Diputados opositores firmarán la próxima semana un dictamen para ampliar la moratoria y ajustar el bono a los jubilados, luego de haber concluido hoy la ronda de consultas con especialistas, y organizaciones de jubilados y pensionados.  

De todos modos, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica deberán alcanzar acuerdos para extender la moratoria que venció el pasado 23 de marzo y el ajuste del bono estancando desde diciembre del 2023 en 70 mil pesos. 

 Por ese motivo, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Konning (UCR)  informó que se le pedirá a la Oficina de Presupuesto una evaluación sobre el costo fiscal de la moratoria, del ajuste del bono y de la prestación proporcional para "poner tener algunos números".  

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, señaló que la Oficina de Presupuesto (OPC) "está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad" y advirtió que sobre los proyectos previsionales debe haber algún acuerdo sobre líneas comunes para que la Oficina pueda evaluarlos porque no está en condiciones de evaluar 21 proyectos".  

 Al respecto, el legislador de Nicolas Massot (Encuentro Federal) estuvo de acuerdo que no se le puede pedir a la OPC analizar una veintena de proyectos pero se "pueden agrupar en tres sectores" y se le puede pedir un cálculo lo que se "ahorra el Tesoro Nacional con la caída de la moratoria y cuánto costaría prorrogar la moratoria".  También señaló que se  le puede pedir un estudio sobre el proyecto para aumentar de 70 a 105 mil pesos el bono que cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, "con lo cual serían dos números cual será el costo de aumentar la moratoria y cual sería de aumentar el bono", añadió. 

 Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.  

Sin la moratoria solo podrán acceder a la Prestación Universal

 a lAdulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

En el plenario de las  comisiones expusieron hoy especialistas y organizaciones de jubilados, entre quienes estuvieron Nora Biaggo, quien participa en las marchas que se hacen todos los miércoles al Congreso y que pronunció un discurso donde criticó con dureza al Gobierno.

 La representante del Movimiento de Jubilados manifestó que "estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco".  

 Además precisó que "reclamamos algo elemental los jubilados: que se termine la intervención de 45 años en el PAMI ya que "debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos".

 Por su parte, Renee Girardi del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, señaló que "la situación de los jubilados sigue siendo pésima" ya que "nuestra vida, las personas mayores, nuestra vida, se deteriora junto con nuestra dignidad de personas simplemente, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna",. 

 "Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana", agregó.

 En tanto, la secretaria de Previsión de CTA Autónoma Nacional, Olivia Ruiz, dijo que "tenemos la precariedad laboral de más del 50%, los jubilados cobrando una haber mínimo mayoritariamente de miseria y un bono sin movilidad".

 Añadió que "nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias, el sistema de salud que nos contiene y que los diferentes gobiernos se han dedicado a destruir", declaró. 

Respecto del bono, instó a que "se incluya dentro del haber jubilatorio".  

 Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.   Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

La sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para el próximo martes, con el caso "Libragate" y la moratoria previsional en agenda, enfrenta serias dificultades para reunir el quórum necesario. Tensiones internas, maniobras del oficialismo y ausencias clave amenazan con frustrar el debate.

La oposición intenta llegar a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión en la Cámara baja. Sin embargo, las señales no son alentadoras: si bien sobre el papel las firmas alcanzan para el quórum, las ausencias probables y las presiones del oficialismo podrían desbaratar el intento.

Según los cálculos más optimistas, los bloques convocantes suman:

Unión por la Patria: 94 votos asegurados (aunque tiene 98 bancas)

Democracia para Siempre (DPS): 9

Encuentro Federal (EF): 8

Coalición Cívica: 6

Frente de Izquierda: 5

Diputados aliados: Roberto Mirabella (Santa Fe) y Sergio Acevedo (Santa Cruz)

Así, el número llegaría a 124 diputados, aún a cinco del quórum requerido. Y ese conteo asume un escenario ideal, sin faltazos.

El antecedente inmediato que enciende las alarmas es el del 19 de marzo, cuando la oposición intentó sesionar para tratar la prórroga de la moratoria jubilatoria. Aquella vez, la convocatoria fracasó con 124 diputados presentes. La novedad fue la ausencia de siete legisladores de Unión por la Patria, cuatro de ellos por decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, alineado con la Casa Rosada.

El oficialismo, al igual que entonces, activa su maquinaria de persuasión para evitar que la sesión prospere. En ese juego, cada diputado cuenta, y los gobernadores afines al Gobierno nacional vuelven a tener un rol clave.

En Encuentro Federal, cuatro de los cinco cordobeses responderían a Martín Llaryora, que busca evitar confrontaciones con el oficialismo. Solo Natalia de la Sota se desmarcaría. También hay dudas sobre Francisco Morchio (Entre Ríos) y Jorge “Loma” Ávila (Chubut), con historial de acompañamiento al oficialismo.

Los seguros del espacio serían Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Florencio Randazzo. Pero este último se ausentó en la sesión de marzo, por lo que su participación está en duda.

En Democracia para Siempre, el bloque de radicales díscolos, los seguros son Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Juan Carlos Polini, Manuel Aguirre y Carla Carrizo. El resto presenta un panorama incierto.

El bloque de la UCR, liderado por Rodrigo De Loredo, no acompañó el pedido de sesión y es determinante. Ninguno de sus veinte miembros firmó la convocatoria. Solo Julio Cobos y Natalia Sarapura dieron quórum el 19 de marzo.

Por el lado del PRO, los únicos con alguna chance de colaborar serían Álvaro González y Héctor Baldassi, ambos cercanos a Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, el reciente pacto de no agresión entre Larreta y el oficialismo porteño podría limitar sus movimientos.

Otras incógnitas son los tres diputados del MID, encabezados por Oscar Zago, y la monobloquista ex libertaria Lourdes Arrieta.

En la sesión se busca tratar:

La extensión de la moratoria previsional, que está frenada en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

La declaración de la emergencia en discapacidad.

El escándalo conocido como “Libragate”, con la intención de crear una comisión investigadora y citar a funcionarios implicados en la supuesta “criptoestafa”.

Además, el miércoles 9 de abril se convocó a una reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social. La idea es que, si la sesión logra abrirse el martes, se emplace a la comisión de Presupuesto para integrarse al plenario ese mismo día.

Es para personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y tienen faltantes hasta 2008. También para los que aún no alcanzaron la edad y tienen aportes faltantes hasta el 31 de marzo de 2012.

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Luego de la aprobación en Diputados de la ley que establece un nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, las personas que alcanzaron la edad jubilatoria -mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más- pero no llegaron a cumplir con los 30 años de aportes tendrán la posibilidad de regularizar su deuda previsional.

Charló con RADIO RAFAELA, la doctora Andrea Steinberger y hablo sobre algunos puntos interesantes sobre esta nueva ley. Ella primero mencionó la importancia de estas nuevas leyes: “hay un montón de conquistas laborales que se han logrado en los últimos años que son importantísimas, también tenemos que arbitrar los medios o el Estado para que la precarización laboral no siga siendo una moneda corriente entre los trabajadores”

Del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria, de acuerdo a los datos del organismo. En la Argentina, las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de aportes son la minoría: solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones. Además, en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes.

El plan de pago de la deuda provisional para quienes ya tienen edad jubilatoria permitirá cancelar los aportes adeudados en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $5.730 a marzo de este año.

La abogada comentó la diferencia entre empleado y trabajador, “el trabajo es una cosa el empleo es otra. El empleo tiene que ver con las personas que tienen el privilegio de contar con algunas cuestiones relacionadas con estar trabajando en blanco, que tiene que ver con el aporte jubilatorio, una obra social o un sindicato que los acompañen es sus luchas. No es así el trabajador, que hay personas que trabajan precariamente, y que lo han hecho toda su vida”

Ella mencionó la situación de las trabajadoras domésticas, los peones rurales y los empleados de la construcción, que son escenarios laborales muy vulnerables. Se deben trabajar en estos aspectos y creo que esta ley se ocupa.