La Justicia Federal y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer el hallazgo de una avioneta abandonada en un establecimiento rural de Curupaity, entre Ceres y San Cristóbal, en el norte santafesino. El avión fue encontrado el jueves pasado y desde entonces se inició una investigación que quedó en manos de la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo del fiscal Gustavo Onel.

Fuentes del caso confirmaron que la aeronave tenía la matrícula adulterada, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a establecer su origen. Los peritos intentan determinar si el avión ingresó clandestinamente al país o si operaba únicamente dentro del territorio nacional. La adulteración complica la trazabilidad y alimenta sospechas sobre actividades ilícitas.

Otro punto clave es la hoja de ruta. La avioneta no tenía GPS instalado, pero sí una antena Starlink que le brindaba conexión satelital. A partir de este hallazgo, la Fiscalía solicitará información a la empresa estadounidense para intentar reconstruir el recorrido de la aeronave antes de su abandono.

Con esa información, los investigadores esperan determinar desde dónde partió, qué trayecto realizó y si estuvo vinculada a operaciones sospechosas.

La Justicia también busca a los tripulantes que descendieron y huyeron a pie hacia un destino desconocido. Testigos los vieron abandonar la aeronave instantes después del aterrizaje forzado.

Investigadores analizan grabaciones y registros de peajes de la zona para establecer si los prófugos escaparon por la Ruta Nacional 34, en dirección norte o sur. Tampoco descartan que hayan utilizado caminos rurales y que hayan recibido apoyo terrestre para abandonar el lugar rápidamente.

La investigación también evalúa si la avioneta forma parte de una organización narco-criminal. Perros adiestrados en detección de drogas marcaron positividad sobre marihuana y cocaína durante la inspección inicial.

Sin embargo, un peritaje con scanner descartó la presencia de esos estupefacientes y halló únicamente residuos compatibles con éxtasis en la zona del comando de la aeronave.

Los análisis continuarán para determinar si esos rastros corresponden a un transporte reciente o a un uso previo de la aeronave en otras operaciones.

La ministra de Seguridad le respondió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien dijo que no está de acuerdo que los militares intervengan en la seguridad interior.

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La crisis de inseguridad que padece Rosario se convirtió en una preocupación de todo el país y, en particular, del gobierno nacional que, tras la ola de violencia que asoló a la ciudad este marzo, que le costó la vida a dos taxistas, un chofer de colectivo y un playero de una estación de servicio, dispuso recursos extras, tanto de las fuerzas federales para intensificar el combate contra el crimen organizado. También, sumó al Ejército a la operación contra el narcoterrorismo.

La presencia de las Fuerzas Armadas, que se concretó esta semana con la llegada de efectivos del Ejército, helicópteros y lanchas para el patrullaje del río Paraná, causó polémica, desde la oposición se criticó que se sumen a la lucha contra el narcotráfico porque no se encuentra entre sus atribuciones estipuladas en la Ley de Seguridad Interior y desde apoyos tanto de los rosarinos como de la administración de Javier Milei, que impulsó que se sume al operativo de seguridad.

No obstante, este jueves a la noche la vicepresidenta Victoria Villarruel puso reparos a la participación de las FFAA. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo: la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70", sostuvo en TN. Y añadió: "El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.

Además, explicó que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”. La presidenta del Senado de la Nación destacó que, en caso de modificarse la Ley de Seguridad Interior, el Estado debe respaldar las acciones de las Fuerzas Armadas y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas. Sus palabras, que contradicen la posición de Milei, despertaron polémica.

La respuesta no tardó en llegar. El primero en salirle al cruce fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien poco después de que hablara Villarruel advirtió que hoy se vive “otro contexto” del que se vivió en la década de 1970. Y aclaró: “Respeto la honestidad de la vicepresidenta y su honestidad intelectual, pero nosotros estamos planteando justamente modificar la ley -dijo-. Hoy nuestras Fuerzas Armadas pueden intervenir en operaciones de seguridad interior, no es que lo tienen prohibido”.

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“La Ley de Seguridad Interior prevé la intervención en dos supuestos, uno es la intervención mínima, que es el apoyo en logística, comunicaciones, ingenieros, veterinaria y transporte, que es lo que estamos haciendo ahora en Rosario", explicó Petri, quien este martes presentó el equipamiento, que incluye helicópteros y lanchas, que desplegó el Ejército en Rosario. Y aclaró: "El comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior nos convocó y allí estuvimos”.

Este viernes fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió sumar a las Fuerzas Armadas en el combate del narcoterrorismo y aseguró que está “dispuesta a debatir” con la presidenta del Senado de la Nación y número dos en la línea de sucesión presidencial. En ese sentido, la funcionaria pidió “dejar atrás las heridas” del pasado y “mirar hacia el futuro” respecto de las funciones que debe tener el Ejército en la defensa de la democracia.

“Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darlo con la vicepresidenta: en este momento, si vamos a tomar esa parte de la historia, o si vamos a dar vuelta esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas”, aseguró Bullrich en Radio Mitre, y aseguró que hay que decidir “si el hecho de haber participado en esa parte de la historia (por la dictadura) hace que ahora queden paralizadas”.

Además, ,aunque admitió que entiende “la preocupación” de la vicepresidenta, aseguró que “el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro”. Y destacó: “Las FFAA hoy son parte de la democracia. Además, lo que se está discutiendo respecto al pasado no es solo haber participado del combate del terrorismo, sino cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir el terrorismo".

"Los militares le tiene miedo a esa etapa, pero hay que superar los miedos que en la Argentina hemos tenido, como estamos superando los miedos en todos los campos. Estamos superando los miedos para ir con leyes más duras contra la inseguridad, tenemos que superar los miedos que han tenido las FFAA”, insistió Bullrich, quien ayer, junto con Petri, presentó un paquete de leyes que permitan que "las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”.

En ese sentido, y en respuesta a la dura posición de Villarruel, dijo: “Este es un momento en el que tenemos que hacer un quiebre de lo que ha sido lo políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad. Y esa es la discusión que tenemos que dar en este momento”. Sus palabras ratificaron la posición oficial respecto no solo a la orientación de las políticas de seguridad del oficialismo sino también del rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas en ése contexto.

Fuente: UNO

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derrumbó esta mañana otro puesto de venta de drogas, ubicado en el corazón de manzana de Riobamba al 5000 de la ciudad de Rosario, en un procedimiento que se realizó en el marco de la nueva Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023. Es el sexto derrumbe en lo que va del año.

Con la nueva normativa los fiscales del Ministerio Público de la Acusación deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

En el lugar estuvo presente el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien aseguró que “somos muy cuidadosos de cumplir con el mandato judicial de desactivar coercitivamente el punto de venta y bloquearlo físicamente sin afectar a ninguna persona no abarcada por dicha orden, pero también hay que destacar la importancia de tener policías en la calle, porque más allá de las derivas investigativas que está siguiendo la fiscalía, ésto se produjo por una intervención que se origina en una persecución de flagrancia de la policía motorizada y termina en un hallazgo casual de personas comercializando pequeñas cantidades de estupefacientes”, repasó.

El ministro destacó también que “nuestra política no es derrumbar por derrumbar, sino de tomar las medidas para desactivar el punto de venta e inactivar físicamente las instalaciones. Acá se opera en el sistema cautelar o coercitivo, pero lo fundamental para nosotros es intervenir de manera inmediata en la desactivación física del punto de venta”, reiteró.

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Por último, Cococcioni agregó que “nos vamos a meter donde haya evidencia de que hay punto de venta porque no toda la gente que vive en un barrio es culpable de lo que haga el vecino; ésto se trabaja con la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo, porque el microtráfico no puede escindirse de lo que es una persecución macro de los estratos superiores de la comercialización de estupefacientes, pero sí la política es que esa investigación no puede obstaculizar la intervención directa en el territorio”.

“Nos vamos a meter donde haya evidencia de que hay punto de venta porque no toda la gente que vive en un barrio es culpable de lo que haga el vecino; ésto se trabaja con la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo, porque el microtráfico no puede escindirse de lo que es una persecución macro de los estratos superiores de la comercialización de estupefacientes, pero sí la política es que esa investigación no puede obstaculizar la intervención directa en el territorio”.[Pablo Coccccioni]

La demolición del búnker de hoy se resolvió el 28 de enero, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se realizó una audiencia a cargo de la fiscal Bassagaisteguy, y en la que el juez Rodrigo Santana dispuso, a pedido de la Fiscalía, “el derribo, desalojo y restitución inmediata a sus legítimos poseedores o tenedores de la instalación de calle Riobamba al 5000”.

El operativo se llevo a cabo este viernes, durante el registro se incautaron celulares y pendrives.

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En una nueva acción determinada por el Gobierno provincial, se llevó a cabo un intenso operativo este viernes en la Cárcel de Coronda, continuando con la serie de acciones iniciadas el martes pasado en Piñero. El objetivo principal de estas medidas es la reubicación estratégica de narcotraficantes y sicarios en pabellones donde su actividad esté sometida a un monitoreo permanente.

Las fuerzas especiales de la policía provincial fueron las encargadas de irrumpir en las distintas celdas, realizando exhaustivos operativos de control y requisa. La operación culminó con el traslado de presos de alto perfil a pabellones especialmente designados para garantizar un monitoreo constante de sus movimientos y actividades.

Durante los registros, se incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y pendrives, que representaban herramientas de comunicación y coordinación para los reclusos. Estos elementos fueron entregados a la Justicia para su análisis correspondiente, en un esfuerzo por desentrañar posibles conexiones con actividades delictivas fuera de las cárceles.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, subrayó la determinación del gobernador Maximiliano Pullaro y de todo su equipo para combatir de manera decidida la delincuencia. Se reconoció que desde el interior de las cárceles se gestionaba parte de las actividades delictivas en las calles, y estos operativos buscan restablecer el control en estos centros de reclusión para contribuir a la seguridad en la sociedad. La firmeza de estas acciones refleja la voluntad gubernamental de erradicar cualquier tipo de actividad ilícita, tanto dentro como fuera de las cárceles provinciales.

El diputado nacional solicitó de manera urgente a la Cámara baja que la iniciativa, firmada por los 19 legisladores que representan a Santa Fe, sea tratada sobre tablas en la próxima sesión, junto con otras medidas para combatir al narcotráfico. “Es un proyecto que firmamos todos los diputados y diputadas de la provincia, de todos los colores políticos. Esa es la mejor forma de solidarizarse que tienen los dirigentes que ayer se rasgaban las vestiduras y se echaban la culpa mutuamente”, fustigó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, reclamó en la Cámara baja que se apruebe el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe, presentado meses atrás por 19 legisladores santafesinos. Además, remarcó al Congreso la importancia de conformar la Comisión Bicameral para la implementación del Sistema Acusatorio en los tribunales federales de la provincia y exigió al Servicio Penitenciario Federal un mejor accionar respecto a líderes narcotraficantes bajo su custodia.

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“Creo que la mejor forma de solidarizarse con Santa Fe y Rosario es aprobar sobre tablas, en la próxima sesión, el proyecto para fortalecer la Justicia Federal y crear nuevos juzgados, fiscalías y salas de cámaras. Es una iniciativa que firmamos todos los diputados y diputadas de la provincia, de todos los colores políticos. Esa es la mejor forma de solidarizarse que tienen los dirigentes que ayer se rasgaban las vestiduras y se echaban la culpa mutuamente”, enfatizó el legislador.

“Ayer volvió a actuar el narcoterrorismo en Rosario, colocando banderas en Telefé Rosario y amenazando de muerte a todo el periodismo. Atravesamos una situación repugnante, con extorsiones a empresarios, balaceras a centros de la Justicia Ordinaria y Federal, amenazas a periodistas y a toda la sociedad santafesina. En los últimos diez años, en Rosario se cometieron más de 2327 homicidios. Es momento de que cada organismo del Estado haga lo que le corresponde”, remarcó Mirabella.

“En Rosario tenemos la misma estructura judicial federal desde hace treinta años. Tenemos tres fiscales, de los cuales uno está vacante y el otro tiene licencia psiquiátrica hace años. De los 10 juzgados de primera instancia, sólo seis son titulares. Desde hace siete años está vacante el Juzgado Federal N° 1 y hace cuatro, los tres titulares del Tribunal Federal 2”, detalló el diputado. “También exigimos que el Senado vote los pliegos que envió el Poder Ejecutivo y que se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral para el Sistema Acusatorio, el cual fue aprobado por este Congreso hace ocho años pero hasta el momento sólo lo implementaron Salta y Jujuy. Es imprescindible implementar este sistema en los Tribunales Federales de mi provincia”, agregó.

Por último, Mirabella exigió al Sistema Penitenciario Federal un mejor control sobre los líderes narco que se encuentran condenados, pero que continúan accionando desde la cárcel. “También el Servicio Penitenciario Federal tiene responsabilidades. Nos enteramos que uno de los jefes del narco, Guillermo Cantero, tiene un teléfono fijo en su celda. Y que tres capos narco de máximo perfil están en el mismo pabellón en Ezeiza. Desde ahí se ordenan las balaceras, los amedrentamientos y las amenazas”, concluyó.