La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero comenzó a tomar testimonios y a reunir pruebas por el trágico accidente que se vivió el fin de semana pasado durante el Rally Sudamericano, en el que murió un joven de solo 25 años.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, “se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar, asimismo se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen y se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad denominados ‘0’ que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores”.

Además, se detalló que “se están practicando pericias pertinentes al vehículo que participó del hecho, entre otras medidas probatorias que llevan a cabo para dilucidad el hecho, que se encuentra en plena investigación”.

El trágico accidente ocurrió cuando los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistaron entre los kilómetros uno y dos del circuito en Mina Clavero, Córdoba, y luego de varios vuelcos embistió a varias personas en una de las zonas que estaban habilitadas para espectadores.

Toda esta situación terminó con la muerte de Brian Ezequiel Zárate González, un espectador cordobés de 25 años, que había sido trasladado al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad que resultaron fatales.

Además, resultaron heridos una menor y dos adultos, de los cuales una es una mujer que sufrió una impactante fractura en una de sus piernas aunque se encuentra fuera de peligro.

Fuente: Noticias Argentinas

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. NA

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su familia en diciembre de 2024, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente, el actual jefe de Gabinete —quien en ese momento se desempeñaba como vocero del Gobierno— compró pasajes por un valor de 1.450 dólares cada uno, lo que totalizó unos 5.800 dólares para el grupo familiar. El viaje se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025.

La información fue aportada por la aerolínea LATAM Airlines, que detalló que los vuelos incluyeron escalas en Perú (ida) y Ecuador (vuelta), y que los pasajes fueron abonados en efectivo y en dólares.

Por el momento, la Justicia no cuenta con datos sobre el costo del alojamiento durante la estadía en Aruba.

La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, mientras que el juez Ariel Lijo ordenó recientemente levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

A partir de esta medida, los investigadores podrán acceder a los consumos realizados con tarjeta de crédito durante el viaje y contrastarlos con los ingresos declarados por el funcionario.

En paralelo, la fiscalía analiza distintos movimientos financieros realizados en los últimos años. Entre ellos, se encuentran pagos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, con un desembolso inicial de 30.000.

También se investiga la adquisición de una vivienda en un country, donde se registró un pago adicional de 20.000 dólares, así como cancelaciones parciales de hipotecas por montos similares.

Estos gastos serán comparados con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según el expediente— rondaba los 3 millones de pesos mensuales hasta fines del año pasado.

Mientras avanza la causa, Adorni continúa con su agenda de gestión dentro del gobierno de Javier Milei. En los últimos días, mantuvo reuniones con distintos ministros y con el economista Federico Sturzenegger para avanzar en la reorganización del Estado y profundizar el ajuste del gasto público.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es consolidar una nueva etapa de gestión con foco en la reducción del gasto y la eficiencia administrativa.

Un hallazgo estremecedor conmociona a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, luego de que trabajadores de una obra en construcción descubrieran el cadáver de un hombre oculto dentro de una pared que no formaba parte de los planos originales del edificio. El hecho salió a la luz este domingo por la mañana en un inmueble ubicado en la esquina de avenida Quirós y Moreno, en una zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los obreros comenzaron a sospechar al percibir un fuerte olor nauseabundo y advertir una estructura irregular en el subsuelo, debajo de una escalera. Al revisar el sector, encontraron el cuerpo escondido detrás de una pared falsa, en una especie de baulera, envuelto en frazadas y cubierto con cal, en lo que aparece como una maniobra deliberada para ocultarlo.

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes la caratularon como homicidio calificado. Según trascendió, junto al cadáver también se hallaron pertenencias y documentación que podrían ayudar a confirmar la identidad de la víctima. Los datos preliminares indican que se trataría de un hombre de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la misma obra y cuya desaparición dataría de aproximadamente 15 días, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.

Además, las primeras tareas periciales detectaron un traumatismo de cráneo y rastros de sangre en otro sector del edificio, elementos que refuerzan la hipótesis de una muerte violenta. Mientras tanto, la Justicia ordenó la búsqueda de un hombre oriundo de Buenos Aires, en situación de calle, que solía ser visto junto al desaparecido y que ahora es intensamente buscado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. La investigación intenta determinar cómo murió la víctima, cuándo fue ocultado el cuerpo y si hubo participación de terceros.

Thelma Fardín, actriz y referente feminista, se pronunció en contra del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas a quienes presenten falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual. En un video publicado en sus redes sociales, Fardín manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa en las víctimas de abuso.

"Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel", expresó la actriz, quien se mostró alarmada por lo que considera un riesgo para quienes ya enfrentan barreras sociales, emocionales y judiciales para denunciar. Fardín destacó que, si bien los casos de falsas denuncias son extremadamente bajos, el foco debe estar en las dificultades estructurales para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Según la actriz, el 77% de las mujeres víctimas de violencia de género no se animan a denunciar y solo el 1% de las denuncias son falsas, según datos de ONU Mujeres.

Fardín también criticó el sistema de revinculación familiar en casos de maltrato, indicando que las víctimas no son escuchadas cuando manifiestan miedo o rechazo. Subrayó que muchas veces los niños, como en el caso de su hija Ángel, no son escuchados por las instituciones y que los prejuicios sociales y la revictimización dificultan aún más el proceso de denuncia.

"El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman ‘falsas denuncias’ es la falta de celeridad en los procesos judiciales", concluyó Fardín, haciendo hincapié en que las víctimas enfrentan largos períodos de espera y dificultades para obtener justicia.

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El proyecto presentado por Carolina Losada en el Senado propone un aumento de las penas por falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual, que pasaría de 1 a 3 años de prisión, con una condena máxima de 6 años para aquellos que realicen denuncias falsas en casos de abuso o violencia. También se busca establecer penas más severas para el encubrimiento de estos delitos y para los testigos falsos.

A pesar de las preocupaciones de los expertos, Losada argumenta que las falsas denuncias son un problema recurrente en el sistema judicial argentino, y que esta modificación busca evitar que la credibilidad de las víctimas se vea empañada por casos infundados. Sin embargo, la falta de estadísticas oficiales que respalden esta preocupación sigue siendo un tema controvertido.

El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. NA

La muerte de Ángel, un niño de 4 años, en un hospital de Comodoro Rivadavia, está siendo investigada por las autoridades, mientras surgen graves acusaciones de negligencia y maltrato desde el entorno paterno. La madrastra de Ángel, Lorena Andrade, denunció públicamente que la madre biológica del niño fue la responsable de su fallecimiento, asegurando que la mujer "dejó al niño en coma" y luego se fue a dormir.

Ángel fue ingresado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el lunes 6 de abril tras presentar problemas para respirar. Según la versión oficial, el niño fue encontrado sin signos vitales en su hogar y trasladado de urgencia al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. Sin embargo, la causa del paro cardiorrespiratorio sigue siendo un misterio, y el fiscal Facundo Oribones espera los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En su testimonio, Lorena Andrade acusó directamente a la madre de Ángel de maltratarlo y de no haberlo cuidado adecuadamente. Según relató, Ángel vivió un deterioro físico y emocional al estar alejado de su padre y vivir con una madre con la que apenas había formado un vínculo. "Ella se lo llevó sin darle tiempo de conocerla, lo mandó a dormir con ella sin haber formado un lazo", señaló Andrade.

El caso de Ángel también ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial, ya que, a pesar de las denuncias de maltrato y el temor del niño hacia su madre, la justicia ordenó que el niño fuera restituido a su madre biológica. Andrade denunció que la defensora de turno ordenó la restitución de Ángel, a pesar de que el niño había demostrado miedo y había vivido con su padre desde su primer año y medio de vida.

En cuanto a los hechos ocurridos en la vivienda de la madre de Ángel, Lorena Andrade mencionó que el niño estaba al cuidado de la pareja de la madre, quien, según ella, probablemente era el que lo maltrataba mientras la madre trabajaba. “El nene salió muerto de esa casa”, expresó con indignación.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso gracias a una denuncia realizada por el padre de Ángel, quien está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Las autoridades informaron que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita  investiga un posible nuevo viaje de Manuel Adorni a Aruba, la isla caribeña donde el funcionario habría estado vacionando en los últinos días de 2024 y primeros de 2025.

La investigación sigue el dato de los registros de entradas y salidas de Argentina del jefe de Gabinete.

Por eso, Pollicita llevó un nuevo pedido al juez federal Ariel Lijo mediante la presentación de un dictamen para requerir nuevas medidas.

Vuelo privado a Punta del Este: Adorni contrató a un estudio de abogados para su defensa

Con el objetivo de profundizar la investigación, en el pedido se solicita el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pero también pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa dueña del avión involucrado en el caso de los viajes de Adorni.

En tal sentido, en el avance de la investigación de los viajes del jefe de Gabinete, el fiscal pide reconstruir los movimientos migratorios, por lo que solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que oficie y remita cada registro de salida y de entrada al país desde el primero de enero del año 2023 hasta la actualidad, aunque las fechas claves son entre el 12 y el 17 de febrero de 2026. Y, además de Adorni, también pide información respecto del periodista Marcelo Grandío.

Al momento la Dirección Nacional de Migraciones solamente brindó el dato de la existencia de un viaje a Perú y uno de vuelta desde Ecuador, pero no registran hacia Aruba.

Otro dato importante es que por entonces no existían los vuelos directos de la aerolínea de bandera hacia Aruba.

Además de Manuel Adorni, el pedido se hace extensivo, en el mismo sentido, a su esposa Bettina Julieta Angeletti y a toda persona que haya viajado y esté en la investigación.

La causa se originó con el viaje a Punta del Este en febrero para el fin de semana del feriado de carnaval, en vuelo privado. Al respecto, la factura, según testimonios que están en el expediente, tiene fecha 4 de marzo y fue pagada por Grandío o por una productora emparentada con la Televisión Pública.

La fecha en la cual el jefe de Gabinete deberá presentarse en la sesión que se realizará en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación será el venidero 29 de abril, donde tendrá que responder preguntas de la oposición. Ese día dará su primer informe de gestión en el rol.

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”.

Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo.

El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado "quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.

Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general", lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso. NA

a Justicia de Santa Fe dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión total o parcial del video y de otros materiales audiovisuales vinculados al crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente apuñalado por otros menores a fines de diciembre en un predio abandonado del barrio Chalet.

La resolución fue adoptada tras un pedido formal de la familia de la víctima, que argumentó que la circulación del video no aporta a la investigación judicial, provoca un grave impacto emocional y genera una revictimización permanente.

El tribunal dispuso que plataformas digitales y redes sociales deben bloquear, eliminar y desindexar cualquier registro del hecho, tanto en formato de video como de audio. La orden incluye a servicios como Facebook, TikTok, X, Instagram, Telegram y WhatsApp, además de medios de comunicación y canales de televisión, que quedaron expresamente inhibidos de reproducir el contenido, bajo apercibimiento legal.

Desde la querella, la madre de Jeremías y sus abogados señalaron que el material muestra el crimen con extrema crudeza, lo que impide transitar el duelo y afecta no solo al entorno familiar sino también a la comunidad. Además, remarcaron que la difusión responde a morbosidad y a intereses ajenos al proceso penal.

Los representantes legales subrayaron que el video forma parte de la evidencia judicial, por lo que su circulación pública podría comprometer la custodia probatoria y el normal desarrollo de la causa.

Antes de la prohibición, el video comenzó a circular por redes sociales, aplicaciones de mensajería y algunos medios, generando indignación social y un fuerte impacto emocional. La familia solicitó que se investigue el origen de la filtración para determinar responsabilidades.

En paralelo, familiares y allegados impulsaron marchas y campañas de firmas para reclamar justicia y promover un debate sobre la imputabilidad penal juvenil, en el marco del caso que conmocionó a Santa Fe.

Un hombre se presentó al Juzgado de Familia de San Antonio Oeste – Río Negro - con la asistencia de un abogado para solicitar dejar de pagar la cuota alimentaria de su hijo mayor de edad que había fijado un juez del mismo fuero de Viedma.

En el requerimiento, formalizado en noviembre, el progenitor sostuvo que el compromiso asumido “ha perdido razón de ser”, dado que el hijo tiene hoy “33 años de edad, no cursa estudios de grado ni terciarios, no se encuentra en situación de vulnerabilidad y se desempeña laboralmente de forma activa, pudiendo solventar sus propias necesidades sin necesidad de continuar percibiendo alimentos”.

El hombre fue citado el 1 de diciembre último a la dependencia judicial, pero no se presentó.

Al analizar el caso, la jueza Subrogante María Laura Dumpé el día 23 del mismo mes resolvió suspenderle el beneficio otorgado.

En el fallo, la magistrada explicó que el Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores “tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos”.

Agregó que el mismo artículo (658) especifica que la obligación de prestar alimentos a los hijos “se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.

No obstante destacó que otro artículo (663) de la misma norma, indica que la obligación subsiste hasta que que el hijo “alcance la edad de veinticinco años” en los casos que se encuentre estudiando o cursando una preparación profesional de un arte u oficio, y le impida “proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

Indicó que entonces el mismo hijo o el progenitor con el cual convive puede requerir la prórroga del pago y acreditar la viabilidad del pedido.

Aclaró la jueza que esa extensión “es una excepción a la regla”, por lo que en estos casos “se invierte la carga de prueba y las necesidades del eventual alimentado ya no se presumen, sino que requieren ser debidamente probadas”.

Así precisó que para que la prestación alimentaria del hijo de entre 21 y 25 años de edad resulte procedente, deben darse los siguientes requisitos:

“que se encuentre cursando estudios, que lo haga de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, que dicha prosecución de estudios le impida proveerse su propio sustento en forma independiente y, por supuesto, que tales extremos se encuentren debidamente acreditados en el proceso”.

Pero el joven no se presentó cuando fue convocado pese a que fue notificado y, al considerar que ya “ha superado ampliamente la edad prevista para la percepción de alimentos” y habiendo cesado la obligación alimentaria del progenitor “corresponde hacer lugar a lo peticionado”.

El dictamen estableció comunicar al empleador del padre para que proceda a la cancelación del descuento de la cuota alimentaria oportunamente ordenada. También ordenó al Banco Patagonia que proceda a “inmovilizar los fondos que ingresen en la cuenta judicial” hasta nueva orden.

Redacción El Litoral

Nicolás Maduro comparece ante la justicia estadounidense representado por David Wikstrom, un defensor público designado por el tribunal federal. La elección del letrado no pasó desapercibida: Wikstrom fue el abogado del hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que hoy se le imputan a Maduro.

El antecedente del cliente anterior de Wikstrom tiene una particularidad clave en este contexto político: según reportes, dicho defendido fue posteriormente indultado por Donald Trump. Además, el abogado tiene lazos familiares con la justicia local, ya que es padre de Derek Wikstrom, uno de los fiscales en la causa contra el exalcalde de Nueva York.

La designación de un defensor público se explica, en parte, por las sanciones económicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, han estado bajo sanciones durante años, lo que convierte en ilegal que cualquier abogado estadounidense reciba dinero de ellos sin una licencia especial del Departamento del Tesoro.

Se espera que la defensa de Maduro, quien tendrá los mismos derechos que cualquier acusado en EE.UU., se centre en impugnar la legalidad del arresto bajo el argumento de la inmunidad soberana como jefe de Estado. Esta estrategia ya fue utilizada sin éxito por el dictador panameño Manuel Noriega en 1990.

El operativo para llevar a Maduro desde la cárcel de Brooklyn hasta el tribunal de Manhattan fue cinematográfico y veloz:__IP__

La ruta: Una caravana salió a las 7:15 a.m. hacia un campo deportivo, donde Maduro abordó un helicóptero que cruzó el puerto de Nueva York.

El arribo: Aterrizó en un helipuerto de Manhattan y fue cargado en un vehículo blindado para ingresar al garaje del tribunal.

Estado físico: Testigos notaron que el depuesto mandatario caminaba "cojeando" durante el traslado.

David Wikstrom es un abogado penalista federal con base en Nueva York, conocido por manejar casos complejos de extradición y defensa criminal internacional. Ha representado a figuras de alto perfil vinculadas al narcotráfico, incluido el hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En el caso de Maduro, actúa como defensor público federal (CJA), garantizando la representación legal dado que las sanciones impiden al acusado contratar abogados privados con sus propios fondos sin autorización del Tesoro.

Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos para la lectura formal de los cargos que pesan en su contra por narcotráfico y terrorismo, en una audiencia que se realizará en un tribunal de Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad.

El mandatario venezolano fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece alojado tras su captura en Caracas el sábado pasado. El juez a cargo del caso es Alvin Hellerstein, quien encabezará el primer acto procesal en suelo estadounidense.

Maduro comparecerá junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, considerado de alto impacto político y diplomático por las implicancias regionales e internacionales del caso.

La audiencia de este lunes será clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, conducida por Pamela Bondi, expondrá formalmente las acusaciones que vinculan a Maduro con la conducción de una red internacional de narcotráfico con presuntos nexos con organizaciones terroristas.

Fuentes judiciales indicaron que la causa se apoya en una investigación desarrollada durante varios años y que incluye un amplio volumen de pruebas documentales, testimoniales y de inteligencia. Según esas mismas fuentes, el proceso podría extenderse durante meses o incluso años, anticipando una prolongada disputa legal en los tribunales federales de Estados Unidos.

El caso marca un punto de inflexión en la situación judicial del líder venezolano y abre una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas, en un contexto de alta tensión política y estratégica.

La Justicia federal allanó este martes la vivienda de Javier Faroni, empresario con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior a través de contratos comerciales vinculados al fútbol argentino.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Durante el operativo, los investigadores buscaron documentación, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

De manera previa al allanamiento, la Justicia había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni, como parte de las medidas cautelares adoptadas en el expediente.

La causa se originó a partir de una investigación judicial en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos relacionados con contratos internacionales de la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia. En ese contexto, Faroni aparece vinculado a la empresa TourProdEnter, que habría administrado en el exterior cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad.

Según la pesquisa, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de sociedades que, de acuerdo con los investigadores, serían presuntamente ficticias y utilizadas para canalizar los fondos fuera del control institucional.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la Selección argentina, un aspecto central que es analizado tanto por la Justicia estadounidense como por tribunales argentinos.

Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, mantiene además vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.

En paralelo, tres jueces federales de Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la AFA, lo que permitió reconstruir un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de 300 millones de dólares fuera del control formal de la entidad. La investigación incluso generó alertas en el sistema financiero norteamericano y podría derivar en la intervención del Departamento del Tesoro.

El empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras, anticipó que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para ampliar la investigación sobre la presunta sustracción y desvío de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se informaron imputaciones formales. Las medidas ordenadas buscan reunir elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del presunto desvío de fondos.

En la propia AFA rechazaron las acusaciones y negaron la existencia de desvíos millonarios, al sostener que la relación con su agente comercial en el exterior fue analizada por distintos tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. No obstante, se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X.

Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. 

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.´

X Alejandra Monteoliva

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

AgenciaNA

 El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró hoy la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. 

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.

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El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula dirigencial de la entidad por la presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social, en una causa cuyo monto investigado asciende a más de 19.000 millones de pesos.La imputación surge a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inicialmente había señalado a Tapia como responsable de las maniobras en su carácter de presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal.        Sin embargo, el fiscal consideró que la estructura institucional y societaria de la entidad obliga a extender la investigación al resto de los integrantes de la comisión directiva.

En ese marco, el dictamen menciona de manera expresa a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, todos miembros de la conducción de la AFA. Toviggino, además, ocupa el cargo de tesorero del organismo que nuclea a los clubes del fútbol argentino.La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y fue incorporada al expediente por una presunta infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Tanto en la presentación original como en su ampliación, ARCA acusa a la AFA de haber retenido impuestos y contribuciones previsionales que no fueron ingresados dentro de los plazos legales, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° de la normativa vigente.

Según el organismo recaudador, la AFA actuó como agente de retención, descontando tributos y cargas sociales a terceros, pero utilizó esos fondos para financiarse, sin realizar los depósitos correspondientes. En una primera estimación, el monto involucrado rondaba los 7.500 millones de pesos, pero una ampliación posterior elevó la cifra tras detectar nuevos períodos y conceptos tributarios no ingresados.De acuerdo al último informe, al que tuvo acceso la prensa, las nuevas irregularidades detectadas suman 11.759 millones de pesos, lo que eleva el monto total denunciado a $19.353.546.843,85. El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social.

ARCA sostuvo que existió dolo, al considerar que la AFA conocía su rol como agente de retención y contaba con la capacidad operativa para cumplir con las obligaciones fiscales. En ese sentido, el organismo encuadró la conducta dentro de la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen los tributos retenidos en los plazos establecidos.La agencia solicitó al juzgado a cargo de Diego Amarante que cite a declaración indagatoria a Tapia y a los demás responsables, y pidió que se aplique la pena máxima prevista por la ley.

Otras causas en cursoEsta investigación es una de las tres causas judiciales que actualmente involucran a las autoridades de la AFA. Las restantes están vinculadas a los negocios de la financiera Sur Finanzas, relacionada con Ariel Vallejo —cercano a Tapia—, y a una lujosa propiedad en Pilar que estaría a nombre de presuntos testaferros vinculados a Toviggino.

La causa de Sur Finanzas tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, bajo la órbita de la fiscal Cecilia Incardona, e investiga presuntas irregularidades financieras entre la AFA, clubes del fútbol argentino y dicha firma. En ese expediente se realizaron allanamientos en 18 clubes, entre ellos San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, además de la sede de la AFA y domicilios relacionados con la financiera.

En paralelo, la Justicia avanza en la investigación por una quinta de lujo en Pilar, que cuenta con helipuerto y haras, adquirida por un monotributista y una jubilada. La sospecha es que se trataría de prestanombres dentro de un presunto esquema de lavado de activos. Ambos deberán prestar declaración en los próximos días.

La Justicia de Santa Fe atraviesa una transformación histórica. Tras décadas de inamovilidad, la Corte Suprema de la provincia inicia una etapa de renovación casi total. En una entrevista telefónica con RADIO RAFAELA, el gobernador Maximiliano Pullaro fundamentó la necesidad de este cambio, no como una crítica personal a los ministros salientes, sino como una urgencia institucional.

"Indudablemente, uno no es el mismo después de treinta años en el mismo cargo, y menos en uno que tiene tanto poder", sentenció Pullaro. Para el mandatario, la permanencia prolongada en la cúpula judicial genera "puntos ciegos" que impiden ver el panorama completo de las demandas sociales.

"Con mucho esfuerzo y diálogo institucional, hemos logrado renovar casi por completo la Corte. Esta nueva conformación va a trabajar en un plan de eficiencia y ordenamiento de los recursos para que realmente lleguen a la gente", aseguró.

Pullaro detalló la composición de la nueva cabeza del Poder Judicial, destacando que por primera vez se buscó una representatividad que abarque toda la geografía y diversos sectores de la abogacía:

-El Norte y el Oeste: Representados por un exjuez federal y una especialista con trayectoria legislativa en Esperanza.

-Rosario y Santa Fe: Con nombres que vienen de la carrera judicial interna, como el Dr. Weder, y del derecho penal y el Ministerio Público de la Acusación, como el Dr. Baclini.

-Academia y Sector Privado: Con la incorporación de la Dra. Margarita Zabalza y Jorgelina Genghini (representante de los Colegios de Abogados), buscando una visión que combine la excelencia académica con la experiencia del ejercicio profesional liberal.

Para el gobernador, el éxito de esta reforma no se medirá en términos políticos, sino en la respuesta a los conflictos cotidianos. "Esto nos permite tener una mirada integral que va a acercar la justicia a la gente que tiene un problema de familia, laboral, civil o penal. Tendremos una justicia mucho más cercana", concluyó en el aire de RADIO RAFAELA.