Durante los primeros seis meses de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ documentó 102 delitos motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que representa un incremento del 70% respecto del mismo período de 2024, cuando se habían reportado 60 casos. El dato refleja un récord histórico de violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina.

Del total de hechos, 17 personas murieron y otras 85 sufrieron lesiones físicas. El informe señala que las mujeres trans fueron las principales víctimas, representando el 70,6% de los ataques, seguidas por varones gay cis (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y una persona no binarie (1%).

De los 17 casos que implicaron la pérdida del derecho a la vida, cuatro fueron asesinatos, diez muertes por violencia estructural (precariedad, exclusión, abandono estatal) y tres suicidios. Esta clasificación muestra que la violencia hacia la comunidad no es solo directa, sino también producto de un contexto de desigualdad sistémica.

El 52,9% de las muertes fueron de mujeres trans, el 35,3% de varones gay cis, y el resto se reparte entre lesbianas, varones trans y una persona no binarie. El informe subraya que muchas de estas muertes eran evitables y expone la responsabilidad del Estado por acción u omisión.

El dato más inquietante del informe es que el 64,7% de los crímenes fueron perpetrados por el Estado, principalmente por fuerzas de seguridad en ejercicio de funciones (54 casos). En 12 episodios, la responsabilidad recayó en otras dependencias estatales que no protegieron a las víctimas. Solo el 35,3% de los ataques fueron cometidos por particulares.

El 54,1% de los crímenes ocurrieron en comisarías o unidades penitenciarias, lo que refleja la violencia institucional hacia personas LGBT+ privadas de libertad, en especial mujeres trans. El 17,6% sucedió en viviendas particulares, y el 16,4% en la vía pública, mostrando que ni el hogar ni la calle son espacios seguros para muchas personas de la diversidad.

La franja etaria más golpeada es la de 20 a 29 años, que concentra casi la mitad de los casos (45,16%). Le siguen los grupos de 40 a 49 años (19,35%) y 30 a 39 años (16,13%). También se registraron agresiones a adolescentes y adultos mayores, lo que indica una violencia transversal, aunque con un foco especialmente dirigido a los sectores más jóvenes.

El Observatorio destaca que la persistencia de ataques en franjas menores a los 40 años confirma el bajo promedio de vida de las personas trans y el fracaso del Estado en garantizar condiciones de existencia dignas.

El 60,8% de los crímenes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y el 23,5% en CABA, sumando más del 84% de los casos entre ambas jurisdicciones. El resto se distribuye entre Córdoba, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero, aunque el informe advierte que en varias provincias hay subregistro por falta de denuncias y ausencia de organizaciones que documenten estos hechos.

Un crimen de odio es una agresión impulsada por prejuicio, basada en el rechazo a la identidad o pertenencia de una persona a un colectivo históricamente vulnerado. La ley argentina reconoce estos delitos: la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y la Ley 26.791, que incorporó el agravante por odio al Código Penal, establecen penas de prisión perpetua para quienes maten motivados por odio a la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las formas más frecuentes de agresión fueron los golpes (57,8%), seguidos por puñaladas, disparos, asfixia, calcinamiento y abuso sexual. En 8 casos, las víctimas se autolesionaron, lo que el informe describe como una manifestación extrema de violencia psicológica y simbólica.

El Observatorio denuncia que los crímenes de odio no son hechos aislados, sino que responden a un clima social hostil, alimentado por discursos estigmatizantes que se replican desde altos niveles del poder político.

“Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, niega sus derechos y ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia”, advierte el informe. Y agrega: “Los discursos de odio no son opiniones inocuas, son estrategias de disciplinamiento social que generan condiciones para la violencia física, institucional y simbólica”.

Andry Hernández, un joven maquillador venezolano de 32 años, salió de su país en busca de libertad y un futuro junto a su pareja en Estados Unidos. Pero su viaje, motivado por el amor y el deseo de escapar de la homofobia, terminó en pesadilla: fue acusado injustamente de vínculos con pandillas y encerrado en la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, donde sufrió todo tipo de abusos antes de ser liberado.

La historia comenzó en 2024, cuando Andry decidió cruzar la selva del Darién con la esperanza de comenzar una nueva vida junto a Paul Díaz, un psicólogo estadounidense con quien soñaba casarse en Filadelfia. Al llegar a la frontera, solicitó asilo a través de la app oficial del gobierno estadounidense (CBP One), pero sus tatuajes —dos coronas en los brazos— llamaron la atención de los servicios de seguridad, que lo vincularon sin pruebas con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.

Tras ser detenido en California, fue deportado como parte de un grupo de 252 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad inaugurada por Nayib Bukele en 2023 y denunciada por múltiples organismos de derechos humanos.

“Soy gay, soy peluquero, por favor no me corten el cabello, ¡no soy un criminal!”, recuerda haber gritado Andry al llegar al penal. Allí fue golpeado, insultado y víctima de agresiones sexuales, cumpliendo 32 años en una celda sin contacto con el exterior, sin juicio ni pruebas en su contra.

Su liberación se produjo el 18 de julio de este año, luego de un canje diplomático entre Venezuela y Estados Unidos. Fue devuelto a su país natal y hoy vive en Capacho, estado Táchira, donde intenta rehacer su vida con la ayuda de su familia y sueña con abrir un salón de belleza.

Aunque no descarta reencontrarse con Paul en Colombia, Andry reconoce que la distancia y el horror vivido afectaron su vínculo. “Hay que tener los pies en la tierra. Él está allá, yo estoy aquí”, dice entre lágrimas.

Su caso ha generado conmoción no solo por la crudeza de su experiencia, sino también por la fragilidad de los procesos migratorios y de justicia en contextos de criminalización masiva, donde cualquier señal, incluso un tatuaje, puede costar la libertad.

Este lunes, en medio del partido que diputaron Portugal y Uruguay por la segunda fecha de la primera fase del Grupo H del Mundial de Qatar, un joven se cruzó por el medio del campo de juego del estadio Lusail exhibiendo una bandera LGBTIQ+ y una remera con reclamos por Ucrania y las mujeres de Irán. Es la primera vez que una insignia multicolor “flamea” durante un partido oficial en tierras qataríes.

El hombre llegó corriendo hasta el círculo central donde rápidamente fue interceptado por los guardias de seguridad. La remera azul que llevaba puesta tenía un logo de Superman en el pecho y el mensaje "Salvemos a Ucrania" abajo y en la parte de atrás otro que decía "Respeto para las mujeres iraníes", ambos en inglés.

La bandera del orgullo quedó en el piso durante unos segundos y fue el árbitro del encuentro, el iraní Alireza Faghani, quien la levantó y llevó hasta uno de los costados de la cancha hasta que fue incautada por un colaborador externo.

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Esta se convirtió en la primera manifestación pública a favor de los derechos LGBTIQ+ que se produce durante el Mundial de Qatar 2022, que estuvo marcado por la polémica ley local que estipula un castigo con años de presión a las relaciones entre personas del mismo sexo.

En la previa del inicio de la Copa del Mundo, el repudio al país organizador aumentó cuando uno de los embajadores del Mundial, el exfutbolista qatarí Khalid Salman, calificó a la homosexualidad como un "daño mental".