Sin votos en contra, la Legislatura de Santa Fe decidió expulsar del Ministerio Público de la Acusación al Dr. Diego Gustavo Rodríguez y Barros, que ha perdido su cargo de fiscal adjunto.

La decisión fue tomada por la sesión conjunta de ambas cámaras, por unanimidad. Rodríguez y Barros había sido suspendido de manera preventiva en julio del año pasado.

Al ahora ex fiscal se le reprocharon graves faltas y mal desempeño en sus funciones, de acuerdo con la resolución adoptada esta jueves 3 de septiembre. En sendas votaciones, se confirmó el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que preside el senador por 9 de Julio, Joaquin Gramajo.

El legislador para tuvo la misión de informar a la sesión conjunta la existencia del dictamen y recordó que había actuado como miembro acusador el diputado Marcos Corach.

A Rodríguez y Barros se le encontró en el proceso disciplinario denuncias por presuntas estafas a una aseguradora (fingir el robo de dos ruedas) y luego el uso indebido de sistemas judiciales confidenciales. También de haber cometido actos de hostigamiento laboral, amenazas a quienes estaban a sus órdenes y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.

La medida consideró que había perdido en estos episodios su “idoneidad ética”. Se consideró que los hechos exceden los extremos de una conducta individual y que en cambio llegaban a comprometer “el funcionamiento institucional del MPA”.

La investigación se originó a partir de una alerta de una compañía aseguradora, cuando el entonces fiscal denunció falsamente el robo de las ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze para intentar cobrar el seguro, pese a que antes había comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que había sufrido una rotura accidental. Hubo testigos de la propia fiscalía que respaldaron esos dichos. La compañía detectó inconsistencias en el relato y rechazó inicialmente el siniestro por considerar “inverosímil” la mecánica denunciada.

Más tarde se incorporó otro hecho: el ingreso sin autorización al sistema Heimdall donde cargó personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro funcionario judicial.

El expediente sostiene que actuó “como acusador público en un caso donde tenía interés particular”, afectando el principio de objetividad que rige la función fiscal. Y a esos antecedentes se sumaron malos tratos en el ámbito laboral.

Solo los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía, al igual que la diputada Lionella Cattalini que había sido aludida por el encartado en declaraciones públicas pidieron permiso a sus pares para abstenerse, y no se registraron votos en contra de lo dispuesto por los diputados y senadores.

Corach destacó que el procedimiento fue serio y sereno. Que se “garantizó el derecho de defensa” y que aparecieron “nuevos hechos” y finalmente que “lo que se encontró fue grave”.

“No necesitamos convertir a esta asamblea en un tribunal” dijo y aclaró que se toma una “decisión política” en favor de los ciudadanos y frente a “un caso de mal desempeño”, que ha perdido “la autoridad” para el ejercicio de esa función en el MPA.

La sesión conjunta también declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari, a la que el Poder Legislativo de Santa Fe le impuso una sanción disciplinaria, con una suspensión por 90 días.

El dictamen fue firmado por todos los miembros de Acuerdos y luego votado por unanimidad. Se abstuvo solo el bloque antes mencionado.