El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente declarado responsable por la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado en la localidad bonaerense de Altos de San Lorenzo.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, luego de varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa.

A comienzos de marzo, un jurado popular había declarado culpable al acusado por el hecho ocurrido durante un robo.

Durante la última audiencia del proceso, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena que finalmente fue impuesta al joven, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor material.

La sanción se ubica entre las más altas previstas para este tipo de delito, cuyo marco legal contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que el hecho debía ser considerado homicidio culposo y pidió una condena de 7 años de prisión.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

El tribunal resolvió que el acusado debía ser juzgado como menor conforme a la legislación vigente.

El segundo adolescente involucrado en el hecho, de 14 años, quedó fuera del alcance del régimen penal debido a su edad.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del año pasado, alrededor de las 22, cuando Kim Gómez y su madre se encontraban dentro de un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado.

Según la investigación, dos adolescentes abordaron a las víctimas con la intención de robar el automóvil. La madre logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Los agresores huyeron con el vehículo y, de acuerdo con testimonios incorporados a la causa, intentaron sacar a la menor por la ventanilla.

La niña fue arrastrada durante más de 15 cuadras hasta que el automóvil impactó contra un poste. Tras el choque, los atacantes escaparon y el cuerpo de la menor quedó debajo del vehículo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió distintas pruebas que permitieron vincular a los sospechosos con el robo y el homicidio.

Entre los elementos incorporados al expediente se incluyeron registros de cámaras de seguridad, que mostraron al principal acusado usando un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que posteriormente fue secuestrada por la DDI de La Plata durante un allanamiento en su vivienda.

Durante el juicio también declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien relató el impacto del crimen en la familia.

El hombre definió el proceso judicial como “muy duro” y sostuvo que el debate permitió esclarecer lo ocurrido.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este lunes.

La normativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, introduce cambios estructurales en el tratamiento penal de adolescentes y establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con este nuevo marco legal, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal, bajo un sistema diferenciado del régimen aplicable a los adultos.

El proyecto fue aprobado por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos afirmativos y 27 negativos, luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.

De esta manera, el oficialismo logró convertir en ley una de las iniciativas centrales de su agenda en materia de seguridad y justicia.

El nuevo régimen incorpora un esquema de penas graduadas que tendrá en cuenta tanto la edad del adolescente como las circunstancias del delito cometido.

Entre los puntos principales de la reforma se destacan:

El nuevo sistema también contempla dispositivos socioeducativos y establecimientos especiales para adolescentes, con el objetivo de priorizar procesos de reinserción social.

Durante el debate legislativo, el proyecto original del Ejecutivo proponía bajar la imputabilidad a los 13 años, aunque finalmente se fijó en 14 años tras negociaciones con bloques aliados como PRO y UCR.

Con esta modificación, Argentina se alinea con varios países de la región donde la imputabilidad comienza a los 14 años, mientras que en otros casos el límite se ubica incluso en los 12 años, aunque con regímenes socioeducativos específicos.

La promulgación de la ley marca un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino, que hasta ahora se regía por una normativa vigente desde 1980.

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

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Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

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La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 11, en la que se debatirán dos temas incluidos en el llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo: la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La sesión marcará el inicio del tratamiento en el recinto de una discusión que promete ser extensa y atravesada por fuertes diferencias políticas, especialmente en torno al régimen de imputabilidad de menores.

El proyecto de Ley Penal Juvenil cuenta con dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, aunque la nueva composición de la Cámara reavivó el debate. El punto más sensible es la edad mínima para declarar imputable a una persona.

El oficialismo impulsa fijar el piso en 13 años, mientras que la posición mayoritaria en el Congreso se inclina por establecerlo en 14. A su vez, otros sectores sostienen que debe mantenerse el límite actual de 16 años.

En los últimos días, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto que luego fue retirado pocas horas después, con el objetivo de reconsiderar algunos puntos y alcanzar consensos con bloques dialoguistas. Se espera que en las próximas horas ingrese un texto reformulado.

La iniciativa oficial también contempla la asignación de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen.

En total, son 15 los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil que figuran en el temario de la sesión, entre ellos el mensaje 46 del Ejecutivo presentado en julio de 2024.

El otro punto central del temario es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La aprobación del entendimiento enfrenta resistencias dentro del bloque europeo y genera posiciones divididas en el plano interno.

Ambos temas se tratarán en una jornada que se prevé extensa y con fuerte impacto político, en el marco de la primera sesión extraordinaria del año.

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que se están evaluando alternativas legales para que “haya consecuencias” para los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La dirigente señaló que mantuvo conversaciones con abogados y con la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que el caso no quede impune.

“Ya estuvimos hablando con los abogados y con la fiscal general de Santa Fe para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, expresó Bullrich en declaraciones a la prensa, al referirse a la situación judicial de los menores involucrados en el crimen.

La senadora recordó que durante 2025 existían condiciones políticas para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero que el proyecto no prosperó en el Congreso. “La ley penal no es retroactiva, pero eso no significa que el Estado no tenga que dar una respuesta”, remarcó.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de un encuentro con la familia de Jeremías Monzón en el Senado. La reunión estuvo atravesada por el reclamo de justicia de los familiares y por el impacto social que generó el caso, que volvió a poner en el centro de la agenda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.

“Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, sostuvo la legisladora, tras escuchar el testimonio de la madre de la víctima.

En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional decidió reimpulsar el debate legislativo. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

La iniciativa oficial apunta a reformar el régimen vigente y reabrir la discusión sobre la edad de imputabilidad, un tema que genera fuertes posiciones encontradas en el ámbito político, judicial y social.

El encuentro entre Patricia Bullrich y Romina Monzón tuvo una fuerte carga simbólica y política. La senadora recibió a la madre de Jeremías, el adolescente asesinado en un hecho violento que involucró a otros menores, y utilizó el caso para volver a impulsar el debate por la Ley Penal Juvenil.

“Decidimos poner este proyecto para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así”, sostuvo Bullrich. Remarcó que no se puede tolerar que menores cometan homicidios y “vuelvan a su casa como si no hubiera pasado nada”, y señaló que el Estado debe dar una respuesta institucional.

La funcionaria confirmó que el proyecto ingresará en febrero a la Cámara de Diputados. Recordó que la iniciativa ya había sido impulsada durante 2025 por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, pero quedó frenada por la dinámica parlamentaria y las disputas políticas.

Bullrich reconoció que la ley no será retroactiva y que no alcanzará el caso de Jeremías, pero aseguró que se trabaja con fiscales y abogados para que “no sea como si nada hubiera pasado”. En ese marco, mencionó contactos con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

Para la legisladora, la muerte de Jeremías se transformó en un punto de inflexión. “Este caso va a dejar un legado”, afirmó, y sostuvo que debe servir para interpelar a todo el país sobre la educación, la prevención de la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Romina Monzón expresó su dolor con crudeza. “Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, dijo. Remarcó que si la ley se hubiera aprobado antes, los responsables estarían detenidos, y sostuvo que la lucha ahora es para que otras familias no pasen por lo mismo.

La madre de Jeremías afirmó que no busca venganza, sino que la muerte de su hijo “no sea en vano”. Señaló que seguirá impulsando el reclamo “hasta las últimas consecuencias”, no solo por su hijo, sino por otras víctimas de hechos similares.

En el caso, además de los menores involucrados, existe una persona adulta imputada como partícipe secundaria. Monzón sostuvo que hubo planificación y un nivel de violencia que calificó como “perverso”, y cuestionó el rol de los adultos en este tipo de hechos.

El debate por la Ley Penal Juvenil excede la edad de imputabilidad. En el Congreso, uno de los consensos previos era fijarla en 14 años, pero el impacto del caso Jeremías reabrió presiones para bajarla a 13.

Especialistas y legisladores advierten que el debate no puede ser reducido solo a la edad. Señalan la falta de discusión sobre presupuesto, infraestructura, dispositivos de contención, sistema penitenciario juvenil y políticas de prevención.

También se cuestiona que la ley no contemple de manera clara el financiamiento del sistema que debe sostenerla. La implementación, advierten, requiere recursos, formación profesional y una estructura que hoy no está plenamente desarrollada.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento parlamentario. Bullrich afirmó que el proyecto “va a ser ley en corto plazo” y que existe decisión política de impulsar la reforma, aun en un contexto de fuerte debate social e ideológico.

El Litoral.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, fijó postura sobre la baja de la edad de imputabilidad y expresó su respaldo a la discusión impulsada a nivel nacional. En un pronunciamiento público, cuestionó el uso de menores como “escudo del delito” y reclamó herramientas concretas para enfrentar la violencia.

“Basta de usar a los menores, es hora de que la justicia sea real. Como dice Maximiliano Pullaro, necesitamos herramientas para frenar la violencia. Queremos una Rafaela segura, donde el esfuerzo de los honestos valga más que la impunidad de los delincuentes”, sostuvo el mandatario local. 

El posicionamiento de Viotti se dio en el marco de la decisión del Gobierno nacional de incluir la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni.

El decreto habilitó el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de modificar el esquema vigente y permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados. El actual régimen establece los 16 años como edad mínima de punibilidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se manifestó a favor de una reforma del régimen penal juvenil, especialmente en casos de delitos graves. Lo hizo tras el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad. 

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro, quien además cuestionó el enfoque garantista en materia penal y remarcó que la discusión debe centrarse en la gravedad del delito más que únicamente en la edad del autor.

En ese contexto, el intendente Viotti alineó su postura con la del gobernador y con el debate nacional en curso, remarcando la necesidad de avanzar en cambios que, según expresó, permitan fortalecer la seguridad y reducir la impunidad.

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil, luego de ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario provincial al fijar su postura sobre el debate penal juvenil.

Pullaro también cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años la política penal en la Argentina. “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, planteó.

En esa línea, profundizó su mirada: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El gobernador recordó antecedentes que marcaron su posición sobre la imputabilidad. “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”, señaló.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, insistió en que la discusión no debe concentrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho. “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Pullaro agregó que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, y remarcó que se trata de un debate estructural que el país debe dar.

En su análisis, el gobernador advirtió sobre el rol que cumplen las organizaciones criminales en estos escenarios. “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”, afirmó.

Por eso, sostuvo que la normativa debe ajustarse al presente: “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

En esa línea, cerró con una definición política sobre el rumbo que impulsa: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

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