En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de búnker de venta de estupefacientes número 102 en toda la provincia. La intervención se llevó a cabo en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario.  

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó. 

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”. 

Por su parte, el fiscal Cesar Pierantoni señaló que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado a Dylan Cantero, a Mariana Cantero y a su grupo criminal” -en referencia a la banda narco Los Monos- que utilizaban este lugar para guardar drogas, cartuchos de armas de fuego y vehículos como una camioneta Hilux y motos, además de documentación de interés para la causa. Es decir, el domicilio no estaba habitado pero era utilizado para actividades delictivas”. 

Asimismo, recordó que “durante el primer allanamiento que hicimos en este domicilio -en marzo de 2025- secuestramos 2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”, y destacó el éxito de operación gracias a “la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico -en procedimientos en flagrancia-, de la PDI (Policía de Investigaciones de la Provincia) y de la Policía Federal, con la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General”. 

En ese aspecto, Pereira añadió que “estamos trabajando permanentemente con las fuerzas federales; avanzando junto con Fiscalía en lo referente a investigaciones y allanamientos para aplicar medidas concretas que les demuestren a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”. 

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales, a partir de la sanción de esta norma por parte de la Legislatura Provincial -a fines de 2023- y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

De esta manera la Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este viernes en Rosario el búnker N° 101 desde la sanción de la Ley de Microtráfico (aprobada hace 2 años), que sirvió como herramienta para desactivar en casi dos años un centenar de puntos de venta de estupefacientes en todo el territorio santafesino.La propiedad se ubicaba en Hipólito Yrigoyen 1303 de esa ciudad, y sobre este nuevo derribo el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, valoró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, y mencionó al respecto la importancia de la Ley de Microtráfico, no solo por los números (101 búnkeres derribados), sino porque “en el seguimiento posterior al derribo vamos notando cómo incide en la reducción de la violencia en la zona, que es el espíritu de la ley. En definitiva, el atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras, y el riesgo para la población que vive en el barrio, y creo que ese es el resultado más importante, que esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”.

Por su parte, Mercedes Banchio, fiscal de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que “a este punto de venta lo pudimos identificar porque una de las personas que teníamos investigada fue aprehendida aquí con material estupefaciente en dosis dispuestas para la venta”, y agregó que la propiedad “no tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, no hay baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.

La funcionaria judicial indicó también que "hoy hay nueve personas imputadas y una persona prófuga, incluso alguno de los imputados estaba en prisión en Piñero. A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención. El caso fue por comercio de estupefacientes organizado y hay una vinculación con alguna fracción de lo que conocemos hoy como la banda de Los Menores", concluyó.

La de este viernes en Rosario fue la inactivación número 101 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectivizó este lunes el derribo del búnker N°100 desde que se implementó, hace dos años, la Ley de Microtráfico. Este punto de venta de estupefacientes se encontraba en calle Pavón 568 de la ciudad de Venado Tuerto (departamento General López). “Ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.

Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 27 años en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un allanamiento realizado en la localidad de San Vicente, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en línea con los objetivos priorizados por el MPA dentro de su Plan de Persecución Penal.

El procedimiento fue llevado a cabo este viernes por personal de la División Microtráfico del Distrito Rafaela, dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones Región 5, con la colaboración de efectivos de la GOT de la Unidad Regional XIII – Distrito Rafaela, en cumplimiento de una orden judicial.

Como resultado del allanamiento en la vivienda de calle Lavalle al 200, los investigadores secuestraron 14 cigarrillos de armado casero con un peso total aproximado de 4,3 gramos, dos teléfonos celulares, una réplica de arma calibre 9 milímetros, un recipiente con balines, $316.630 en efectivo y cinco cartuchos de escopeta (tres calibre 16 y dos calibre 18).

Durante las requisas también incautaron cigarrillos de armado casero a cuatro personas, quienes fueron identificadas en el marco de causas por tenencia simple de estupefacientes para consumo personal.

En relación con el principal investigado, identificado como S. G., de 27 años, la fiscal interviniente dispuso su detención, siendo trasladado y alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, previo cumplimiento de los trámites procesales correspondientes.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este jueves la demolición de un búnker de venta de estupefacientes en calle Fournier 1276, en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de las acciones impulsadas por la Ley de Microtráfico. Con esta intervención ya son 96 los puntos de venta de drogas inactivados en todo el territorio santafesino, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

 En el departamento San Lorenzo se contabilizan 11 derribos, consolidando una línea sostenida de trabajo contra el narcomenudeo y la violencia asociada.El operativo estuvo supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el lugar, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que “continuamos el trabajo iniciado el año pasado con la promulgación de la Ley de Microtráfico. Esta acción reafirma la coordinación con el MPA en la investigación y con el Ministerio en la tarea técnica que permite estos derribos”.

Detalló que el inmueble presentaba dos sectores operativos: una estructura frontal y una segunda habitación ubicada al fondo del lote.El fiscal Maximiliano Nicosia explicó que “la investigación se inició en septiembre, con el apoyo de la Policía de Santa Fe. Identificamos esta vivienda como un punto fijo de venta, con rotación de actores, secuestramos estupefacientes y hubo detenidos. Primero se dispuso el cerramiento preventivo, pero luego avanzamos hacia el cese del estado antijurídico para habilitar el derribo”.

Indicó también que se trataba de “un foco de violencia altamente lesiva para el barrio”, y confirmó que hay dos personas detenidas y 150 dosis de estupefacientes secuestradas.

A su vez, la fiscal Natalia Benvenuto subrayó la relevancia de seguir desarticulando espacios de expendio y pidió sostener la participación ciudadana: “La manera más inmediata y anónima de denunciar es el 911. También pueden utilizarse los Centros de Denuncias, la fiscalía o los canales web del MPA para aportar información que permita actuar con rapidez y eficacia”.

La Ley de Microtráfico -sancionada a fines de 2023 y promulgada al comienzo de la actual gestión provincial- autoriza la inactivación y derribo de inmuebles vinculados al narcomenudeo y a hechos de violencia grave. La implementación se desarrolla desde principios de 2024 con un esquema integrado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía, fuerzas federales y gobiernos locales.El objetivo central es reducir la actividad criminal, desarticular nodos territoriales y mejorar la seguridad en los barrios de toda la provincia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la fiscal Mercedes Banchio en representación del Ministerio Público de la Acusación, supervisó este jueves el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes. 

El procedimiento tuvo lugar en calle Príncipe de Gales 2849, de la ciudad de Rosario.Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe se llevan inactivados, con el de hoy, 75 puestos de comercialización de drogas, mientras que los operativos de estas características en la ciudad de Rosario ascienden a 48.

“Este inmueble fue escenario de múltiples hechos de violencia y venta de estupefacientes”, aseguró Cococcioni durante el derribo, y reconoció que el lugar había sido “intrusado, siendo un factor de criminalidad para los vecinos del barrio ya que por el mismo desfilaban permanentemente delincuentes compradores y vendedores de estupefacientes, dejando también rastros muy claros de enfrentamiento de bandas narcocriminales que provocaban una disputa en el medio del barrio para ver quién se quedaba con este lugar”. 

“Este inmueble fue escenario de múltiples hechos de violencia y venta de estupefacientes”, aseguró Cococcioni durante el derribo. 

El ministro resaltó que el inmueble “no tenía posibilidad de una utilización lícita sin ser permanentemente amenazado y acechado por delincuentes que querían recuperar el lugar para seguir vendiendo estupefacientes o para continuar en sus habituales disputas territoriales para su actividad ilegal”.La fiscal Banchio, por su parte, recordó que al momento de realizar los allanamientos, posteriores a informes realizados por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, “había elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, incluidos cuadernos con anotaciones”, y reconoció que se identificó “puede pertenecer a la banda de Los Monos por lo surgido de las investigaciones”.

La fiscal Banchio, por su parte, recordó que al momento de realizar los allanamientos, posteriores a informes realizados por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, “había elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, incluidos cuadernos con anotaciones”, y reconoció que se identificó “puede pertenecer a la banda de Los Monos por lo surgido de las investigaciones”. 

Además, la fiscal aseguró que en el lugar “no pernoctaba nadie porque no es un lugar habitable aún teniendo la estructura de una casa” y destacó que las personas imputadas por los hechos, “declararon que no habitaba ni vivía nadie, sino que solo se dedicaba a las actividades delictivas”.

Ahora, el terreno será restituido “a tres hermanas que eran hijas de quien alguna vez fue dueño del inmueble y vivió en este lugar”. Y agradeció la información que los vecinos aportaron para que las mujeres “se acercaran a la fiscalía para ser puestas en conocimiento de lo sucedido”, comentó Banchio, quien sumó que si bien “no hacía tanto que no venían, no reconocían el inmueble, lo que dejó demostrado de cómo se erosionó el lugar, por lo cual coincidieron en derribarlo”.

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A partir de dicha ley, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Fue este lunes por la mañana en calle Biedma al 2825. Era habitado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil de Piñero. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira confirmó que “se le iniciaron los sumarios administrativos y se dispondrá su destitución”.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este lunes por la mañana el derrumbe de un puesto de venta de estupefacientes sobre calle Biedma al 2825, en la ciudad de Rosario. El inmueble tenía un historial relacionado a bandas delictivas de la ciudad y actualmente era ocupado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil.

En ese contexto, el fiscal Franco Carbone, detalló que se trató de una investigación “donde pudimos determinar que el inmueble era ocupado por una persona que era empleada policial y que tenía relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero”, a lo que agregó respecto al inmueble derrumbado que “es una casa que tiene un historial vinculado a bandas delictivas que en su momento funcionó como centro de operaciones de la banda de Máximo Ariel “Viejo” Cantero.

Acá vivía Brenda Barbosa, que era la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre. Ellos regenteaban el local Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico. Aquí encontramos estupefacientes en cuatro allanamientos que hicimos con la Justicia Federal y también aquí se asesinó a una persona”.

Seguidamente, Carbone aseguró que el lugar “tenía como fachada primero un almacén, después kiosco, pero aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hace al menos cuatro años atrás. Después esta gente se fue pero siguió funcionando como aguantadero, con ocupantes golondrinas, situación de la que daban cuenta los vecinos, hasta que llegó a vivir la empleada policial, quien tras la audiencia accedió a irse de la fuerza y entregó este inmueble”.

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La presencia del Estado

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, afirmó que a la empleada de la fuerza policial santafesina “se le iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se dispondrá su destitución”.

A su vez, el funcionario provincial remarcó que este tipo de operativos “es la presencia del Estado con las herramientas que la legalidad le brinda para luchar contra esta problemática de la venta de drogas, de estos búnkeres para lo que la Ley de Microtráfico apunta, a eliminar estos centros de violencia en barrios como este y generan tiroteos, muertes, transformando un barrio tranquilo en un lugar de mucho peligro para la sociedad”, concluyó.

Ley de MicrotráficoEl operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la Ley de Microtráfico que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para …

Fue en la mañana de este viernes, en una zona que además fue escenario de cuatro homicidios en poco tiempo, vinculados también a la comercialización de estupefacientes. “Proceder al derribo de estos puestos de venta, gracias a la Ley de Microtráfico, es una forma de llevar tranquilidad a los vecinos”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Matías Merlo, estuvo presente esta mañana en el derribo de tres puestos de venta de estupefacientes en zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico.

El operativo de demolición de inmuebles comenzó en la zona de calles Leonardo Fabio y Pizzurno, siguió en Cavia y Larrechea y concluye en Cavia y Ghiraldo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni resaltó que “en conjunto con el MPA, estamos procediendo a la inactivación coercitiva mediante el derrumbe, el primero de 3 en el día de hoy, que funcionaban como punto de venta de estupefacientes, pero además de eso son lugares importantes porque fueron el escenario y el contexto de cuatro homicidios ocurridos en un breve lapso en la zona de Cavia, casos en los que hay personas aprehendidas y continúa la investigación”, destacó.

"En conjunto con el MPA, estamos procediendo a la inactivación coercitiva mediante el derrumbe, el primero de 3 en el día de hoy, que funcionaban como punto de venta de estupefacientes, pero además de eso son lugares importantes porque fueron el escenario y el contexto de cuatro homicidios ocurridos en un breve lapso en la zona de Cavia, casos en los que hay personas aprehendidas y continúa la investigación”,[Pablo Cococcioni]

En ese sentido, el ministro de la gestión Pullaro recordó que “el contexto es que estos homicidios se produjeron en estos puestos de venta de droga, están involucrados en los mercados ilegales de droga y a su vez las bandas fue el detonante de este ciclo de violencia, que se reflejan no sólo en estos 4 homicidios, sino también en múltiples llamados al 911, incidencias por disparos por arma de fuego, todo un fenómeno que le quita tranquilidad a los vecinos, de manera que una de las medidas que, sin perjuicio de profundizar la investigación penal que dirige la fiscalía, es proceder al derribo de estos puestos de venta”, concluyó el funcionario.

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Por su parte, el fiscal Matías Merlo, destacó “estos hechos están enmarcados en una lucha por territorio de bandas criminales de esta zona, de los cuales en medio de una semana se sucedieron cuatro homicidios, de los que ya están avanzadas las investigaciones, uno de ellos con 3 detenidos; pero lo principal de lo que pase el día de hoy con el derribo de estos lugares, donde fueron circunstancias altamente lesivas y con la presencia del Estado”, señaló.