El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló una nueva sesión ordinaria en la que se trataron distintos proyectos previamente analizados en comisión. Entre los temas abordados se destacaron el plan de prevención contra el dengue, la continuidad de convenios urbanísticos y la implementación de un relevamiento integral del arbolado público de la ciudad.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento por el 35º aniversario del Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del Departamento Castellanos, institución creada con el objetivo de representar y acompañar a los profesionales del sector.

Actualmente, el Círculo cuenta con 253 socios distribuidos en distintas localidades del Departamento Castellanos y brinda servicios de kinesiología a 68 obras sociales con las que mantiene convenios directos.

La presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fossatti, junto al concejal Lisandro Mársico, autor de la iniciativa, entregaron una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria de la institución.

Durante la sesión también se trató una minuta de comunicación vinculada al plan integral de prevención, vacunación y contingencia contra el dengue.

Los concejales solicitaron información sobre la cantidad de vecinos que completaron el esquema de vacunación contra la enfermedad y si existe un trabajo articulado con los efectores provinciales para promover la aplicación de las dosis.

Además, consultaron sobre la disponibilidad de vacunas en el ámbito municipal y provincial, y si existe un esquema especial destinado al personal de áreas operativas e inspección que desarrolla tareas preventivas en territorio.

Otro de los proyectos aprobados fue la ratificación del convenio firmado entre la Municipalidad de Rafaela y AMIUN S.A., actual propietaria del inmueble donde funciona un playón polideportivo municipal.

El acuerdo permite que el Municipio continúe utilizando ese espacio para actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

El playón ya era utilizado mediante un convenio anterior con Carlos y Américo Grossi S.A., pero tras el cambio de titularidad del inmueble fue necesario establecer un nuevo acuerdo con la actual propietaria.

También se aprobó otro convenio de colaboración entre la Municipalidad y los señores Grazioli, Pfeiffer y Estrada para avanzar en la subdivisión de un terreno ubicado sobre Bv. Irigoyen.

Por último, el Concejo aprobó una ordenanza para implementar un relevamiento del arbolado público de Rafaela, en el marco de la Ley Provincial Nº 13.836 “Ley del Árbol”.

El objetivo es contar con información detallada sobre las especies existentes y sus condiciones, para mejorar la planificación de tareas de forestación, reforestación, mantenimiento y extracción cuando sea necesario.

El trabajo estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente y deberá contemplar, en una primera etapa, el arbolado de alineación para luego avanzar sobre plazas, parques, paseos, canteros y otros espacios públicos.

Entre los datos a relevar de cada ejemplar se incluyen:

La propuesta también establece la presentación de informes, indicadores, mapas temáticos y alertas visuales, con el objetivo de facilitar el diagnóstico y la planificación de acciones futuras.

La información obtenida será de acceso público y podrá incorporarse al Mapa Urbano o plataforma municipal correspondiente, permitiendo además la participación ciudadana mediante comentarios, fotografías y reclamos para actualizar el estado del arbolado.

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi visitaron la Municipalidad de Río Cuarto, donde fueron recibidos por el intendente Guillermo De Rivas y parte de su equipo de gestión.

Durante el encuentro, las autoridades de la ciudad cordobesa explicaron el modelo de modernización de la administración pública que llevan adelante y presentaron distintos programas implementados en las áreas del gobierno municipal.

Uno de los ejes abordados fue el programa “Gestión de Políticas Públicas Basadas en la Evidencia”, que desarrolla y ejecuta lineamientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de la administración municipal.

El objetivo de esta herramienta es fortalecer la calidad y efectividad de la gestión pública a partir del análisis sistemático de información.

Mársico explicó que uno de los aspectos centrales del modelo es la gestión interna de los datos.

“Se realiza una gestión interna de datos, partiendo de ver dónde se encuentran o quién los posee y la fuente de los mismos. Se sistematiza la información, constituyendo una herramienta clave para la planificación, el control y la toma de decisiones basadas en evidencia”, señaló el concejal.

Por su parte, Boidi destacó el modelo de gobernanza de datos públicos implementado por el Municipio de Río Cuarto.

Según explicó, el sistema busca garantizar la interacción, integración, intercambio y acceso a los datos de manera integral, sistemática y transparente.

El proceso contempla distintas etapas, que incluyen la planeación, captura, producción, organización, administración, difusión y utilización de la información.

Boidi señaló que el objetivo principal es dotar al Estado municipal de un marco normativo integrado que permita establecer un modelo de gobernanza de datos.

De esta manera, la información se convierte en una herramienta para respaldar la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia, mejorar los procesos de gestión y favorecer una toma de decisiones sustentada en datos.

El concejal de Rafaela Lisandro Mársico presentó un proyecto que busca establecer mecanismos para que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) puedan cortar los servicios en inmuebles ocupados ilegalmente.

La iniciativa, impulsada junto a la concejal Carla Boidi, apunta a intervenir en una etapa posterior a la denuncia judicial por usurpación, con el objetivo de evitar que quienes ocupan una propiedad de manera irregular puedan acceder a los servicios públicos y consolidar esa situación.

“Hay una cuestión que es la judicial, que corresponde a la Justicia, pero los organismos provinciales pueden hacer la vida imposible a quienes generan este tipo de situaciones”, explicó Mársico.

El concejal sostuvo que la ocupación ilegal de viviendas suele estar asociada a otras problemáticas que afectan a los vecinos de la zona. “Por lo general trae aparejado el narcomenudeo, hubo casos de prostitución, robos, hurtos y situaciones de violencia que terminan generando angustia y miedo en quienes viven en las inmediaciones”, señaló.

Según explicó, la propuesta no busca reemplazar la intervención judicial, sino sumar herramientas desde los organismos que administran servicios públicos. Mársico hizo referencia a situaciones en las que ocupantes ilegales logran convertirse en clientes de las empresas mediante documentación presuntamente irregular.

“Cuando una persona está enganchada y el vecino denuncia, se corta el servicio. El problema aparece cuando se filtra una situación y, presentando un contrato fraguado, logra transformarse en cliente de la EPE”, explicó.

En ese sentido, mencionó un caso ocurrido en avenida Mitre, donde según relató se habría utilizado documentación falsa para acceder a un medidor. “Cuando consigue transformarse en cliente, la situación se complica porque ya existe una relación contractual con la empresa”, indicó.

El concejal también apuntó contra situaciones vinculadas a Aguas Santafesinas, donde, según sostuvo, propietarios que recuperaron sus inmuebles luego de una ocupación ilegal se encontraron con deudas generadas durante ese período. “Hubo casos donde al recuperar la propiedad, después de muchos años, la empresa le quiere cobrar al propietario casi cinco millones de pesos de agua”, afirmó.

Mársico reconoció que el acceso al agua está contemplado como un derecho humano en la provincia, pero planteó que debe ejercerse dentro de un marco legal. “Cuando uno pasa del ejercicio regular de un derecho al abuso del derecho, ahí termina esa protección. Por eso planteamos que, si el propietario lo solicita o si existe una denuncia comprobada por Fiscalía, se pueda cortar el servicio”, explicó.

La iniciativa contempla que la interrupción del servicio pueda aplicarse luego de una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación por delitos como usurpación o violación de domicilio.

“Con esa denuncia comprobada por Fiscalía hay que cortar. La usurpación está contemplada en el Código Penal, con una pena de 15 días a tres años de prisión, y también puede configurarse la violación de domicilio”, sostuvo.

Para Mársico, la medida apunta a evitar que las ocupaciones ilegales se prolonguen en el tiempo y generar una herramienta adicional para proteger a los propietarios y a los vecinos afectados.

El concejal de Rafaela Lisandro Mársico, junto a su par Carla Boidi (Unidos-PDP), presentó un proyecto de resolución para solicitar a la Cámara de Diputados y Senadores de Santa Fe que revise las restricciones comerciales y sociales que rigen durante las jornadas electorales y las horas previas a los comicios.

Según explicó Mársico, la propuesta apunta a que actividades como gastronomía, espectáculos, eventos deportivos, encuentros sociales y otros rubros lícitos puedan desarrollarse con normalidad, sin limitaciones que, a su criterio, no tienen un fundamento suficiente.

“Entendemos que no tienen un fundamento sólido. La actividad comercial, recreativa, social y gastronómica tiene que desarrollarse normalmente durante los comicios y las 48 horas previas”, sostuvo el edil.

Uno de los puntos centrales del planteo está vinculado con la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el período electoral.

Mársico aclaró que la iniciativa no apunta a modificar las normas de seguridad vial ni las ordenanzas municipales existentes, sino a eliminar una prohibición general establecida para las elecciones.

“Si estoy diciendo que un comedor tiene que abrir un domingo al mediodía, la persona no va a poder tomar una bebida mientras almuerza. El tema es que no conduzca y que nos adaptemos a las ordenanzas locales que tenemos sobre restricción de venta de alcohol”, explicó.

El concejal señaló que la propuesta no busca intervenir en el proceso electoral, sino garantizar que las actividades económicas y sociales puedan continuar.

“Nosotros no incursionamos en la veda electoral, simplemente nos referimos a la actividad gastronómica, social, eventos y todo lo que se hace, por ejemplo, un sábado a la noche”, indicó.

Mársico cuestionó que actualmente algunas flexibilizaciones dependan de decisiones específicas del Tribunal Electoral de Santa Fe en cada elección.

“Tenemos que tener una ley que elimine totalmente las restricciones y permita estas actividades, no que cada evento electoral tenga que depender de una acordada del Tribunal Electoral”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el nuevo Código Electoral provincial, que obtuvo media sanción en Diputados, mantiene algunas limitaciones que no comparten desde el espacio político.

“Por lo que salió votado ayer, seis horas antes de las ocho de la mañana del domingo, es decir a las dos de la mañana, habría que cortar todo, y dos horas posteriores a las 18 horas que termina la elección también habría restricciones. No estamos de acuerdo”, expresó.

El concejal manifestó que ahora esperan conocer qué postura adoptará el Senado provincial durante el tratamiento del Código Electoral.

“Vamos a esperar a ver si el Senado revisa esta posición, porque la verdad es que no tiene sentido restringir estas actividades”, sostuvo.

Finalmente, Mársico insistió en que el planteo busca establecer reglas claras y permanentes para evitar que cada proceso electoral requiera nuevas autorizaciones.

“Esto es una manifestación política dirigida a las cámaras. Nosotros impulsamos este proyecto junto a Carla Boidi para que estas cuestiones queden establecidas por ley”, concluyó.

El concejal Lisandro Mársico (PDP–Unidos) presentó un Proyecto de Resolución, acompañado por la arquitecta Carla Boidi, mediante el cual solicita a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) modificar su Reglamento del Usuario para contemplar el corte del servicio de agua en inmuebles que se encuentren ocupados ilegalmente.

La iniciativa plantea que la interrupción pueda efectuarse cuando exista una denuncia por el presunto delito ante el Ministerio Público de la Acusación, realizada por autoridades públicas municipales, provinciales o nacionales.

Según explicó Mársico, la propuesta surge frente a situaciones de ocupación irregular de viviendas y terrenos que, de acuerdo con su planteo, generan conflictos entre propietarios, vecinos y quienes ingresan a los inmuebles.

“La ocupación ilegal de predios y casas es un fenómeno social y legal que plantea una serie de desafíos tanto para los propietarios del inmueble como para las autoridades”, manifestó el edil.

Además, sostuvo que este tipo de episodios se habría convertido en una problemática recurrente en Rafaela y señaló que, en algunos casos, pueden presentarse situaciones de violencia que generan preocupación entre quienes residen en las inmediaciones.

Al fundamentar el proyecto, Mársico hizo referencia al artículo 181 del Código Penal, que contempla el delito de usurpación en determinadas circunstancias, y sostuvo que limitar el acceso a servicios públicos podría utilizarse como herramienta para desalentar la ocupación ilegal.

“Como medida para desincentivar este delito, debe negarse la posibilidad de brindar el servicio público de provisión de agua a los ocupantes ilegales del inmueble”, expresó.

La iniciativa propone específicamente modificar el Anexo I.2.10 del Reglamento del Usuario de Aguas Santafesinas, o la normativa que corresponda, para habilitar este tipo de intervención bajo las condiciones planteadas. Mársico recordó además que anteriormente impulsó una propuesta similar vinculada con el suministro eléctrico.

“Corresponde el corte no solo del servicio de agua sino, como ya lo he planteado en otra iniciativa, la supresión del servicio eléctrico, con la finalidad de entorpecer la intrusión de las viviendas”, concluyó.

El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento correspondiente en el Concejo Municipal de Rafaela, mientras que cualquier eventual modificación del reglamento del servicio de agua dependerá de las instancias y organismos competentes.

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, de Unidos para Cambiar Santa Fe–PDP, presentaron un Proyecto de Resolución para reclamar la pronta restitución del servicio ferroviario de pasajeros Retiro–Tucumán, cuya traza incluía una parada en Rafaela.

La iniciativa está dirigida al Ministerio de Economía de la Nación, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la empresa estatal SOFSA. Los ediles solicitaron que se adopten de manera prioritaria las medidas necesarias para rehabilitar la prestación y que se establezca un plazo para que Nuevo Central Argentino (NCA) concrete las intervenciones pendientes sobre las vías.

El servicio permanece interrumpido desde septiembre de 2025, cuando problemas en la infraestructura ferroviaria, entre ellos un descarrilamiento registrado en Santiago del Estero y fallas detectadas posteriormente sobre la traza, llevaron a suspender las prestaciones hacia Tucumán y Córdoba. Meses después, el tren que conectaba Rafaela con Buenos Aires y el norte argentino continuaba sin circular.

“Desde septiembre del año pasado se encuentra suspendido el servicio ferroviario de pasajeros que unía Buenos Aires con Tucumán y que tenía parada en la ciudad de Rafaela”, señaló Mársico, quien advirtió sobre el deterioro de la infraestructura y el impacto que genera la pérdida de una alternativa de transporte de larga distancia.

Por su parte, Boidi recordó que la operación de los servicios de pasajeros corresponde a SOFSA, mientras que parte de la infraestructura utilizada se encuentra bajo concesión de NCA. La concesión de esta última fue extendida oficialmente hasta el 21 de diciembre de 2032.

Mársico cuestionó que, después de varios meses de interrupción, todavía no se hayan completado los trabajos que permitan recuperar la circulación y sostuvo que las autoridades nacionales deben exigir la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones seguras.

El planteo se suma a otros reclamos surgidos en Rafaela durante 2026 para conocer las causas de la suspensión, las gestiones realizadas y los posibles plazos de restitución de un servicio que conectaba a la ciudad con distintas localidades de Santa Fe, Buenos Aires y el norte del país.

“Actualmente la Empresa Provincial de la Energía, con la sola presentación de un contrato de alquiler firmado incluso por quien no es el verdadero propietario, lleva a cabo la conexión; lo que posibilita que el usurpador tenga electricidad en el domicilio tomado” señaló el edil demoprogresista.

“Se ha tornado práctica frecuente en la Ciudad que individuos ocupan de manera ilegal propiedades que no les pertenecen, generando conflictos legales, sociales, que van acompañados con hechos de violencia, los cuales generan en la comunidad impotencia e indignación, especialmente a quienes habitan en las inmediaciones del espacio tomado” dijo Mársico. 

“El Código Penal Argentino, en su artículo 181, castiga la usurpación con penas de seis meses a tres años de prisión para quien, por violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o ejerza turbaciones sobre el mismo. La norma protege la propiedad privada, permitiendo el desalojo de los ocupantes ilegales. Como medida para desincentivar este delito, puede negarse la posibilidad de brindar el servicio público de electricidad a los ocupantes ilegales del inmueble” sostuvo el concejal pedepista.

“Ante el supuesto de un inmueble ocupado ilegalmente, no se dará curso a la solicitud del servicio, siempre que exista denuncia del hecho ante el Ministerio Público de la Acusación por parte de autoridades locales y/o provinciales y/o nacionales, que manifiesten y prueben fehacientemente la situación irregular, a los fines de otorgar certeza a la situación de ocupación ilegal” explicó Lisandro Mársico. 

“A tales fines, la Empresa Provincial de la Energía, deberá ser informada de la denuncia y solo podrá otorgarse el servicio en ese domicilio cuando las autoridades locales o provinciales o nacionales, dejen constancia en el MPA y en la EPE, del cese de la ocupación ilegal” enfatizó el legislador local. 

“Puede también presentarse la situación de ocupantes ilegales de un inmueble que ya estén conectados a la red y se les esté brindando el servicio, en este caso se solicita a la Empresa que proceda a cortar el suministro eléctrico, siempre y cuando exista una denuncia ante el MPA, por parte de autoridades públicas municipales y/o provinciales  y/o nacionales” finalizó Mársico.  

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi vienen desarrollando un ciclo de capacitaciones destinado a emprendedores de Rafaela, con el objetivo de acompañar a quienes decidieron iniciar o fortalecer sus proyectos en un contexto económico desafiante.

La propuesta busca brindar herramientas concretas para mejorar habilidades, impulsar la creatividad, fomentar la innovación y generar espacios de intercambio entre quienes forman parte del ecosistema emprendedor local.

Según explicaron los ediles, estas instancias apuntan a que los emprendedores puedan reconocer sus fortalezas y debilidades, definir mejor la identidad de sus proyectos y comunicar con mayor claridad aquello que ofrecen.

En ese marco, Mársico y Boidi convocaron a la emprendedora Fiorella Antonelli, de la ciudad de Santa Fe, quien estuvo a cargo de dos jornadas de formación bajo la consigna “De la Idea al Éxito”.

Los encuentros se denominaron “Descubrirme como Emprendedor” y “Comunicar Quién Soy”, y estuvieron orientados a trabajar sobre la identidad personal y la identidad del emprendimiento.

Durante las actividades, se abordaron herramientas para aprender a comunicar y vender con confianza, construir marcas con sentido y lograr una mayor diferenciación en el mercado.

La semana pasada se llevó adelante otra instancia formativa, denominada “Del Perfil al Negocio”, a cargo de la publicista María José Fassi.

El encuentro tuvo como objetivo ofrecer estrategias para mejorar la presencia de los emprendimientos en redes sociales, comprender el funcionamiento de las plataformas digitales y planificar contenidos de manera más organizada y efectiva.

Este tipo de capacitaciones busca responder a una necesidad concreta de muchos emprendedores, que utilizan las redes como principal vidriera para difundir sus productos, servicios y propuestas.

Además, el concejal Mársico creó en su cuenta de Instagram el canal “Generación Emprende”, donde se comparte información sobre capacitaciones, cursos, orientaciones y beneficios disponibles tanto desde el Municipio local como desde el Gobierno Provincial.

La iniciativa pretende funcionar como un espacio de consulta y difusión permanente para quienes buscan nuevas oportunidades de formación o acompañamiento.

En la continuidad del ciclo, está prevista una próxima disertación a cargo del licenciado Juan Grmendia, enfocada en la comunicación, con el propósito de seguir aportando herramientas útiles para el desarrollo de los emprendimientos.

Mársico y Boidi destacaron que el trabajo con emprendedores surge del contacto directo con ferias, calles comerciales y fiestas barriales, donde dialogan con quienes llevan adelante sus proyectos.

“Estamos en las ferias, calles comerciales, fiestas barriales, entrevistándonos con los emprendedores, recabando sus necesidades y a partir de esas charlas y visitas acompañamos desde nuestro espacio a quienes toman el desafío de emprender en un contexto económico actual complejo”, manifestaron los ediles.

Con estas acciones, los concejales remarcaron su intención de seguir generando espacios de capacitación, intercambio y acompañamiento para fortalecer el trabajo emprendedor en Rafaela.

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), una decisión que permitirá mantener sin modificaciones los tributos municipales durante el segundo semestre del año. Tras la votación, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, explicó los fundamentos de su acompañamiento y sostuvo que la medida responde al reclamo de los vecinos.

“En lo que respecta a mi voto, decidí, como lo hice en diciembre del año pasado, mantener en este importe los tributos municipales”, señaló Mársico.

El edil afirmó que su postura se basó en lo que recibió durante el contacto cotidiano con la ciudadanía. “Tomé el reclamo del vecino, lo que nos fueron diciendo día a día cuando recorremos las calles, y entendí también que el Estado municipal debe hacer una reconfiguración de sus gastos para adaptarse a este congelamiento”, expresó.

Mársico explicó que, con la aprobación del proyecto, los contribuyentes rafaelinos continuarán abonando los mismos valores que venían pagando, al menos hasta diciembre.

“El vecino va a seguir pagando lo mismo entre julio de este año y diciembre”, indicó.

En la misma votación, según detalló, se incorporaron cláusulas destinadas a ordenar el funcionamiento interno del municipio, con el objetivo de que el congelamiento no afecte la prestación de servicios.

“En el mismo instrumento se incorporaron distintas cláusulas para plasmar esta reorganización y redistribución de los gastos, que entendemos que, llevándolas a cabo, no se van a resentir los servicios públicos esenciales”, sostuvo.

El concejal remarcó que la norma aprobada también obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a revisar sus gastos y avanzar hacia una administración más eficiente.

“Esto va a obligar al Departamento Ejecutivo Municipal a generar un ahorro y una redistribución de los gastos, a los fines de hacer la administración municipal más eficiente”, afirmó.

Para Mársico, la decisión no debe interpretarse únicamente como una medida tributaria, sino como una instancia para repensar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, aseguró que el municipio deberá adaptarse a la situación económica de los vecinos sin resentir los servicios.

“Estamos a disposición si algún servicio se llega a resentir, si hay algo para tratar y ver cómo podemos hacerlo eficiente para que ese servicio no esté en riesgo”, agregó.

Consultado sobre si la votación profundizó una diferencia política con el Ejecutivo municipal, Mársico aclaró que su decisión respondió a una convicción personal y política vinculada al reclamo ciudadano.

“Esto es una cuestión de convicción de mi parte, de acompañar y escuchar a la gente”, sostuvo.

El concejal reconoció que hubo diálogo con el Ejecutivo, aunque no se alcanzó un consenso pleno sobre la propuesta. Según explicó, desde el oficialismo se planteaba un congelamiento por tres meses y luego un pequeño incremento, mientras que su postura fue sostener el esquema hasta fin de año.

“Hubo diálogo, claro, pero en este caso creí que teníamos que acompañar este pedido como lo hicimos en diciembre y llegar a una instancia de reorganizar los gastos de la administración municipal”, señaló.

Aun así, Mársico destacó que las diferencias no impiden continuar trabajando en otros temas. “El diálogo es permanente. Uno puede tener hoy un contrapunto en este aspecto, pero mañana viene otro proyecto y hay que volver a dialogarlo. Es la única manera de llegar a acuerdos”, afirmó.

El edil también subrayó que, más allá de las diferencias en torno al congelamiento, el Concejo acompañó por unanimidad las cláusulas vinculadas a la reducción, reorganización y redistribución de gastos.

“El llamado a una reconfiguración y ahorro de gasto es unánime del Concejo Municipal”, remarcó.

Según explicó, esas disposiciones incluyen pedidos de reducción de gastos, llamados a licitación en determinadas contrataciones y una redistribución más eficiente de los recursos municipales.

“No es un planteo de Lisandro Mársico solamente. Eso hay que decirlo también”, concluyó.

El concejal Lisandro Mársico (Unidos – PDP) ingresó un proyecto de ordenanza, con el acompañamiento de la edil Carla Boidi, a los fines de generar un programa “Rafaela en Bici” como un subsistema de transporte público integrado al sistema de movilidad de la ciudad. El mismo consiste en el uso temporario de bicicletas públicas para fomentar la movilidad activa y sustentable.

“El Sistema de Bicicletas Públicas, se conformará con equipamiento e infraestructura que promuevan su utilización segura y eficaz. Se instalarán biciestaciones fijas (en sitios donde lo establezca la Autoridad de Aplicación), con anclajes y tótems informativos para el retiro y devolución de unidades. Estarán automatizados con un módulo madre y varios puntos de amarre para bicicletas pertenecientes al Sistema que serán distribuidas en el ejido municipal” afirmó el legislador demoprogresista.

“Los usuarios deberán suscribirse previamente para poder acceder al Sistema, el cual se implementará progresivamente y tendrá un área de operación que será determinado por la Autoridad de Aplicación de conformidad con la planificación por etapas, priorizando zonas con accesibilidad a la red de vías seguras ciclistas existente y contemplando criterios de integración modal. Dichos lugares de emplazamiento deberán ser georreferenciados o informados a las personas usuarias” manifestó Lisandro Mársico.

“La creación de este programa tiene como finalidad brindar un servicio de movilidad sostenible, respetuoso con el ambiente, como también reducir la congestión vial, mejorar la salud de sus usuarios y ofrecer una nueva forma de movilidad complementaria a los modos de transporte públicos ya existentes, tales como colectivos, taxis, remises y aplicaciones tecnológicas” manifestó el edil Mársico.

“El programa “Rafaela en Bici” es un sistema de transporte público para lograr la reducción del uso de vehículos a motor y potenciar otros medios de transporte no motorizado; el fomento de la bicicleta como medio transporte contribuye a la reducción de la congestión vehicular, mejora la calidad del aire y fomenta los estilos de vida más saludables” dijo el concejal pedispista.

El edil del PDP señaló que la sesión fue “productiva” y aseguró que las propuestas tratadas “impactan directamente en la economía y en la vida de la gente”.

Marsico informó que presentó un proyecto para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de una ordenanza de su autoría relacionada con la disposición de dársenas especiales en la zona de estacionamiento controlado.

“Eso tiene que ver con la disposición de dársenas en la zona de estacionamiento controlado, o sea, lo que tenemos como demarcado en todo el centro de la ciudad, para que puedan estacionar rodados que sean conducidos o que conduzcan gente con alguna disminución motriz o discapacidad”, explicó.

El concejal remarcó que en determinados sectores céntricos resulta muy difícil conseguir lugar para estacionar, especialmente en horarios de alta circulación. “Cuando vos querés estacionar ahí en horas pico, es imposible, tenés que dejar el auto muy lejos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que durante la gestión anterior se habían dispuesto dos espacios específicos, uno frente a Clínica Parra y otro frente al Banco Provincia, en el anillo interno de la plaza central. Sin embargo, debido a las modificaciones en la circulación y estacionamiento en ese sector, solicitó que esos espacios sean redistribuidos.

“Lo que solicité al actual intendente es que redistribuya esas dos dársenas, las pinte y ponga la señalética como estaban en otro lugar cercano a la Clínica Parra y al Banco Provincia, y que además instale otras en toda la zona de estacionamiento controlado”, indicó.

Por otra parte, Marsico también se refirió a un proyecto relacionado con el régimen local de promoción de la economía del conocimiento, trabajado junto al Departamento Ejecutivo y con aportes del bloque de La Libertad Avanza.

Según explicó, la iniciativa busca generar herramientas legales para incentivar la instalación y el crecimiento de empresas vinculadas al software, biotecnología, nanotecnología, microbiología, ingeniería genética y servicios informáticos, entre otros sectores.

“Desde el Estado municipal, con esta herramienta, darle beneficios fiscales. O sea, que no paguen el derecho de registro e inspección por tantos años, que tengan estabilidad tributaria y que el Estado los acompañe en este procedimiento”, detalló.

Marsico sostuvo que el objetivo es fomentar la generación de empleo calificado y evitar que jóvenes profesionales abandonen la ciudad.

“Esto fomenta la mano de obra de jóvenes profesionales y hace que se retenga a esos jóvenes profesionales, porque son quienes trabajan en esta economía del conocimiento”, expresó.

Además, consideró que la medida permitirá atraer nuevos emprendimientos y fortalecer empresas ya instaladas en Rafaela a través de beneficios tributarios y acompañamiento estatal.

Rafaela – El concejal Lisandro Mársico (PDP-Unidos) presentó un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal para que se cumpla la Ordenanza Nº 5092, de su autoría, destinada a asegurar estacionamiento exclusivo para vehículos que trasladen personas con discapacidad en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). La iniciativa apunta tanto a quienes conducen su propio vehículo como a quienes son transportados.

Mársico sugirió que los espacios sean asignados, de manera enunciativa, frente a instituciones estratégicas como el Banco Nación Argentina, Anses, los Tribunales Provinciales (Sarmiento y Alvear), la Clínica de la Ciudad y la Catedral. Además, solicitó la reasignación de dársenas retiradas a raíz de la obra del anillo interno de la Plaza 25 de Mayo, específicamente frente a la Clínica Parra y al Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

La Ordenanza Nº 5092, en su artículo 1°, establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer, en diferentes puntos de la ciudad, reservas de espacio para el estacionamiento exclusivo de vehículos que trasladen personas con discapacidad.

“Actualmente, en la ZEC solo se habían instalado dos espacios conforme a la norma y fueron retirados por las obras del anillo interno de Plaza 25 de Mayo. Es fundamental que esos lugares sean reasignados”, señaló Mársico.

El concejal destacó que la medida busca facilitar el acceso a centros de salud, instituciones bancarias y otros lugares estratégicos, especialmente en horas pico, donde es difícil encontrar dársenas libres. Asimismo, aclaró que los espacios serán exclusivos para vehículos con la constancia del Símbolo Internacional de Acceso (Ley 19279), tal como dispone la normativa local.

La Presidente del Concejo Municipal de Rafaela Mabel Fossatti y el Concejal Lisandro Mársico, representaron al Órgano Legislativo, en la Audiencia sobre la Ruta Nacional Nº34, la cual fue convocada por el Presidente Provisional de la Cámara de Senadores Felipe Michlig y el Senador por el Departamento San Martín Esteban Motta.

El motivo de la convocatoria fue debatir y analizar el estado de la traza en el tramo que atraviesa el territorio santafesino y se desarrolló en la Capital Provincial, concretamente en el recinto de la Cámara de Senadores.  El Concejal Lisandro Mársico participó en calidad de expositor.

“Tuvimos la oportunidad de escuchar el clamor de Intendentes, Bomberos, autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Senadores, quienes coincidieron en la necesidad urgente de conservación y mantenimiento de la Ruta en virtud de daño que registra su carpeta de rodamiento, siendo que su diseño y pavimentación data del año 1972. Además, de los sectores que registran falta de iluminación, señalización, banquinas peligrosas por sus hundimientos y pastos altos” informó la titular del cuerpo Fossatti.

“El Concejo Municipal de Rafaela participó de todas las instancias de reclamos que se han efectuado al Gobierno Nacional, incluso sancionando instrumentos legislativos, instando a la finalización de la obra en los tramos que atraviesan el Departamento Castellanos. En esta oportunidad, lo que nos llevamos de la convocatoria como acción importante es la presentación de un amparo ante la Justicia Federal que incluya a todos los sectores peticionantes de manera conjunta, a los fines de reclamar las diferentes acciones necesarias para llegar a tener una ruta que permita la transitabilidad, acorde a las necesidades de los usuarios que diariamente la transtian”, sostuvo Mársico

“Hubo acciones ante la justicia, pero por tramos y cada actor se circunscribía al sector en el cual se encontraba afectado por las falencias que presenta la traza, esta nueva acción será colectiva y se constituirá en un mecanismo con una estrategia judicial diferente”, finalizó el concejal Lisandro Mársico.

El concejal del PDP, Lisandro Mársico, confirmó que en las últimas horas se logró avanzar en una serie de modificaciones a la ordenanza de pavimentación, luego de una reunión mantenida en el Concejo Municipal y de un posterior encuentro con vecinos del barrio Pizzurno.

Según explicó, a Radio Rafaela los cambios buscan responder a varios de los planteos que surgieron en torno al plan de obras, especialmente en lo vinculado al registro de oposición, los plazos y la forma en que se diferenciarán los casos de repavimentación de los de pavimento nuevo.

“Estuvimos ayer reunidos por la tarde aquí en el Concejo y después recibimos a vecinos del barrio Pizzurno, y hemos logrado avanzar de manera conjunta con los bloques en algunos puntos”, señaló.

Uno de los principales cambios que se impulsan tiene que ver con la postergación del registro de oposición. Mársico explicó que se dará más tiempo para que los vecinos puedan manifestarse. “Vamos a darle quince días hábiles más al registro de oposición”, confirmó.

Además, indicó que se incorporará una modalidad especial de atención durante los sábados para facilitar el trámite a quienes no pueden acercarse en horario administrativo por cuestiones laborales. “También se va a atender los sábados, dentro de esos quince días hábiles, de 9 a 12, en principio”, detalló.

Según explicó, este punto surgió a partir de un reclamo concreto de los vecinos. “Se había planteado que había gente a la que le resultaba incómodo venir a la mañana por una situación laboral, preferentemente por cuestiones de trabajo en horario de la administración pública”, afirmó.

Otro de los ejes en discusión está vinculado al financiamiento de las obras. Mársico adelantó que se está trabajando para ampliar la cantidad de cuotas y aliviar así el impacto económico para los frentistas. “Se va a extender la cantidad de cuotas”, sostuvo.

Y agregó: “Estábamos ahí entre distintas alternativas, pero seguramente van a ser más de ochenta. Lo vamos a terminar de decidir hoy, pero en principio no van a ser esas sesenta cuotas, se va a dar la posibilidad de que sean más”.

Mársico explicó que hay cuatro zonas de la ciudad donde conviven obras de repavimentación con obras de pavimento nuevo, y que allí se aplicará una modificación importante: el registro de oposición se dividirá según el tipo de obra. “Tenemos cuatro zonas en las cuales conviven, por decirlo de alguna manera, la repavimentación con pavimentación”, indicó.

Frente a esa situación, aclaró que se resolvió avanzar con un esquema diferenciado. “Ahí va a haber registros distintos, o sea, se va a dividir el registro de oposición entre los que tienen que hacer repavimentación y pavimentación”, explicó.

El objetivo, dijo, es atender un reclamo puntual de los vecinos que consideraban injusto quedar incluidos en un mismo sistema pese a tratarse de obras distintas. “Esto nos lo plantearon los vecinos, la necesidad de que muchos que están en repavimentación entienden que las cuotas son caras y que no corresponde aún, y que en todo caso correspondería un bacheo”, señaló.

Por eso, remarcó que cada grupo podrá expresarse dentro de su propia categoría. “Van a poder oponerse, pero no van a entrar en el conjunto, sino que va a haber un registro de oposición para la repavimentación y otro para la pavimentación”, afirmó.

El edil también indicó que se incorporarán cambios relacionados con el control y la transparencia de la ejecución de las obras. En ese punto, afirmó que habrá mecanismos de seguimiento para que los vecinos puedan conocer cómo avanza la recaudación y en qué se utiliza el dinero. “Hay todo un articulado que tiene que ver con el control de la obra”, explicó.

En ese sentido, precisó: “Se va a llevar adelante todo ese tipo de controles y se va a informar, a través de distintos medios y también en la Carpeta Ciudadana, cómo va la recaudación, el destino del dinero y los montos”.

El 02 de diciembre del 2021, se aprobó la Ordenanza 5331, que esencialmente estaba destinada a regular la aplicación de fitosanitarios en el distrito Rafaela

“Esa ordenanza de autoría del en ese momento concejal Leonardo Viotti, en muchos de sus puntos, fue cuestionada y es cuestionada actualmente. Aclaro que no fue mi proyecto y que tampoco la apoyé. Desde sectores especializados ya se le había advertido de los problemas que iba a generar su aplicabilidad. A esa sesión de fines del año 2021, yo concurrí con mi iniciativa, previo a eso invité a Leonardo Viotti, a acompañarme, pero la soberbia le ganó al sentido común y no tuve respuesta positiva a mí pedido.  El protagonismo fue más fuerte que todos los problemas que trajo y trae esta norma y fue aprobado el Proyecto del actual Intendente, que contaba con su propia mayoría”, arremetió Lisandro Mársico.

“Esa Ordenanza, en lo que respecta a la plantación de árboles (cortinas forestales) por parte de los productores, contemplaba exigencias de casi imposible cumplimiento, incluso poseía penalidades que limitaban la producción”, informó el concejal demoprogresista.

“De ahí que ingresé un proyecto, votado por unanimidad en el Concejo Municipal, que se transformó en la Ordenanza 5643, a los fines de hacer posible la plantación de árboles en el periurbano, donde entendí debe primar la razonabilidad, que se traduce en la progresividad, etapabilidad y gradualidad a los fines de la aplicabilidad de la norma. Esta ordenanza fue vetada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ante ese veto interpuse el rechazo al mismo y en la sesión del Concejo por unanimidad fue rechazado ese veto, quedando firme la norma de mi autoría”, informo Mársico.

“Con el apoyo político de los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el Partido Justicialista y La Libertad Avanza, se logró avanzar en una norma que no es regresiva, no toca las distancias de pulverización y en lo que respecta a la obligación de plantación de árboles, lo hace de cumplimiento posible, en un trabajo mancomunado que deben llevar a cabo el Estado Municipal y los productores”, sostuvo el edil de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Lisandro Mársico, concejal del Partido Demócrata Progresista, ratificó públicamente su intención de competir por la Intendencia de Rafaela en 2027.

En sus declaraciones ante Radio Rafaela, el dirigente sostuvo que esa aspiración no surgió de manera improvisada, sino que forma parte de un proceso de preparación que viene desarrollando en paralelo a su labor actual en el Concejo Municipal.

Al repasar su trayectoria política, Mársico resaltó el respaldo electoral que recibió en distintas oportunidades. “Me han elegido ya 3 veces como concejal, siempre saqué más votos, y en la última elección, en mi categoría triunfé, gané 3 internas”, expresó.

En ese sentido, también marcó un horizonte concreto para el cierre de su actual etapa legislativa. “Así que bueno, ahora el 10 de diciembre del 2027 ya me retiro de mi función de concejal”, señaló.

Consultado sobre sus aspiraciones políticas a futuro, Mársico fue claro al confirmar que su meta es competir por el Ejecutivo local. “Sí, yo manifesté que quería, estaba preparándome; si bien todo este tiempo de concejal te da un expertise, pero yo he manifestado públicamente que mi idea es presentarme como candidato a intendente”, afirmó.

No obstante, aclaró que hoy su foco principal sigue puesto en la función que ocupa. “La prioridad la tengo en la función, en este tema, en estos temas que día a día abordamos con vos”, remarcó.

Aun así, explicó que una candidatura de este tipo no puede empezar a pensarse sobre el final del proceso, sino que exige trabajo previo y planificación. 

Mársico planteó que la experiencia legislativa aporta herramientas importantes, aunque advirtió que gobernar la ciudad implica desafíos de otra naturaleza. Por eso, insistió en que una eventual candidatura a intendente requiere una preparación específica.

“Si bien, ya te digo, la concejalía te da una experiencia, es el agua y el aceite, la concejalía y un ejecutivo”, señaló.

En esa línea, detalló algunos de los aspectos que considera centrales para llegar en condiciones a esa instancia. “Entonces esto requiere la conformación de equipos, requiere entrevistas con gente que te vayan, digamos, dando el material para llegar con una propuesta seria y cumplible al ciudadano si se llega a lograr esta candidatura a mi intendente, que es digamos el objetivo que tengo”, manifestó.

El concejal insistió en varias oportunidades con la necesidad de construir una base sólida antes de lanzarse de lleno a una candidatura ejecutiva. Para Mársico, no alcanza con la visibilidad o la experiencia acumulada, sino que es necesario llegar con un proyecto concreto y con equipos de trabajo preparados. 

Además, consideró que este tipo de procesos también atraviesan a otros dirigentes que ya ocupan cargos de gestión. “Sí, y creo que está haciendo Leonardo Viotti también, porque por más que tenga la gestión, él va a querer renovar su cargo de intendente”, expresó.

En el cierre, Mársico volvió a remarcar que una candidatura a intendente necesita tiempo, construcción política y preparación técnica. También reconoció que la función pública implica un desgaste que puede influir en ese recorrido, pero sostuvo que el desafío es trabajar para estar a la altura de lo que reclama la ciudadanía.

Y concluyó con una definición sobre la importancia de llegar preparado: “Pero bueno, yo insisto con esto, si uno no llega preparado y con un equipo posiblemente pueda fracasar, o no estar a la altura de las circunstancias de lo que la gente que te eligió quiera”

El concejal Lisandro Mársico destacó la aprobación por unanimidad de la ordenanza que crea las Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP) en Rafaela, una herramienta que apunta a ordenar el crecimiento urbano y promover la utilización de terrenos vacantes dentro de la ciudad.

“Es un tema que me interesa porque tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y el crecimiento ordenado”, señaló. En ese sentido, remarcó que, más allá de las diferencias iniciales, se logró consenso a partir de modificaciones sin alterar el espíritu del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Mársico explicó que la ordenanza apunta a intervenir en terrenos dentro del ejido urbano que actualmente no están desarrollados. Estos espacios, conocidos como “huecos urbanos”, representan una oportunidad para mejorar la planificación.

“Existen estos espacios, mal llamados huecos urbanos, y lo que se busca es acordar con los propietarios su desarrollo”, indicó. A partir de la normativa, el municipio podrá avanzar en convenios urbanísticos que permitan, por ejemplo, abrir calles o generar nuevas conexiones entre barrios.

Uno de los ejes centrales de la ordenanza es la posibilidad de que el Estado municipal dialogue con los propietarios para definir el uso de estos terrenos. Según explicó el concejal, la idea es evitar conflictos y promover acuerdos. “El Ejecutivo quiere sentarse con los propietarios a celebrar un convenio urbanístico, sin llegar a situaciones límites”, afirmó. En ese marco, se podrán definir plazos de urbanización o cesión de espacios para infraestructura, como calles o servicios.

El edil remarcó que estos terrenos muchas veces generan dificultades en la circulación y en la prestación de servicios públicos. Por eso, consideró clave avanzar en su integración al tejido urbano. “En algunos casos están obstaculizando el tránsito entre barrios, incluso del transporte público y los servicios”, explicó. La ordenanza busca, justamente, mejorar esa conectividad y facilitar el desarrollo de la ciudad.

La normativa establece 127 áreas de desarrollo prioritario dentro de Rafaela, lo que representa un número significativo de espacios a intervenir. Además, contempla incentivos para los propietarios.

“Al pasar a esta categoría, la mayoría va a pagar menos de tasa municipal”, detalló Mársico. Luego, el Ejecutivo avanzará de manera progresiva en la priorización de cada caso, dado que no es posible abordar todas las áreas al mismo tiempo.

Otro aspecto destacado por el concejal es el rol que tendrá el Concejo Municipal en la implementación de la ordenanza. A diferencia de experiencias anteriores, habrá un mayor control y participación en el proceso. “El Concejo va a tener una importante participación, acordando qué propietarios serán priorizados”, sostuvo. Incluso, podrá rechazar o postergar determinadas intervenciones según lo considere necesario.

Mársico aclaró que la ordenanza no busca perjudicar a los propietarios, sino incentivarlos a avanzar con el desarrollo de sus terrenos. En caso de no querer firmar convenios, existen alternativas.

“No se está persiguiendo al propietario, al contrario, se lo incentiva”, explicó. Entre las opciones, podrán solicitar quedar fuera de la priorización o abonar una tasa acorde a la categoría del inmueble.

Finalmente, el concejal insistió en la importancia de la medida como herramienta para el crecimiento de Rafaela, especialmente en términos de planificación y conectividad. “Se busca urbanizar estos espacios que hoy frenan el desarrollo de la ciudad”, concluyó.

El concejal Lisandro Mársico, representante del Partido Demócrata Progresista (PDP), realizó una evaluación del discurso del intendente durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Municipal de Rafaela. Si bien expresó diferencias con algunos aspectos de la gestión, sostuvo que el balance general es positivo.

“Hago un balance positivo, miro el vaso medio lleno. Tengo diferencias con la gestión y hay políticas de Estado que creo que hay que trabajar mejor, pero teniendo en cuenta el tiempo de gobierno y los logros, hago un balance positivo”, expresó.

El edil indicó que existen sectores de la gestión municipal que requieren mayor atención y reconducción de políticas públicas. “Hay áreas que hay que reforzar y reconducir algunas cuestiones, y se lo marcamos al intendente porque tiene que ver con el bienestar de todos”, sostuvo.

Mársico explicó que muchas de las inquietudes que detecta surgen de su trabajo territorial. “Si no estoy en una institución, estoy con vecinos en un barrio o en una reunión para tomar inquietudes”, señaló. Según detalló, algunas problemáticas pueden resolverse mediante gestiones con las distintas secretarías municipales.

“Hay cosas que se pueden solucionar y otras no, pero lo importante es siempre dar una respuesta”, afirmó.

Uno de los aspectos que el concejal consideró más complejos es el área de desarrollo humano y social. “El desarrollo humano y el desarrollo social están más complejizados en Rafaela porque hay un sector social que se ha visto postergado en estos últimos dos años”, expresó. En ese sentido, remarcó que se deben fortalecer las políticas públicas en esa área. “Faltan intensificar políticas de Estado que no pasan solamente por arrimar un bolsón”, indicó.

El concejal también se refirió a las principales preocupaciones que observa en sus recorridas por los barrios. “Ayer estuve en barrio Mora y la primera demanda es la seguridad. Hoy la economía y la seguridad trazan las necesidades de la gente”, señaló.

Según explicó, otros reclamos aparecen en un segundo plano. “Después vienen los pedidos por cloacas, pavimento, arbolado, basura o el pasto que algunos vecinos no cortan”, detalló.

Mársico también señaló que algunas problemáticas exceden el ámbito municipal. “La economía está directamente relacionada con una política económica nacional”, explicó. En el caso de la seguridad, recordó que la responsabilidad principal corresponde a la provincia, aunque el municipio tiene un rol importante.

“La provincia es quien debe brindar seguridad, pero el municipio está muy ligado a través de políticas de desarrollo humano”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la necesidad de seguir trabajando en esos ejes para responder a las demandas ciudadanas. “Son las dos cuestiones que más observo y que más la gente reclama”, concluyó.

En la sesión de este martes 13 de enero, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó por unanimidad la ordenanza que establece un Plan para la Plantación de Cortinas Forestales en la ciudad. La iniciativa, presentada por el concejal Lisandro Mársico, representó un nuevo paso en la política ambiental y productiva local, al buscar articular las necesidades del sector agropecuario con los objetivos de cuidado ambiental y desarrollo sustentable.

La normativa tuvo como finalidad hacer viable el proyecto previsto en la Ordenanza N.º 5331/21, que hasta el momento había presentado dificultades para su aplicación integral debido a la falta de análisis técnicos y de condiciones operativas que permitieran una implementación efectiva en el territorio.

Desde el sector productivo, los productores nucleados en la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR) manifestaron su voluntad de avanzar con las plantaciones y señalaron que ya se obtuvieron algunos resultados concretos. No obstante, también expusieron las dificultades atravesadas para cumplir con los objetivos planteados, especialmente a raíz de tres años consecutivos de sequías extremas que impactaron de manera directa en la región.

Ante este escenario y con plazos de cumplimiento exigentes, la situación demandó una respuesta institucional que contemplara las condiciones reales del campo y las adversidades climáticas registradas. En ese marco, se pusieron a disposición soportes técnicos y modelos experimentales para que los representantes legislativos evaluaran alternativas viables que permitieran avanzar con el plan.

La ordenanza aprobada expresó la voluntad política del municipio de acompañar al sector productivo, brindando respaldo institucional y generando condiciones que otorguen previsibilidad y ejecutividad a los principios ambientales ya establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la aprobación unánime reflejó un consenso político en torno a una mirada integral ciudad–campo, concibiendo las cortinas forestales no como límites de separación, sino como espacios de integración y cuidado compartido.

Con esta decisión, Rafaela consolidó una política pública orientada al desarrollo sustentable, combinando producción, ambiente y planificación territorial desde una perspectiva realista y acorde a las necesidades de la comunidad. 

El bloque Unidos para Cambiar Santa Fe difundió un comunicado en el que manifestó su respaldo a la donación de órganos y a las campañas de concientización, luego de que el Cuerpo Legislativo recibiera una nota de la institución “Honrar la Vida”.

En el documento, la entidad expresó su profundo malestar por la actitud de los concejales de La Libertad Avanza, quienes se abstuvieron en la votación de una iniciativa destinada a promover acciones de sensibilización sobre la importancia de donar órganos.

Desde Unidos para Cambiar Santa Fe recordaron que votaron a favor de la propuesta, originalmente generada por la concejala mandato cumplido Alejandra Sagardoy, y reafirmaron su posición “a favor de la vida y la donación de órganos, y de todo lo que estimule la toma de conciencia en este sentido”.

En ese marco, citaron un fragmento del pronunciamiento de Honrar la Vida, donde la asociación señala: “La información ilumina el conocimiento y despeja dudas. Consideramos inadmisible que se califique como irrelevante, innecesaria o una pérdida de tiempo cualquier acción destinada a aportar la mejor evidencia disponible”. Para el bloque, estas palabras reflejan el espíritu de la iniciativa recientemente votada.

El comunicado también hace referencia a la Ley Justina, que establece la condición de donante de órganos salvo manifestación en contrario. Si bien la norma es considerada una herramienta válida, desde el bloque señalaron que su existencia también demuestra que aún queda un camino de conciencia social por recorrer, reforzando la necesidad de campañas informativas y educativas.

Finalmente, los concejales pusieron en valor el trabajo sostenido de instituciones como Honrar la Vida, destacando que su presidente, Osvaldo Minighini, fue oportunamente reconocido por el Concejo Municipal. El mensaje cierra remarcando valores como la solidaridad y la empatía, y reiterando el acompañamiento del bloque a la institución.

El comunicado lleva la firma de los concejales Mabel Fossatti, Carla Boidi, Lisandro Mársico y Juan Scavino, integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe.