El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió al Senado de la Nación el pliego de Santiago Joaquín Saux para ocupar el juzgado federal de primera instancia de Rafaela cuyo único titular fue Miguel Abásolo quien se acogió a los beneficios jubilatorios a fines del 2020. Desde ese momento, el juzgado fue subrogado por diferentes magistrados.

Saux ocupó el segundo lugar en la terna elaborado por el Consejo de la Magistratura en el marco del concurso Nº 448. El primer ternado fue Santiago Díaz Cafferata y la tercera Verónica Andrea Medina. El 17 de abril de 2024 la terna fue elevada al ministerio de Justicia y dos años después va la propuesta al Senado.

Es el tercer pliego enviado en dos semanas para ocupar vacantes en la justicia federal de Santa Fe. La semana anterior, el Ejecutivo propuso a Emilio Rosatti como integrante del Tribunal Oral Federal I de esta capital y a Walter Rodríguez como titular del juzgado federal nº 2 de esta capital.

El juzgado federal de Primera Instancia de Rafaela es de creación relativamente reciente ya que comenzó a funcionar operativamente en febrero de 2014. Desde su inauguración, ha tenido un juez titular (Abásolo) y, tras su jubilación, una serie de subrogantes. Reinaldo Rodríguez, Marcelo Bailaque, Carlos Vera Barros, Aurelio Cuello Murúa y Carlos Villafuerte Ruzzo estuvieron interinamente a cargo del juzgado.

En tanto, en el Consejo de la Magistratura hay siete concursos en trámite para completar 19 vacantes, muchas surgidas de los cambios en el sistema de procesamiento penal federal.

En el marco del concurso Nº 493 se definen seis cargos de jueces penales federales con funciones de Garantía para las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El trámite se encuentra en la fase de evaluación de las entrevistas a los candidatos.

En el concurso Nª 494 se buscarán cubrir tres cargos con funciones de revisión para Rosario y Santa Fe. La comisión del Consejo de la Magistratura está en la etapa de evaluar las impugnaciones efectuadas por los concursantes.

Por el concurso Nª 495 se apunta a cubrir dos jueces federales penales con funciones de juicio y ejecución para Santa Fe y Rosario, también en etapa de evaluación de impugnaciones.

En los concursos 496, 521 y 522 también está en la etapa de evaluación de impugnaciones. Por el primer concurso se seleccionan dos cargos para las salas de la Cámara Federal de Rosario. Por el segundo, el titular del juzgado federal Nº 1 -con competencia electoral- en Santa Fe y para el tercero el juzgado federal Nº 2 de Rosario.

Finalmente para el concurso del juzgado federal Nº 4 de Rosario se está en la etapa de presentación de antecedentes de los inscriptos.

Para la cobertura del juzgado federal Nº 1 de Santa Fe, juzgado con la competencia electoral se inscribieron 23 abogados y de la prueba de oposición se elaboró un listado provisorio que es encabezado por Emilio Rosatti, ahora propuesto como integrante del TOF I. Saux también participa del concurso.

El Litoral

La Cámara Federal de Casación Penal recibió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en una reunión encabezada por el presidente del tribunal, Diego G. Barroetaveña, junto a jueces del máximo tribunal penal.

Del encuentro, realizado en la Sala de Acuerdos, participaron los jueces Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, junto al secretario de Justicia, Santiago Viola.

Durante la reunión, el ministro expuso los lineamientos de gestión del Ministerio de Justicia y se refirió a los avances en los pliegos de magistrados elevados el pasado 25 de marzo al Honorable Senado de la Nación, así como a la continuidad de las diligencias para cubrir vacantes existentes.__IP__

Además, abordó la implementación del Código Procesal Penal Federal y su puesta en marcha en todos los distritos jurisdiccionales, junto con las necesidades vinculadas a ese proceso, donde destacó el rol de coordinador institucional del tribunal.

La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.​

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.​

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.

AgenciaNA

La Justicia federal ejecuta este martes 35 allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera señalada por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos —la mayor cantidad desde que comenzó la investigación— fueron ordenados por el juez Luis Armella y llevan la coordinación de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la financiera y 17 clubes de distintas categorías.

Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y nuevamente San Lorenzo, además de otras entidades que mantienen acuerdos comerciales con la firma investigada.

Según fuentes judiciales, algunos clubes tienen a Sur Finanzas como sponsor, mientras que otros habrían recibido préstamos cuyos pagos se realizaban a través de derechos de televisación o de marketing, un mecanismo que ahora es analizado como posible vía para el lavado de activos.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes para determinar si existió un circuito financiero paralelo o maniobras irregulares.

En el centro de la investigación se encuentra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y actualmente el principal sospechoso. La semana pasada, el empresario se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado inicialmente.

La Justicia también sigue la pista de presuntas maniobras de vaciamiento de cajas fuertes y movimientos sospechosos, como supuestos “deliverys” de dinero en Pinamar, elementos que podrían ampliar el alcance del expediente.

La Justicia Federal de Morón asumió formalmente la investigación del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela y vinculado a una organización narcocriminal con ramificaciones internacionales.

El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, junto al secretario Ignacio Calvi, aceptaron la competencia del caso tras el pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, quienes habían avanzado en el esclarecimiento inicial y derivaron el expediente para continuar sobre la pista narco internacional que motivó los asesinatos.

Rodríguez y Calvi solicitaron el expediente completo, junto con todo el material secuestrado y la confirmación de si existen intervenciones telefónicas activas.

En paralelo, los funcionarios judiciales iniciaron una mesa de trabajo conjunta con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli para realizar una transición ordenada de la causa.

El magistrado federal resolvió no subdividir la investigación, es decir, mantener bajo su órbita tanto la pista narco como los homicidios, y tampoco se desligó por competencia territorial, dado que los hechos comenzaron en La Matanza, donde los presuntos autores captaron a las víctimas.

La investigación cuenta con 11 personas detenidas y tres prófugos, todos de nacionalidad peruana. Entre los evadidos se encuentran Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, quien espera su extradición desde Perú tras haber sido detenido dos semanas después del crimen.

Uno de los principales acusados es Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, un ex policía peruano señalado como jefe local de la organización. Según el testimonio de una arrepentida, el acusado presenció los femicidios mediante una videollamada desde una celda de la Policía Federal Argentina, donde permanecía detenido por otra causa de narcotráfico.

“El Señor Jota” negó los cargos.

“Mi delito y la causa en la que me implican es pantalla. No guardo relación con los detenidos ni conozco los hechos”, declaró el acusado.

El juez de garantías Fernando Pinos Guevara, quien había dictado las prisiones preventivas de ocho de los acusados antes del pase al fuero federal, destacó la relevancia del cambio de competencia.

En su último fallo, señaló:

“En términos de persecución del narcotráfico, la Justicia ordinaria solo puede intervenir en casos de narcomenudeo. Aquí se investiga una empresa narcocriminal transnacional e interjurisdiccional, que debe ser desbaratada por la Justicia Federal por su más amplia competencia.”

Con la aceptación del caso, la Justicia Federal buscará avanzar hacia los niveles superiores de la organización, entre ellos el enigmático “Abuelo”, presunto líder del grupo dealer del Bajo Flores.

La causa, caratulada como privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado, se perfila como una de las investigaciones más complejas del año, por su entramado de violencia de género, narcotráfico y crimen organizado.

La Justicia Federal con competencia electoral en Santa Fe inició una investigación preliminar a raíz de una denuncia presentada por referentes de la alianza Provincias Unidas contra dirigentes de Fuerza Patria y autoridades de la Asociación Civil 29 de Abril. Según la acusación, la entidad habría desviado fondos institucionales para financiar publicidad política durante la campaña legislativa.

La presentación fue firmada por los apoderados de Provincias Unidas, Leonardo Stangaferro, Florencia Giupponi y Juan Callegari, quienes acusan un “uso indebido, reiterado y planificado” de recursos de la ONG, cuyo objeto social declarado es el acompañamiento ante situaciones de catástrofes y emergencias.

El escrito judicial detalla gastos por más de 21.885.000 pesos presuntamente destinados a publicidad digital segmentada, con el objetivo de promocionar la candidatura de Caren Tepp (diputada nacional electa y primera en la lista de Fuerza Patria) y de Oscar “Cachi” Martínez, cuarto candidato en la misma nómina.

Junto a los dirigentes políticos, la denuncia involucra a los principales responsables de la ONG: Miriam Haydee Rebel (presidenta), Osvaldo Juan Barbieri (secretario) y Pedro Medei (tesorero y actual concejal peronista en Santa Fe). Se adjuntaron transferencias bancarias, presupuestos de pauta y documentación contable como respaldo.

Frente a la gravedad de la denuncia, el Registro Provincial de Personas Jurídicas abrió un sumario administrativo y notificó a la entidad sobre la obligación de presentar en un plazo de diez días hábiles sus balances, libros de actas, inventarios y todos los gastos vinculados a publicidad entre 2022 y 2025.

En paralelo, el Juzgado Federal ordenó una serie de medidas probatorias, entre ellas:

Esta última diligencia apunta a verificar si la sede funciona efectivamente o si se trata de una estructura formal sin actividad real.

Desde Provincias Unidas argumentan que el objetivo de la denuncia es “preservar la transparencia institucional y el uso responsable de recursos públicos o privados”. En tanto, desde Fuerza Patria interpretan la presentación como una maniobra de tinte político.

La causa se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, las investigaciones avanzan por dos vías paralelas: la administrativa, que podría derivar en sanciones o multas desde el Registro Provincial, y la judicial federal, donde deberá determinarse si existió delito penal en el financiamiento de la campaña.

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez hoy en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso.

Después de una reprogramación la semana última, la audiencia tendrá lugar a las 10.30 en Comodoro Py, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

Tres fallos judiciales recientes, que invocan el “derecho a la vida, la seguridad personal y la libre circulación” de los santafesinos, contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, intiman al Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)  , a reparar en forma urgente las deterioradas rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El último, firmado el viernes 27 de junio por el juez Aldo Mario Alurralde, como subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, hizo lugar a la medida cautelar impulsada el 27 de mayo por el diputado provincial José Corral.

El recurso de amparo concedido ordena a la DNV ejecutar una serie de medidas urgentes para mitigar el deterioro de un tramo de 110 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta A-007, comprendido entre la ciudad de Santa Fe y San Justo, que afecta a las localidades de Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia y Videla.

El escrito tenía por finalidad “realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento, del tramo vial comprendido entre la Ruta Nacional A-007 (también conocida como Mar Argentino o Avenida de Circunvalación) y su empalme con la Ruta Nacional Nº 11”

La resolución impone a la DNV, entre otras medidas:

Entre los argumentos vertidos por el legislador, señala que “por la gran afluencia de tránsito y el estado deplorable de su infraestructura, (la Once) se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de la región”.

Enumera las falencias que van desde: “Pavimento agrietado", “baches profundos”, “señalización horizontal y vertical insuficiente o directamente inexistente”, “banquinas descalzadas, erosionadas y cubiertas de vegetación, sin mantenimiento”, “falta de iluminación en la mayoría de los tramos” e “inexistencia de barandas de contención”.

También hace referencia a los “desagües obstruidos o directamente abandonados, lo que genera anegamientos y profundiza el deterioro del pavimento”.

Y como no podía ser de otra manera, el combo anterior “ha provocado numerosos siniestros viales, muchos de ellos de extrema gravedad, incluyendo víctimas fatales, heridos de consideración y cuantiosos daños materiales a los vehículos que transitan por la ruta”.

El fallo judicial del Dr. Alurralde tiene como antecedente otros dos recursos de amparo presentados por legisladores, en los que se exponen problemáticas idénticas en otros sectores de la provincia de Santa Fe por donde cruzan rutas nacionales.

El 10 de marzo pasado, el mismo juez Alurralde, como titular del Juzgado Federal de Reconquista, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpín.

La denuncia del legislador norteño se remonta a octubre de 2024 y afectaba 266 km de asfalto entre “los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 (aproximadamente) -en el extremo sur- y el 931 (aproximadamente)-en el extremo norte- que se corresponde con el paralelo 28 sur”.

La medida fue apelada por Vialidad Nacional pero, el 16 de abril, la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó en su totalidad lo dispuesto por el juez de Reconquista, que el 5 de mayo intimó a la autoridad competente para que realice las reparaciones prometidas.

Casi en simultáneo, el 11 de marzo de 2025, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, interpuso otro recurso de amparo contra la DNV, en cuya presentación, incluyó evidencias del estado calamitoso de las rutas 7, 8 y 33 en el sur santafesino.

Semanas después el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar la cautelar y exigió en breve plazo, que el organismo nacional debía señalizar, desviar y bachear los tramos de la Ruta Nacional 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto e Isabel, entre los Km 370 y 346); Ruta 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y Ruta 7 (todo el trayecto dentro del departamento).

“El deterioro de las rutas no solo compromete derechos fundamentales, sino que afecta la economía regional, el turismo, el transporte de mercancías y el trabajo de miles de familias”, advirtió la legisladora en su demanda.

Tiempo atrás y al igual que el Dr. Alurralde, que resolvió en dos jurisdicciones diferentes haciendo lugar a los amparos, el Dr. Cuello Murúa había hecho lo propio como subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, ante un reclamo de la intendencia de Cañada de Gómez.

La presentación data de 2019, en la cual el municipio cañadense reclamó la reparación integral de la Ruta Nacional N° 9, en el tramo que atraviesa su jurisdicción (Km 367,20 al 388,50), por encontrarse en un estado de grave deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial.

La acción fue respaldada por ciudadanos, instituciones locales y otros municipios vecinos como Carcarañá, Bustinza, Correa y San Jerónimo Sud y como en las recientes ocasiones, también contó con el respaldo de un fallo de Cámara.

Mientras la Justicia Federal en suelo santafesino obliga al Ejecutivo Nacional a ponerse a derecho con sus ciudadanos del interior, comenzaron a llevarse a cabo las audiencias públicas para concesionar rutas nacionales de todo el país.

El último miércoles Casa Central de la DNV anunció que “avanza en el procedimiento de participación ciudadana en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

Las dos primeras audiencias públicas fueron el lunes 30 de junio y miércoles 2 de julio, en las provincias de Mendoza (tramo Cuyo RN 7) y Tucumán (tramos Centro-Norte RN 34 y Noroeste RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016).

El viernes 4 se realizó la tercera en Chaco, donde se abordaron los tramos Chaco-Santa Fe (RN 11), Litoral (RN 12 y 16) y Noreste (RN 12 y 105). Y se espera que este lunes 7 se lleve adelante otro encuentro en Entre Ríos, para presentar los tramos Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012) y Centro (RN 9, 19 y 34).

A propósito de la reunión del pasado viernes, la reciente resolución del juez Alurralde advierte que la Resolución 827/2025 del 16 de mayo, emitida por Vialidad “por la cual resuelve comenzar a intervenir, acondicionar y concesionar diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 11 en todo el país, (...) no contempla el tramo objeto de la presente acción de amparo”.

Uno de los pasajes de la resolución del juez Alurralde marca la falta de iluminación en zonas de travesías urbanas, a lo que DNV contestó que existe un convenio firmado con la Dirección Provincial de Vialidad y solicitó que en ese caso, también se los cite para dar las explicaciones del caso.

Mediante Resolución N° 651 del 30 de abril de 2025 argumentaron: “Actualmente, en la traza de la Avda. de Circunvalación se está trabajando respecto de las luminarias en el restableciendo de las mismas, en cumplimiento del referido contrato suscripto entre la DNV y DPV; así también en el respectivo tramo de la R.N. N° 11”.

Por ese motivo se “solicita la citación como tercero del ente vial provincial, atendiendo a las obligaciones que contractualmente le caben” y propusieron “citar a la empresa contratista de la ejecución de obra COEMYC SA”, pedidos los cuales fueron rechazados por la justicia.

Juliano Salierno - Diario El Litoral

La Justicia federal de Santa Fe dictó la primera condena en juicio oral y público desde la implementación del nuevo sistema acusatorio en la provincia, en un fallo que marca un punto de inflexión en la forma de investigar y juzgar delitos federales. La protagonista del caso es Valeria Noemí Vázquez, una mujer de 37 años oriunda de Rafaela, condenada a cuatro años de prisión por transportar 477 gramos de cocaína.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2024 durante un control vehicular de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la ruta 70, en jurisdicción de Esperanza. Durante la inspección, los agentes descubrieron que Vázquez viajaba como pasajera en un remis que no estaba habilitado, y al revisar el vehículo hallaron casi medio kilo de cocaína en su poder.

Inmediatamente se notificó a la Fiscalía Federal en turno, que tomó intervención directa en el caso. El fiscal coadyuvante Eduardo Costa Calvo, a cargo del Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe, llevó adelante la investigación y formuló la acusación por el delito de transporte de estupefacientes.

El caso llegó a juicio oral y público seis meses después de la detención, en el marco del nuevo sistema acusatorio federal que entró en vigencia en 2024 en Santa Fe. Este modelo, que prioriza la oralidad, la celeridad y la transparencia de los procesos, fue utilizado en otros dos juicios en Rosario y Rafaela, pero en esos casos los imputados resultaron absueltos.

En cambio, el tribunal santafesino —integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Beatriz Dilario— coincidió con los argumentos presentados por el fiscal y dictó sentencia condenatoria, estableciendo una pena de cuatro años de prisión para la rafaelina, convirtiéndola en la primera persona condenada bajo este sistema en toda la provincia.

La condena no solo representa el cierre de una investigación por narcotráfico, sino que también constituye un precedente importante en el proceso de transición hacia un sistema de justicia federal más ágil, transparente y enfocado en la oralidad.

El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas de fútbol del pasado miércoles, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.

La presentación fue radicada ante la Justicia Federal, en el juzgado N° 11, y señala como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.

En el escrito presentando por el abogado Fernando Soto, la cartera cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declarara la incompetencia por “inhibición” a la magistrada.

“Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, postularon.

Según Soto, la movilización fue convocada con “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas”, promovidas por grupos organizados de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing de Avellaneda, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.

“También convocó a la movilización el exjefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ‘profesionales de la violencia’, pagados con la suma de $.50.000 para “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”. Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol (“barras bravas”), sino también del gremialismo y de la política”, postularon.

En la misma línea, remarcaron: “Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.

“Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las 3 Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”, describieron, y revelaron haber recibido llamados a la línea 134, en el que varios simpatizantes detectaron la presencia de barras bravas de distintos clubes en la protesta.

Asimismo, determinaron como el “principal organizador” de la protesta al histórico dirigente de Chacarita, Leandro Capriotti, al que presentaron como “un amigo y protegido del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo”.

En otro pasaje de la denuncia, hay referencia a los heridos por las fuerzas de seguridad, con especial mención al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado en el Hospital Ramos Mejía producto de una herida en su cabezada provocada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.

Desde el ministerio, intentaron aclarar que el disparo “habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo”.

Además, pese a las grabaciones en el que se observa a una mujer mayor de edad ser brutalmente golpeada por un efectivo de la Policía Federal, la funcionaria nacional argumentó que jubilada impactó a policía que “giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo”.

“La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, a través del ejercicio del Poder de Policía que ejerce esta Cartera Ministerial", remarcaron, y añadieron: “Constituyó una ‘reunión de personas armadas’ que, bajo el pretexto de ‘atribuirse los derechos del pueblo y peticionar a nombre de éste’, tuvo por objeto impedir a las Fuerzas de Seguridad el libre ejercicio de sus facultades legales”.

Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, “la violencia ejercida fue enmascarada en una “protesta social”, cuando en realidad su claro objetivo fue el de ‘desestabilizar’ al Gobierno del presidente Javier Milei”. 

Laudelina, la tía de Loan Danilo Peña, quedó detenida luego de que le hayan dictaminado la prisión preventiva. Este viernes la mujer fue imputada en la causa por la desaparición de su sobrino.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la Justicia Federal la imputó por “sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos”.

"El Juzgado Federal de Goya tomó esta tarde-noche ordenó la detención provisoria de Laudelina Peña tras tomarle declaración indagatoria por su presunta participación en la sustracción y el ocultamiento de su sobrino de cinco años de edad y en la alteración de evidencia del caso. El llamado a declaración indagatoria de la mujer fue propiciado por el Ministerio Público Fiscal", informaron a este medio desde el MPF.

La imputación a la tía de Loan fue realizada por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes habían reiterado este jueves la solicitud de que se convoque a Laudelina a prestar declaración indagatoria.

“En esa presentación, ampliaron los fundamentos explicando que en el caso se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales para el avance de la causa, inclusive por fuera de la declaración prestada por la mujer en el fuero provincial, y que la ubican como una persona de especial interés para la investigación, con un claro rol activo”, detallaron.

LEE: Caso Loan: ordenan peritar dos autos y la moto de los imputados

Para la fiscalía “hay motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal”.

Fue este viernes al mediodía cuando la acusada arribó al Juzgado Federal de Goya donde dio testimonio durante varias horas en el caso que lleva más de tres semanas.

Se informó además que, durante su declaración, respondió más de 60 preguntas.

Aunque no hay información certera hasta el momento, se estima que será trasladada a un penal federal en las próximas horas.

Desde el MPF también indicaron en el comunicado que, con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, se permanecerá asistiendo a la familia de Loan.

Asimismo, desde el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, también se llevó a cabo hoy un procedimiento en la vivienda del niño, en el que se obtuvieron muestras genéticas del grupo familiar.

Hace una semana, la mujer había dicho frente a un fiscal provincial, el cual no tenia fuero en el caso, que el menor fue atropellado y enterrado por el matrimonio detenido el 13 de junio cuando desapareció en 9 de Julio.

Esta declaración provocó un giro sorpresivo en la causa y que conllevó a la realización de diversas pericias.

En este sentido, una de las ruedas de la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez dio positivo de luminol.

Asimismo, se hallaron manchas hemáticas y el paragolpes está hundido y tiene “adherencia de sustancias rojas”.