El empresario Lázaro Báez fue imputado formalmente como supuesto líder de una estructura dedicada al lavado de dinero. Según la investigación judicial, el acusado habría continuado operando desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión.

La acusación se presentó durante dos audiencias realizadas en Santa Cruz. El proceso involucra a 16 personas y se divide en dos expedientes vinculados entre sí. La presentación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto a la PROCELAC.

Los cargos fueron expuestos ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. Uno de los expedientes se centra en un circuito de operaciones financieras ilegales por un monto estimado en $390.880.000. La hipótesis fiscal sostiene que Lázaro Báez coordinó las maniobras mediante comunicaciones telefónicas prohibidas.

La calificación legal provisoria incluye los delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Los investigadores señalan que el dinero ilícito fue reinsertado en el circuito formal mediante transferencias a cuentas de allegados y billeteras virtuales, burlando las restricciones del artículo 12 del Código Penal.

La investigación también abarca un segundo expediente sobre una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica. Esta causa tiene nueve personas imputadas y presenta conexiones logísticas con el entorno del empresario, vinculando ambos procesos judiciales por sus actividades delictivas.

Durante las audiencias, el juez Claudio Marcelo Vázquez avaló la prisión preventiva de 12 de los acusados y dictó medidas de coerción para los cuatro restantes. Además, el magistrado dispuso un plazo de dos años para profundizar la investigación y ordenó el embargo de vehículos secuestrados y el levantamiento del secreto financiero.

Entre las pruebas clave, la fiscalía presentó intervenciones telefónicas y documentación incautada en diversos procedimientos. Con las defensas preparando sus planteos y los imputados en silencio, este nuevo capítulo judicial vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y las operaciones económicas vinculadas a Lázaro Báez en el sur del país.