El lunes 17 de marzo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Antibarras, respaldado por el presidente Javier Milei. Esta propuesta tiene como objetivo principal combatir la violencia en el fútbol argentino mediante la creación de la figura legal de "asociación ilícita deportiva", destinada a las barrabravas que cometan delitos relacionados con el deporte o sus actividades conexas. 

El proyecto propone incorporar el artículo 41 sexies al Código Penal, incrementando las penas mínimas en dos tercios y las máximas en un tercio para delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos o relacionados con clubes, equipos o deportistas. Entre los delitos alcanzados se incluyen homicidio, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad, robo, hurto, daño, incendio, estrago, y tenencia y portación de armas. También se contemplan delitos relacionados con estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737. ​Penalización de conductas específicasLa iniciativa tipifica y sanciona diversas conductas asociadas a la violencia en el deporte, tales como:​Portación de armas y objetos peligrosos: Se penaliza la tenencia, introducción, guarda o portación de armas blancas, piedras, botellas, instrumentos contundentes, artefactos químicos o de pirotecnia en espectáculos deportivos. Las penas se agravan si se trata de elementos inflamables, asfixiantes, tóxicos, armas de fuego o artefactos explosivos. ​Alteración del orden en eventos deportivos: Se sanciona a quienes, en grupo y mediante violencia o intimidación, alteren el desarrollo normal de un espectáculo deportivo, provoquen disturbios o ejerzan presión sobre participantes u organizadores. El uso de armas, especialmente de fuego, agrava las penas. ​Distribución irregular de entradas: Se castiga a organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas que las proporcionen gratuitamente a miembros de organizaciones delictivas. ​Ámbito FinancieroFalsificación y venta ilegal de entradas: Se penaliza la oferta y recepción de entradas falsas, así como el ingreso irregular de personas al estadio. Las penas se agravan si el delito es cometido por organizadores, protagonistas o miembros de asociaciones ilícitas. ​ 

Venta no autorizada de entradas de protocolo: Se sanciona la venta no autorizada de este tipo de entradas. ​Alteración de plataformas de venta de entradas: Se penaliza la manipulación de plataformas virtuales de venta de entradas mediante tecnología informática. ​Ingreso sin autorización al estadio: Se sanciona permitir el ingreso al estadio sin la entrada correspondiente o acreditación, especialmente si se trata de miembros de grupos delictivos. ​Cuidado de vehículos sin autorización: Se penaliza ofrecer servicios de cuidado de vehículos sin autorización en las inmediaciones del estadio, agravándose la pena si se exige una suma de dinero. ​Obstrucción de transportes hacia o desde estadios: Se sanciona impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes relacionados con espectáculos deportivos. ​Creación de situaciones de peligro en estadios: Se penaliza crear o colaborar en crear peligro de aglomeración o caída de personas en el estadio. ​Combate a las "barras bravas"Se penaliza la participación en asociaciones de tres o más personas destinadas a cometer los delitos previstos en esta ley, considerándolas como asociaciones ilícitas. Las penas serán más elevadas para fundadores, cabecillas, jefes, organizadores y financiadores de estos grupos, así como para quienes obtengan provecho económico de su actividad. Las sanciones por pertenecer a la asociación se sumarán a las de los delitos cometidos individualmente. ​ 

Prohibición de concurrenciaSe establece la inhabilitación judicial para asistir a espectáculos deportivos como pena accesoria a las sanciones por los delitos previstos en la ley, con una duración que puede variar desde seis meses hasta perpetuidad. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a prohibir administrativamente la concurrencia a espectáculos deportivos a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. Las personas con prohibición administrativa no podrán acercarse a menos de 1000 metros del estadio. También se establece la prohibición de concurrencia para personas imputadas o procesadas por los delitos de esta ley, con sanciones para quienes violen estas prohibiciones. ​Responsabilidad de organizadores y entidades deportivasSe contemplan sanciones penales para organizadores y protagonistas que faciliten o no denuncien la introducción de elementos peligrosos. Asimismo, se prevén multas para las entidades deportivas cuando los delitos sean cometidos por sus directivos, administradores, miembros de comisiones o empleados con su conocimiento. En casos de dolo o negligencia de los organizadores en la violación de las prohibiciones de ingreso, se podrá clausurar el estadio para el próximo encuentro oficial. ​Cooperación interjurisdiccionalSe invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normativas locales al proyecto de ley, con el fin de favorecer la cooperación interjurisdiccional en la lucha contra el crimen organizado en el deporte. Se establece el intercambio de información en materia contravencional entre las fuerzas policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, facilitando la identificación y sanción de personas involucradas en hechos de violencia en espectáculos deportivos.

Derogación de la Ley N° 23.184

El proyecto establece la derogación de la Ley N° 23.184, que regulaba la prevención y sanción de la violencia en espectáculos deportivos. Según el Gobierno, la normativa vigente ha demostrado ser insuficiente para combatir la problemática de las barrabravas y sus actividades ilícitas. Con esta nueva ley, se busca cerrar vacíos legales que han permitido que estos grupos operen con impunidad. 

El texto modifica la Ley 23.184 y establece que no habrá límites para "las veces que pueda realizarse dicha operación".

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “ley ómnibus” que propone un centenar de modificaciones de leyes vigentes, entre ellas legalizar la reventa de entradas para eventos deportivos.

La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Martín Menem, recibió en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos el proyecto de ley denominado "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" que contiene más de 600 modificaciones.

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Dentro de ese enorme proyecto que desregula la economía, sugieren incorporar un artículo a la Ley N°23.184. El artículo que sugieren es el 14 bis y establece que “las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación".

"El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios”, agregan.

Además, propone derogar el artículo 25 de la mencionada ley que afirma: “El encargado de venta de entradas, que no ofreciere manifiestamente la totalidad de las localidades disponibles, o las vendiere en condiciones diferentes a las dadas a conocer por el organizador del espectáculo será sancionado con cinco a quince días de arresto. El que las revendiere, de un modo que dé motivo a desórdenes, aglomeraciones o incidentes, será sancionado con cinco a quince días de arresto”.(DA)

La Cámara Joven de Santa Fe insistirá con su propio texto en la tercera votación sobre la reforma al artículo 221 del Código Procesal Penal.

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La Cámara de Diputados de Santa Fe insistirá con la redacción de su proyecto de reforma al artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar a la figura de peligrosidad procesal al portador ilegal de armas de fuego por lo que su detención implicará el dictado de la prisión preventiva.

La norma es fuertemente impulsada por Oscar Martínez (Frente Renovador) para quien está claro "que la tenencia y el uso de armas en el momento que se comete el hecho además de constituir o no un delito autónomo es también una demostración de la conducta que va a asumir el imputado con respecto al proceso, a los sujetos que intervienen en el mismo; si al momento de cometer el hecho elige un modo que sabe que produce en la víctima miedo no solo actual sino también a futuro es consiente de que su acción también va en procura de su impunidad. Creemos firmemente que quien porta o usa un arma deja en claro cual va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar".

La reforma a votar implica agregar el inciso 8 al mencionado artículo sobre peligrosidad procesal incorporando "la tenencia y la portación de armas de fuego, así como el uso de armas de fuego, por uno o algunos de los imputados durante la ejecución del hecho delictivo o con posterioridad para asegurar sus resultados".

El Senado en dos ocasiones modificó la postura de Diputados y con el mismo propósito propone reformar tres artículos del Código: 219, 220 y 221. Martínez justifica la decisión que tomará hoy la Cámara de Diputados al indicar que la recomendación de jueces y fiscales es optar por esa redacción ya que la propuesta por el Senado podría tornar inconstitucional a la reforma. "El Código de procedimiento no puede regular legislación de fondo" se dice en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Joven que tiene el expediente para su análisis previo a llegar al recinto.

La reforma al Código es uno de los ocho expedientes reservados para su tratamiento preferencial este jueves en Diputados. Martínez viene insistiendo que desde la Legislatura se contribuya con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público de la Acusación "otorgándoles herramientas para luchar contra la inseguridad. Por eso al agregar como peligrosidad procesal la tenencia de armas de fuego o la portación de armas de cualquier tipo por parte del imputado al momento de la comisión de un hecho con apariencia de delito se logra que le quepa la figura de la prisión preventiva, es decir que quien sea hallado en estas circunstancias con armas de fuego no entre por una puerta y salga por la otra como está ocurriendo actualmente," agregó el diputado.

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El legislador dijo estar convencido "de que el flagelo de la inseguridad y particularmente la violencia imperante hoy en nuestra sociedad están íntimamente relacionadas con la tenencia y utilización de armas de fuego. Basta ver las crónicas policiales de estos últimos meses donde se relatan una enorme cantidad de hechos relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas como vemos habitualmente".

Martínez recordó que gran parte de los fundamentos del proyecto se basan en los números que elabora el Observatorio de Seguridad Pública provincial sobre de las personas heridas por armas de fuego de los departamentos Rosario y La Capital.

Fuente: EL

El senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) participó de la sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia en la que se dio sanción definitiva a un Proyecto de Ley (Mensaje del PE N° 5.002/22), por medio del cual se establece la política tributaria que será aplicable en la Provincia de Santa a partir del período fiscal 2023. El senado le dio media sanción al proyecto y fue remitido a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con

modificaciones y girado nuevamente al Senado.

Señala Calvo que “la propuesta contempla una actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano, estableciendo incrementos por debajo del índice de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, manteniendo la suspensión por un nuevo año más de la aplicación de los coeficientes de convergencias, creados por la Ley 13.750 para el año fiscal 2018”.

El proyecto también contempla la adecuación de los valores mínimos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los rangos del Régimen Tributario Simplificado, el valor unitario de los Módulos Tributarios a los fines del Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios y Patente Única sobre Vehículos, también dicha adecuación se ha realizado por debajo del índice de inflación.”

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Explica el senador Calvo que “se continúa con el beneficio de la estabilidad fiscal, que alcanza a las actividades de comercio, servicios, agropecuarias e industriales y que regirán hasta el 31 de diciembre de2023. Se establece nuevamente para el ejercicio 2.023 la aplicación del beneficio de reducción de alícuotas para los contribuyentes que desarrollen las actividades industriales en general, actividades industriales de

transformación de cereales llevadas a cabo por empresas caracterizadas como ;Pymes Santafesinas; y actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fason por los sujetos denominados fasoniers o confeccionistas, que vean incrementada su carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tributen y siempre que dicho incremento obedezca a

aumentos de las alícuotas establecidas para las actividades señaladas.”

Es importante destacar que igual que en el ejercicio 2022, se establece que el Impuesto Inmobiliario se distribuirá un 60 % para Municipios y Comunas y el 40 % restante se asigna al Gobierno Provincial.

Concluye el senador Calvo expresando que “cabe destacar la decisión del Gobierno Provincial que ha evaluado conveniente para la evolución de la economía provincial, y sus sectores productivos, continuar con una política fiscal de no aumentar la presión tributaria global en el marco del actual contexto económico del país. Por ello quiero destacar que el proyecto se haya convertido en ley, lo que permite al PE contar con esta

herramienta tributaria fundamental”.

El senador Alcides Calvo (Dpto. Castellanos) participó de la sesión de la Cámara de Senadores en a cual se dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico 2.023. El proyecto había ingresado el día 29 de septiembre de 2.022 a la Cámara de Senadores (Mensaje N° 5.001 del P.E.), que le dio media sanción siendo remitido a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con modificaciones y girado nuevamente al Senado.

Al respecto, el senador Calvo destacó que “es un presupuesto que prevé la estabilidad fiscal apuntalando también al sector productivo, contemplando recursos para programas como Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito, por nombrar dos ejemplos, y recursos para obras públicas que son prioritarias”.

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Explica el senador Calvo que “se puede observar que se ha utilizado una pauta nominal que resulta de combinar el crecimiento proyectado del PBI del 2 % y un incremento en el nivel general de precios del orden del 60%, en línea con la pauta macro fiscal fijada por el Gobierno Nacional.”

El proyecto de Presupuesto 2.023 presentado por el Gobierno Provincial contempla recursos por 1.876.998.624.000 (120,56% más que en 2.022) y Erogaciones por $ 1.874.878.624.000 (120,45 % más que en 2.022); se observa un resultado financiero superavitario de $ 2.120.000.000.

Las erogaciones de capital alcanzan a $ 293.260.665.000, creciendo un 150,88 % en relación con 2.022, de los cuales el 81,87% se destinará a Inversión Real Directa y el 15,80% a Transferencias de Capital. La Inversión Real Directa alcanza a $ 240.083.400.000 (158,61% más que en 2022). La incidencia es de un 15,64 % sobre el Gasto Total.

Señala Calvo que “dentro de la Inversión Real Directa, que alcanza a $ 240.083.400.000, se encuentran afectados los recursos estimados a percibir del acuerdo de ejecución de sentencia homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la suma de $ 25.000.000.000.”

El proyecto de Presupuesto contempla un amplio programa de inversión en infraestructura transversal en todas las áreas de gobierno: Obras y equipamiento en infraestructura vial: $79.638.000.000; Infraestructura escolar y cultural: $ 28.212.000.000; Seguridad: $ 25.467.000.000; Agua potable y alcantarillado: $ 24.990.000.000; Salud: $ 15.999.000.000; Vivienda y Urbanismo: $ 15.758.000.000; Servicios urbanos que incluye obras de defensa contra inundaciones: $ 14.984.000.000; Comunicaciones: $ 12.132.000.000 y Justicia: $ 8.335.000.000. Asimismo se prevé una partida para el Plan Incluir de $ 7.600.000.000.

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Además incluye la obra interjuridiccional Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba y la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial que la gestionará (leyes 13.839 y 13.982). Se prevé la continuidad del Programa Billetera Santa Fe, con un presupuesto de $ 41.000.000.000, Aportes

Alimentarios y Comedores Escolares $ 20.000.000.000 y Boleto Educativo Gratuito $ 7.906.442.000.

Señala el Senador Calvo, “que el Poder Ejecutivo ya cuenta en el presupuesto 2.023 aprobado, herramienta fundamental para llevar adelante el año venidero su acción de gobierno sin inconvenientes, y concretar las importantes obras públicas contempladas y que tanto necesita la

provincia”.

El oficialismo citó a un nuevo plenario para reflotar la Ley de Humedales, pero Juntos por el Cambio impugnó la convotaria.

El presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, reticente al avance de una ley de protección de Humedales que condicione

proyectos de inversión, anunció su impugnación de la convocatoria que motoriza el titular de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, de un plenario para tratar la iniciativa mañana mismo, postura que en los hechos boicotea el plan del oficialismo para pasar a la firma del dictamen.

Desde el oficialismo denuncian "sistemáticas" del ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, que ya había logrado que el debate quedara stand by a fines de septiembre, y lo acusan de poner piedras en el camino por falta de "voluntad" para encontrar una normativa acorde que "regule el negocio del ecocidio".

Grosso citó a una reunión conjunta de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto para este jueves a las 11 en el anexo C de la Cámara baja para escuchar la visión de las provincias sobre la ley de Humedales, pero mediante una carta Buryaile apeló a una enrevesada interpretación del reglamento para marcar la irregularidad de dicha convocatoria.

Recordó que el 22 de septiembre el plenario de las comisiones había dispuesto un cuarto intermedio hasta la semana siguiente, pero por un acuerdo de cúpulas entre los presidentes de los bloques del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de Provincias Unidas se resolvió postergar la convocatoria para "escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

"Es entonces que, al no haber sido reanudada la reunión plenaria en el día y hora establecidos el 22 de septiembre, y en idéntico sentido que lo establece el Reglamento de la H. Cámara para las sesiones del cuerpo (art 174 del Reglamento de la HCDN), se debe dar por concluida la reunión de las tres comisiones

oportunamente citadas y con ello, cumplido el emplazamiento dispuesto por la H. Cámara"; durante la sesión del pasado 15 de septiembre.

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"Por ello, e informándole que esta Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por los motivos arriba desarrollados no puede convocar a una reunión plenaria en los términos por Ud. propuestos, es que solicito rectifique a la mayor brevedad posible la citación enviada", continuó el formoseño en la nota enviada a Grosso, a quien sugirió encontrar una nueva fecha más adelante para recibir a los representantes provinciales y continuar estudiando el asunto en consideración.

El referente del Movimiento Evita y titular de Recursos Naturales, que ya había sentido como un baldazo de agua fría y una "vendetta"; de parte de Germán Martínez el acuerdo con Juntos por el Cambio para frenar la ley de Humedales por obra y gracia del lobby de gobernadores -permeables a los intereses de

la megaminería y el agronegocio-, salió con los tapones de punta a contrarrestar la maniobra del radical para dilatar el debate.

"Luego de 6 semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente", lanzó por Twitter el dirigente peronista, con la sangre en el ojo.

"El pedido de los presidentes de los bloques fue convocar a los gobernadores provinciales con el fin de escucharlos, de hecho Gerardo Morales se jactó de frenar el tratamiento desde Washington porque ´venía muy rápido´. Parece que 1 década de discusión no basta", siguió.

Detalló que los días 6, 13 y 27 de octubre envió solicitudes para convocar a los gobiernos provinciales y locales a exponer en la materia y sólo algunos contestaron la semana pasada, tras lo cual impulsó la convocatoria para este jueces, previa consulta con los presidentes de las otras dos comisiones.

"Ahora el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile de la UCR, junto al PRO y la Coalición Cívica, quieren dar por ´concluida la reunión de las tres comisiones´ por no haberse realizado el 28 de septiembre, día en el que propusieron que se posponga", evocó Grosso.

En ese sentido, le exigió a Buryaile y a Juntos por el Cambio que se "sinceren" ya que -según dijo- "no es un problema de tiempos, de reglamentos, ni de pluralidad de voces" sino de "voluntad" política para avanzar con una Ley de Humedales.

"Ni usted ni JxC quieren tratar ningún proyecto de ley de humedales que regule el negocio del ecocidio", fustigó, y remató con una dura diatriba: "Ya lo dije en el recinto, no se puede ser ambientalista y neoliberal".

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La idea de Grosso es seguir adelante con la convocatoria, al menos de parte de Recursos Naturales y Presupuesto, para agotar la instancia de escucha a los pocos representantes provinciales que se dignaron a contestar aceptando la invitación. Se trata de la provincia de Buenos Aires, que tendrá como representante en el plenario de comisiones a su ministra de Ambiente, Daniela Vilar, la provincia de La Rioja, representada por su jefe de Gabinete,

Juan Luna Corzo, y de Catamarca, que enviará al director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Carlos Barrionuevo.

El resto de los oradores serán el intendente de Rosario, Pablo Javkin, de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), Alberto Ricci, de Villa Constitución, Jorge Berti, de la Comuna de Fighiera, Rodolfo Stangoni; el intendente de Brinkmann, Gustavo Tévez, de La Para, Carlos Guzmán, y de Marull, Juan Faletto.

El diputado nacional por Santa Fe presentó un proyecto para penar con mayor severidad los delitos ambientales en el Código Penal, a fin de brindarle al Poder Judicial y al Ministerio Público más herramientas para luchar contra las quemas en el Delta. “La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, argumentó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para modificar el Código Penal, en su artículo 186 bis, e incorporar penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen incendios en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná y, también, brindar más herramientas al Poder Judicial.

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“Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”, remarcó el legislador.

“Las quemas en las islas del delta del Paraná están provocando una situación acuciante en todas las localidades aledañas. La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, señaló Mirabella. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, .[Roberto Mirabella]

Hasta el momento, el Código sólo contemplaba sanciones por incendios, y en el proyecto del rafaelino se incorporan penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen quemas en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente. Asimismo, el artículo 186 ter también propone sanciones a quienes dañen, drenen o rellenen humedales, lagunas, esteros, cenagales o pantanos; o modifiquen, alteren o eliminen cursos o espejos hídricos, entre otros.

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“Como sabemos, el disfrute y el ejercicio de gran cantidad de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, están profundamente vinculados a la protección del medio ambiente. Por eso, el acceso a un medio ambiente saludable es considerado un derecho humano autónomo por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el diputado.