El Gobierno Provincial, a través de un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA, procedió al derribo del búnker de drogas número 116 en el territorio santafesino durante la actual gestión, en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, señaló que “este es el quinto punto de venta de drogas derribado en la ciudad de Santa Fe y el número 116 en toda la provincia, en el marco de esta política de control y desactivación de las infraestructuras de distintas bandas narco”.

En esa línea, Montenotte explicó que “la violencia altamente lesiva alrededor de los puntos de venta desactivados tiende a disminuir, y la orden del gobernador Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, es avanzar con estas medidas.

Transcurrido un tercio del año vemos que, con estas acciones, hay una disminución de la violencia en toda la provincia respecto de años anteriores y muy por debajo de las peores épocas, gracias a la política de persecución del microtráfico, al control en las cárceles y a la presencia policial en las calles para prevenir el delito, entre otras medidas”.

Por su parte, el fiscal Arturo Haidar explicó que “el procedimiento se llevó a cabo por orden judicial, a instancias de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA, con foco en el abordaje estratégico del microtráfico en general y, en particular, en los mercados abiertos de drogas y las economías ilegales, que tienen vinculación directa con la violencia en los barrios.

En este inmueble se registraron reiterados hechos de violencia durante mucho tiempo, lo que determinó su selección para los allanamientos y posterior derribo”.

“A partir de 2024 -prosiguió-, en el marco de la Ley de Microtráfico, este inmueble fue objeto de investigaciones del MPA, con allanamientos positivos en los que se detectaron maniobras ilegales vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo, como cocaína fraccionada para la venta, además de elementos para ese fraccionamiento, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo”.

“El rasgo distintivo de este caso es que, cada vez que el inmueble quedaba desocupado, volvía a ser ocupado de manera ilegal por terceros para continuar con la actividad delictiva, lo que también generaba conflictos en el barrio”, precisó el fiscal.

Y agregó que “en el último allanamiento se encontraron dos perros de raza pitbull en el interior, pero no había personas, ya que el lugar no reunía condiciones de habitabilidad”.

Finalmente, el fiscal Franco Carbone sostuvo que “este tipo de acciones son fundamentales. Más de ocho veces se allanó este lugar, se secuestraron estupefacientes, se detuvo a personas y se lograron condenas. Esto marca un antes y un después en este sitio”, al tiempo que destacó el “trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a hechos de violencia de alta lesividad, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.

El trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA y los municipios y comunas se consolida como una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

El Litoral

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

La  fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

La ciudad de Frontera fue escenario del quinto derribo de un punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico, norma impulsada por el gobierno de Santa Fe. La medida se concretó este miércoles desde las 8 en calle 102 al 500, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial y la Policía de Santa Fe.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, participó del operativo. En los estudios de Radio Rafaela, remarcó el alcance del plan: “Sabemos que las políticas de seguridad son prioridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y esta es una herramienta más. Desde enero de 2024 tenemos la posibilidad de ir detrás de los delitos de comercialización de estupefacientes y de inactivar los puntos de venta”.

Coudannes explicó que las acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). “Venimos con muchísimos allanamientos, con un trabajo encomiable desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. En particular, esta Circunscripción Judicial viene muy movida, con intervenciones en Rafaela y Ceres. Es una agenda en movimiento constante que representa una parte esencial del plan de seguridad”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la estrategia provincial combina investigación, prevención y presencia territorial. “La parte investigativa es esencial, pero no la única. También trabajamos en prevención, planificación y en cómo ordenamos la operatividad en calle, que es el núcleo más fuerte del Ministerio”, agregó.

En ese sentido, Coudannes hizo hincapié en el rol de la ciudadanía para aportar información sobre los puntos de venta. “Es muy importante el uso del 911 de manera anónima. Necesitamos esa información para poder trabajar con la Fiscalía y generar la priorización de los puntos a allanar. En junio estuvimos en Rafaela presentando esta posibilidad y los vecinos pueden pedir identidad de reserva al denunciar”, recordó.

La funcionaria provincial destacó el modelo de seguridad impulsado por la gestión Pullaro. “En estos casos, nosotros vamos a lo micro, al narcomenudeo. Claro que esto genera incomodidades y conflictos en los barrios, pero apuntamos a esos focos para generar herramientas concretas”, señaló.

Coudannes informó además sobre la evolución de los operativos en la región: “En Rafaela, tenemos más de 24 mil identificaciones de personas en lo que va del año y más de seis mil vehículos identificados. Esto demuestra la proactividad en la calle, gracias a una conducción firme, inversión en recursos, patrulleros, motos, camionetas, pistolas taser y capacitación”.

Finalmente, definió el espíritu de trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. “El modelo de proceder es con información, sin improvisación y con trabajo en territorio. El mensaje es claro: el que delinque, las paga; y a la víctima se la contiene, se la resguarda y se la protege”.