructurales para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Según la actriz, el 77% de las mujeres víctimas de violencia de género no se animan a denunciar y solo el 1% de las denuncias son falsas, según datos de ONU Mujeres.

Fardín también criticó el sistema de revinculación familiar en casos de maltrato, indicando que las víctimas no son escuchadas cuando manifiestan miedo o rechazo. Subrayó que muchas veces los niños, como en el caso de su hija Ángel, no son escuchados por las instituciones y que los prejuicios sociales y la revictimización dificultan aún más el proceso de denuncia.

"El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman ‘falsas denuncias’ es la falta de celeridad en los procesos judiciales", concluyó Fardín, haciendo hincapié en que las víctimas enfrentan largos períodos de espera y dificultades para obtener justicia.

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El proyecto presentado por Carolina Losada en el Senado propone un aumento de las penas por falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual, que pasaría de 1 a 3 años de prisión, con una condena máxima de 6 años para aquellos que realicen denuncias falsas en casos de abuso o violencia. También se busca establecer penas más severas para el encubrimiento de estos delitos y para los testigos falsos.

A pesar de las preocupaciones de los expertos, Losada argumenta que las falsas denuncias son un problema recurrente en el sistema judicial argentino, y que esta modificación busca evitar que la credibilidad de las víctimas se vea empañada por casos infundados. Sin embargo, la falta de estadísticas oficiales que respalden esta preocupación sigue siendo un tema controvertido.

El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. NA

La muerte de Ángel, un niño de 4 años, en un hospital de Comodoro Rivadavia, está siendo investigada por las autoridades, mientras surgen graves acusaciones de negligencia y maltrato desde el entorno paterno. La madrastra de Ángel, Lorena Andrade, denunció públicamente que la madre biológica del niño fue la responsable de su fallecimiento, asegurando que la mujer "dejó al niño en coma" y luego se fue a dormir.

Ángel fue ingresado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el lunes 6 de abril tras presentar problemas para respirar. Según la versión oficial, el niño fue encontrado sin signos vitales en su hogar y trasladado de urgencia al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. Sin embargo, la causa del paro cardiorrespiratorio sigue siendo un misterio, y el fiscal Facundo Oribones espera los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En su testimonio, Lorena Andrade acusó directamente a la madre de Ángel de maltratarlo y de no haberlo cuidado adecuadamente. Según relató, Ángel vivió un deterioro físico y emocional al estar alejado de su padre y vivir con una madre con la que apenas había formado un vínculo. "Ella se lo llevó sin darle tiempo de conocerla, lo mandó a dormir con ella sin haber formado un lazo", señaló Andrade.

El caso de Ángel también ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial, ya que, a pesar de las denuncias de maltrato y el temor del niño hacia su madre, la justicia ordenó que el niño fuera restituido a su madre biológica. Andrade denunció que la defensora de turno ordenó la restitución de Ángel, a pesar de que el niño había demostrado miedo y había vivido con su padre desde su primer año y medio de vida.

En cuanto a los hechos ocurridos en la vivienda de la madre de Ángel, Lorena Andrade mencionó que el niño estaba al cuidado de la pareja de la madre, quien, según ella, probablemente era el que lo maltrataba mientras la madre trabajaba. “El nene salió muerto de esa casa”, expresó con indignación.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso gracias a una denuncia realizada por el padre de Ángel, quien está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Las autoridades informaron que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita  investiga un posible nuevo viaje de Manuel Adorni a Aruba, la isla caribeña donde el funcionario habría estado vacionando en los últinos días de 2024 y primeros de 2025.

La investigación sigue el dato de los registros de entradas y salidas de Argentina del jefe de Gabinete.

Por eso, Pollicita llevó un nuevo pedido al juez federal Ariel Lijo mediante la presentación de un dictamen para requerir nuevas medidas.

Vuelo privado a Punta del Este: Adorni contrató a un estudio de abogados para su defensa

Con el objetivo de profundizar la investigación, en el pedido se solicita el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pero también pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa dueña del avión involucrado en el caso de los viajes de Adorni.

En tal sentido, en el avance de la investigación de los viajes del jefe de Gabinete, el fiscal pide reconstruir los movimientos migratorios, por lo que solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que oficie y remita cada registro de salida y de entrada al país desde el primero de enero del año 2023 hasta la actualidad, aunque las fechas claves son entre el 12 y el 17 de febrero de 2026. Y, además de Adorni, también pide información respecto del periodista Marcelo Grandío.

Al momento la Dirección Nacional de Migraciones solamente brindó el dato de la existencia de un viaje a Perú y uno de vuelta desde Ecuador, pero no registran hacia Aruba.

Otro dato importante es que por entonces no existían los vuelos directos de la aerolínea de bandera hacia Aruba.

Además de Manuel Adorni, el pedido se hace extensivo, en el mismo sentido, a su esposa Bettina Julieta Angeletti y a toda persona que haya viajado y esté en la investigación.

La causa se originó con el viaje a Punta del Este en febrero para el fin de semana del feriado de carnaval, en vuelo privado. Al respecto, la factura, según testimonios que están en el expediente, tiene fecha 4 de marzo y fue pagada por Grandío o por una productora emparentada con la Televisión Pública.

La fecha en la cual el jefe de Gabinete deberá presentarse en la sesión que se realizará en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación será el venidero 29 de abril, donde tendrá que responder preguntas de la oposición. Ese día dará su primer informe de gestión en el rol.

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”.

Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo.

El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado "quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.

Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general", lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso. NA

a Justicia de Santa Fe dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión total o parcial del video y de otros materiales audiovisuales vinculados al crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente apuñalado por otros menores a fines de diciembre en un predio abandonado del barrio Chalet.

La resolución fue adoptada tras un pedido formal de la familia de la víctima, que argumentó que la circulación del video no aporta a la investigación judicial, provoca un grave impacto emocional y genera una revictimización permanente.

El tribunal dispuso que plataformas digitales y redes sociales deben bloquear, eliminar y desindexar cualquier registro del hecho, tanto en formato de video como de audio. La orden incluye a servicios como Facebook, TikTok, X, Instagram, Telegram y WhatsApp, además de medios de comunicación y canales de televisión, que quedaron expresamente inhibidos de reproducir el contenido, bajo apercibimiento legal.

Desde la querella, la madre de Jeremías y sus abogados señalaron que el material muestra el crimen con extrema crudeza, lo que impide transitar el duelo y afecta no solo al entorno familiar sino también a la comunidad. Además, remarcaron que la difusión responde a morbosidad y a intereses ajenos al proceso penal.

Los representantes legales subrayaron que el video forma parte de la evidencia judicial, por lo que su circulación pública podría comprometer la custodia probatoria y el normal desarrollo de la causa.

Antes de la prohibición, el video comenzó a circular por redes sociales, aplicaciones de mensajería y algunos medios, generando indignación social y un fuerte impacto emocional. La familia solicitó que se investigue el origen de la filtración para determinar responsabilidades.

En paralelo, familiares y allegados impulsaron marchas y campañas de firmas para reclamar justicia y promover un debate sobre la imputabilidad penal juvenil, en el marco del caso que conmocionó a Santa Fe.

Un hombre se presentó al Juzgado de Familia de San Antonio Oeste – Río Negro - con la asistencia de un abogado para solicitar dejar de pagar la cuota alimentaria de su hijo mayor de edad que había fijado un juez del mismo fuero de Viedma.

En el requerimiento, formalizado en noviembre, el progenitor sostuvo que el compromiso asumido “ha perdido razón de ser”, dado que el hijo tiene hoy “33 años de edad, no cursa estudios de grado ni terciarios, no se encuentra en situación de vulnerabilidad y se desempeña laboralmente de forma activa, pudiendo solventar sus propias necesidades sin necesidad de continuar percibiendo alimentos”.

El hombre fue citado el 1 de diciembre último a la dependencia judicial, pero no se presentó.

Al analizar el caso, la jueza Subrogante María Laura Dumpé el día 23 del mismo mes resolvió suspenderle el beneficio otorgado.

En el fallo, la magistrada explicó que el Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores “tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos”.

Agregó que el mismo artículo (658) especifica que la obligación de prestar alimentos a los hijos “se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.

No obstante destacó que otro artículo (663) de la misma norma, indica que la obligación subsiste hasta que que el hijo “alcance la edad de veinticinco años” en los casos que se encuentre estudiando o cursando una preparación profesional de un arte u oficio, y le impida “proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

Indicó que entonces el mismo hijo o el progenitor con el cual convive puede requerir la prórroga del pago y acreditar la viabilidad del pedido.

Aclaró la jueza que esa extensión “es una excepción a la regla”, por lo que en estos casos “se invierte la carga de prueba y las necesidades del eventual alimentado ya no se presumen, sino que requieren ser debidamente probadas”.

Así precisó que para que la prestación alimentaria del hijo de entre 21 y 25 años de edad resulte procedente, deben darse los siguientes requisitos:

“que se encuentre cursando estudios, que lo haga de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, que dicha prosecución de estudios le impida proveerse su propio sustento en forma independiente y, por supuesto, que tales extremos se encuentren debidamente acreditados en el proceso”.

Pero el joven no se presentó cuando fue convocado pese a que fue notificado y, al considerar que ya “ha superado ampliamente la edad prevista para la percepción de alimentos” y habiendo cesado la obligación alimentaria del progenitor “corresponde hacer lugar a lo peticionado”.

El dictamen estableció comunicar al empleador del padre para que proceda a la cancelación del descuento de la cuota alimentaria oportunamente ordenada. También ordenó al Banco Patagonia que proceda a “inmovilizar los fondos que ingresen en la cuenta judicial” hasta nueva orden.

Redacción El Litoral

Nicolás Maduro comparece ante la justicia estadounidense representado por David Wikstrom, un defensor público designado por el tribunal federal. La elección del letrado no pasó desapercibida: Wikstrom fue el abogado del hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que hoy se le imputan a Maduro.

El antecedente del cliente anterior de Wikstrom tiene una particularidad clave en este contexto político: según reportes, dicho defendido fue posteriormente indultado por Donald Trump. Además, el abogado tiene lazos familiares con la justicia local, ya que es padre de Derek Wikstrom, uno de los fiscales en la causa contra el exalcalde de Nueva York.

La designación de un defensor público se explica, en parte, por las sanciones económicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, han estado bajo sanciones durante años, lo que convierte en ilegal que cualquier abogado estadounidense reciba dinero de ellos sin una licencia especial del Departamento del Tesoro.

Se espera que la defensa de Maduro, quien tendrá los mismos derechos que cualquier acusado en EE.UU., se centre en impugnar la legalidad del arresto bajo el argumento de la inmunidad soberana como jefe de Estado. Esta estrategia ya fue utilizada sin éxito por el dictador panameño Manuel Noriega en 1990.

El operativo para llevar a Maduro desde la cárcel de Brooklyn hasta el tribunal de Manhattan fue cinematográfico y veloz:__IP__

La ruta: Una caravana salió a las 7:15 a.m. hacia un campo deportivo, donde Maduro abordó un helicóptero que cruzó el puerto de Nueva York.

El arribo: Aterrizó en un helipuerto de Manhattan y fue cargado en un vehículo blindado para ingresar al garaje del tribunal.

Estado físico: Testigos notaron que el depuesto mandatario caminaba "cojeando" durante el traslado.

David Wikstrom es un abogado penalista federal con base en Nueva York, conocido por manejar casos complejos de extradición y defensa criminal internacional. Ha representado a figuras de alto perfil vinculadas al narcotráfico, incluido el hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En el caso de Maduro, actúa como defensor público federal (CJA), garantizando la representación legal dado que las sanciones impiden al acusado contratar abogados privados con sus propios fondos sin autorización del Tesoro.