La Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los jueces y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. De esta manera, el debate podría retomarse el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico analizan realizar una nueva presentación.

El planteo había sido formulado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, y contra el fiscal Sandro Abraldes.

La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bruzzone. Tras conocerla, los abogados de Álvarez comenzaron a analizar los fundamentos y anticiparon que podrían recurrir la decisión.

Los representantes legales del músico cuestionaron el procedimiento utilizado para resolver la recusación y consideran que la resolución debería ser anulada.

“Debería ser declarada nula porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”, sostuvieron los defensores al analizar el fallo.

Además, adelantaron cuáles serán los próximos pasos que estudian adoptar: “Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”.

Según indicaron, la respuesta a esa eventual presentación no llegaría antes del lunes, fecha prevista para la continuidad del debate.

El pedido de recusación había sido presentado el lunes 7 de septiembre, cuando se reanudó la audiencia luego de la suspensión provocada por una descompensación de Álvarez.

Antes de que comenzaran las nuevas declaraciones previstas para esa jornada, los abogados formularon el planteo contra los integrantes del tribunal y el fiscal. Entre sus argumentos señalaron distintas situaciones que, desde su perspectiva, podían poner en duda la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso.

En particular, cuestionaron determinadas decisiones adoptadas durante el debate y la negativa a incorporar un informe elaborado por un médico. Según la defensa, ese documento advertía sobre los riesgos que podría implicar la continuidad del juicio para la salud del acusado.

En aquella presentación, los abogados sostuvieron que existían circunstancias que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”.

Al analizar el planteo, Bruzzone consideró que los argumentos presentados por la defensa no alcanzaban para demostrar una falta de imparcialidad objetiva por parte de los magistrados.

En su resolución, explicó que “la defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El magistrado también hizo referencia a los cuestionamientos formulados por los abogados sobre las decisiones adoptadas durante las audiencias. Según sostuvo, esos planteos expresan principalmente una disconformidad con la manera en que los jueces llevan adelante el debate.

En ese sentido, señaló que los defensores se limitaron a manifestar “su discrepancia con las decisiones adoptadas por los jueces durante el desarrollo del debate, las cuales fueron dictadas en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal les reconoce para la conducción del juicio”.

Bruzzone agregó que esas resoluciones “no implican, por sí mismas, adelantamiento alguno de opinión sobre las cuestiones a debatirse en el marco del juicio”.

Con el rechazo de la recusación, el debate por el crimen de Cristian Díaz podría retomarse el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, la posibilidad de que la defensa presente un nuevo recurso podría modificar nuevamente el escenario.

El proceso había quedado interrumpido después de que los abogados de Álvarez solicitaran apartar a los integrantes del tribunal y al fiscal. Ahora, tras la decisión de Bruzzone, la defensa evalúa las alternativas judiciales antes de la fecha prevista para la próxima audiencia.

El caso tiene como acusado a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate oral había atravesado distintas suspensiones antes de llegar a la actual instancia.

La ex Gran Hermano había sido detenida en marzo y acusada de asaltar a un turista estadounidense en un hotel de Palermo bajo la modalidad de “viuda negra”. Tras el avance de la investigación, confirmó en sus redes sociales que fue absuelta y compartió una reflexión sobre lo ocurrido.

Luciana Martínez fue detenida en marzo luego de ser acusada de cometer un robo contra un turista estadounidense en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En ese momento, la Justicia dispuso su liberación bajo una serie de reglas de conducta mientras continuaba la investigación del caso.

Entre las condiciones establecidas se encontraba la obligación de no obstaculizar el proceso, mantener contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes y no acercarse al denunciante, Bradley James Varela.

Tras varios meses atravesados por la investigación judicial, la bailarina anunció el cierre de la causa a través de una publicación en sus redes sociales.

“1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, escribió al comenzar su mensaje. Luego, confirmó el resultado del proceso: “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta”.

Martínez también hizo referencia a la manera en que atravesó la causa y sostuvo que se presentó ante la Justicia para cumplir con las instancias correspondientes. “Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino”, expresó.

Durante los meses en los que se investigó el caso, Martínez había sido señalada públicamente como una presunta “viuda negra”. Luego de conocer el fallo, la ex participante de Gran Hermano celebró el desenlace de la causa y dejó en claro que busca dejar atrás lo ocurrido.

“Cierro esta etapa en paz”, manifestó en su publicación.

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez tuvo este miércoles una nueva modificación luego de que el músico presentara formalmente la designación de un nuevo equipo de abogados. La defensa estará ahora integrada por Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, este último con participación previa en la causa durante las primeras etapas de la investigación.

A partir del cambio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió suspender la audiencia que estaba programada para esta jornada. Para ese encuentro estaban citados cuatro policías, quienes debían brindar declaración testimonial.

Queijeiro y Álvarez se reunieron durante la noche del martes para analizar los últimos movimientos de la causa. Hasta ese momento, la defensa del músico estaba a cargo de un abogado oficial.

En el escrito presentado ante el tribunal, los nuevos letrados solicitaron además la suspensión y reprogramación del debate oral por un plazo prudencial. El objetivo, explicaron, es que puedan tomar conocimiento completo de las actuaciones, revisar la prueba incorporada, analizar los antecedentes del proceso y definir la estrategia defensiva.

La presentación remarcó la necesidad de garantizar un ejercicio “real, efectivo y no meramente formal” del derecho de defensa. A partir de ese planteo, el tribunal resolvió interrumpir momentáneamente el desarrollo del juicio.

Sebastián Queijeiro ya había formado parte de la defensa de Pity Álvarez al comienzo de la investigación, aunque posteriormente había renunciado. Ahora volvió a asumir la representación junto con Javier Ignacio Baños.

El propio músico sostuvo en su presentación que ambos abogados “resultan ser letrados de mi exclusiva confianza” y pidió que sean reconocidos formalmente para continuar con su defensa técnica durante el proceso.

El debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz quedó así suspendido hasta la próxima semana. Cuando se retome, continuarán las declaraciones testimoniales previstas dentro del juicio.

La Justicia de Gran Canaria confirmó que Raúl Asencio afrontará el juicio por el caso de la difusión de un video de contenido sexual que involucra a cuatro futbolistas vinculados al Real Madrid, luego de rechazar los recursos presentados por las defensas y validar todas las actuaciones realizadas durante la investigación.

Con esta resolución, el proceso judicial continuará según el cronograma previsto y el juicio oral se desarrollará entre el 3 y el 7 de septiembre.

Asencio, integrante del plantel profesional del conjunto madrileño, está acusado de dos presuntos delitos contra la intimidad por haber mostrado a un tercero un video que había recibido en su teléfono celular. A diferencia de los exjugadores de las divisiones formativas Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, el defensor no está imputado por haber grabado ni difundido originalmente el material.

En su fallo, la magistrada rechazó el pedido de nulidad impulsado por las defensas, que cuestionaban la legalidad de la incautación de los teléfonos celulares y pretendían que toda la evidencia obtenida de esos dispositivos fuera declarada inválida.

La jueza sostuvo que la Guardia Civil actuó conforme a la legislación vigente y consideró que los teléfonos eran tanto una fuente de prueba como elementos directamente relacionados con los hechos investigados.

Además, la resolución señala que existía un riesgo concreto de pérdida de evidencia, ya que, según la investigación, los cuatro imputados realizaron copias de seguridad de sus cuentas en la nube antes de ser detenidos y posteriormente eliminaron su contenido, en un presunto intento de obstaculizar el avance de la causa.

El perdón de las denunciantes será evaluado durante el juicio

Durante la audiencia preliminar, la defensa de Asencio presentó un documento en el que consta el perdón expreso de las dos jóvenes involucradas, quienes además habrían recibido una indemnización por parte del futbolista.

Sin embargo, la magistrada aclaró que esa circunstancia solo podría tener efectos sobre los delitos contra la intimidad atribuidos al defensor y que será analizada durante el juicio, cuando las denunciantes deban ratificar personalmente que ese perdón fue otorgado de manera libre y voluntaria.

La Fiscalía mantiene un pedido de dos años y medio de prisión para Asencio por dos presuntos delitos contra la intimidad, aunque adelantó que retirará la acusación si las denunciantes confirman ese perdón durante el debate oral.

En cambio, para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, el Ministerio Público sostiene la solicitud de cuatro años y siete meses de prisión, al imputarles dos delitos contra la intimidad y otro relacionado con la difusión de material de abuso sexual infantil, cargos que serán analizados durante el juicio.

Un hombre de 36 años, identificado como Ezequiel Rubén Sukliet, fue condenado a cinco años de prisión como coautor de un robo cometido en perjuicio de su madre en Monte Vera, departamento La Capital.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Carraro durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien señaló que el legajo penal continúa abierto debido a que otros dos hombres están imputados y permanecen en prisión preventiva como presuntos coautores del hecho.

El hecho ocurrió el martes 15 de abril de 2025, entre las 19 y las 19:30, en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde residía la madre de Sukliet.

Según expuso la fiscal, el condenado y los otros dos imputados se distribuyeron funciones para concretar el robo e ingresaron al domicilio. Allí agredieron a la víctima con un objeto de cemento que se encontraba en el patio delantero.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió heridas que le provocaron riesgo de muerte.

Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un pantalón, una campera y un teléfono celular.

Nuzzo explicó que los otros dos involucrados fueron detenidos ese mismo día, mientras que Sukliet inicialmente simuló haber sido víctima del hecho junto con su madre. Sin embargo, el avance de la investigación permitió determinar que había participado como coautor y posteriormente fue detenido.

Además del robo, la sentencia contempló otros hechos atribuidos a Sukliet.

La fiscal indicó que el hombre encubrió el robo de dos cuadros y un reloj. También incumplió una orden judicial que le prohibía ingresar a Monte Vera, medida que había sido dispuesta en el marco de otro legajo penal.

A esto se sumó un episodio ocurrido mientras permanecía detenido en una comisaría, donde provocó daños al romper parte del cielorraso de la dependencia policial.

Durante el juicio abreviado, Sukliet reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo calificado por el uso de arma y por las consecuencias provocadas a la víctima, además de admitir los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, desobediencia a un mandato judicial y daño.

El condenado aceptó, junto con su abogado defensor, todos los términos del acuerdo.

Las víctimas se constituyeron como querellantes, fueron informadas de lo resuelto a través de su abogado y manifestaron su conformidad con la condena.

Una mujer identificada como Natalí atraviesa una compleja disputa judicial luego de haber iniciado junto a su entonces pareja un tratamiento de reproducción humana asistida. Ambas habían manifestado su voluntad de ser madres, pero la relación terminó durante el embarazo y, tras el nacimiento, la beba permaneció aproximadamente un mes sin poder ser inscripta y obtener su documentación.

Según relató Natalí a TN, el proyecto comenzó en 2024 en una clínica de fertilidad de San Isidro. Las dos mujeres firmaron los consentimientos correspondientes y avanzaron con el tratamiento, pero unos dos meses después de confirmarse el embarazo su pareja le manifestó que ya no quería continuar con el proyecto parental.

La mujer aseguró que posteriormente recibió distintas comunicaciones judiciales y sostuvo que una de ellas incluso la intimaba a interrumpir el embarazo. “Me estaba intimando a abortar después de todo un tratamiento que hicimos juntas, de todo un recorrido”, contó al reconstruir el conflicto.

Una vez producido el nacimiento surgió una dificultad vinculada con la certificación o protocolización del consentimiento informado firmado durante el tratamiento. Natalí aseguró que, ante esa situación, inicialmente no pudo completar la inscripción de su hija en el Registro Civil.

La normativa argentina reconoce a las técnicas de reproducción humana asistida como una fuente de filiación y establece que la voluntad procreacional se expresa mediante un consentimiento previo, informado y libre. Ese consentimiento debe estar debidamente certificado o protocolizado para la inscripción registral correspondiente. Además, en tratamientos de alta complejidad puede revocarse hasta antes de la transferencia embrionaria.

Ante la demora, Natalí decidió visibilizar públicamente su situación. De acuerdo con su relato, una medida cautelar permitió finalmente inscribir a la niña cuando tenía alrededor de un mes de vida, aunque ahora cuestiona la forma en que quedó asentada la filiación.

“Salió como hija natural y tendría que figurar como hija nacida mediante fertilización asistida”, explicó.

Las abogadas Gisela Aburto y Nadia de Rosa impulsaron una demanda para modificar la inscripción y pidieron que Natalí quede registrada como única progenitora, pero manteniendo como fuente filiatoria la reproducción humana asistida.

También cuestionaron la normativa aplicada al caso y plantearon que la situación expone un problema que podría repetirse cuando una de las personas que participó inicialmente del proyecto parental intenta apartarse después de concretado el procedimiento reproductivo.

El Código Civil y Comercial establece que, en estos casos, la determinación de la filiación deriva del consentimiento previo, informado y libre prestado conforme a la normativa vigente. Será ahora la Justicia la que deberá establecer cómo se aplican esas reglas a las circunstancias particulares de este expediente.

Mientras avanza la causa, Natalí aseguró que su expareja no volvió a mantener contacto con ellas y remarcó que su reclamo busca, además de resolver su situación familiar, evitar que otros niños atraviesen dificultades similares al momento de acceder a su identidad registral.

Los trabajadores de la histórica empresa lactea “La Veronica” , cuya producción se encuentra paralizada desde mediados de enero, denunciaron que continúan siendo empleados, pero sin percibir salarios. Según señalaron, la empresa no produce, no despide, pero tampoco funciona, dejando a los empleados en un limbo laboral. “No cobramos, pero seguimos siendo empleados de la empresa. La empresa no entra desde enero, no entra una gota de leche y la producción está detenida”, explicaron.

Los trabajadores confirmaron que las tres plantas están paralizadas, con cortes de luz y ausencia de actividad en otras sedes, lo que agrava la crisis. A pesar de ello, destacaron la labor de los compañeros que mantienen las instalaciones limpias y listas para producir si se reanudara la actividad.

“El gremio está actuando por los carriles legales y la política también, pero la justicia no responde como debería”, aseguraron. Los empleados recuerdan que ya se han presentado reclamos judiciales para cobrar salarios atrasados, incluyendo aguinaldos y sueldos de hasta seis meses sin pago. Sin embargo, los dueños, con propiedades y capitales importantes, no intervienen directamente.

Se indicó que se mantiene un acampe y vigilancia para proteger el mobiliario y las instalaciones de la cooperativa, mientras los trabajadores buscan alternativas para sostener su subsistencia, a través de changas y préstamos familiares.

Los empleados denunciaron que la cooperativa fue vaciada por sus herederos desde el año pasado y que los directivos apenas han hecho presencia, dejando a la comunidad y a los trabajadores en una situación crítica. Señalan que este vaciamiento afecta no solo la producción, sino también el futuro laboral y económico de la región, al frenar la actividad de un sector estratégico.

Los trabajadores solicitan la intervención urgente de fiscales y jueces para regularizar la situación, garantizar el pago de salarios adeudados y asegurar que la cooperativa vuelva a operar. “No queremos ser ilegales, pero necesitamos que la justicia actúe rápido. No podemos esperar más”, afirmaron.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, atraviesa una etapa decisiva. Mientras avanzan las pericias forenses, la Justicia busca reconstruir sus últimas horas, establecer el móvil del hecho y determinar si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier.

En las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Barrelier, quien ahora es investigado por femicidio, una figura que contempla la posibilidad de prisión perpetua. La medida fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien además informó que los padres de Agostina fueron admitidos como querellantes particulares en la causa.

El informe preliminar de la autopsia ubicó el momento del crimen entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los estudios también detectaron un daño severo en órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia.

Además, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, lo que dificulta el trabajo de los peritos. Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios para precisar la causa de muerte, la data del fallecimiento y otros elementos que podrían ser determinantes para la investigación.

La familia fue convocada para ser informada sobre estos primeros resultados, mientras los equipos técnicos continúan trabajando sobre los restos hallados en Ampliación Ferreyra.

Aunque Barrelier continúa siendo el único detenido, laposibilidad de que haya actuado con la participación o colaboración de otras personas tomó fuerza en los últimos días.

Durante el fin de semana, la familia de Agostina fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le pidió que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el fiscal no descartó la existencia de más partícipes en la causa. En la misma línea, Gabriel Vega, padre de la adolescente, sostuvo públicamente que cree que el acusado no actuó solo.

“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta”, expresó Elizabeth, una de las abuelas de Agostina.

Otro de los elementos incorporados a la causa es un audio que Claudio Barrelier le envió al padre de la adolescente en medio de la búsqueda.

En el mensaje, el acusado intentó despegarse de la situación. “No entiendo por qué quedé pegado en todo esto”, dijo. También sostuvo que Agostina había ido voluntariamente y que su madre estaba al tanto: “Me dijo que la madre sabía que había venido para que yo la llevara a lo de un noviecito”.

Ese material quedó bajo análisis de la fiscalía junto con cámaras de seguridad, rastros levantados en la vivienda de barrio Cofico y el recorrido de un Ford Ka negro vinculado al entorno del detenido.

En paralelo, una joven que denunció a Barrelier en 2025 relató un episodio ocurrido en la misma casa donde se cree que fue asesinada Agostina. Según contó, el hombre la habría amenazado con un arma, la ató con cinta y le exigió que se sacara la ropa.

La víctima logró escapar semidesnuda y pedir ayuda a vecinos. Tras aquella denuncia, el acusado fue detenido, pero recuperó la libertad días después.

“Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte”, expresó la joven, quien pidió justicia por la adolescente.

Uno de los testimonios considerados relevantes es el del remisero que trasladó a Agostina hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Barrelier.

El chofer contó que, al día siguiente, reconoció a la adolescente en redes sociales y se comunicó con la familia. Cuando le describió a la madre quién la había recibido en el destino, la mujer respondió: “Ya sé quién es”, y comenzó a llorar.

Ese dato permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Luego, las cámaras de seguridad confirmaron parte del recorrido y mostraron a la adolescente ingresando a una vivienda junto al sospechoso.

Los abuelos de la víctima, Miguel y Elizabeth, también hablaron sobre el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina. Según explicaron, el acusado había sido pareja de Melisa años atrás y luego mantuvieron una relación de amistad basada en la confianza.

“Se veían en la cancha, mi hija le tenía confianza a él, eran amigos”, señalaron. Además, aclararon que se trataba de un complejo de fútbol amateur y no de la barrabrava de Instituto.

También indicaron que conocían por comentarios que Barrelier había tenido una causa previa, aunque él sostenía que “le habían hecho una cama”, versión que habría sido creída por parte del entorno.

Entre los elementos centrales del expediente aparece el recorrido del Ford Ka negro vinculado al entorno de Barrelier. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir desplazamientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos de la adolescente.

La fiscalía también analiza un audio enviado por Agostina a un grupo de amigas antes de desaparecer. En ese mensaje, la adolescente contó que iba a encontrarse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa.

Mientras avanzan las pericias, la investigación busca responder los interrogantes principales: cómo murió Agostina, cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió en las horas previas a su desaparición y si hubo otras personas involucradas además del único acusado.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez. NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos y gastos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025.

La cifra representa un promedio de 7,1 millones de pesos mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el funcionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a 3,5 millones de pesos.

Según los datos obtenidos de registros oficiales del Banco Central (BCRA) publicados por La Nación, la pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito desde que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año.

Los pagos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia y se mantuvieron siempre al día, bajo la calificación de "Situación 1, Normal", que implica cumplimiento total y ausencia de mora.

Esta dinámica de gastos incrementó las sospechas en la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la pesquisa, tras haberse levantado los secretos fiscal y bancario, no se centra en la deuda en sí misma, sino en determinar el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogación, el cual superaba holgadamente los ingresos declarados.

El desglose de los resúmenes financieros muestra un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio a partir de su llegada a la Casa Rosada.

A estos plásticos se sumaron nuevos gastos fijos durante 2025, como el pago mensual de 700.000 pesos por expensas en el country Indio Cuá, mientras que otros costos familiares significativos —como las cuotas del colegio de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales— se abonaban por fuera del sistema de tarjetas.

La evolución de los gastos también expuso un fuerte contraste entre los perfiles de la pareja. Mientras que los consumos indexados de Adorni se contrajeron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron un 21% en el mismo período, concentrando la mayor parte del flujo de gastos familiares.

El pico de consumo de la mujer se dio en septiembre de 2025, cuando alcanzó los 7,8 millones de pesos en un mes. Paralelamente, Angeletti modificó su estatus ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): dejó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales, y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400.000 dólares. Esta estimación incluye 245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en su vivienda de un barrio cerrado, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias y más de 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

Además, se detectaron compromisos futuros por unos 335.000 dólares vinculados a dos hipotecas privadas sobre departamentos y un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario, dado que la pareja no registra préstamos en el circuito bancario tradicional.

El salario bruto de Adorni se mantuvo congelado en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Luego de asumir formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado, sus ingresos en la función pública se elevaron a 7,6 millones de pesos en enero de este año, momento en el que también fue nombrado director titular de YPF, cargo al que posteriormente comunicó su renuncia a percibir honorarios.

La investigación judicial avanza ahora sobre el cruce de datos para establecer si existe correspondencia entre el crecimiento patrimonial observado y las fuentes de ingresos declaradas por el entorno familiar. 

Agencia NA

A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia. 

La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.

Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. 

Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.

El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.

Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.

En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

 El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.

El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados.

La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales.

El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe.

En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.

También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado. NA

La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero comenzó a tomar testimonios y a reunir pruebas por el trágico accidente que se vivió el fin de semana pasado durante el Rally Sudamericano, en el que murió un joven de solo 25 años.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, “se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar, asimismo se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen y se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad denominados ‘0’ que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores”.

Además, se detalló que “se están practicando pericias pertinentes al vehículo que participó del hecho, entre otras medidas probatorias que llevan a cabo para dilucidad el hecho, que se encuentra en plena investigación”.

El trágico accidente ocurrió cuando los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistaron entre los kilómetros uno y dos del circuito en Mina Clavero, Córdoba, y luego de varios vuelcos embistió a varias personas en una de las zonas que estaban habilitadas para espectadores.

Toda esta situación terminó con la muerte de Brian Ezequiel Zárate González, un espectador cordobés de 25 años, que había sido trasladado al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad que resultaron fatales.

Además, resultaron heridos una menor y dos adultos, de los cuales una es una mujer que sufrió una impactante fractura en una de sus piernas aunque se encuentra fuera de peligro.

Fuente: Noticias Argentinas

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. NA

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su familia en diciembre de 2024, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente, el actual jefe de Gabinete —quien en ese momento se desempeñaba como vocero del Gobierno— compró pasajes por un valor de 1.450 dólares cada uno, lo que totalizó unos 5.800 dólares para el grupo familiar. El viaje se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025.

La información fue aportada por la aerolínea LATAM Airlines, que detalló que los vuelos incluyeron escalas en Perú (ida) y Ecuador (vuelta), y que los pasajes fueron abonados en efectivo y en dólares.

Por el momento, la Justicia no cuenta con datos sobre el costo del alojamiento durante la estadía en Aruba.

La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, mientras que el juez Ariel Lijo ordenó recientemente levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

A partir de esta medida, los investigadores podrán acceder a los consumos realizados con tarjeta de crédito durante el viaje y contrastarlos con los ingresos declarados por el funcionario.

En paralelo, la fiscalía analiza distintos movimientos financieros realizados en los últimos años. Entre ellos, se encuentran pagos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, con un desembolso inicial de 30.000.

También se investiga la adquisición de una vivienda en un country, donde se registró un pago adicional de 20.000 dólares, así como cancelaciones parciales de hipotecas por montos similares.

Estos gastos serán comparados con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según el expediente— rondaba los 3 millones de pesos mensuales hasta fines del año pasado.

Mientras avanza la causa, Adorni continúa con su agenda de gestión dentro del gobierno de Javier Milei. En los últimos días, mantuvo reuniones con distintos ministros y con el economista Federico Sturzenegger para avanzar en la reorganización del Estado y profundizar el ajuste del gasto público.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es consolidar una nueva etapa de gestión con foco en la reducción del gasto y la eficiencia administrativa.

Un hallazgo estremecedor conmociona a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, luego de que trabajadores de una obra en construcción descubrieran el cadáver de un hombre oculto dentro de una pared que no formaba parte de los planos originales del edificio. El hecho salió a la luz este domingo por la mañana en un inmueble ubicado en la esquina de avenida Quirós y Moreno, en una zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los obreros comenzaron a sospechar al percibir un fuerte olor nauseabundo y advertir una estructura irregular en el subsuelo, debajo de una escalera. Al revisar el sector, encontraron el cuerpo escondido detrás de una pared falsa, en una especie de baulera, envuelto en frazadas y cubierto con cal, en lo que aparece como una maniobra deliberada para ocultarlo.

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes la caratularon como homicidio calificado. Según trascendió, junto al cadáver también se hallaron pertenencias y documentación que podrían ayudar a confirmar la identidad de la víctima. Los datos preliminares indican que se trataría de un hombre de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la misma obra y cuya desaparición dataría de aproximadamente 15 días, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.

Además, las primeras tareas periciales detectaron un traumatismo de cráneo y rastros de sangre en otro sector del edificio, elementos que refuerzan la hipótesis de una muerte violenta. Mientras tanto, la Justicia ordenó la búsqueda de un hombre oriundo de Buenos Aires, en situación de calle, que solía ser visto junto al desaparecido y que ahora es intensamente buscado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. La investigación intenta determinar cómo murió la víctima, cuándo fue ocultado el cuerpo y si hubo participación de terceros.

Thelma Fardín, actriz y referente feminista, se pronunció en contra del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas a quienes presenten falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual. En un video publicado en sus redes sociales, Fardín manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa en las víctimas de abuso.

"Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel", expresó la actriz, quien se mostró alarmada por lo que considera un riesgo para quienes ya enfrentan barreras sociales, emocionales y judiciales para denunciar. Fardín destacó que, si bien los casos de falsas denuncias son extremadamente bajos, el foco debe estar en las dificultades estructurales para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Según la actriz, el 77% de las mujeres víctimas de violencia de género no se animan a denunciar y solo el 1% de las denuncias son falsas, según datos de ONU Mujeres.

Fardín también criticó el sistema de revinculación familiar en casos de maltrato, indicando que las víctimas no son escuchadas cuando manifiestan miedo o rechazo. Subrayó que muchas veces los niños, como en el caso de su hija Ángel, no son escuchados por las instituciones y que los prejuicios sociales y la revictimización dificultan aún más el proceso de denuncia.

"El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman ‘falsas denuncias’ es la falta de celeridad en los procesos judiciales", concluyó Fardín, haciendo hincapié en que las víctimas enfrentan largos períodos de espera y dificultades para obtener justicia.

Una publicación compartida por Thelma Fardin (@soythelmafardin)

El proyecto presentado por Carolina Losada en el Senado propone un aumento de las penas por falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual, que pasaría de 1 a 3 años de prisión, con una condena máxima de 6 años para aquellos que realicen denuncias falsas en casos de abuso o violencia. También se busca establecer penas más severas para el encubrimiento de estos delitos y para los testigos falsos.

A pesar de las preocupaciones de los expertos, Losada argumenta que las falsas denuncias son un problema recurrente en el sistema judicial argentino, y que esta modificación busca evitar que la credibilidad de las víctimas se vea empañada por casos infundados. Sin embargo, la falta de estadísticas oficiales que respalden esta preocupación sigue siendo un tema controvertido.

El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. NA

La muerte de Ángel, un niño de 4 años, en un hospital de Comodoro Rivadavia, está siendo investigada por las autoridades, mientras surgen graves acusaciones de negligencia y maltrato desde el entorno paterno. La madrastra de Ángel, Lorena Andrade, denunció públicamente que la madre biológica del niño fue la responsable de su fallecimiento, asegurando que la mujer "dejó al niño en coma" y luego se fue a dormir.

Ángel fue ingresado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el lunes 6 de abril tras presentar problemas para respirar. Según la versión oficial, el niño fue encontrado sin signos vitales en su hogar y trasladado de urgencia al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. Sin embargo, la causa del paro cardiorrespiratorio sigue siendo un misterio, y el fiscal Facundo Oribones espera los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En su testimonio, Lorena Andrade acusó directamente a la madre de Ángel de maltratarlo y de no haberlo cuidado adecuadamente. Según relató, Ángel vivió un deterioro físico y emocional al estar alejado de su padre y vivir con una madre con la que apenas había formado un vínculo. "Ella se lo llevó sin darle tiempo de conocerla, lo mandó a dormir con ella sin haber formado un lazo", señaló Andrade.

El caso de Ángel también ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial, ya que, a pesar de las denuncias de maltrato y el temor del niño hacia su madre, la justicia ordenó que el niño fuera restituido a su madre biológica. Andrade denunció que la defensora de turno ordenó la restitución de Ángel, a pesar de que el niño había demostrado miedo y había vivido con su padre desde su primer año y medio de vida.

En cuanto a los hechos ocurridos en la vivienda de la madre de Ángel, Lorena Andrade mencionó que el niño estaba al cuidado de la pareja de la madre, quien, según ella, probablemente era el que lo maltrataba mientras la madre trabajaba. “El nene salió muerto de esa casa”, expresó con indignación.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso gracias a una denuncia realizada por el padre de Ángel, quien está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Las autoridades informaron que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.