La Asociación del Fútbol Argentino difundió este lunes un extenso comunicado oficial para desmentir una investigación periodística que la vincula con un supuesto lavado de dinero a través de la empresa TourProdEnter LLC, firma que administra fondos de la entidad en Estados Unidos. Desde la casa madre del fútbol argentino denunciaron una “campaña de difamación” dirigida contra la institución y sus principales autoridades.

En el texto, la AFA expresó su “más enérgico rechazo” a las acusaciones y defendió el accionar de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, quienes fueron mencionados en las versiones que hablaban de un presunto desvío de 42 millones de dólares.

La entidad recordó que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC, designada como agente comercial para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Según detalló, ese vínculo fue analizado por distintos tribunales de la Argentina y de Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades.

El comunicado apunta directamente al empresario Guillermo Tofoni, a quien la AFA señala como impulsor de acciones judiciales pese a resoluciones adversas. En particular, menciona la causa CFP 1294/2023, iniciada en la Justicia argentina y vinculada al sponsoreo y la organización de partidos amistosos de la Selección, especialmente los disputados en la República Popular China.

Sobre ese expediente, la AFA remarcó que tanto la institución como Tapia fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, en abril de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal, dejando la causa definitivamente cerrada en el país.

El comunicado también involucra a funcionarios del Gobierno nacional. Según la AFA, Tofoni habría contado con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien —siempre de acuerdo al texto— acompañó sus reclamos con presentaciones realizadas en nombre del Estado, además del apoyo de algunos medios de comunicación.

En ese marco, la entidad indicó que también se promovió una denuncia contra TourProdEnter LLC ante tribunales del estado de Florida para investigar su relación con la AFA. Ese proceso, afirmó, fue rechazado en todas sus instancias y archivado, lo que volvió a confirmar la legalidad del vínculo comercial.

En el cierre, la AFA cuestionó el rol de ciertos medios y llamó a ejercer la tarea periodística con responsabilidad, revisando no solo las fuentes sino también los fallos judiciales existentes. “Informar con veracidad implica no contribuir a operaciones motivadas por intereses particulares”, sostuvo la entidad, al tiempo que reclamó información “seria, responsable y comprobable”.

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.📰 https://t.co/MPWJcEh0SQ pic.twitter.com/HR43yEub4u

La Justicia federal ejecuta este martes 35 allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera señalada por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos —la mayor cantidad desde que comenzó la investigación— fueron ordenados por el juez Luis Armella y llevan la coordinación de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la financiera y 17 clubes de distintas categorías.

Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y nuevamente San Lorenzo, además de otras entidades que mantienen acuerdos comerciales con la firma investigada.

Según fuentes judiciales, algunos clubes tienen a Sur Finanzas como sponsor, mientras que otros habrían recibido préstamos cuyos pagos se realizaban a través de derechos de televisación o de marketing, un mecanismo que ahora es analizado como posible vía para el lavado de activos.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes para determinar si existió un circuito financiero paralelo o maniobras irregulares.

En el centro de la investigación se encuentra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y actualmente el principal sospechoso. La semana pasada, el empresario se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado inicialmente.

La Justicia también sigue la pista de presuntas maniobras de vaciamiento de cajas fuertes y movimientos sospechosos, como supuestos “deliverys” de dinero en Pinamar, elementos que podrían ampliar el alcance del expediente.

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un complejo entramado de gestión irregular de fondos públicos y un sistema paralelo de desvío de dinero.

En este esquema, el fiscal Franco Picardi puso el foco en Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado –el controvertido financista de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico–, como una pieza clave en la posible legitimación de activos.

El dictamen fiscal, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, sugiere que el papel de Mastropietro se concentró en el "movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete", señalado como operador paraestatal con vínculos con funcionarios, incluido el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

La evidencia de las transferencias millonarias

La prueba más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada. Según la investigación, el 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias hacia la cuenta de esa firma.

Las capturas de pantalla bancarias, publicadas por la periodista Camila Dolabjian en sus redes, constatan estos movimientos de fondos que totalizaban cientos de millones de pesos, provenientes de droguerías favorecidas por las adjudicaciones de la ANDIS, entre ellas Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L., con importes como $34.560.000,00 y $60.500.000,00.

Mastropietro, luego de recibir los movimientos, envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos, bajo el concepto uniforme de "compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa". Esta descripción fue considerada por la fiscalía como funcional a operaciones destinadas a disimular el origen y destino del dinero, lo que encaja en un patrón compatible con "posibles maniobras de lavado de activos".

Vínculos con Spagnuolo y el "Clan" de Río Negro

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, era cercano a José Luis Espert y la pesquisa verificó que visitó a Mastropietro en dos ocasiones en su domicilio privado en Altos de Campo Grande durante 2025. Ambas visitas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo.

La investigación también señaló lazos sugestivos con la provincia de Río Negro. El dueño de Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de Río Negro, provincia de donde también son la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante Fred Machado- y donde tenía arraigo el propio Machado. La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro, en el núcleo de confianza de Calvete, consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

La trama societaria se reforzó en 2018, cuando Mastropietro creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete.vuVUqA

El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS a través de la compra de medicamentos e insumos de alto costo mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios, donde un conjunto reducido de droguerías concentraba la mayoría de las adjudicaciones por montos superiores a los $30.000 millones.

#AgenciaNA 

El juez federal N° 2 de Santa Fe -subrogante-, Aldo Alurralde, procesó este martes a Adrián Claudio Bruno, un narco santafesino de 46 años, radicado en Arroyo Leyes y actualmente preso en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires.

Al margen de sus antecedentes penales, la Justicia lo considera autor del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por habitualidad. Y se ordenó el embargo de sus bienes por un total de 100 millones de pesos.

Junto a Bruno, fueron procesados tres mujeres de su círculo íntimo —su pareja actual, su ex pareja y su cuñada— además del escribano Alfredo Raúl Di Bernardo, quien habría facilitado legalmente las maniobras de ocultamiento de bienes.

A todos ellos se les fijó un embargo de 40 millones de pesos por el delito de lavado, aunque en carácter atenuado, que tiene prevista pena de multa, que va de cinco a veinte veces el monto de la operación.

La causa, iniciada por el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez y los fiscales Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, tiene un vínculo directo con la investigación por narcotráfico que involucró al productor entrerriano Leonardo Airaldi.

El chacarero, que supo ser un conocido referente ruralista de Victoria, está acusado por esconder casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad de Puerto Gaboto, Santa Fe.

Aunque Bruno no fue formalmente imputado en aquella causa, se comprobó su presencia en el lugar poco antes del allanamiento, a bordo de una camioneta que figuraba a su nombre.

La investigación permitió trazar una línea de tiempo que expone el crecimiento patrimonial de Bruno desde el año 2020, financiado por ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes.

En agosto de 2023, se le secuestraron más de 400 gramos de cocaína en su domicilio y otros inmuebles relacionados.

En abril pasado fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a cuatro años y medio de prisión por tenencia de droga con fines de comercialización, siendo declarado reincidente.

A pesar de no registrar ingresos formales ni actividad comercial estable, Bruno había adquirido once inmuebles, once vehículos, y había montado un esquema informal de préstamos de dinero. Documentación secuestrada en los allanamientos incluye cuadernos con registros detallados bajo el rótulo "PRÉSTAMOS – 2023".

Los domicilios involucrados en las maniobras abarcan propiedades en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes, incluyendo casas, departamentos y una casaquinta.

Para ocultar la procedencia de los fondos y su verdadero rol como propietario, Bruno recurrió a familiares y allegadas como Agustina Inés Cabral, su pareja actual; María Soledad Mercado, madre de su hijo; y Micaela Gabriela García, hermana de Cabral.

Las tres mujeres figuran como titulares de propiedades y vehículos que, en realidad, eran controlados por Bruno. Ninguna de ellas posee capacidad económica registrada para justificar tales adquisiciones.

Según la resolución judicial, el escribano Alfredo Raúl Di Bernardo intervino directamente en tres operaciones inmobiliarias clave que permitieron blanquear activos de origen ilícito.

En su defensa, Di Bernardo negó cualquier accionar doloso, calificando su tarea como una actuación profesional "neutral". Sin embargo, el juzgado consideró que su intervención fue esencial para la concreción de las maniobras de lavado, otorgándole un rol activo y consciente en el proceso.

La causa incluyó allanamientos simultáneos realizados entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en domicilios, depósitos, cocheras y propiedades rurales, en los que se incautó numerosa documentación y vehículos —entre ellos, una Toyota Hilux utilizada por Bruno—.

También se secuestraron automóviles de distintas marcas y una motocicleta, algunos de ellos registrados a nombre de terceras personas.

El expediente judicial se originó en abril de 2023, a partir del hallazgo de cocaína en Puerto Gaboto, y derivó en una segunda causa que permitió reconstruir una red de lavado de activos que operaba desde la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.

Aunque Bruno afirmó en su declaración que se dedicaba a la construcción, venta de autos y préstamos personales, la justicia determinó que su actividad principal era el narcotráfico y que utilizó negocios y propiedades para dar apariencia lícita a sus ingresos ilegales.

La Unidad de Información Financiera (UIF) participa como querellante en la causa, que aún no ha sido elevada a juicio oral.

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En el marco de una causa por presunto lavado de dinero, el arresto fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. El detenido es el principal acusado por el Gobierno Nacional de la corrida cambiaria previa a las elecciones.

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Luego de varios días de idas y vueltas en la causa que lo investiga por presuntas operaciones ilegales en el mercado de cambio, "El Croata" Ivo Rojnica fue arrestado este martes por órdenes del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en una causa que data de hace cinco años.

La detención se produjo esta mañana en el marco de una investigación abierta en los Tribunales de Lomas de Zamora, en relación a la actividad de lavado de dinero proveniente del narcotráfico desplegado en el país por el cártel mexicano de Sinaloa.

Según confirmaron a Télam fuentes del caso, se habría hallado informació en las oficinas que el operador tenía en la mayor “cueva” financiera de la city porteña.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al "cártel de Sinaloa", y comenzó en 2017 con el secuestro de 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group.

Voceros policiales vinculados al operativo detallaron a Télam que, junto a Rojnica, fueron detenidos el empresario Federico Pulenta, y el financista Agustín Estrada Palomeque.

Los arrestos se concretaron en el marco de una veintena de allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, en conjunto con agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la asistencia de personal de la Aduana.

Pulenta fue detenido en el barrio cerrado "El Encuentro", de Benavídez, en tanto que "El Croata" fue aprehendido en el barrio "El Golf", en Nordelta, ambos en el partido bonaerense de Tigre.

Por su parte, Estrada Palomeque fue detenido por los oficiales en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.

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fuente: página 12