El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó el jueves pasado a 6 años de prisión al exsubjefe de la Comisaría Segunda de esa ciudad, Carmelo Rolando Rolón, e impuso 4 años de prisión al exoficial de inteligencia policial Tomás Andrés Ramos y al exteniente del Comando de Artillería del Área 121, Carlos Enrique Pavón, por hechos calificados como privación ilegítima de la libertad agravada y violación de domicilio, cometidos entre 1975 y 1977, considerados crímenes de lesa humanidad.

El veredicto, dictado por los jueces Luciano Lauría y José María Escobar Cello y la jueza Elena Dilario, incluyó la absolución del exsubinspector de la Policía Federal Miguel Luis Slattery, quien había llegado al debate acusado como autor de delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y violación de domicilio por allanamiento ilegal. El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el jueves 29 de mayo.

En el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Martín Suárez Faisal y el auxiliar fiscal Nicolás Sacco, quienes habían requerido en su alegato penas para los cuatro acusados, y evaluarán la presentación de un recurso de casación frente a la sentencia.

Las condenas: hechos y calificaciones

El fiscal general Martín Suárez Faisal y el auxiliar fiscal Nicolás Sacco habían requerido en su alegato penas para los cuatro acusados, y evaluarán la presentación de un recurso de casación frente a la sentencia.

Los cuatro acusados que llegaron al final de este debate habían sido enviados a juicio junto al exsubjefe de la Comisaría Primera de Santa Fe, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra; el exjefe de la División de Informaciones de la Unidad Regional I, Germán Raúl Chartier; y el exoficial del Departamento de Informaciones policial, Luis Antonio Paván, quienes murieron antes del comienzo del debate. En tanto, el exoficial de la policía provincial Enrique Carlos Nardi fue apartado por incapacidad sobreviniente.

Respecto a esto último, el fiscal general solicitó al tribunal que tenga por probado los secuestros y tormentos sufridos por otras diecinueve víctimas, delitos por los cuales habían sido requeridos a juicio aquellos imputados.

Los hechos por los que se dictaron condenas

De acuerdo a la acusación fiscal, el 11 de noviembre de 1975, Ramos y otros policías privaron ilegalmente de la libertad a María Cristina Boidi, quien en la época era directora de una escuela en Santa Fe y dirigente del sindicato FUSTE. Previamente a ello, indicó el MPF, personal vestido de civil del Departamento de Informaciones policial, conocido como “D2”, allanó violentamente su domicilio familiar y detuvo a la madre de Boidi, a una abogada del sindicato y a una tercera mujer, que declaró como testigo en este juicio. Las tres mujeres fueron trasladadas a la Jefatura de Policía, donde obtuvieron luego su libertad.

Boidi, en tanto, fue detenida en la escuela, trasladada a la jefatura y luego a la Comisaría Cuarta. Desde allí fue llevada a una “casita” en las afueras de la capital provincial, donde -de acuerdo con la investigación- fue torturada con picana eléctrica, abusada sexualmente y atada. Posteriormente fue llevada otra vez a la Comisaría Cuarta y el 20 de noviembre fue trasladada a la sección de mujeres menores de la cárcel del Buen Pastor, donde permaneció hasta noviembre de 1976. En esa fecha, vendada y esposada, fue llevada en un avión Hércules hasta Buenos Aires, donde fue alojada en la cárcel de Villa Devoto. La víctima recuperó la libertad y se exilió Austria en 1980 o 1981.

En tanto, el 31 de marzo de 1976 personal del Ejército, entre quienes se encontraba Pavón, allanó el domicilio de Atilio Camilo Boisseleau, militante del Partido Comunista, y lo detuvo junto a su esposa y su hija de cuatro meses. Las víctimas fueron derivadas a la Comisaría Cuarta. Según la acusación, Boisseleau fue trasladado después por Pavón a la Comisaría Primera, donde estuvo 23 días esposado a la reja de una celda, hasta que fue llevado a una “casita” -un centro clandestino de detención-, donde fue torturado e interrogado. Desde allí, fue enviado nuevamente a la Comisaría Primera y posteriormente llevado a la Guardia de Infantería Reforzada, donde continuó cautivo hasta ser trasladado a la cárcel de Coronda, luego a la Unidad N° 9 de La Plata y, por último, a la cárcel de Caseros, desde donde obtuvo su libertad a fines de 1981 o 1982.

 Por último, siempre de acuerdo a los hechos descriptos por la fiscalía, el 31 de marzo de 1977 Duilio Gerardo Pavón fue detenido ilegalmente en la Comisaría Segunda, cuando se presentó allí con motivo de una denuncia que había sido interpuesta en su contra.

Luego de que se allanara su domicilio, Pavón quedó detenido durante varias horas en aquella seccional, donde fue interrogado y golpeado en el garaje. Desde allí, fue trasladado a la Comisaría Cuarta, encapuchado y tirado en el piso de un Ford Falcon, y fue encerrado en un calabozo. Al día siguiente, fue llevado a una “casita”, donde también fue interrogado bajo tortura con picana eléctrica, y luego fue devuelto a la Comisaría Cuarta. Continuó el cautiverio en la Guardia de Infantería Reforzada y en la Cárcel de Coronda, desde donde recuperó su libertad en enero de 1979.

Luego de obtener una presunta confesión de Pavón, personal del Servicio de Inteligencia de la Unidad Regional I, a cargo de Chartier, detuvo ilegalmente a tres personas más, entre las que se encontraba su compañero de militancia, Dionisio Santos Franco, quien fue trasladado hasta la seccional Segunda, donde también fue brutalmente golpeado. Luego, Franco fue llevado a la Cuarta y de allí a la “casita”, donde fue torturado al igual que Pavón.

Finalmente, la fiscalía consideró probado que la Comisaría Segunda a cargo de Rolón también formó parte del circuito represivo local, junto con las Comisarías Primera, Tercera y Cuarta, el Departamento de Informaciones D-2, la Guardia de Infantería Reforzada y la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, conforme quedó sentado en otras sentencias de la jurisdicción.

Fiscales

La muerte de Blaquier frustra la posibilidad de conocer la verdad sobre “La Noche del Apagón”Estaba a la espera de un informe del Cuerpo Médico Forense que definitivamente indicara si estaba en capacidad de afrontar un juicio oral por delitos de lesa humanidad.

El empresario jujeño Carlos Pedro Blaquier, uno de los hombres más ricos y de mayor influencia política y social en su provincia proyectada al resto del país, murió hoy a los 95 años sin que las dos causas por delitos de lesa humanidad por las que estaba acusado llegaran a juicio.

Se trata de los episodios represivos conocidos como “La Noche del Apagón” y la “Causa Aredez”. Blaquier murió inocente, ya que el Cuerpo Médico Forense no llegó a emitir un último informe sobre su capacidad para afrontar un juicio, después de tres juntas médicas sucesivas a las que fue sometido como paso previo a la convocatoria a juicio.

En dos de ellas fue declarado inapto para comparecer en juicio, pese a que su vida social y afectiva seguía siendo intensa, según refirieron vecinos y testigos en el expediente.

La “Noche del Apagón” consistió en una serie de cortes de energía eléctrica ocurridos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en la usina de Libertador General San Martín, que cobijaron un operativo represivo que posibilitó el secuestro de unos 400 trabajadores y estudiantes en Ledesma, en una región con fuerte impronta de los Blaquier.

Blaquier estaba acusado de haber suministrado la logística —medios, apoyo y vehículos— para un descomunal operativo represivo que dejó 55 desaparecidos. Por los secuestros en la Noche del Apagón está también procesado Alberto Lemos, quien era administrador del ingenio en esa época.

Blaquier estaba acusado de haber suministrado la logística —medios, apoyo y vehículos— para un descomunal operativo represivo que dejó 55 desaparecidos. Por los secuestros en la Noche del Apagón está también procesado Alberto Lemos, quien era administrador del ingenio en esa época.

En cuanto a la Causa Aredez, consistió en el secuestro del ex intendente jujeño, el médico Luis Aredez, en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976, horas después del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón.

Aredez fue trasladado en una camioneta de la empresa de los Blaquier primero a la cárcel local de Villa Gorriti y poco después a La Plata, donde recuperó la libertad casi un año después, el 5 de marzo de 1977.

Entonces regresó a Jujuy y reabrió su consultorio médico en Libertador Gral. San Martín, donde había sido intendente. El 13 de mayo de 1977 fue nuevamente secuestrado y desde entonces nada se sabe sobre su paradero.

Blaquier fue procesado en 2012 por aquellos episodios, pero la causa ingresó en un pantanal de obstáculos burocráticos y demoras judiciales que frustraron cualquier posibilidad de llegar a la etapa de juicio. Tres años después, un tribunal de alzada revocó el fallo y dispuso su falta de mérito.

Blaquier fue procesado en 2012 por aquellos episodios, pero la causa ingresó en un pantanal de obstáculos burocráticos y demoras judiciales que frustraron cualquier posibilidad de llegar a la etapa de juicio. Tres años después, un tribunal de alzada revocó el fallo y dispuso su falta de mérito.

En 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa decisión y puso la causa en camino al juicio oral y público, pero entonces comenzó una larguísima sucesión de informes y contrainformes médicos sobre a aptitud de Blaquier para comparecer en juicio.

LEE: Murió el empresario Carlos Pedro Blaquier a los 95 años

Mientras los médicos y los expertos (incluso de la Secretaría de Derechos Humanos) no terminaban de ponerse de acuerdo sobre si Blaquier estaba o no en condiciones de comprender los alcances de un juicio penal, en otra causa, la conocida como “Escuela de Yoga”, el fiscal Carlos Stornelli deslizaba que el empresario podría haber sido un “cliente” de una suerte de geishado.

La mujer sindicada, como quien estaba al servicio de Blaquier desmintió tal situación, dijo que había sido su “pareja durante diez años” y el apellido del empresario desapareció del procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo para gran parte de los integrantes de la Escuela de Yoga.

En diciembre del año pasado, un cuerpo de peritos especializados realizó la última evaluación para determinar la capacidad de Blaquier para afrontar un juicio oral. El informe final nunca llegó a conocerse.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy ya había ordenado en varias oportunidades la realización de una junta médica para un peritaje psiquiátrico y exámenes complementarios sobre la salud de Blaquier y en dos oportunidades había considerado que estaba “no apto” para afrontar un proceso penal.

Pero los peritos Claudio Capuano y Luis Ohman, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) —que depende del Ministerio Público Fiscal— consideraron que “el diagnóstico clínico de Blaquier es el de simulación”.

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