Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.

El pedido fue formulado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen extenso que ahora deberá ser evaluado por el juez interviniente. Según la acusación, ambos dirigentes habrían participado en una maniobra que consistía en canalizar fondos de la AFA a través de empresas vinculadas a Toviggino, las cuales habrían funcionado como estructuras para encubrir operaciones ilegales.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el esquema habría operado durante varios años mediante la emisión de facturas por servicios que, en la práctica, no se habrían realizado. A partir de ese mecanismo, se justificaban transferencias millonarias desde la AFA hacia firmas controladas por personas del entorno del tesorero.

El dictamen señala que estas sociedades también habrían realizado movimientos internos de facturación para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su origen. En ese marco, se investiga una red que incluiría a familiares y allegados, algunos de los cuales habrían actuado como titulares formales de bienes.

En la presentación judicial, el fiscal considera a Toviggino como el presunto organizador de la maniobra, mientras que a Tapia le atribuye haber permitido o convalidado las transferencias desde su rol como presidente de la entidad.

La causa también pone el foco en la adquisición de bienes que, según la investigación, estarían registrados a nombre de sociedades pero serían utilizados de manera personal. Entre los elementos bajo análisis figuran propiedades, vehículos y distintas inversiones financieras.

En total, el fiscal solicitó la detención de 24 personas, además de la inhibición de bienes y la realización de distintas medidas de prueba, como allanamientos y peritajes.

El planteo se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se investigan, cuyas penas podrían implicar prisión efectiva.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada a fines de 2025 y se suma a otros expedientes judiciales en curso que también involucran a dirigentes del fútbol argentino.

Ahora será el juez quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos de la fiscalía y define los próximos pasos en una causa que podría tener fuerte impacto institucional.

Una investigación por presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada se puso en marcha en el norte de Santa Fe tras el secuestro de $357 millones ocultos en un vehículo durante un control en la Ruta Nacional 11.

El procedimiento se realizó el 28 de marzo de 2025 en el paraje El Timbó (Avellaneda), donde se detectó el dinero escondido en el interior de una Toyota Corolla Cross.

El juez federal interviniente explicó que el hallazgo derivó en la formalización de la causa contra cuatro personas y una persona jurídica, en el marco de una investigación que busca reconstruir el origen y destino de los fondos.

Según detalló el magistrado, la pesquisa no se limita al conductor del vehículo, sino que abarca también al titular registral y a toda la cadena de circulación del dinero.

En ese sentido, se analiza un circuito que involucra distintas jurisdicciones, principalmente Chaco y Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.

Como parte de las medidas dispuestas, se ordenaron embargos, inhibiciones de bienes, congelamiento de cuentas bancarias y bloqueo de cajas de seguridad, además de restricciones personales como la prohibición de salida del país.

El juez también se refirió a la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema judicial, destacando que puede mejorar la eficiencia y los tiempos de resolución en causas complejas como esta.

En paralelo, el magistrado mencionó avances en otra causa vinculada al exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna, quien fue procesado por presuntas irregularidades en licitaciones y el uso indebido de información fiscal confidencial.

Uno de los hechos investigados involucra a una fábrica de hielo, donde se habría utilizado información protegida para beneficiar a una empresa en perjuicio de la competencia.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe, con la intervención del Juzgado Federal Nº 2, y continúa avanzando sobre distintas líneas vinculadas a delitos económicos complejos.

El supuesto testaferro de Pablo Toviggino, Luciano Pantano, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.

Entre los gastos de la tarjeta aparecen el pago de los Telepase de los autos de lujos que se registraron en la mansión de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.

Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la empresa que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez.

De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantanoy Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).

Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.

La ruta de la mansión de Pilar: Toviggino se la compró a Tevez en 2023 a través de un testaferro. (Foto: captura TN)

Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.

Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.

A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.

Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre la familia Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.

En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.

La familia Pantano, vinculada a Pablo Toviggino. (Foto: TikTok @luciaconte06)

El juez Marcelo Aguinsky resolvió el 26 de diciembre pasado suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. Pantano y Conte intentan pasar la causa a un juzgado de Campana pero el magistrado aseguró que le corresponde a él continuar con el expediente.

En los últimos días, el juez ordenó otras medidas de pruebas, como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al inmueble para verificar si en los días previos al allanamiento hubo traslados de autos de alta gama y caballos.

También se va a realizar un operativo en la empresa Flyzar, la dueña del helicóptero, que deberá proporcionar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos que hizo el helicóptero en cuestión.

El juez decidió también convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para intensificar las pesquisas en torno a sociedades comerciales que compraron la estancia de Pilar y que estarían conectadas con altos funcionarios de la AFA.

La Justicia imputó este miércoles por lavado de dinero a Foster Gillett y Guillermo Tofoni, dos empresarios con fuerte presencia en el fútbol argentino y cercanos al presidente Javier Milei, según pudo confirmar Doble Amarilla a través de fuentes judiciales.La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, que ya dispuso una serie de medidas de prueba. Entre ellas, se destacan pedidos de información a Estudiantes de La Plata y a otros clubes vinculados a las operaciones bajo análisis, además de la revisión de movimientos de las empresas Grupo Gillett y World Eleven.Gillett, empresario estadounidense, desembarcó en la Argentina de la mano de Tofoni y tuvo como principal puerta de entrada a Estudiantes, donde anunció una inversión cercana a los 150 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de esos compromisos económicos nunca se materializaron en los términos inicialmente planteados.El arribo de Gillett al fútbol local se dio en un contexto político y económico particular, marcado por el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En ese escenario, el empresario mantuvo conversaciones con distintas instituciones y avanzó en un principio en un esquema de asociación con el club platense que presidía Juan Sebastián Verón.No obstante, ese proyecto nunca llegó a concretarse a nivel institucional. Desde Estudiantes reconocieron que el plan de inversión —que incluía no solo al plantel profesional sino también obras de infraestructura— quedó trunco, en parte por la falta de un marco legal claro.

Operaciones fallidas y conflictos en el mercado de pasesEl primer desembolso concreto de Gillett se dio a fines de año, cuando Cristian Medina arribó a Estudiantes tras el pago de los 15 millones de dólares de su cláusula de salida de Boca. Sin embargo, lejos de allanar el camino, la intervención del empresario derivó en una serie de negociaciones frustradas y promesas incumplidas.En ese contexto, sonaron nombres de peso como Rafael Santos Borré, Valentín Barco, Luciano Acosta, Sebastián Driussi, Gerónimo Rulli y Joaquín Correa, entre otros. Finalmente, solo se concretó la llegada de Ezequiel Piovi, cuyo pase debió ser abonado por el propio Estudiantes ante los problemas financieros de Gillett en el exterior.

El caso Valentín Gómez y la expansión del conflictoLos inconvenientes no se limitaron a Estudiantes. Durante el último mercado, Valentín Gómez quedó envuelto en una compleja situación luego de que Vélez acordara su venta al grupo inversor por 8,5 millones de dólares, con destino al Udinese.La operación nunca se pagó, el defensor no pudo ser inscripto en Italia como jugador libre y el pase terminó cayéndose, dejando al futbolista en un limbo contractual y deportivo.Con este panorama, la imputación por lavado de dinero abre un nuevo capítulo judicial que pone bajo la lupa las inversiones privadas en el fútbol argentino, sus vínculos políticos y la falta de controles en operaciones millonarias que, en muchos casos, quedaron solo en promesas.