El Gobierno de Santa Fe concretó este miércoles el derribo del primer búnker de drogas de Carcarañá, en un operativo realizado en un inmueble ubicado en Bermejo 1643.

La intervención fue supervisada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se trata del procedimiento número 17 en el departamento San Lorenzo y el 138 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico.

La normativa fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y permite avanzar sobre inmuebles utilizados para actividades vinculadas al narcomenudeo, a partir de un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía y fuerzas federales.

El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, destacó que la demolición no apunta solamente a eliminar un punto de comercialización de estupefacientes, sino también espacios vinculados a hechos de violencia.

“No se trata únicamente de un punto de venta, sino también de lugares que generan violencia. Aquí hubo balaceras; en otros puntos de Rosario hubo muertes y homicidios. Son situaciones que deterioran la vida de un barrio”, afirmó.

Pereira sostuvo que las organizaciones vinculadas al narcotráfico “avanzan y evolucionan” y que estas medidas buscan anticiparse a esa dinámica.

El fiscal César Cabrera explicó que la investigación surgió a partir de un relevamiento realizado junto al intendente de Carcarañá sobre sectores conflictivos de la ciudad.

Luego de solicitar informes a la Policía, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad. En el inmueble de Bermejo 1643 se encontró cocaína fraccionada y se determinó que el lugar también era utilizado para el acopio de estupefacientes.

“Se reunieron todos los requisitos para inactivar el inmueble. Hubo procedimientos previos y personas detenidas, pero la actividad se reanudaba con nuevos actores”, explicó Cabrera.

El fiscal señaló además que, si bien este fue el primer derribo en Carcarañá, ya se había dispuesto otra medida para recuperar el predio conocido como Cremería en favor de su titular.

El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, destacó la importancia del operativo y afirmó que el inmueble se encontraba en una zona afectada durante años por situaciones vinculadas a usurpaciones y grupos relacionados con el narcotráfico.

“Es un barrio de gente trabajadora que padeció estas situaciones durante mucho tiempo. Para nosotros, esta intervención es muy importante”, expresó.

Este viernes fue derribado en Rosario el búnker de venta de drogas N° 79 de la ciudad, en el marco de los operativos de inactivación impulsados a partir de la Ley de Microtráfico. Con esta intervención, ya son 135 los puntos neutralizados en toda la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se llevó adelante en un inmueble ubicado en Génova 8476 y fue supervisado por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, y la fiscal Brenda Debiasi, del Ministerio Público de la Acusación.

“Seguimos el proceso de pacificación de la ciudad”, sostuvo Angelini, quien remarcó que ya son 79 los búnkeres derribados en Rosario y aseguró que el Gobierno provincial continuará con este tipo de intervenciones.

El funcionario destacó que la Ley de Microtráfico, sancionada en diciembre de 2023, se convirtió en una herramienta central dentro del plan de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Según señaló, los procedimientos permiten no solo secuestrar drogas y armas, sino también acceder a celulares, dinero y otros elementos que pueden abrir nuevas líneas investigativas.

“No quedarnos solamente con el último de la cadena, que es el que vende por narcomenudeo, sino profundizar sobre la organización criminal”, planteó Angelini.

La fiscal Brenda Debiasi explicó que el inmueble de Génova 8476 es el tercer búnker derribado dentro de la misma investigación, que lleva aproximadamente un año de desarrollo.

La causa comenzó con la inactivación de un punto de venta en barrio Tío Rolo. A partir de allí, la pesquisa permitió identificar otro lugar en la zona de Vicente Medina al 6300 y posteriormente el inmueble intervenido este viernes. “Es una organización que ya tiene sus imputaciones correspondientes”, indicó la fiscal.

Actualmente, la investigación cuenta con seis personas imputadas que cumplen prisión preventiva, dos condenadas y otras dos que permanecen prófugas.

Debiasi también detalló que el inmueble derribado había sido allanado en tres oportunidades, en las cuales se encontraron personas y elementos considerados relevantes para la investigación. La organización investigada habría operado en sectores de Tío Rolo, Stella Maris y Vicente Medina.

Entre los elementos secuestrados a lo largo de la causa aparecen armas de fuego, estupefacientes, elementos de corte, registros de transferencias bancarias y dinero en efectivo.

La fiscal adelantó además que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y que próximamente se presentará la pieza acusatoria correspondiente.

Desde la sanción de la Ley de Microtráfico, en diciembre de 2023, se contabilizan 79 búnkeres derribados en Rosario, 89 en todo el departamento Rosario y 135 en la provincia de Santa Fe.

Las intervenciones comenzaron a implementarse a principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

La normativa permite avanzar sobre puestos de venta de estupefacientes y otros inmuebles vinculados con circuitos delictivos y hechos de violencia, con el objetivo de desarticular puntos utilizados para el narcomenudeo en distintos sectores de la provincia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Los derribos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. La estrategia contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a hechos de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que el Gobierno Provincial “avanza en la implementación de la Ley de Microtráfico” y destacó que “se llega a este segundo punto gracias a la modalidad de trabajo de investigación”, desarrollada de manera conjunta con el MPA y las fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que “hace aproximadamente 45 días” se iniciaron tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón, a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes.“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, explicó la fiscal.

Debiasi indicó además que se realizaron “aproximadamente diez allanamientos simultáneos” en Villa Gobernador Gálvez, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de ‘soldadito’”.

En relación con el inmueble derribado, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

Finalmente, Debiasi remarcó que el derribo fue solicitado porque “el inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. No deja de ser una medida cautelar y eventualmente terceros podrían presentarse a reclamar el lote, pero entendemos que era la medida más efectiva para lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”, concluyó.

El Gobierno Provincial, a través de un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA, procedió al derribo del búnker de drogas número 116 en el territorio santafesino durante la actual gestión, en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, señaló que “este es el quinto punto de venta de drogas derribado en la ciudad de Santa Fe y el número 116 en toda la provincia, en el marco de esta política de control y desactivación de las infraestructuras de distintas bandas narco”.

En esa línea, Montenotte explicó que “la violencia altamente lesiva alrededor de los puntos de venta desactivados tiende a disminuir, y la orden del gobernador Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, es avanzar con estas medidas.

Transcurrido un tercio del año vemos que, con estas acciones, hay una disminución de la violencia en toda la provincia respecto de años anteriores y muy por debajo de las peores épocas, gracias a la política de persecución del microtráfico, al control en las cárceles y a la presencia policial en las calles para prevenir el delito, entre otras medidas”.

Por su parte, el fiscal Arturo Haidar explicó que “el procedimiento se llevó a cabo por orden judicial, a instancias de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA, con foco en el abordaje estratégico del microtráfico en general y, en particular, en los mercados abiertos de drogas y las economías ilegales, que tienen vinculación directa con la violencia en los barrios.

En este inmueble se registraron reiterados hechos de violencia durante mucho tiempo, lo que determinó su selección para los allanamientos y posterior derribo”.

“A partir de 2024 -prosiguió-, en el marco de la Ley de Microtráfico, este inmueble fue objeto de investigaciones del MPA, con allanamientos positivos en los que se detectaron maniobras ilegales vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo, como cocaína fraccionada para la venta, además de elementos para ese fraccionamiento, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo”.

“El rasgo distintivo de este caso es que, cada vez que el inmueble quedaba desocupado, volvía a ser ocupado de manera ilegal por terceros para continuar con la actividad delictiva, lo que también generaba conflictos en el barrio”, precisó el fiscal.

Y agregó que “en el último allanamiento se encontraron dos perros de raza pitbull en el interior, pero no había personas, ya que el lugar no reunía condiciones de habitabilidad”.

Finalmente, el fiscal Franco Carbone sostuvo que “este tipo de acciones son fundamentales. Más de ocho veces se allanó este lugar, se secuestraron estupefacientes, se detuvo a personas y se lograron condenas. Esto marca un antes y un después en este sitio”, al tiempo que destacó el “trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a hechos de violencia de alta lesividad, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.

El trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA y los municipios y comunas se consolida como una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

El Litoral

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

La  fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

La ciudad de Frontera fue escenario del quinto derribo de un punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico, norma impulsada por el gobierno de Santa Fe. La medida se concretó este miércoles desde las 8 en calle 102 al 500, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial y la Policía de Santa Fe.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, participó del operativo. En los estudios de Radio Rafaela, remarcó el alcance del plan: “Sabemos que las políticas de seguridad son prioridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y esta es una herramienta más. Desde enero de 2024 tenemos la posibilidad de ir detrás de los delitos de comercialización de estupefacientes y de inactivar los puntos de venta”.

Coudannes explicó que las acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). “Venimos con muchísimos allanamientos, con un trabajo encomiable desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. En particular, esta Circunscripción Judicial viene muy movida, con intervenciones en Rafaela y Ceres. Es una agenda en movimiento constante que representa una parte esencial del plan de seguridad”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la estrategia provincial combina investigación, prevención y presencia territorial. “La parte investigativa es esencial, pero no la única. También trabajamos en prevención, planificación y en cómo ordenamos la operatividad en calle, que es el núcleo más fuerte del Ministerio”, agregó.

En ese sentido, Coudannes hizo hincapié en el rol de la ciudadanía para aportar información sobre los puntos de venta. “Es muy importante el uso del 911 de manera anónima. Necesitamos esa información para poder trabajar con la Fiscalía y generar la priorización de los puntos a allanar. En junio estuvimos en Rafaela presentando esta posibilidad y los vecinos pueden pedir identidad de reserva al denunciar”, recordó.

La funcionaria provincial destacó el modelo de seguridad impulsado por la gestión Pullaro. “En estos casos, nosotros vamos a lo micro, al narcomenudeo. Claro que esto genera incomodidades y conflictos en los barrios, pero apuntamos a esos focos para generar herramientas concretas”, señaló.

Coudannes informó además sobre la evolución de los operativos en la región: “En Rafaela, tenemos más de 24 mil identificaciones de personas en lo que va del año y más de seis mil vehículos identificados. Esto demuestra la proactividad en la calle, gracias a una conducción firme, inversión en recursos, patrulleros, motos, camionetas, pistolas taser y capacitación”.

Finalmente, definió el espíritu de trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. “El modelo de proceder es con información, sin improvisación y con trabajo en territorio. El mensaje es claro: el que delinque, las paga; y a la víctima se la contiene, se la resguarda y se la protege”.