La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada".

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

En el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans,  afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo".

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", del cual dijo que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó en el discurso de cierre del oficialismo.

"Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia", apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

Agencia NA

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales.

La medida fue adoptada este miércoles durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra de ese apartado.

La Libertad Avanza intentará que el resto de la iniciativa sea tratado este jueves desde las 14 en el Senado, después del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del mes pasado.

La definición se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto con legisladores de fuerzas dialoguistas.

Algunos aliados habían pedido directamente suspender la sesión, pero el oficialismo resolvió eliminar los artículos más resistidos y mantener el debate sobre los demás puntos.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun

El capítulo comenzó a perder respaldo después de que los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaran que no acompañarían la modificación.

También surgieron objeciones entre senadores radicales, dirigentes provinciales y una legisladora del PRO, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar la propuesta original.

La discusión había escalado después de que Bullrich anunciara una modificación al texto para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.

El proyecto mantenía la prohibición de compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitía operaciones de empresas con participación estatal extranjera bajo determinadas condiciones.

Esas adquisiciones debían contar con la autorización de la provincia en la que estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el texto establecía que la titularidad extranjera no podría superar el 25% de la superficie rural de cada provincia.

Las operaciones también debían inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad de los compradores.

LO QUE AMAMOS NO SE VENDEMisiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF

La Libertad Avanza informó que la decisión fue tomada por consenso entre 44 senadores pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados.

“La postergación no implica su eliminación del proyecto”, aclaró el comunicado difundido después del encuentro. El espacio aseguró que continuará trabajando en el capítulo para “alcanzar un mayor nivel de consenso”.

El oficialismo agregó que la intención es enriquecer la propuesta con nuevos aportes hasta obtener “una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.

Sin el capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene modificaciones al régimen de Expropiaciones, los procedimientos de Desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

La bancada libertaria aseguró que esos capítulos “cuentan con amplio respaldo” entre las fuerzas que participaron de la negociación. También se incluyen cambios en la escrituración y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo buscará aprobar esos apartados durante la sesión del jueves, mientras mantiene abiertas las conversaciones para reformular el régimen de tierras rurales.

EL

Con consignas como “Las Malvinas son argentinas, el resto de nuestro territorio también” y “La tierra no se vende, se defiende”, organizaciones sociales y políticas se movilizaron este miércoles por la tarde en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela para expresar su rechazo a las iniciativas legislativas que se debaten en el Congreso de la Nación.

La convocatoria se realizó en el marco de una jornada nacional impulsada por distintos espacios, que cuestionan el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advierten sobre modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

Según manifestaron los organizadores en la convocatoria, consideran que las propuestas favorecerían la extranjerización de tierras, limitarían la capacidad del Estado para intervenir en cuestiones de interés público y facilitarían desalojos y procesos de especulación inmobiliaria.

A través de publicaciones difundidas en redes sociales, distintos espacios expresaron además su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, al sostener que afectaría la soberanía sobre el territorio y los recursos estratégicos del país.

Tras la movilización realizada el miércoles, las organizaciones anunciaron una nueva convocatoria para este jueves 6 de agosto a las 17:30, nuevamente en la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio municipal.

La actividad fue presentada como una "Radio Abierta y Soberana", bajo la misma consigna de defensa de la soberanía nacional y del territorio argentino.

El debate por la reforma de la Ley de Tierras sumó una voz de peso proveniente del mundo del deporte. El defensor de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, expresó públicamente su postura sobre el proyecto que será tratado en el Congreso de la Nación y generó un amplio intercambio de opiniones en redes sociales.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el zaguero del Manchester United compartió un mensaje breve pero contundente: "Las tierras argentinas no se venden".

No es la primera vez que el campeón del mundo se manifiesta sobre temas de interés público. En los últimos años, Martínez realizó diversas publicaciones relacionadas con cuestiones sociales, fechas patrias y acontecimientos de relevancia nacional, consolidando un perfil activo más allá de su carrera futbolística.

Su reciente publicación tuvo una rápida repercusión y reavivó el debate en las plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron opiniones tanto a favor como en contra de su postura, en la antesala del tratamiento legislativo del proyecto.

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Un emotivo regreso a Gualeguay

Días atrás, Lisandro Martínez fue homenajeado en su ciudad natal, Gualeguay, tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Cientos de vecinos se reunieron en la costanera para recibir al defensor, quien compartió un momento con los presentes, firmó autógrafos, se tomó fotografías y agradeció el cariño de la gente: "Quiero darles las gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad", expresó durante el homenaje.

Además, reconoció que le hubiera gustado regresar con el título mundial, aunque destacó el esfuerzo realizado por el seleccionado argentino durante la competencia.

En la Copa del Mundo 2026, Martínez disputó siete partidos, convirtió un gol y brindó una asistencia, siendo una de las piezas importantes del equipo nacional.

La Mesa Política del Gobierno nacional se reunió este martes en la Casa Rosada y definió avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido públicamente como reforma de la Ley de Tierras.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron el estado de las negociaciones legislativas y ratificaron la intención de que el Senado trate la iniciativa este jueves 6 de agosto, pese a las diferencias que todavía persisten con algunos bloques aliados.

El proyecto atravesó numerosas modificaciones. La última redacción abandona la propuesta inicial de eliminar completamente las restricciones y plantea elevar del 15 % al 25 % el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas o empresas extranjeras. La legislación vigente mantiene actualmente un tope del 15 % en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

La Libertad Avanza confía en conseguir los respaldos necesarios para avanzar con la media sanción, aunque continúan las conversaciones con senadores radicales, provinciales y otros sectores dialoguistas.

El tratamiento había sido postergado en distintas oportunidades por falta de acuerdos. En la sesión del 16 de julio, el Senado aprobó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para retomar la discusión del proyecto.

La iniciativa no se limita al régimen de tierras rurales, sino que también incluye modificaciones vinculadas con expropiaciones, desalojos y otras disposiciones relacionadas con la propiedad privada.

El texto todavía no fue sancionado, por lo que continúa vigente la Ley Nacional N.º 26.737 y su límite del 15 % para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales.

Durante la reunión, la Mesa Política también acordó impulsar a mediados de agosto en la Cámara de Diputados la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Ambos proyectos forman parte de la agenda legislativa prioritaria del presidente Javier Milei para el segundo semestre.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Santilli confirmó además que este jueves viajará junto con Caputo a Catamarca para mantener encuentros con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

La agenda estará centrada en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra compartida por ambas provincias.

El acercamiento se produce mientras el Gobierno busca fortalecer el diálogo con distritos cuyos representantes pueden resultar determinantes en las próximas votaciones del Congreso.

El debate por la propiedad de las tierras rurales volverá esta semana al Congreso y tendrá efectos directos en Santa Fe. El Senado tiene previsto retomar el jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de compra de campos por parte de extranjeros.

La discusión había quedado aplazada el 16 de julio, cuando la Cámara alta aprobó un cuarto intermedio. La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, aunque recibió modificaciones durante su paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Uno de sus puntos principales es la reforma de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en manos extranjeras.

El panorama actual en Santa Fe

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 4,94% de la superficie rural santafesina está registrado a nombre de titulares extranjeros.

La cifra equivale a 670.174 hectáreas sobre un total aproximado de 13,57 millones de hectáreas rurales relevadas en la provincia.

La distribución no es uniforme. El caso más significativo es el departamento Garay, donde la extranjerización alcanza el 15,73%, equivalente a 61.629 hectáreas.

Garay es el único departamento santafesino que aparece entre las jurisdicciones argentinas con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras. Además, el 94% de esa superficie corresponde a capitales estadounidenses.

Más atrás se ubican General López, con el 3,50%; San Javier, con el 3,10%; 9 de Julio, con el 2,47%; y Vera, con el 1,28%. En General Obligado, en cambio, la presencia extranjera es prácticamente nula.

Los datos oficiales están publicados por departamento, por lo que el porcentaje de Garay no permite determinar si algún municipio o comuna supera individualmente los límites legales.

Qué establece actualmente la Ley de Tierras Rurales

La Ley 26.737 fija controles nacionales para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y empresas extranjeras.

La norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural nacional. Ese mismo límite rige para cada provincia y para cada municipio o jurisdicción equivalente.

También dispone que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido a extranjeros. En la práctica, una nacionalidad no debería controlar más del 4,5% de las tierras rurales de una jurisdicción.

Además, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva, o una superficie equivalente en otras regiones.

La ley restringe también la adquisición de campos que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes. Para los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera se exige un procedimiento especial con intervención del Estado nacional.

El oficialismo propone elevar al 25% el límite para extranjeros

La Libertad Avanza volvió a modificar el proyecto de Ley de Tierras para reunir los votos necesarios en el Senado. 

Patricia Bullrich presentará este martes en conferencia de prensa,  los cambios y el oficialismo intentará llevar la iniciativa al recinto el jueves, luego de cinco intentos fallidos y numerosos borradores.

El nuevo texto descarta la eliminación total de las restricciones y propone que personas y empresas extranjeras puedan adquirir hasta el 25% de las tierras rurales de cada provincia.

La propuesta original, impulsada por Federico Sturzenegger, buscaba eliminar el límite vigente del 15% para la compra de tierras por capitales extranjeros. Ante la falta de apoyos, el Gobierno negoció elevar ese tope al 25%.

Esto permitiría que personas o compañías privadas extranjeras adquieran tierras rurales sin los actuales límites nacionales. Las provincias conservarían la facultad de regular, autorizar o impedir determinadas operaciones dentro de sus territorios. 

La nueva redacción prohíbe que personas humanas o jurídicas extranjeras superen ese porcentaje dentro del territorio de cada provincia.

Las restricciones en zonas de frontera continuarían vigentes. En cambio, al excluir a los inversores privados extranjeros del régimen federal, las protecciones sobre grandes cuerpos de agua dependerían de otras normas nacionales, provinciales o ambientales

El oficialismo calcula que cuenta con unos 34 respaldos y necesita llegar a 36 para aprobar el proyecto. Sin embargo, senadores aliados y opositores reclaman conocer la versión definitiva, debido a los reiterados cambios.

Bullrich participará el martes por la tarde de una conferencia de prensa junto con Nadia Márquez y Agustín Coto para explicar el alcance de la iniciativa y ordenar la postura del bloque libertario.

Con esta nueva modificación, el Gobierno busca superar las resistencias y conseguir la media sanción de una iniciativa que continúa generando debate por su impacto sobre la soberanía territorial y la propiedad de las tierras rurales.

Una iniciativa más amplia

Aunque el debate público se concentra en la extranjerización, el proyecto también modifica otros regímenes.

La iniciativa introduce cambios en la legislación de expropiaciones, establece procedimientos más rápidos para desalojos, modifica disposiciones sobre inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares y altera normas del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

En materia de desalojos, propone un proceso sumarísimo y plazos abreviados para restituir inmuebles en casos de falta de pago, vencimiento de contratos u ocupaciones sin título.

También modifica las restricciones para cambiar el uso o vender terrenos afectados por incendios.

Argumentos a favor y cuestionamientos

El Gobierno nacional sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones, reducen el valor de los campos y dificultan el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales, industriales y logísticas.

La reforma apunta, según esa postura, a fortalecer el derecho de propiedad y trasladar a las provincias una parte importante de las decisiones sobre la venta de tierras. La Sociedad Rural Argentina también respaldó una mayor libertad para que los propietarios decidan sobre sus campos.

En sentido contrario, investigadores del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que la flexibilización podría aumentar la concentración, elevar el precio de los campos y dificultar el acceso a la tierra para productores locales. También alertaron sobre posibles efectos en áreas estratégicas vinculadas con ríos, lagunas, acuíferos, bosques, minerales, corredores logísticos y zonas fronterizas.

A nivel nacional, cerca del 5% de las tierras rurales, más de 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Aproximadamente la mitad corresponde a propietarios de Estados Unidos, Italia y España.

Santa Fe, ante una decisión de alcance nacional

En Santa Fe, el debate tiene especial relevancia por su superficie productiva, el peso del sector agropecuario y la presencia de recursos hídricos vinculados con el río Paraná, sus islas y humedales.

La Legislatura provincial también comenzó a discutir el tema. Diputados santafesinos presentaron una iniciativa para pedir al Ejecutivo medidas de protección sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las áreas cercanas a la vía navegable troncal.

Si el Senado aprueba el proyecto, deberá pasar a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el dato provincial marca el punto de partida: Santa Fe tiene 670.174 hectáreas rurales en manos extranjeras y Garay concentra el porcentaje más alto, con el 15,73% de su superficie departamental.

El oficialismo modificó nuevamente el proyecto vinculado con la Ley de Tierras Rurales y ahora propone elevar del 15 % al 25 % el límite de tierras que podrán quedar bajo titularidad o posesión de personas y empresas extranjeras.

La nueva redacción representa un cambio respecto de la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que buscaba eliminar completamente las restricciones existentes.

La iniciativa todavía no fue aprobada por el Congreso. Actualmente, la Ley Nacional N.º 26.737 mantiene en el 15 % el límite de tierras rurales en manos extranjeras, porcentaje que se calcula sobre los territorios nacional, provincial y municipal o departamental.

El borrador enviado por el bloque oficialista a sectores aliados establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir tierras rurales por encima del 25 % del territorio de cada provincia.

De esta manera, La Libertad Avanza abandonaría la eliminación total del límite y ampliaría en diez puntos porcentuales el margen establecido por la legislación actual.

La modificación busca acercar posiciones con senadores que manifestaron reparos frente a la posibilidad de liberar completamente la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

El proyecto atravesó diferentes cambios y varios intentos fallidos de tratamiento. Según estimaciones difundidas desde el ámbito legislativo, el oficialismo reunía entre 34 y 35 votos, pero necesita alcanzar al menos 36 para avanzar con la media sanción.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes 4 de agosto, a las 16, una conferencia de prensa para brindar detalles de la propuesta.

Está previsto que participe acompañada por los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, mientras continúan las negociaciones con los bloques dialoguistas.

La intención inicial del oficialismo es reanudar este jueves 6 de agosto el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye las modificaciones al régimen de tierras rurales. Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que la realización de la sesión todavía no estaba completamente confirmada.

Otro elemento dentro de la estrategia legislativa está relacionado con el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia.

Cuando el Presidente abandone el país, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y no podrá presidir la sesión. En ese caso, la conducción del Senado quedaría en manos de su presidente provisional, Bartolomé Abdala.

La situación resulta relevante porque Villarruel expresó públicamente su rechazo al proyecto original y, en caso de producirse un empate durante una sesión encabezada por ella, tendría la facultad de definir la votación.

Mientras avanzan las negociaciones, el oficialismo buscará presentar el nuevo límite del 25 % como un punto intermedio entre la regulación vigente y la liberalización total propuesta inicialmente.