El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno nacional abrió un debate sobre sus posibles efectos en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. La iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con la “desinformación masiva”, la manipulación de la opinión pública y la influencia extranjera, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
Constitucionalistas y dirigentes de la oposición consultados por distintos medios plantearon cuestionamientos sobre la amplitud de algunas definiciones y advirtieron que podrían generar un efecto de autocensura. Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que las normas están dirigidas a acciones financiadas o impulsadas por Estados u organizaciones extranjeras y rechazaron que tengan como objetivo perseguir al periodismo.
El artículo cuestionado sobre “desinformación masiva”
Uno de los principales puntos de discusión está en el artículo 111 del proyecto, que propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal para sancionar a quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, busquen alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La pena prevista va de cinco a doce años de prisión, y puede elevarse de ocho a quince años cuando existan amenazas, sobornos, coerción o participación de estructuras criminales.
Los especialistas que cuestionaron la norma señalaron que expresiones como “desinformación masiva” o “manipulación de la opinión pública” podrían requerir una definición más precisa para evitar interpretaciones amplias.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que existe un riesgo de “efecto intimidatorio” sobre la expresión pública y consideró que los tipos penales deben tener límites claros.
“Es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal”, afirmó.
La postura del Gobierno
Desde el oficialismo aclararon que la figura no busca alcanzar opiniones, críticas o publicaciones periodísticas, sino conductas realizadas con apoyo o coordinación extranjera.
Según explicaron fuentes oficiales, la aplicación del artículo requiere demostrar que existió una campaña masiva y que la persona actuó por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero u organización vinculada.
Además, remarcaron que las medidas previstas estarán sujetas al control judicial y que quienes sean investigados tendrán derecho a defensa y posibilidad de recurrir las decisiones.
Críticas de constitucionalistas y opositores
El constitucionalista Félix Lonigro cuestionó que dentro de una ley vinculada con soberanía nacional se incluyan figuras relacionadas con la información pública.
“Es grave porque, leyendo un proyecto de ley que tiene que ver con la defensa de soberanía nacional, uno se encuentra con esta sorpresa que pareciera nada que ver con el tema de la soberanía”, sostuvo.
También planteó reparos sobre la posibilidad de que una autoridad determine qué información puede considerarse desinformación.
Por su parte, el constitucionalista Diego Armesto señaló que algunos conceptos utilizados en el proyecto podrían dejar margen de interpretación.
“Hay cosas que hacen ruido, porque con la modificación del Código Penal se permite un cierto grado de discrecionalidad al funcionario o al Ejecutivo”, afirmó.
El debate por las penas
Otro eje de discusión está relacionado con la escala de sanciones previstas. Los cuestionamientos apuntan a que algunas penas establecidas para delitos vinculados con campañas de desinformación tienen mínimos elevados en comparación con otras figuras del Código Penal.
Los especialistas sostienen que la combinación entre conceptos amplios y sanciones altas podría generar un impacto previo a cualquier condena, debido al temor de enfrentar una investigación penal.
Qué plantea la oposición
Desde distintos sectores opositores expresaron preocupación por el alcance de la iniciativa.
El diputado Nicolás Trotta, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, sostuvo que las disposiciones podrían convertirse en una herramienta de presión contra periodistas, medios y opositores.
La diputada Mónica Frade cuestionó que el proyecto incorpore “tipos penales vagos y abiertos” y afirmó que podrían afectar garantías constitucionales.
También se sumaron críticas del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que pidió definiciones más precisas sobre conceptos como “desinformación” y “manipulación de la opinión pública”.
El proyecto ahora será debatido en el Congreso
La iniciativa deberá atravesar el tratamiento parlamentario, donde se discutirán los alcances de los nuevos delitos, las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, las sanciones previstas y los mecanismos de control.
El debate estará centrado en cómo equilibrar las herramientas estatales frente a posibles operaciones extranjeras con las garantías vinculadas a la libertad de expresión, la crítica pública y la actividad periodística.
]]>El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso incorpora delitos vinculados con la “desinformación masiva”, la influencia extranjera y operaciones clandestinas, con penas de hasta 20 años. Constitucionalistas y dirigentes opositores plantearon reparos sobre la precisión de las figuras penales, mientras que desde el oficialismo sostienen que no apunta contra periodistas ni medios.]]>