Este viernes, 1° de Mayo, después de más de 60 años, la Legislatura de la provincia de Santa Fe no abrirá sus puertas para recibir a senadores, diputados, empleados e invitados especiales para escuchar el mensaje del gobernador en la apertura del año legislativo.

La reforma de la Constitución -sancionada en septiembre del año pasado- amplió el período de sesiones Ordinarias que ahora se inicia el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre. Antes, el plazo ordinario iba del 1° de mayo al 31 de octubre con la posibilidad de las cámaras de extenderlo al 30 de noviembre, hecho que se repitió en todos los años.

"Ambas Cámaras se reúnen en sesiones Ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año", marca en su primer párrafo el artículo 75 de la novata Constitución. En esa fecha, Maximiliano Pullaro fue a Legislatura para su tercer mensaje de apertura de año legislativo. Fue domingo, el acto fue matutino y en vísperas de un feriado largo por el Carnaval.

En la historia institucional, Santa Fe tuvo varias fechas de apertura del año legislativo, siempre más limitado que el vigente. En los tiempos ordinarios, la iniciativa legislativa está en manos de las cámaras mientras que en extraordinario es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario.

La primera Constitución santafesina que fijó como fecha de apertura el 1° de mayo fue la de 1949, dictada en sintonía con la reforma nacional que impulsó el gobierno de Juan Domingo Perón. El golpe de estado de 1955 significó la derogación de ambos textos. En Nación se implantó la Carta Magna de 1853 con las sucesivas reformas y en Santa Fe la de 1907 que establecía las ordinarias entre el 1 de abril al 30 de junio.

La efímera Carta de 1921 había fijado el tiempo ordinario entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

En Santa Fe, la reforma constitucional de 1962 -sancionada en vísperas del golpe de estado- estableció la fecha de primer día de mayo. Fue Aldo Tessio, en 1964, el primero en ir a Legislatura en esa fecha. Había asumido en octubre del año anterior. Fue destituido en junio de 1966.

El siguiente mandatario en utilizar la fecha del 1° de mayo fue Juan Sylvestre Begnis en 1973 y repitió en los dos años siguientes. En 1976, el golpe terminó con su mandato y llegó la intervención federal.

Con el retorno a la vida democrática en 1983, el justicialista José María Vernet fue el primero en abrir, un 1° de mayo, los cuatro años legislativos que manda la Constitución. Lo propio ocurrió con Víctor Reviglio; Carlos Reutemann (dos mandatos), Jorge Obeid (también dos mandatos); Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti.

Ya Pullaro lo hizo en 2024 y 2025. En este último caso, ya con los 69 convencionales constituyentes electos y en su discurso planteó los desafíos que tenía la reforma a encarar. Allí, ante la Asamblea, el discurso tuvo un tono de convocatoria institucional donde hizo un llamado a construir una provincia sin privilegios. También planteó la necesidad de modernizar la Constitución de 1962 para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad, justicia y autonomía municipal.

Hubo jornadas especiales de inicio del ciclo legislativo. Así, en 2003, Reutemann fue unos minutos al Palacio Legislativo a entregar el informe de gestión a las autoridades de las cámaras. La ciudad de Santa Fe estaba golpeada por la inundación del Salado, con miles de evacuados y agua en las calles. Fueron muy pocos los legisladores que pudieron llegar para participar del acto que no tuvo invitados especiales, no tuvo banda de policía ni cadena provincial.

Los siguientes años fueron atravesados por determinadas protestas a los gobernantes en la Plaza Italia y de movilizaciones de partidarios de los gobiernos. La nota más discordante fue durante la gestión de Bonfatti cuando familiares de víctimas de delitos expresaron su bronca ante el propio gobernador cuando marchaba hacia la Legislatura.

Después, ya con Perotti, en las apertura de 2020 y 2021 marcados por el aislamiento dictado por el Covid. Este viernes, la Plaza Italia será utilizada por familias y adolescentes para tomar mate y andar en bicicleta como ocurre en domingos y feriados. En el Palacio Legislativo, solo estará la guardia policial y no habrá operativo de tránsito para corte de calles como ocurría cada 1 de mayo.

La fecha del 1° de mayo tiene dos connotaciones: el pronunciamiento de Urquiza en 1851 contra el gobierno de Rosas y la sanción de la Constitución nacional dos años después. La mayoría de las provincias adoptaron dicha fecha aunque luego con las reformas a partir de 1984, fueron difiriendo la fecha de mensaje de los gobernadores.

En la Nación, la reforma de 1994 llevó la apertura al 1 de marzo. Ahora, Santa Fe definió el 15 de febrero, fecha que apuntó a evitar la superposición con el acto nacional.

Por muy amplia mayoría de votos afirmativos que superaron los 50 apoyos en los tres casos y apenas un puñado de expresiones en contra (siempre fueron más las abstenciones que los rechazos), la Asamblea Legislativa aceptó los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Luis Maciel.

Sin sorpresas, los tres propuestos consiguieron los apoyos del oficialismo que domina las dos cámaras y, según el caso, también cosecharon respaldos de bloque opositores del Justicialismo y hasta de las bancadas celestes, más allá de que fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo consideraciones generales adversas sobre el proceso y las formas para el tratamiento de los pliegos.

Cabe subrayar que no hubo, en el debate legislativo de este jueves 26, ninguna objeción sobre las calidades democráticas e idoneidad de los propuestos y que, en cambio, se discutió y mucho si era o no el momento de que llegaran tres pliegos y por qué dos de ellos correspondieron a candidatos a ministros y no a ministras de la Corte para posibilitar la paridad entre los y las integrantes de la Corte.

Fue en pocas palabras, un debate sobre género y número, como en los accidentes gramaticales de los sustantivos y artículos en el Castellano. Sobre todo las diputadas opositoras se anotaron para lamentar la oportunidad perdida de darle a la cabeza del Poder Judicial al menos una ministra más, mientras que en la cuestión del número se discutió si correspondía o no votar a tres nuevos miembros

Entre los cuestionamientos a la ausencia de paridad y las renuncias a medias, se habló de ministras en minoría ante ministros de la Corte aún tras su renovación. Se repasaron edades y fechas para las dimisiones y se expusieron antecedentes recientes y lo que indica la doctrina. Esos condimentos marcaron las polémicas. En la mayoría de los casos casi sin referencias a las personas que jurarán a fin de año en la Corte y ya han sido designadas.

En definitiva, son miembros de la Corte aún sin asumir la abogada rosarina Genghini, que es radical e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura; el juez del fuero federal Alurralde, que se ha destacado por su labor en casos sobre narcotráfico, en el norte de la provincia; y el actual secretario administrativo del Senado provincial, Maciel, un esperancino cercano al sector del ex vicegobernador Carlos Fascendini. La mayoría radical en esa cámara perderá a uno de sus hombres de mayor confianza en la gestión de la Cámara, pero ganará otro correligionario en el máximo tribunal. Es una fuerte señal del partido al que pertenecen los dos tercios de las 19 bancas.

Como se puede ver, se ha buscado llevar nombres del sur, el norte y el centro del mapa de la bota, con perfiles asociados al ámbito de los colegios profesionales, a la propia justicia y al partidario. En ese orden.

Cabe recordar que durante el proceso de impugnaciones abierto a la ciudadanía ninguno de los pliegos tuvo objeciones y que en medio de la Audiencia Pública del jueves 25 solo un ciudadano se expresó sobre su desagrado respecto de la actuación del juez federal Aldurralde por haber desestimado una denuncia sobre ocupaciones ilegales de un predio que pertenece al Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe. En nombre de la Comisión de Padres Pro Edificio Escolar 211, Roberto Antonio Campos lamentó que se haya desechado la presentación de esa institución. Y también que el magistrado no haya aceptado dialogar con quienes rechazan a los ocupantes ilegales de terrenos donde alguna vez la Dirección Nacional de Vialidad iba a construir la fallida Circunvalación Norte.

Esa solo crítica hubo sobre las personas de los propuestos, en una jornada marcada por dos polémicas: cuando se renueve la Corte tendrá solo dos ministras y cinco ministros por lo que no habrá paridad de género; y lo mismo sobre si es procedente o no cubrir vacantes para cargos cuyas renuncias aún se han formalizado.

Las exposiciones más interesantes en ese sentido provinieron de Alejo Molina, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de dos ex convencionales reformadores de La Libertad Avanza: Froilán Ravena y Marcos Peyrano que consideran que no es procedente lo sucedido, que nunca el Poder Ejecutivo Provincial debió enviar tres pliegos, sino solo uno. Y así lo dejaron planteado en su recurso judicial.

Su punto de vista se apoya en que solo uno de los actuales ministros de la Corte ha firmado su dimisión (con la aceptación del Ejecutivo) y otros dos integrantes solo lo manifestado públicamente. En el caso del Dr. Eduardo Spuler, está documentada su salida para el 1ro de septiembre. Pero solo han hecho declaraciones periodísticas al respecto, los doctores Rafaél Gutiérrez y Roberto Falistocco. Ambos dijeron que renunciarán a fin de año.

En cambio, y aquí entran a tallar los números, para el gobierno provincial y el oficialismo en la Legislatura está claro que procede aprobar a sus sucesores porque los tres nombrados tienen más de 75 años.

El Artículo 124 de la Constitución de Santa Fe dice textualmente: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado”.

Durante unos pocos minutos, pasadas las 13 la sesión de la Asamblea Legislativa obtuvo el quórum reglamentario para comenzar formalmente la reunión de ambas cámaras, con escaso margen.

Al recinto se demoraron en entrar una parte de los diputados y senadores del peronismo, en un juego con el número de los presentes, para ver qué sucedía con los 36 que como mínimo necesitaba Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cuando esa cantidad se superó sin dificultades, se produjo un ingreso masivo de los diputados del justicialismo que luego optaron por la abstención. Quienes desde el peronismo votaron a favor de los pliegos ya habían ocupado sus lugares

Sobre 69 votos posibles de 50 diputados y 19 senadores, todos los propuestos cosecharon más de medio centenar de respaldos.

El pliego de Diego Maciel como ministro de la Corte recibió 52 votos a favor, 5 en contra del bloque de Amalia Granata y otras bancadas celestes unipersonales. Se produjeron 9 abstenciones de una parte del peronismo en Diputados y de la izquierda de esa cámara representada por el de Frente para la Soberanía. Este último sector optó por pedir la autorización para no pronunciarse en los tres casos.

Todos los senadores de cada una de las tres bancadas respaldaron la nominación de su secretario administrativo, al igual que en los otros dos casos.

La nominación de Jorgelina Genghini contó con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos ya señalados y 10 abstenciones.

En cambio, el juez federal Aldo Aldurralde sumó 56 respaldos (también logró respaldos celestes) además de las bancadas radical, socialista y del Pro de Unidos, y de buena parte del justicialismo. Hubo solo un voto en contra de Natalia Armas Belavi, del bloque unipersonal Vida y Famila, y nueve abstenciones.

Luis Rodrigo  -  El Litoral 

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura resolvió solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a dos asambleas legislativas para tratar los diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y habilitados para el período de Extraordinarias. 

La primera será el jueves venidero para tratar siete de las propuestas y la segunda, el 26 de febrero, para someter a votación los tres nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para renovar antes de fin de año la Corte Suprema de Justicia.Las decisiones con el cronograma de trabajo para ambas asambleas fueron resueltas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados y que fue el único grupo de trabajo convocado oficialmente en esta semana.

La presidenta de la comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini dio detalles de los cronogramas de trabajo analizados por la comisión. En tanto, el Colegio de Magistrados de la provincia remitió a Legislatura una nota transmitiendo "inquietudes institucionales" por los pliegos de la Corte debido a que no existen, a la fecha, dos vacancias.

"Hemos acordado que el jueves próximo llevaremos a Asamblea Legislativa siete pliegos, a los candidatos haremos las entrevistas el día anterior y para los futuros ministros de la Corte hay un procedimiento más largo lo que hace que convoquemos a una audiencia pública el 25 de febrero para intentar hacer la Asamblea el 26 de febrero", explicó la socialista al retirarse de la reunión.

Cattalini resaltó la importancia de votar miembros para la Corte Suprema de Justicia, y por ende el reglamento de la comisión tiene un procedimiento especial. Entre esos pasos está la publicación en los medios gráficos de la provincia de los antecedentes y los postulantes para que la ciudadanía tenga información sobre los candidatos.La Comisión de Acuerdos convocará a una audiencia pública para el miércoles 25 de febrero que se hará en el recinto de la Legislatura para que los que se inscriban puedan opinar sobre Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, los propuestos para el Ejecutivo para reemplazar a Eduardo Spuler el 1 de septiembre y a Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez desde noviembre.

De todos modos, en nota a la Comisión, el Colegio de Magistrados hizo saber que no existen dos vacancias debido a que ni Gutiérrez ni Falistocco han presentado oficialmente las renuncias y por ende, no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Cattalini destacó que el tratamiento de los pliegos para la Corte exige un tratamiento especial, previsto por la propia Legislatura. Además de la publicación en los diarios de los antecedentes y la invitación abierta hasta el 24 de febrero para los interesados en inscribirse a la audiencia pública que se realizará al día siguiente. Es a los efectos de exponer posturas sobre los candidatos.

Luego de la audiencia pública, Acuerdos entrevistará a los tres postulantes a la Corte para luego emitir los dictámenes que deberán ser llevados al recinto el día 26 de febrero. La nueva Constitución establece un plazo de 45 días para el tratamiento de estos pliegos pero exige pronunciamiento y no aprobación ficta.

En caso de que la Asamblea no se reúna el 26, será convocada para el jueves siguiente. Así lo prevé el cronograma de trabajo distribuido a los integrantes de la comisión.

En la reunión de Acuerdos estuvo solo el senador Armando Traferri por la Cámara Alta. En cambio, hubo asistencia casi perfecta de los diputados. Además de Cattalini estuvieron los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Marcos Corach (PJ), Astrid Hummel (Pro) y Emiliano Peralta (Unite). En cambio, no estuvieron i Ariel Bermúdez (Creo) ni los senadores Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Felipe Michlig.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial remitió el miércoles una nota a Acuerdos "a fin de transmitir inquietudes institucionales vinculadas con la reciente remisión de pliegos para cubrir cargos de magistrados en la Corte Suprema Justicia de la Provincia efectuada por el gobernador".

La nota es firmada por Iván D. Kvasina y Cristian O. Werlen, presidente y vicepresidente, respectivamente, donde pone de resalto "el hecho de que dos de los cargos para los que se remiten pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada, atento a que, según hemos podido corroborar, a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial".

El otro aspecto que piden es "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".

La nota resalta que "el proceso de designación que motiva la presente hace a la conformación del máximo órgano jurisdiccional provincial, cabeza de uno de los poderes del Estado y, por tal motivo, debe estar rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales exigibles".

La primera Asamblea Legislativa será el jueves próximo para tratar siete pliegos, entre ellos tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

Finalmente, Adriana Molina propuesta para el Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci para el Enress.

Los siete serán entrevistados el miércoles por la Comisión de Acuerdos.

El Litoral

Luego de la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, realizó un balance del año legislativo y destacó que “en un momento de la política nacional donde todo es crispación, falta de respeto y agresividad, la política santafesina se diferencia con su predisposición al diálogo y la búsqueda de consenso, que son una marca de identidad”.

En este sentido, la titular de la Cámara baja santafesina puso de relieve la aprobación de “más de 60 leyes a lo largo del año, algunas ya con sanción definitiva del Senado. En 2024 hubo más mensajes del Ejecutivo, con mucho acento en la seguridad, la justicia, la cuestión productiva. Este año se reflejó más la iniciativa de los legisladores, con muchas leyes vinculadas a lo territorial”, describió.

García también sostuvo que 2025 ha sido “un año intenso para la democracia santafesina” en virtud del proceso de reforma constitucional que transcurrió entre julio y septiembre. “Esta Legislatura ha sido escenario de audiencias públicas, del trabajo en comisiones, de sesiones plenarias de la Convención Constituyente. Fueron dos meses de trabajo intenso y ahora queda una gran tarea a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado porque hay una veintena de leyes que le van a dar carnadura al nuevo esqueleto de la Constitución provincial, pensando en la Santa Fe del futuro”, anticipó.

“Ya empezamos por votar el cambio de reglamento interno de esta casa porque el período legislativo ya no va a iniciar un tardío 1º de mayo sino dentro de poco, el 15 de febrero”, precisó la legisladora.

“La entrada en vigencia del nuevo texto implica sancionar normas vinculadas a municipios, coparticipación, sistema electoral y partidos políticos, selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, nuevos derechos, por nombrar algunas, y esa será la tarea que con el diálogo y el compromiso de siempre comenzaremos a trazar en 2026”, anticipó.

En la última votación de una ley del año 2025, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Tributaria 2026 lo que habilita al Poder Ejecutivo a tener los instrumentos para el cobro de impuestos desde enero.

Los bloques de Unidos más el interbloque justicialista sumaron 39 votos a favor mientras que el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida sumaron los 6 votos de rechazo y hubo dos abstenciones.

El Senado había votado siete días atrás la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo y que según dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, significará al Estado unos 80 mil millones de pesos menos de recaudación para el ejercicio siguiente.

Jimena Senn fue la voz oficialista en presentar el proyecto destacando que "no aumenta la carga tributaria a los que hacen funcionar a la producción". Luego sumaron voces José Corral, Mariano Cuvertino y Sergio Rojas en todos los casos destacando aspectos de la norma.

El cierre estuvo a cargo del planteo político de Martín Rosúa quien dijo haber escuchado críticas desde la derecha y desde la izquierda pero que a la hora de gobernar hay que tomar decisiones.

 que votó en general pero expuso el rechazo a cinco artículos referidos a los aumentos a los impuestos de emisión (Inmobiliario y Patente). No obstante, subrayó la buena intención de la norma en respaldo al sector productivo pero estimó que no tendrá los efectos deseados debido a la marcha de la economía.

Antes, Fabián Palo Oliver (FAS) y Silvia Malfesi (Somos Vida) expusieron las razones del rechazo. El primero cuestionando que es cada vez menor el aporte de Inmobiliario y cada vez más Ingresos Brutos. La segunda cuestionando la discrecionalidad que otorga la norma al Ejecutivo y la falta de equidad.

Las abstenciones llegaron desde Natalia Armas Belavi y de Juan Domingo Argañaraz.

La norma tributaria llegó al recinto con los respectivos dictámenes de las comisiones.

EN la última sesión del año, la Cámara de Diputados dejó sancionadas las leyes que autorizan a Lotería de Santa Fe a licitar las apuestas deportivas on line y norma que regula el sistema público provincial de Conectividad e Infraestructura Tecnológica con cruces entre el perottismo y el radicalismo a través de Marcos Corach y de José Corral.

También avanzó con la prórroga parcial de la emergencia en seguridad pública que minutos después el Senado convirtió en ley.

La Legislatura dispuso, en sendas votaciones, un asueto administrativo para los días 24 y 31 del corriente. Además, un receso parlamentario del 1 al 31 de enero.

En principio, las cámaras sesionarán el 5 y el 12 de febrero mientras que el 15 de febrero comenzará el período de Extraordinarias.

El Poder Ejecutivo remitió cinco mensajes con otros tantos proyectos de ley en horas previas a la última jornada de sesiones ordinarias de Legislatura. Los mensajes: dos por Senado y tres por Diputados ingresaron en la jornada donde hubo variada actividad de comisiones con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo así como dos audiencias públicas en el recinto de la Cámara Baja.

La Casa Gris envió al Senado el mensaje sobre la futura Ley Tributaria y de la creación del Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo de la Provincia. Este último proyecto se basa en la necesidad de articular el fuero contencioso administrativo en el marco constitucional de la Provincia de Santa Fe, garantizando la especialización y la eficiencia en la jurisdicción.

El artículo 118 de la nueva Constitución establece que los jueces de revisión y los demás jueces pueden ser organizados en Colegios de Jueces. "Este proyecto utiliza esa facultad constitucional para organizar de manera eficiente a los órganos jurisdiccionales, siguiendo el principio de colegiación organizativa", acota el mensaje.

En tanto, por la Mesa de Entradas de Diputados ingresaron los mensajes implementado la ley de Procedimiento Administrativo para la provincial y el respectivo Código de Procedimientos para el fuero. El restante tema es para la creación del ente administrador de proyectos de impacto urbano para Rosario.

Los cinco temas serán incluidos para el tratamiento en Extraordinarias a convocar en la semana venidera para diciembre y los primeros días de febrero ya que el próximo período Ordinario se iniciará el 15 de febrero.

En tanto, en la Cámara de Diputados hubo ayer dos audiencias públicas, la primera para la futura ley orgánica de municipios y la segunda para analizar la situación de la salud mental en la provincia.

El debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios fue definida por el diputado socialista Joaquín Blanco como "a través del debate junto a distintos referentes y especialistas, modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia y hacer más transparentes las gestiones locales".

Entre los más de 50 oradores que aportaron sus ideas hubo intendentes, presidentes de comunas, concejales y legisladores, especialistas de la UNL, colegios de profesionales, organizaciones ambientales, sociales, culturales, de pueblos originarios, de la diversidad, de mujeres y de infancias.

Entre los oradores, estuvieron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el intendente electo de Las Toscas, Iván Sánchez; el ex intendente de Rafaela, Luis Castellano; los diputados Celia Arena, Marcos Corach y Lucila De Ponti.

Blanco explicó que las audiencias se enmarcan en tres grandes ejes temáticos: "funciones del Estado Municipal -tanto las individuales como colectivas-, funcionamiento institucional y los mecanismos de participación y transparencia junto a una planificación que trascienda gestiones".

En tanto, por la tarde se realizó la audiencia sobre salud mental convocada por la Comisión de Salud. La socialista Varinia Drisun señaló que el objetivo es "funcionar como caja de resonancia de las cosas que suceden y que preocupan a la sociedad, los equipos de salud, a las instituciones, a los jóvenes, a las escuelas, los docentes, a los padres".

Con presencia de sicólogos, docentes, responsables de equipos de salud se fueron escuchando testimonio de un tema prioritario en la agenda pública, social y sanitaria.

Drisun señaló que cuando se habla de temas de salud mental se habla de salud mental de los consumos problemáticos, de las pantallas, de las adicciones a las pantallas, de apuestas online y el uso problemático de las apuestas online".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recibió a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia, para hablar sobre los alcances del proyecto de Presupuesto 2026.

La reunión fue vedada a la prensa a la que solo se le permitió tomar imágenes al inicio del encuentro que contó con la presencia de una veintena de legisladores. EL Presupuesto 2026 llegará al recinto de Diputados el próximo 11 de diciembre.

La actividad legislativa pos convención.Usualmente, la agenda de las cámaras de la Legislatura está atada solo a sus contextos políticos, a sus propias iniciativas, a los reclamos sectoriales económicos, de grupos con intereses colectivos y, por supuesto, a las necesidades y búsquedas de transformación de los gobiernos.

Ahora, tras la Convención y la reforma de la Constitución habrá además una imposición de urgencias (en términos legislativos) para el tratamiento de normas necesarias para que lo votado por los convencionales no sea letra muerta por limitaciones de los legisladores.

La séptima disposición transitoria pone dos años para los procesos legislativos a resolver, es decir, algo menos de lo que de mandato les resta a los actuales legisladores que son quienes pusieron en marcha la reforma al sancionar la Ley 14.384.

El país ha vivido frustraciones profundas. Sobre todo el sistema federal en el reparto de los recursos, porque nunca se avanzó con normas que la Constitución reformada en 1994 ordenó tratar y votar. En varios casos, el consenso de los reformadores chocó con los intereses en pugna para que haya, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación.

En Santa Fe son unas veinte leyes a presentar, debatir y sancionar. Y el dato que se anotó en la primera sesión de la Cámara de Diputados bajo la vigencia de la nueva Carta Magna es que no solo los sectores políticos más comprometidos con la reforma (los que la impulsaron y llevaron adelante con sus mayorías) han presentado proyectos.

Silvia Malfesi, diputada de Somos Vida, ingresó un proyecto de reglamentación del nuevo artículo 139 que lleva a la Constitución la mera autolimitación que hasta acá se impusieron los últimos cinco gobernadores, a los fines de que haya un proceso de selección previo de tipo concursal y transparente con participación de los colegios profesionales y las universidades para evaluar los candidatos a jueces, fiscales y defensores.

Ese artículo además habla del carácter "vinculante" de esos concursos para con los nombres que luego el Poder Ejecutivo, pliegos mediante, proponga a la Legislatura. La diputada opositora volvió a la carga con su propuesta de que esa elección sea sobre una terna con las mejores calificaciones.

Se trata de una posición en doble minoría: el bloque celeste de Amalia Granata tenía 6 integrantes pero dos se apartaron y votaron a favor de la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Ahora la bancada es de cuatro integrantes, y en la sesión del jueves 25 de septiembre solo estuvo Malfesi, donde aceptó jurar la nueva Constitución bajo la salvedad de que debe esta atenerse a la Nacional. Los demás, ausentes con aviso. (Emiliano Peralta está entre los firmantes del texto publicado por primera vez en el Boletín Oficial del 11 de septiembre).

La fantasía de que el texto constitucional ya estaba acordado íntegramente antes de que sesionara la Convención cayó ni bien comenzaron los debates y las diferencias, incluso dentro de Unidos y con otros sectores que apoyaron la reforma, como el del perottismo.

En la primera sesión de Diputados, nuevamente se confirmó que no hubo en Santa Fe núcleo de coincidencias básicas intocable ni mucho menos Pacto de Olivos (como en 1994).

Acababan de jurar la nueva Constitución quienes no fueron convencionales o quienes lo fueron pero no juraron en el acto central, cuando se suscitó un debate de fondo, planteado por el diputado Walter Agosto, que el oficialismo prefirió considerar casi como una chicana. Habrá que ver qué criterio se impone, pero las diferencias que mostraron oficialistas y justicialistas de "Hacemos Santa Fe" van a repetirse.

Son los dos grandes sectores que impulsaron la reforma (los liderados por el gobernador Maximiliano Pullaro y por el ex gobernador Omar Perotti) y hoy no coinciden sobre cómo leer el nuevo texto en cuanto a cuál es el límite para tomar deudas (amén de la autorización del Poder Legislativo y su competencia).

La del '62 sencillamente marcaba que "El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

En cambio, hoy está vigente un texto que indica que para empréstitos y operaciones de crédito la Legislatura "no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

Para el Perottismo, no es obvio que se hable de los servicios de deudas (de las cuotas a pagar por esas deudas) que no pueden superar el 25% de lo que ingresa, sino que afirma que allí dice que "el nivel de deuda" no puede superar esa cuarta parte. La diferencia es sustancial.

La mayoría se impuso sin dificultades a la hora de autorizar a la Casa Gris a tomar un préstamo de 25 millones de dólares para defensas en San Javier. Y el Perottismo, por lo dicho, se abstuvo aunque apoya esa obra que se inició en su gestión con fondos nacionales.

Como sucedió con tantas obras nacionales, el presidente Javier Milei eliminó los pagos y privó a los sanjavierinos (Ley Bases mediante) de la inversión. Otras líneas del peronismo no se sumaron a esa interpretación y votaron a favor de tomar el préstamo.

En el Senado, mientras tanto, ingresó otro pedido de endeudamiento, por hasta 50 millones de euros, para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. Todo indica que puede replicarse ese debate.

Amplio consensoTambién el jueves 25, y con muy amplio consenso, la Asamblea Legislativa convalidó nada menos que 88 pliegos de los ahora jueces, fiscales y defensores que había propuesto el Poder Ejecutivo Provincial, aún con los mecanismos propios del texto constitucional anterior. Probablemente sea el último gran envío sin la intervención de las nuevas disposiciones constitucionales.

Más allá de la cifra impactante, en términos políticos cabe destacar que el acuerdo se prestó con el voto a favor de Unidos y del peronismo, es decir, los mismos actores que votaron la ley de necesidad de la Reforma Parcial, que luego llevaron adelante la Convención y que finalmente sancionaron la nueva Constitución. Ahora es el turno de avanzar con las leyes que la sustenten.

Luis Rodrigo - El Litoral

En doce mensajes, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su análisis las propuestas de 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces de cámara, jueces de primera instancia así fiscales subrogantes y adjuntos del Ministerio Público Fiscal y defensores del Servicio Público de la Defensa.

La larga lista -cuyo envío anticipó El Litoral- será tema de análisis de la Comisión de Acuerdos ni bien finalice la Convención Reformadora donde el presidente y vice de la comisión legislativa, Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, tienen un rol clave en la discusión de la futura Constitución.

Más de la mitad de las propuestas corresponden a la Circunscripción Judicial N° 2 con cabecera en Rosario donde son 45 los postulantes. 20 son de la N° 1 con cabecera en Santa Fe; 10 para la N° 5 con sede en Rafaela; otros 6 para la N° 4 con referencia en Reconquista y 4 para la N° 3 en el norte con cabeza en Reconquista.

El paquete de pliegos con los antecedentes respectivos tiene mayoría de mujeres (46) sobre los hombres (39).

El envío de los pliegos viene a responder en gran parte a los planteos de la Corte Suprema de Justicia así como a las titulares del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente. El tribunal superior emitió varias acordadas haciendo saber al Poder Ejecutivo la necesidad de cubrir vacantes en distintas zonas de la provincia.

Los mensajes con los pliegos no fueron enviados por circunscripción judicial sino por los fueros respectivos.

Jueces penales de segunda instancia: Silvia Castelli, Miguel Moreno, Ismael Manfrin y Nicolás Foppiani (Rosario).

Vocales de Cámara de Apelación en lo Laboral: todos para Rosario, María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler.

Jueces de primera instancia en lo Laboral: Ignacio Eduardo Pandullo (Santa Fe), María Clara Benassi (Esperanza). Mariana Otarola (San Lorenzo); Martín Borselli (Venado Tuerto) y María del Mar Della Rosa (Reconquista).

Jueces de primera instancia en lo Penal: Federico Martín Rébola, Lisandro Artacho, Luciano Vallarella, Natalia Benvenuto, Jorge Andrés Rodríguez, Juan Ignacio Gasparini y María de los Angeles Granato (todos para Rosario).

Guillermo Lanfranco Pari (Cañada de Gómez), Andrea Melisa Cavallero (Venado Tuerto) y Shirli Tomasso (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Menores: Héctor José Aielo (Santa Fe), Leandro Matías Lucente (Rosario); Fabiola Piemonte (Casilda); Brenda Coassolo (Cañada de Gómez) y José Alberto Boaglio (Tostado).

Jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: Guillermo Adrián Vales; Francisco José Depetris, Rodrigo Carlos Ureta Cortés y Viviana Naveda Marcó (todos para Santa Fe). Sabrina Campbell y Sebastián Rupil (Rosario).

David Alberto Lisandrello (VIlla Constitución), Franco Raschetti (Reconquista), Mauro Daniel García y Marcelo Gelcich (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Familia: Jorgelina Daneri (Venado Tuerto), María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal) y Hernán Andrés Julián (Reconquista), en este último caso como subrogante.

Jueces de primera instancia de Circuito: Sebastián Pantaleón Faravelli (Coronda), Hernán Guala (El Trébol), Martín Carlos Chasco (Venado Tuerto); José Ignacio Pastore, ejecución de Circuito en Santa Fe.

Fiscal adjunta: Virginia Gabenara (Rosario)

Fiscales adjuntos subrogantes: Agostina Aime, Jesica Bernard, Laura Gerard, Natalia Giordano, Julio Lema y Pablo Lipowy (todos para Santa Fe). Sofía Cudos, Abi Luz Cabrera, Anabel Cerutti, Javier Hugo Paz, Rocío Cosgaya, María Belén Oliva, Florencia Vergili, Lucila Cornier, Federico Aranda, Eliana Zingoni, Lucía Pazos y Mariana Vigo (Rosario).

Defensores adjuntos subrogantes: Valentín Acuña, Lucía Mognaschi, Esteban Montenovi (todos para Santa Fe). Para Rosario, Agustina Morielli, Wanda Vaschetto, Julieta Belén González, María Virgina Llaudel Maza, Lucía Araya, Matías Daruich, Pablo Bufarini, María Virginia Quiroga, Antonela Dalzotto, Flavia Renzi.

María Gimena Galbusera, Valeria Tourn y Tania Stechina (Reconquista) y Bruno Rossini y Victoria Romano (Rafaela).

La Legislatura tiene un plazo de 30 días para votar los pliegos, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. No es el propósito, se dijo en fuentes legislativas a El Litoral. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución -a mediados de mes- la Legislatura pasará a tener 45 días para pronunciarse sobre el acuerdo o no.

A la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo le resta solo repasar propuestas y debatir nueve artículos referidos a las atribuciones de ambos, además de lo más complejo: procurar consensos mayores para presentar dictámenes por mayoría que reflejen esos acuerdos políticos en el pleno de la Convención que reforma la Constitución de Santa Fe.

En términos de los dispuesto por el Reglamento, que fue aprobado por unanimidad por el pleno de los (por entonces) 68 convencionales, recién en su sesión del jueves 14 (convocada para las 11), la Comisión que preside Rodrigo Borla estará en condiciones de aceptar y de remitir dictámenes por la mayoría, por la minoría o con todas las firmas de sus 18 integrantes. El mismo reglamento no pone límites a los dictámenes y podrá haberlos incluso "a sola firma", es decir, con la rúbrica de apenas un convencional.

En la reunión de este martes 12 se produjo un hecho político relevante dentro del oficialismo que, solo ante algunas quejas de la oposición que lucieron algo ingenuas, los integrantes de la alianza de partidos que gobierna Santa Fedebieron poner en claro: es la primera vez que Unidos presenta solo una propuesta para poder acordar con otros bloques un texto, una sola propuesta, sobre reformas para los poderes que los ciudadanos eligen con su voto, alojados en el Palacio Legislativo y la Casa Gris.

Al comenzar la Convención, cada uno de los partidos políticos que forman Unidos para Cambiar Santa Fe presentaron por Mesa de Entradas lo que ellos definieron como 7 proyectos para reformar la Constitución que muestran los matices internos de la coalición de gobierno santafesina que tiene al radicalismo, el socialismo, el pro y el PDP, además de una pata de dirigentes provenientes del justicialismo como sus principales fuerzas.

En la sesión de este martes, Unidos llegó con un solo proyecto para el temario del Poder Legislativo y bregó por acuerdos más amplios sobre todo con quienes se muestran permeables a intercambiar y proponer: los representantes del Frente de la Esperanza que llegaron junto a la fallecida convencional electa, Alejandra Oliveras, que de hecho participan de las estrategias y posiciones del oficialismo; del peronismo que en la Cámara de Diputados votó la ley 14.384 que declaró la necesidad de la Reforma y está representado por Más para Santa Fe; del sector de esa fuerza que encabezó Marcelo Lewandoski (presente en varias sesiones de esa comisión, aunque no la integra) con el bloque Activemos; y también con parte de Somos Vida y Libertad que tiene convencionales que una vez que comprobaron que no podrán avanzar con la unicameralidad muestran total disposición a que el sistema bicameral sea mejor o más moderno.

En esa posición se encuentra Emiliano Peralta, que pidió que la Comisión de Labor Parlamentaria modifique el reglamento para que puedan presentarse por temas los dictámenes, más allá del orden que ya se había dispuesto. Su posición fue bien recibida por radicales, socialistas, macristas y en especial por los justicialistas pero se consideró que solo aquella Comisión tendría que resolverlo, eventualmente. Su inquietud será trasladada a los jefes de los bloques políticos.

Por parte del bloque de La Libertad Avanza, en cambio, hay para el tema de las reformas al Poder Legislativo poca voluntad política por alcanzar acuerdos o participar con propuestas que impliquen modificar posiciones previas: el oficialismo nacional quiere un sistema unicameral y lo repite en cada sesión sin salirse del libreto. Además, cada vez que se presenta la oportunidad presenta críticas o impugna la metodología de la Convención (de hecho mantiene una presentación ante la Justicia que afirma que no es constitucional la sanción de la 14.384).

Gabriela Martínez de LLA consideró primero que en la sesión se volvía a oír "lo mismo", "las mismas propuestas" que antes habían expuesto cada una de las fuerzas que forman el oficialismo (en rigor había entre los siete expedientes ingresados fuertes diferencias) y consideró "una falta de respeto" que la Comisión "otra vez discuta lo mismo", simplificó. Fue en ese momento que desde el oficialismo, Esteban Motta, Pablo Farías y Cristian Cunha, del radicalismo, el socialismo y el Pro, explicaron que ahora Unidos había logrado un solo texto. Y que se exponía precisamente para que reciba la confrontación y las propuestas de otros bloques a los fines de lograr un acuerdo mayor. Y un texto constitucional mejor.

Así lo entendió también Rubén Pirola desde el Justicialismo. El líder de los senadores provinciales peronistas mostró su experiencia en pulsear y acordar con el partido de gobierno desde la oposición: dijo que se trata de una forma que ayuda a ordenar el debate que "la primera minoría de Unidos", subrayó, proponga lo que a esta altura ya es un borrador de dictamen y que los demás bloques hagan objeciones, lo mejoren u opten por elaborar sus propios textos a llevar la pleno.

Fue agudo Julio "Paco" Garibaldi al explicar por qué no es posible tener en ámbitos extraños a los parlamentarios acuerdos políticos para modificar los textos a llevar a los 69 convencionales reformadores: "acá no hay sorpresas", dijo el senador socialista por el departamento La Capital y razonó: "nada se ha hecho ni se hará fuera de este ámbito, todo fue expuesto de manera pública, en sesiones de comisiones que se transmiten en vivo, se guardan y con la presencia de los periodistas que siguen el debate", subrayó.

Fue una respuesta a Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) que antes había mencionado que seguramente en una reunión fuera del ámbito de los recintos de Diputados y de Senadores "en una mesa de trabajo" hubiera sido más fácil compatibilizar la redacción de los proyectos como sucede en "la Comisión de Asuntos Constitucionales" en la Cámara de Diputados de la que es parte. Entonces Borla, el jefe de los senadores radicales que conducía el debate reiteró que se tomó la decisión de usar los dos recintos de la Legislatura precisamente ante un reclamo de los bloques del justicialismo, de LLA y de SVyL para que además de públicas las reuniones de la comisión sean cómodas. Básicamente que asesores y periodistas puedan también tener un asiento y donde tomar apuntes, con las barras abiertas al público.

Esta vez eso quedó patentado con la simpática visita (autorizada por los convencionales) de alumnos de la primaria de la escuela 1.120 de San José de la Esquina, del departamento Caseros, que incluso pudieron ingresar al recinto del Senado y hasta dialogar por unos minutos con los convencionales. "Ustedes saben qué estamos haciendo nosotros, acá", interrogó a los chicos un convencional. Y uno de ellos respondió: "sí, leyes". La Constitución es tan relevante que incluso "da órdenes a las leyes", susurró un asesor, algo cansado de las objeciones permanentes.

Los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño decidieron avanzar con los proyectos que la semana pasada anticiparon presentarían en el Congreso a través de los legisladores para obtener recursos, luego del rechazo del Ejecutivo nacional a los planteos formulados al respecto, y la falta de intención de ofrecerles otras alternativas.

Las propuestas para regular el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos fue presentada este miércoles en la mesa de entrada de la Cámara Alta, luego de que el Ministerio de Economía cerrara las conversaciones porque entendía que las medidas pedidas por las provincias ponían en riesgo el superávit fiscal.

"Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilib .rio fiscal", había sostenido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas", advirtió.

Los ministros de Economía de las provincias se reunieron esta semana con Carlos Guberman, secretario de Hacienda la Nación, a la espera de una contraoferta del gobierno. Pero, en línea con lo sostenido por Francos, Guberman llegó con las manos vacías y se limitó a escuchar a los funcionarios. El malestar fue instantáneo y la respuesta no se hizo esperar: tras una nueva reunión técnica en el CFI, al día siguiente los proyectos que los mandatarios provinciales venían anticipando llegaron a la Mesa de Entradas de la Cámara Alta.

"Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias. Cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias", dijo a la prensa el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, luego de la reunión con Guberman.

El ingreso de las iniciativas pone al Poder Ejecutivo Nacional en posición de librar la batalla parlamentaria con una significativa minoría, frente a una mayoría que, al menos en el punto de inicio, es notoriamente amplia en ambas cámara. Además, los proyectos cuentan con los votos garantizados para darle los dos tercios no sólo en el Senado sino también en Diputados, bloqueando incluso la posibilidad de un veto presidencial.

La amplitud y transversalidad del reclamo quedaron plasmadas en la colección de firmas estampadas en ambos textos, que fueron suscriptos por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Pro y otros espacios provinciales.

Los firmantes fueron los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) -las tres bancadas del interbloque Unión por la Patria-, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente Pro), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).

La iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".

Para rechazar el argumento oficial de que puedan afectar el superávit fiscal, en el texto se resalta que "son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales", agrega.

Por lo demás, subraya que el contexto económico amerita la medida porque el fondo fue creado para situaciones de "emergencia y desequilibrio financiero. La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta".

En tanto, la otra propuesta impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.

Al mismo tiempo se establece que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos "serán distribuidos de conformidad" a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.

Además se establece que lo generado por el impuesto al cheque un 14,29 % será para al Tesoro Nacional, un 57,02 % para las provincias, y 28,69 % para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25 % en partes iguales y el 75 % restante de acuerdo a los índices de coparticipación.

En los fundamentos, los senadores explicaron que con esta reforma se busca "la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones".

Además, resaltaron que "son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales".

Asimismo se da cuenta que la eliminación de fondos fiduciarios impulsada desde el Senado "va en línea con la disposición del Poder Ejecutivo" de borrar a los entes que operan por fuera del presupuesto y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), "dificultando su seguimiento y control".

Pero también se remarca que está en el marco del proceso de Reforma del Estado y Reorganización Administrativa, y en vista" de un artículo de la "Ley Bases y puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Emerio Agretti . El Litoral

La Legislatura dio un tratamiento veloz al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro para mantener en su gestión vigentes la ley de emergencia en las materias social, educativa y sanitaria. La norma se aprobó temprano en la Cámara de Senadores donde el oficialismo tiene una clara mayoría de dos tercios y luego logró la misma aprobación, también sobre tablas, en Diputados donde Unidos para Cambiar Santa Fe posee 28 bancas sobre 50.

El dato político saliente es que tanto en la Cámara alta como en la baja hubo aceptación tanto para lograr el tratamiento fuera del orden del día como para su aprobación en general por parte de los legisladores del justicialismo. Eso sí, tanto los senadores como los diputados peronistas rechazaron en el tratamiento en particular uno de los artículos que le permitirá al titular del Poder Ejecutivo Provincial sumar otro año con esas tres emergencias con solo dictar un decreto, con lo que quedará cubierto por esa situación de excepción toda la gestión de Pullaro.

La Ley 1424 fue sancionada en diciembre de 2023 y luego prorrogada, por 6 meses por el gobernador. Ahora se sancionó una norma que declara la vigencia por otro año, a contar desde el 23 de junio de 2025, por 365 días, según reza el primer artículo del texto sancionado este jueves 3 de julio.

El peronismo, que colaboró con el quórum y apoyó el tratamiento en general, rechazó el artículo 2 que le da a Pullaro la chance de sumar otro año en junio de 2026 por decreto, con lo que podría extenderse esa situación hasta mediados de 2027.

Los legisladores del oficialismo agradecieron a sus pares de la oposición su voluntad de tratar normas que se apoyan en la mala situación que vive el país y en los lineamientos del gobierno de Javier Milei que tienen un fuerte impacto en el presupuesto provincial. Acaso porque era lo que los dirigentes del justicialismo querían oír, los senadores de Unidos abundaron en descripciones sobre los efectos que tienen en lo recursos santafesinos los recortes nacionales.

En el recinto de las 19 bancas de los argumentos políticos e institucionales se encargaron el jefe de la bancada del oficialismo Rodrigo Borla (UCR-San Justo) en el Senado y el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal)

Ambos explicaron que "funcionarios de las distintas carteras nos manifestaron que hubo avances pero los problemas en estas áreas siguen existiendo, principalmente por la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional, con aportes que antes se hacían y han desaparecido", resumieron.

Enumeraron el recorte salarial a los docentes de todo el país por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el fin del Programa Remediar, el cese del apoyo a municipios y comunas en otros planes y la motosierra sobre recursos que tenían destinos sociales.

De los argumentos económicos y sobre los dramas sociales, sanitarios y educativos creados por el gobierno de La Libertad Avanza se extendió Ciro Ceisas (Creo-Rosario). El senador cercano al intendente Pablo Javquin  repitió conceptos que antes los ministros de cada una de esas áreas dieron a los legisladores al formularse el pedido de la Casa Gris para que sigan las emergencias vigentes.

El ex periodista rosarino ató las violentas formas del presidente en sus discursos (muchas veces contra la prensa, la oposición o quien no piense como él) con la consecuencias idénticas que tienen decisiones como el retiro total de la ayuda nacional para las provincias en la compra de drogas contra el cáncer, en inmunodepresores, y los medicamentos de uso más común porque "se derrumbaron los envíos nacionales". La Nación "envió este año a Santa Fe 15 mil vacunas, y la provincia ha comprado168.000", dijo más adelante.

"La provincia de Santa Fe va a destinar 1,4 billones de pesos, es decir, el 100% más que en 2024 solo para el sistema de salud de Rosario por donde pasa buena parte de la atención de la salud. Por esos hospitales en los primeros seis meses de 2025 ya hubo un crecimiento de 93.000 pacientes que antes usaban obras sociales o prepagas y ahora no pueden afrontar esos gastos. Se estima que ese número se va a duplicar y que habrá crecimiento del 50% en la atención hospitalaria en el sur.

En Rosario es pobre el 24% de la población de acuerdo con un informe del área de Desarrollo Social de la Municipalidad, y 22 mil personas comen porque reciben raciones a diario del Estado, este año son 8.000 más, graficó Seisas.

"Debemos decirlo con todas las letras, el abandono del Estado Nacional para con las provincias es total y está claro que la Provincia de Santa Fe estará por unos cuantos meses en una absoluta soledad", subrayó. Luego mencionó los "5.200 millones de dólares que por retenciones al agro recaudó en 2024 el Estado Nacional" y se ha previsto que "este año sea el doble", montos que no regresan a la provincia.

Desde el bloque del peronismo, se aclaró que "queremos que quede asentado nuestro voto negativo sobre el artículo 2", dijo Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), porque allí se aloja la autorización del Poder Legislativo al Ejecutivo de ampliar hasta 2027 la vigencia de la ley. "Compartimos que se prorrogue la emergencia actual, pero sería lo mejor que en un año esta Legislatura vuelva a evaluar si es o no necesario prorrogar la vigencia de la ley. No avalamos que quede subsumida al Poder Ejecutivo la posibilidad de habilitar una nueva prórroga", subrayó.Luis Rodrigo - El Litoral

La agenda legislativa de este jueves ofrece todas las variantes posibles en los recintos: sesión conjunta de ambas cámaras, Asamblea Legislativa y por último sesiones ordinarias en Senado y en Diputados. Antes, para empezar la jornada el informe anual de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, que en esta ocasión será en el recinto de la Cámara Baja.

Las definiciones sobre la jornada de este jueves se ajustarán en el trabajo de comisiones y reuniones informales entre funcionarios del Ejecutivo y legisladores tendientes a cerrar el tema central de la agenda que es el nuevo endeudamiento que tomaría la provincia de Santa Fe.

Los ministros de Economía, Pablo Olivares y de Gobierno,Fabián Bastía, mantendrán nuevas reuniones con senadores de Unidos pero también justicialistas para analizar los dos mensajes con tratamiento preferencial en Senado el jueves: La emisión de mil millones en mercados externos y el aval al crédito ya otorgado por la CAF para infraestructura del sur santafesino.

Sobre el tema, en Diputados ingresó un pedido de informes el ex ministro de Economía; Walter Agosto También este miércoles, en la Cámara Baja está anunciada la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales con el ministro de Trabajo, Roald Bascolo sobre la situación laboral en la provincia.

En tanto, la Comisión de Acuerdos este miércoles entrevista a los 39 candidatos a fiscales subrogantes en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia para este jueves emitir los dictámenes que serán sometidos a la Asamblea Legislativa.

La actividad central en Legislatura se iniciará el jueves, desde las 9, cuando Vranicich brinde el informe anual que dispone la Ley 13.013, orgánica del Ministerio Público de la Acusación. El informe se traslada de cámara año a año, y en esta ocasión corresponde a la Cámara de Diputados ser el ámbito de la reunión.

La fiscal general centraría su mensaje en dos ejes: el impacto del trabajo del MPA en la baja de los indicadores de violencia, especialmente en Rosario y zona y por otro, el posicionamiento institucional que reclama el organismo en la reforma constitucional. El lugar del MPA es uno de los temas habilitados para la reforma constitucional que se iniciará oficialmente el 14 de julio. Vranicich expondrá la postura institucional sobre una de las temáticas que promete una fuerte discusión en la convención.

Ya sobre el mediodía, la presidencia del Senado convocó a una sesión conjunta de Senado y Diputados con un tema en carpeta: expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Aldo Gerosa contra la resolución que lo destituyó del cargo de fiscal en Reconquista "por mal desempeño en sus funciones".

Tras la sesión conjunta, será el turno de la Asamblea Legislativa para discutir los 39 pliegos de candidatos a fiscales subrogantes enviados por el Poder Ejecutivo. Los 39 postulantes y la zona en que prestarán servicios son los siguientes:

Santa Fe (3 fiscales): Vivian Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Montegrosso

Rafaela (4 fiscales): Analía Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Odriozola y Adrián Soria

Reconquista (4 fiscales): Leandro Aguilar, Elizabet Aguirre, Luciana Chiavarini y Sebastián Galleano.

Venado Tuerto (6 fiscales): Lorena Arcangioli, Larisa Barucca, Luciana Del Grecco, Luis Lagiogia, Ana Stampella y Débora Valentin.

Rosario (22 fiscales): Ivana Addoumie, Mercedes Banchio, Leonardo Barucca, Amílcar Bernardi, Alejandro Caron, Georgina Cherara, M. Manuela Dalcol, Ernesto Ducasse, Agustina Fertitta, Mariela Gusso, Ignacio Hueso, M. Cecilia Marcolin Loberse, Ramiro Martínez, Pol Moutin, Juan Pablo Oggero Gentinetta, Carla Ranciari, M. Laura Riccardo, Nicolás Rolón, Martín Sanguinetti, Franco Tassini, Antonela Valente y Victoria Vigna.

Tras la Asamblea, será el turno de las sesiones ordinarias de cada cámara donde, en Senado, sobresalen los proyectos de autorización de endeudamiento que reclama el Poder Ejecutivo.

Existe expectativa en la postura institucional que expondrá la fiscal general Vranicich -acompañada de los cinco regionales- acerca del lugar que la futura Constitución asignará el Ministerio Público de la Acusación. El órgano fue creado por la Ley 13.013 luego de la sanción del actual Código Procesal Penal de la provincia tras la inconstitucionalidad del sistema vigente hasta ese momento advertido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el llamado caso Fraticelli.

Dependencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o autarquía parecen ser las opciones en discusión entre los futuros convencionales constituyentes.

El diputado justicialista Walter Agosto ingresó un pedido de informes ante el pronto tratamiento en la Cámara Baja del mensaje del Poder Ejecutivo para la toma de un endeudamiento de mil millones de dólares emitiendo títulos en mercados externos. El tema tiene tratamiento especial este jueves en Senado y luego pasará a Diputados.

El listado de preguntas de Agosto pasan por conocer el análisis realizado respecto a la conveniencia de colocar deuda en el mercado internacional, en función de la situación financiera de la provincia y el contexto global y el programa financiero diseñado al respecto.

El análisis realizado por el cual el Gobierno evalúa como conveniente la cancelación, adquisición y/o recompra de los títulos públicos emitidos oportunamente. Reclama un detalle de las obras nuevas a ser financiadas por el proyecto de endeudamiento, tipo de obra, distribución geográfica, presupuesto oficial estimado y plazo de ejecución.

Otro ítem es para conocer detalle de las obras financiadas a través del artículo 42º de la Ley Nº 14.385, Ley de Presupuesto Ejercicio 2025.

Agosto requiere también detalles de las gestiones administrativas y/o judiciales realizadas por el Poder Ejecutivo ante el Gobierno Nacional, a fin de solicitar el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial en la provincia y la culminación de obras que se encuentran paralizadas. Además de gestiones administrativas y/o judiciales realizadas por el Poder Ejecutivo a fin de solicitar el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de transferencias presupuestarias a la provincia, como ser deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Fondo compensador del transporte automotor, entre otras.

El último punto es para conocer la ejecución de la coparticipación federal y la recaudación provincial percibida por la provincia al 30 de abril de 2025 y su comparación en términos reales con lo percibido en igual periodo del año anterior

El Litoral

El Senado Provincial aprobó un Proyecto de Comunicación de Calvo para que, a través de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, se evalúen las gestiones necesarias a los efectos de asignar cargos en el equipo interdisciplinario de profesionales del mencionado organismo atento a que existe riesgo de no dar cumplimiento a las funciones propias en un momento de difícil situación social de menores, por lo que para cumplir los objetivos se solicita profesionales Abogado, Psicólogo, Profesor de Educación Física, Tallerista y Trabajador Social, destinados a los programas que posee (Casa del Adolescente, Libertad Asistida y Programa de Gestión Mixta) con sede en la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, dependiente del Ministerio de Gobierno Provincial.

Todo o toda joven que enfrente un proceso penal en su contra, de forma necesaria ingresa en unos de los programas de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (D.P.J.P.J.), el objetivo de ello es lograr insertar e incorporar al o la adolescente (grupo etario de 16 a 18 años) en las instituciones formativas y de contención con que cuenta la sociedad santafesina.

En la ciudad de Rafaela, donde residen menores de toda la Provincia existen tres diferentes programas que acompañan las resoluciones judiciales, uno de los dispositivos de la Dirección es la Casa del Adolescente, se caracteriza por estar basado en un sistema semiabierto donde se efectivizan medidas penales de carácter socioeducativas que cuenta con ocho plazas, con el fin de garantizar el principio de justicia restaurativa hacia la sociedad, también a través de la construcción de un plan de trabajo, se intenta que pueda asumir progresivamente su autonomía personal, que implica todas las áreas de la institución y de su vida, en el mismo sentido la convivencia es un elemento clave en la institución, lo cual con la inclusión programática se facilita el acceso a derechos, propiciando mayores niveles de autonomía, aumentando los recursos personales de los jóvenes y garantizando el trato digno.

Otro de las cuestiones a mencionar es el Programa de Evaluación de Gestión mixta que funciona en dos pabellones de la alcaidía de Rafaela, dependiente de la U.R.V, es un sistema en el que encontramos, tanto personal de la D.P.J.P.J. y Personal Policial. En este caso los jóvenes ingresan por un presunto delito cometido y pueden permanecer hasta 10 días hábiles alojados en dicha dependencia policial, en el transcurso de este período el Juzgado se comunica constantemente con el equipo de profesionales del programa, a los fines de que se realicen entrevistas para la elaboración de un informe de evaluación de la situación en la que se encuentra el adolescente.

El último de los dispositivos es el Programa de Libertad Asistida, siendo este un espacio que recibe tanto a varones como a mujeres, los adolescentes transitan el proceso penal en libertad y son acompañados por el equipo interdisciplinario de profesionales, quienes realizan un acompañamiento con el objetivo de establecer redes con las instituciones con que cuenta la sociedad y puedan restituirse los derechos vulnerados. En este espacio los jóvenes asisten a la sede donde realizan diferentes tipos de talleres, (recreativos, educativos, deportivo, lúdicos, huerta, etcétera), el equipo realiza un acompañamiento y seguimiento de cada situación individual, delineando estrategias de inclusión y restitución de derechos con los organismos estatales, clubes, ONGs, necesarios para dar respuesta en casos particulares.

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El ministro de Gobierno e Innovación, acompañado por legisladores provinciales, destacó la sanción de la reforma del Código Procesal Penal. También se refirió a la Ley de Gobernanza de Datos y a la intervención de Villa Saralegui, todas iniciativas aprobadas el miércoles. El funcionario provincial valoró “los consensos que acompañan la determinación política” para llevar adelante estas medidas.

La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo.

Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui.

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En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”.

“Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro

Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”.

El Diputado Nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella volvió a presentar un proyecto de ley para aumentar las penas a quienes cometen delitos ambientales.

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Es un proyecto que el legislador había presentado en octubre del año 2022 frente a los incendios de los humedales y que hoy vuelve a poner en la agenda legislativa. La propuesta consiste en penar no solo a quienes tienen intención específica de provocar un incendio, sino a aquellos que incumpliendo normas nacionales, provinciales, municipales queman y generan incendios.

La propuesta de Mirabella implica castigar con mayor severidad los delitos ambientales en el Código Penal, a fin de brindarle al Poder Judicial y al Ministerio Público más herramientas para luchar contra este delito.

“La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, enfatizó el Legislador rafaelino.

El proyecto de ley complementa a la ley de ambiente y de manejo del fuego y busca penar los delitos ambientales de manera más eficiente, para la lucha contra las quemas en el delta del Paraná.

El legislador incorpora penar con uno a seis años de prisión a quienes, sin autorización, excediendo la que tuviere o infringiendo leyes causaren incendio en bosques nativos o pastizales naturales. Así como penas de uno a cuatro años de prisión a quien sin autorización o violentando leyes, causen daño para el ambiente, dañe humedales, lagunas, esteros, cenagales y pantanos o quien altere o elimine cursos o espejos hídricos y extrajere áridos.

Mirabella concluyó “Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”.

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Se trata de las que disponen las emergencias hídricas y de seguridad más leyes penales y la regulación del juego on line. Fueron publicadas en el Boletín Oficial. Pullaro anunció la firma en tres de ellas en redes sociales.

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Sin observación alguna, el Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial las primeras siete leyes votadas por la Legislatura constituida el 10 de diciembre para darles plena vigencia, entre ellas las emergencias en seguridad y Servicio Penitenciario y la Hídrica.

Se trata de cuatro mensajes que remitió el Poder Ejecutivo el pasado jueves y que fueron leyes esa misma tarde; dos proyectos que había habilitado el Ejecutivo y que ya habían sido votados por la Cámara de Diputados antes del 30 de noviembre y un proyecto de los 19 senadores, también habilitado por la Casa Gris para su rápida sanción.

La comunicación en el Boletín Oficial antecede a otro jueves donde la Casa Gris espera la sanción de otros de los mensajes remitidos a consideración de las cámaras. Entre otros nuevos mensajes, está la ley Tributaria 2024 que fue presentada oficialmente ante legisladores y entidades intermedias. En la Cámara de Diputados, el objetivo del oficialismo es discutir el Presupuesto y la Ley Tributaria la semana venidera.

Los nuevos instrumentos legales publicados este miércoles:

* Ley 14.233: Modifica un artículo de la Ley 13.501 y habilita al Poder Ejecutivo, empresas, sociedades y otros entes públicos a emitir letras, pagarés u otro medio de pago para financiamiento a corto plazo por una cifra equivalente hasta el 3,5% del total de recursos del Presupuesto vigente de la Administración Provincial.

* Ley 14.234: Nueva ley orgánica del Servicio Penitenciario: Son 107 artículos divididos en diez títulos. "El Servicio Penitenciario es una fuerza de seguridad. Su objetivo especifico radica en la custodia, guarda y asistencia de las personas privadas de libertad, sometidas a prisión preventiva o en cumplimiento de penas privativas de libertad", señala el primer artículo. Los sucesivos disponen sobre la estructura, el personal penitenciario, estructura, ingreso y carrera, la evaluación anual de cada agente; el régimen de ascenso. También el régimen de retribución, el disciplinario, y de licencias. Regla sobre asistencia espiritual y el régimen de contrataciones.

* Ley 14.235: Norma "que tiene por objeto genérico la regulación del desarrollo y explotación de la actividad de juegos de azar y de apuestas deportivas y/o pronósticos deportivos en línea y/o con modalidad virtual, que se lleven a cabo a través de medios y/o plataformas digitales, electrónicas, Informáticas, telemáticas, interactivas, de telecomunicación y/o los que en el futuro se desarrollen". Esta iniciativa nació de la bancada radical de Diputados.

* Ley 14.236: Es la autorización a los Municipios y Comunas de la provincia a afectar al pago de gastos corrientes los saldos pendientes del llamado Fondo de Obras Menores. El proyecto fue iniciado por los 19 senadores.

* Ley 14.237: Declara el estado de emergencia en seguridad pública por doce meses, con la posibilidad de disponer una prórroga similar. El estado de emergencia alcanza a todos los órganos del sector público provincial que se encuentren cumpliendo funciones relacionadas con la seguridad pública provincial. A modo enunciativo, la ley detalla el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) y/o cualquier otro Registro Provincial que actúe como colaborador de la justicia, los establecimientos destinados a alojar personas en conflicto con la ley penal, los establecimientos sanitarios destinados a tratar personas víctimas de situaciones violentas, los establecimientos encargados de contener o alojar personas vulnerables a partir de situaciones de violencia o relacionados con el consumo problemático de sustancias, los órganos encargados de la protección de personas relacionadas con causas penales y/o cualquier otro órgano del Estado Provincial que fundadamente acredite que esté cumpliendo una función vinculada a la seguridad pública y/o a atender una problemática que resulte conteste con el objeto de la ley. Entre las facultades otorgadas para cumplir la norma está de implementar un plan de equipamiento de las distintas áreas relacionadas a la seguridad pública; reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales de las fuerzas de seguridad, priorizando a las áreas operativas; programa tendiente a la construcción y/o refacción de inmuebles destinados a los órganos que integran el sistema de seguridad pública provincial, que incluya la participación de los gobiernos locales como actores centrales en la articulación de las necesidades; construir uno o más complejos penitenciarios de alta seguridad para alojar a tres mil personas; así como rediseñar el sistema de comisarías en las grandes ciudades de la provincia, reemplazando a dichas unidades de organización por un esquema que garantice un mayor despliegue policial en el territorio y fortalezca las tareas operativas, construyendo la obra pública necesaria para Implementar el mismo. También habilita a tener un programa tendiente a la construcción y/o refacción de espacios de contención o alojamiento de personas víctimas de situaciones violentas, así como disponer la convocatoria al servicio activo del personal de las fuerzas de seguridad en situación de retiro.

* Ley 14.238: declara hasta el 31 de diciembre de 2024 en estado de emergencia hídrica y zona de desastre a la totalidad del territorio provincial. El fin es agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares, y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin aliviar y mitigar los efectos y daños provocados por los excesos hídricos en todo el territorio de las mencionadas cuencas.

* Ley 14.239: Adhesión provincial a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nacional N° 23.737, y consecuentemente asume su competencia para investigar y sancionar los delitos de narcomenudeo. En el artículo 2 se indica que el Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley Nacional N° 26.052. "Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente Ley".

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Protección Civil

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la primera reunión de la Junta Provincial de Protección Civil, con el propósito de continuar avanzando en acciones para mitigar las consecuencias de la emergencia hídrica, junto a las áreas de Justicia y Seguridad, Salud, Educación, Economía, y Ambiente y Cambio Climático.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Marcos Escajadillo, pidió tranquilidad a los vecinos de la provincia ya "que su gobierno está trabajando para tener una respuesta adecuada ante los efectos del fenómeno del Niño", para pedir extremar medidas de precaución y prevención cuando hay alerta meteorológica.

En el marco de la declaración de Emergencia Hídrica Provincial, Pullaro dispuso la creación de la Junta Provincial de Protección Civil y del Comité Operativo Interministerial de la Emergencia. Los equipos técnicos de la Secretaría coordinan la atención y respuesta con las Juntas Locales, y evalúan daños y necesidades.

Fuente: EL

Reformas al Código Procesal Penal, a las orgánicas del MPA y de la Defensa están en la agenda. Además una norma sobre gobernanza de datos y de acceso a la información pública.

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Contra la costumbre histórica, todo parece indicar que el receso legislativo no empezará el 31 de diciembre y que al menos durante la primera quincena de enero habrá actividad parlamentaria para dar respuestas al paquete de proyectos remitidos por el gobernador Maximiliano Pullaro.

No dejaría de ser una señal importante hacia la sociedad abrumada por el ajuste económico, calor, nuevas tarifas, etc. Un mes de receso de la política parece ser un privilegio de casta, especialmente cuando la nueva Legislatura está empezando a transitar el lapso de cuatro años y muchos de sus integrantes no encontraron la oficina donde guardar sus pertenencias.

Y más allá de las cuatro leyes sancionadas en la primera semana, resta el tratamiento una docena de proyectos que reclama el Poder Ejecutivo y que ameritarán una lectura profunda antes de llegar al recinto para evitar yerros. Es que hay previstas modificaciones importantes al funcionamiento del sistema procesal penal, tanto a través del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al servicio de la Defensa Pública que ha provocado alguna preocupación interna en ambos cuerpos. Es que la gestión tiene puesto el ojo en cómo funcionan ambos organismos, más allá de la independencia de la que deben gozar. Habrá que mirar el rechazo a pliegos de defensores y fiscales en una de las últimas asambleas legislativas. Eran pliegos enviados por Omar Perotti que las espadas del Pullaro de entonces se encargaron de frenar. La voz cantante fue el hoy ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

Algunos de los temas que serán leyes entre los dos jueves que restan de diciembre y uno o dos de enero., serán los siguientes:

Fortalecimiento del MPA: el objetivo es potenciar a la fiscalía general como máxima autoridad a través de facultades legales y reformas a la función de persecución penal. En la cabeza del MPA estará la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas, mientras que la policía llevará adelante -mediante protocolos y directivas formales- la investigación técnica y científica. Se prevé darle facultades a la fiscalía general para crear unidades especiales y emitir instrucciones particulares (en casos concretos poder instruir a los fiscales a cargo de las investigaciones). La Junta de Fiscales tendría sólo una función consultiva -no poder de veto- en las decisiones del fiscal general. En el articulado se modifica el régimen de carrera y de sanciones disciplinarias.

Ley de Agencia de medidas no privativas de la libertad: tendrá a su cargo el control, tutela, asistencia de toda persona que por disposición judicial está sujeta a alguno de los institutos, como por ejemplo salidas transitorias y semilibertad, libertad condicional y prisión domiciliaria. Tendrá una amplia posibilidad de articulación (gobiernos locales, instituciones sociales, empresas privadas) con un diseño de paquetes de medidas adaptables según necesidad, categorizando en módulos general de control, módulo de asistencia al liberado, módulo de trabajo comunitario y módulo de intervención específica para ofensores sexuales.

Ejecución de la pena privativa de libertad: Pretende regular el régimen penal-ejecutivo, en el que actualmente existe un vacío normativo, puesto que la ley nacional 27.375 acotó el carácter de "ley marco" otrora reconocido a la ley 24.660. En su articulado regula los institutos propios del régimen de progresividad de la pena, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional. Crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva.

Producción y gestión de la información para la prevención del delito: establece un sistema para la obtención, reunión, sistematización, análisis y difusión oportuna que posibilite la toma de decisiones para prevención del delito y una eficaz gestión de los recursos. Así la Subsecretaría de Inteligencia Criminal tendrá la conducción política; una dirección de Información Patrimonial y un área policial de información estratégica a través de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.

Juicio por jurados: sería obligatorio para ciertos delitos, con unanimidad para algunos casos y mayorías agravadas en hechos de criminalidad organizada.

Reformas al Código Procesal Penal: es una consecuencia de los demás proyectos, especialmente del funcionamiento de la fiscalía, etc. Además amplía el plazo de detenciones a imputados en determinados delitos.

Servicio Público Provincial de Defensa Penal: prevé el cobro del servicio a los que tengan recursos económicos para afrontarlos así como el mecanismo para la tercerización de servicios. Reducen la cantidad de cargos y se interrumpirán los ingresos hasta que, de acuerdo con la cantidad de funcionarios establecida en este proyecto, sea necesario volver a llamar a concurso.

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Ley orgánica del Poder Judicial: Apunta a cambios en el procedimiento y trámite de la

s causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También pretende dotar a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción primera y segunda de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Presupuesto

Además de normas referidas a justicia y seguridad, Diputados fijó tratamiento preferencial para el Presupuesto 2024 para el jueves venidero. En el medio se espera que el Ejecutivo envíe el mensaje sobre Ley Tributaria 2024 que debe entrar en vigencia el 1 de enero.

Fuente: EL

El paquete fue analizado por los ministros Bastía y Cococcioni con legisladores oficialistas y este jueves con opositores. Inminente envío a las cámaras para su tratamiento.

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Dos ministros del Poder Ejecutivo mantuvieron este miércoles extensas reuniones con los interbloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, primero de diputados y luego de senadores analizando, uno por uno, la docena de mensajes que Maximiliano Pullaro enviará en las próximas horas para su aval legislativo.

En el despacho de Fabián Bastía, ministro de Gobierno y Gestión Público, su titular y su par de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se encargaron de presentar las iniciativas que se consideran imprescindibles para tener herramientas al Ejecutivo para mejorar la seguridad pública. "Son todos temas ya anunciados por Maxi, no hay sorpresas" se dijo en la planta Alta de Casa de Gobierno.

"El objetivo es tener las leyes aprobadas antes del receso que sería en la segunda quincena de enero", agregó el vocero con expectativas favorables de que los temas se voten. Entre ellos está la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo que Pullaro puso en primer plano en la campaña electoral. Tres emergencias, en seguridad pública, la hídrica y la social, también forman parte del paquete y las tres apuntan a tener agilidad a la hora de realizar compras y contrataciones. La primera para dotar a la policía y al servicio penitenciario de instrumentos de trabajo, y la segunda ante el avance de fenómeno Niño en toda la provincia más las lluvias que se prevén para varias semanas.

El Ejecutivo insistirá con una ley para transparentar el uso de fondos reservados por parte de la Policía, iniciativa sancionada por la Legislatura y vetada por la gestión de Omar Perotti a instancias del entonces ministro Marcelo Sain. Otra iniciativa sobre la cual el Ejecutivo tiene puesta muchas expectativas es la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación -ley 13.013- para dotar de mayores facultades en el direccionamiento de investigaciones a quien ejerce el cargo de fiscal general, hoy María Ceciclia Vranicich.

También forma parte del paquete de temas una reforma al servicio penitenciario y el anunciado juicio por jurados para casos donde estén implicados policías por posibles casos de gatillo fácil. "Fue una reunión muy positiva, muy importante", destacó el senador Felipe Michlig al retirarse de Casa de Gobierno. "Son reuniones que buscan darle más seguridad a la población dándole herramientas a la Policía, a los fiscales para perseguir el delito", agregó el sancristobalense.

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El propio Pullaro informó el domingo en su mensaje a la Legislatura que enviará a la Legislatura "un paquete de leyes que apuntan a amplificar las facultades estatales en la lucha contra el crimen: narcomenudeo, ley provincial de inteligencia, reformas al Código Procesal Penal, reformas a la fiscalía y defensa pública, y ley provincial de ejecución de la pena". Además "un proyecto de juicio por jurados para delitos graves a fin de que, por ejemplo, en los casos en que las fuerzas de seguridad sean acusadas de excederse en el uso de la fuerza cumpliendo sus funciones, se pueda requerir la valoración de un jurado integrado por ciudadanos para que analice la conducta llevada adelante por el agente policial. Debemos terminar con los debates técnicos (como lo sucedido en el caso Nocelli), y que sea la propia sociedad quien juzgue los hechos que sufre todos los días", había afirmado el gobernador.

En la misma línea del discurso, el gobernador adelantó que entiende necesaria la agilización de la justicia extrapenal, por lo que se enviará a la Legislatura un proyecto con reformas a la justicia extrapenal (civil, comercial, laboral, de familia, etc.). "Estas reformas son de aplicación inmediata, y en general tienden a descomprimir la carga de trabajo y agilizar los procesos judiciales", afirmó.

Obras Menores

Los senadores oficialistas analizaron con Bastía y Cococcioni un proyecto sobre la ley de Obras Menores. El objetivo del texto a considerar es que los saldos no invertidos al próximo 31 de diciembre se los pueda girar para gastos corrientes de cada administración local. "Ley excepcional para darle herramientas a municipios y comunas y la vamos a considerar este jueves", afirmó Michlig al dejar Casa de Gobierno.

Fuente: EL

Carlitos Balá será despedido en la Legislatura Porteña para que se le dé el último adiós. El humorista murió a los 97 años luego de una complicación en su estado de salud en las últimas horas.

Los restos serán velados este viernes en el Parlamento porteño desde las 14:30 hasta las 21hs y el ingreso será por la calle Julio A. Roca 575. El velatorio de familiares y amigos se realizará en una casa de sepelios.

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La noticia de su muerte generó una inmensa tristeza en todo el país y las redes sociales se invadieron de saludos y recuerdos de famosos, políticos y de usuarios que vivieron su carrera con gran alegría.

Premiación por parte de la Legislatura Porteña en 2017

El Ministerio de Educación de la Nación homenajeó en 2010 a Balá por hacer felices a chicos y chicas de todo el país. Durante su viaje por el Vaticano en 2016, el Papa Francisco designó al humorista como "Embajador de la Paz".

En 2017 Balá fue distinguido Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires también en la Legislatura Porteña: "Soy un tipo feliz haciendo reír, siempre hice reír y doy las gracias a ustedes por acordarse de Carlitos Balá. Cumplí 91 años y llevo 62 de trabajo, de vocación", expresó con felicidad el humorista.

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Los Martín Fierro del 2011 tuvieron una premiación más que emotiva luego de que APTRA lo haya premiado con un galardón por su trayectoria.

Se espera que en las próximas horas se hagan diversos homenajes para recordarlo.