En el marco de los operativos preventivos desplegados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe en la Unidad Regional I, se detuvo a 257 personas.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026. Del total de aprehendidos, 182 fueron detenidos y 75 trasladados.

Solo en los primeros 20 días de octubre, las intervenciones policiales registraron 34 personas aprehendidas y 16 traslados por aplicación del Artículo 10 bis.

El cableado público y domiciliario representa la mayor parte de los hechos, con 107 aprehensiones y 42 procedimientos por el Artículo 10 bis.

En cuanto a otros elementos, los picaportes sumaron 13 hechos, mientras que los objetos de bronce y cobre alcanzaron los 14 procedimientos. Los medidores registraron siete aprehensiones.

La Ciudad de Santa Fe encabeza los registros con 133 aprehendidos y 51 trasladados. En Santo Tomé, se contabilizaron 40 aprehensiones y 23 traslados.

Otras localidades con actuaciones fueron Laguna Paiva con tres hechos, Colastiné Norte con dos, mientras que Arroyo Leyes y Sauce Viejo registraron un hecho cada una.

El Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Aprad y los municipios, intensificó las inspecciones en chatarrerías para frenar la comercialización ilegal de estos elementos.

La Policía detectó una marcada reincidencia, donde varios individuos registran entre tres y cinco aprehensiones en lo que va del año, muchos de ellos en situación de calle.

Con los pedidos de condena formulados por la Fiscalía General y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 34 víctimas en la denominada causa Laguna Paiva II ingresó en su etapa decisiva.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe reprogramó para el 7 de agosto la lectura del veredicto, mientras que los alegatos de las defensas se desarrollarán el próximo jueves 30 de julio, jornada en la que también se escucharán las réplicas y dúplicas de las partes.

El debate, que comenzó en mayo en la capital provincial, está a cargo de los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.

En el banquillo permanecen los expolicías de Inteligencia Antonio Parvellotti, Eduardo Enrique Riuli y Oscar Alberto Cayetano Valdez, además del exsecretario del Juzgado Federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa, con prisión domiciliaria por distintas causas anteriores excepto Parvellotti.

Durante una audiencia que se extendió por alrededor de cinco horas, la APDH solicitó la pena máxima de 25 años de prisión para los cuatro acusados, al sostener que los hechos juzgados constituyen delitos de genocidio y, subsidiariamente, los previstos por el Código Penal.

Por su parte, el fiscal auxiliar federal Nicolás Sacco requirió 22 años de prisión para Parvellotti, 20 para Riuli, 18 para Brusa y 12 para Valdez, además de pedir la unificación de esas penas con las condenas que tres de ellos ya registran por otros procesos de lesa humanidad.

Las defensas estarán a cargo de Ignacio Alfonso Garrone, por Riuli, y del defensor público oficial Fernando Sánchez, quien representa a Brusa, Parvellotti y Valdez.

Previo a la audiencia de alegatos, familiares y querellantes ofrecieron una conferencia de prensa en la que remarcaron la trascendencia del proceso.

Mario Páez, hijo de una de las familias perseguidas durante la última dictadura, sostuvo que el juicio representa el cierre de una lucha de más de cuatro décadas. "Después de 46 años de pedidos de justicia creemos que nos merecemos terminar con la impunidad", afirmó. También recordó que varios de los represores "vivieron durante años con total libertad" en la región.

María Olinda Itatí Páez destacó el impacto que implicó volver a declarar sobre los hechos sufridos por su familia y reclamó que los acusados pierdan el beneficio de la prisión domiciliaria.

"Una persona que dejó a niños abandonados sabiendo a lo que estaban expuestos no puede tener privilegios. Deben estar en la cárcel", expresó.

El abogado querellante de la APDH, Federico Pagliero, afirmó que uno de los principales aportes de este segundo juicio de Laguna Paiva fue haber incorporado el delito de abandono de personas respecto de los hijos e hijas de las víctimas.

Según explicó, esa calificación surgió de los propios testimonios brindados por los sobrevivientes durante el primer juicio, celebrado en 2021, cuando relataron que los niños quedaron completamente desamparados tras los secuestros de sus padres.

"Estas infancias no solo declararon en este juicio, sino también en el anterior. Hicieron un esfuerzo enorme y entendemos que el Tribunal tiene un deber jurídico e histórico de hacer lugar al pedido de los sobrevivientes", sostuvo. También calificó como "histórico" el proceso por el respaldo de organismos de derechos humanos, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Pagliero además señaló que el debate permitió acreditar una participación criminal directa de Brusa, no solo como funcionario judicial que convalidó declaraciones obtenidas bajo tortura, sino también como integrante del grupo que irrumpió en la vivienda de la familia Páez y dejó a los menores librados a su suerte.

La causa comprende delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, violación de domicilio, abandono de persona, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica cometidos contra 34 víctimas, la mayoría secuestradas durante 1980 y trasladadas a centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe.

Uno de los aspectos novedosos del debate es la incorporación del abandono de menores como delito autónomo. La acusación sostiene que, tras los operativos represivos, numerosos niños quedaron solos durante días luego de que sus padres fueran secuestrados.

El caso paradigmático es el de la familia Páez-Medina, cuyos seis hijos —de entre un mes y medio y 12 años— permanecieron abandonados en una vivienda saqueada tras el secuestro de sus padres en Lima, provincia de Buenos Aires. Situaciones similares alcanzaron a otros grupos familiares perseguidos en Esperanza, Laguna Paiva y distintas localidades de Santa Fe.

Aunque no formaron parte de la acusación los abusos sexuales sufridos por mujeres y adolescentes durante el cautiverio, entre ellos las reiteradas violaciones denunciadas por María Ceferina Páez y por su hija María Susana Medina, quien tenía apenas 13 años cuando ocurrieron los hechos, los hechos quedaron expuestos durante el debate.