El ministro de Desregulación y Transformación es el encargado de redactar el texto. Las facultades extraordinarias le permiten a Milei eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente.

El Gobierno avanza con la reforma del Estado y prepara un decreto para eliminar 60 organismos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado de preparar el texto. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

La mesa técnica de Balcarce 50 tiene el proyecto en carpeta desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Javier Milei a fines de junio para poder impulsarlo. Preparan ahora el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.

“Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones“, expresó un funcionario.

La Casa Rosada quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

Las facultades extraordinarias le permiten a Milei eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten.

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Los organismos que quedaron fuera de la intervención presidencial son las universidades, las dependencias del Poder Legislativo junto a las del Judicial y el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

El artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Determina que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.

Los empleados podrán ser cedidos de Nación a provincias y municipios y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.

El Ejecutivo incluyó un articulado que lo habilita a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario.

La Casa Rosada quiere avanzar en paralelo con la reducción del total de contratados estatales. Ya los achicaron de 72.000 a 48.000 e insisten con desplazar a todos antes del 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisión contractuales trimestrales.