El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó los principales lineamientos del Presupuesto 2027 y ratificó que el Gobierno nacional buscará sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Durante un acto organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el funcionario afirmó que el proyecto que será presentado ante el Congreso contemplará por cuarto año consecutivo superávit fiscal y financiero.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera”, sostuvo Caputo.

El ministro consideró que se trata de un dato relevante para la economía argentina y volvió a defender el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei.

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda estimó que la actividad económica crecerá 2,5% hacia finales de 2026. Además, proyectó que para el próximo año la Argentina acumulará un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. “No hay duda de que estamos por el camino correcto”, afirmó el ministro al referirse a la evolución de la economía.

Según los lineamientos adelantados por el Gobierno, la mejora de la actividad permitiría sostener un incremento real de los ingresos tributarios durante el período 2027-2029, principalmente a partir de la recuperación económica y del crecimiento de las exportaciones.

Al mismo tiempo, la administración nacional mantiene el objetivo de reducir la presión impositiva.

Otro de los ejes de la exposición de Caputo fue el desempeño del sector exportador. El ministro habló de un “boom exportador” y atribuyó parte de ese crecimiento a la eliminación y reducción de impuestos y regulaciones, junto con una disminución de los costos financieros y mejoras en infraestructura.

“Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades”, señaló. Caputo destacó que la expansión no se concentró únicamente en los sectores energético y minero, sino que alcanzó a distintos complejos productivos.

Entre los ejemplos mencionados, señaló que el complejo triguero creció 233,1% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023, mientras que el complejo girasolero aumentó 192,6%. El ministro también sostuvo que los diez principales complejos exportadores registraron crecimiento.

Caputo vinculó el crecimiento de las exportaciones con la generación de divisas y la estabilidad cambiaria. “Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura”, afirmó.

En ese marco, proyectó que las exportaciones argentinas alcanzarán los US$61.000 millones en 2031. El Gobierno busca así consolidar el crecimiento de las ventas externas como uno de los pilares del programa económico y, al mismo tiempo, sostener el equilibrio de las cuentas públicas que Caputo anticipó para el Presupuesto 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y defendió el programa económico del Gobierno al asegurar que el camino elegido “es el correcto”.

Durante un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, tras su regreso de Estados Unidos, el funcionario sostuvo que su tarea es defender el interés general y no los reclamos particulares de determinados sectores.

“Yo respeto la opinión de todos. El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión y cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos empresarios o el de alguien en particular”, afirmó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que la transformación económica genera resistencia, pero consideró que la Argentina avanza hacia un nuevo modelo productivo.

“Cada momento de cambio genera reacción. Nosotros creemos que es positiva. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad”, expresó.

El ministro también se refirió al impacto social del programa económico y reconoció que la mejora no será inmediata para todos. “Dentro de dos años aún va a haber gente que no va a llegar a fin de mes. Yo no puedo hacer magia”, señaló.

En esa línea, explicó que el Gobierno busca modificar el esquema económico anterior y planteó que la recuperación tendrá diferentes velocidades según cada sector.

“El modelo anterior no es el que funciona. En este modelo se crece en dos velocidades. No es algo negativo, es algo obvio”, sostuvo.

Las declaraciones de Caputo se produjeron luego del acto por el Día de la Industria organizado por la UIA, donde dirigentes del sector plantearon sus preocupaciones sobre la situación de la actividad fabril.

Los industriales reclamaron por la presión tributaria, la caída de algunos sectores productivos, la competitividad y la morosidad.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, pidió dejar atrás las críticas cruzadas y destacó la necesidad de debatir políticas para la producción.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había cuestionado duramente al Gobierno y apuntado contra Caputo por la situación de la industria.

El Gobierno pondrá en marcha esta semana la primera licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para impulsar una nueva etapa de créditos hipotecarios ajustados por UVA.

Según el esquema anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, los bancos que accedan a esos recursos tendrán tiempo hasta diciembre para comenzar a ofrecer préstamos hipotecarios con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual.

El programa contempla licitaciones sucesivas de $200.000 millones hasta completar un fondo total de $2 billones, que será destinado a créditos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La primera subasta permitirá evaluar la participación de las entidades financieras. Cada banco podrá acceder como máximo al 20% del monto total de la convocatoria, con el objetivo de evitar una concentración de los recursos.

Una vez recibidos los fondos, las entidades tendrán 90 días corridos para asignarlos a nuevos préstamos hipotecarios.

El mecanismo contempla depósitos en pesos ajustados por UVA más una tasa adicional. Habrá dos alternativas:

Los créditos otorgados con estos fondos tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un tope de hasta 150.000 UVA, equivalente a poco más de 200.000 dólares.

Desde el Ministerio de Economía calculan que el programa podría permitir financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias, destinadas exclusivamente a la primera vivienda.

Según un análisis de la consultora Invecq, los $2 billones del programa equivalen a unos US$1.300 millones y representan más del 10% del stock actual de créditos hipotecarios vigentes.

El informe señaló que la medida funciona como un “puente transitorio” frente a la falta de ahorro de largo plazo en pesos, aunque advierte que no resolvería por completo esa limitación estructural del mercado.

Además de ampliar el acceso a la vivienda, el Gobierno busca que la medida tenga impacto sobre la actividad económica. Caputo explicó que el objetivo es impulsar tanto la oferta como la demanda: por un lado, facilitar financiamiento para desarrolladores inmobiliarios y, por otro, aumentar la cantidad de familias que puedan acceder a créditos hipotecarios.

Desde el Ejecutivo consideran que la combinación de nuevas inversiones y mayor demanda puede generar un impulso para la industria de la construcción, uno de los sectores que tuvo menor actividad durante los últimos períodos.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística.

La convocatoria será publicada este jueves en el Boletín Oficial y abarcará una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y pasos internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Luis Caputo confirmó que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión obligatorios y posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos ferroviarios de determinada escala.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció el ministro de Economía, quien sostuvo que el objetivo es incorporar capital privado y modificar la gestión actual del sistema.

Caputo agregó que quienes inviertan al menos US$ 200 millones en renovación de vías podrán acceder a los beneficios previstos en el RIGI.

La privatización fue incluida dentro del programa habilitado por la Ley Bases y contempla que el Estado conserve tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que los privados asumirán la operación, las inversiones y el riesgo empresario.

El esquema permitirá además que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo condiciones de acceso abierto. Los adjudicatarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años y podrán comprometer intervenciones adicionales.

El plazo de medio siglo fue definido para facilitar proyectos ferroviarios de gran escala, cuyos períodos de recuperación requieren horizontes de inversión más largos.

Uno de los puntos de mayor impacto provincial será la intervención destinada a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe. El anuncio nacional contempla avanzar sobre ese problema dentro de las inversiones de la Línea Belgrano.

La Provincia había solicitado en junio que la finalización del Circunvalar Ferroviario santafesino fuera incorporada explícitamente a los pliegos de la privatización. El proyecto conecta el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y tenía un avance cercano al 70%, según informó el Gobierno provincial.

La obra apunta a evitar que los trenes de cargas atraviesen la capital provincial. El proyecto original contempla unos 60,5 kilómetros de vías y un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado.

El Circunvalar fue diseñado para reducir de aproximadamente diez a dos horas el tiempo que demandan las formaciones entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, además de eliminar decenas de pasos a nivel dentro del área urbana.

La Provincia también propuso que los oferentes que se comprometan a acelerar esos trabajos reciban una valoración favorable durante el proceso de adjudicación.

Además del proyecto santafesino, el Gobierno nacional mencionó la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano y trabajos sobre los corredores principales del San Martín y el Urquiza.

Los futuros concesionarios podrán adquirir locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido mediante esas ventas y otros remates será destinado a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las obras obligatorias.

Caputo defendió el cambio de modelo al afirmar que, pese al crecimiento de la producción agropecuaria desde 1970, el sistema ferroviario de cargas moviliza actualmente menos volumen que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, sostuvo.

La Secretaría de Transporte señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, elevados niveles de descarrilamientos y dificultades para cumplir los programas de mantenimiento.

La licitación busca trasladar la inversión y operación a actores privados mientras Nación conserva las facultades regulatorias. El proceso formal comenzará con la publicación de la convocatoria y los respectivos pliegos.

El Gobierno nacional logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos en la licitación realizada este miércoles y evitó liberar liquidez adicional al mercado. Al mismo tiempo, sumó USD 50 millones mediante una nueva colocación del bono AO29.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron $4,49 billones, frente a vencimientos por $4,48 billones. El resultado implicó un rollover del 100,26%, mientras que las ofertas recibidas alcanzaron los $6,49 billones.

El instrumento más elegido por los inversores fue la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. La adjudicación alcanzó $3,29 billones, con una tasa efectiva mensual del 2,11% y una tasa interna de retorno efectiva anual del 28,54%.

Por su parte, el bono CER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, recibió una adjudicación de $0,65 billones, con una tasa interna de retorno efectiva anual ajustada por CER del 4,51%.

Dentro de los instrumentos dollar linked, el Tesoro colocó $0,23 billones en el D30S6, que vence el 30 de septiembre, con una TIREA del 7,33%. También adjudicó $0,32 billones en el D30O6, con vencimiento el 30 de octubre y una tasa del 6,91%.

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, evaluó que al haberse colocado un monto prácticamente equivalente a los vencimientos, el efecto inmediato sobre la liquidez del sistema financiero fue neutral.

Según explicó, la operación evitó tanto una expansión como una absorción significativa de pesos, aunque la disponibilidad de liquidez seguirá dependiendo de otros movimientos del mercado financiero durante los próximos días.

Ritondale también señaló que, ante la volatilidad reciente, el Tesoro eligió concentrar la oferta en instrumentos de corto plazo, sin extender los vencimientos más allá de la actual gestión. Esa estrategia permitió evitar una presión adicional sobre el tramo más largo de la curva de deuda en pesos.

La licitación incluyó además el Bonar 2029 (AO29), con vencimiento el 31 de octubre de 2029. En este caso, el Gobierno adjudicó USD 50 millones, a una tasa interna de retorno efectiva anual del 8,72% y una tasa nominal anual del 8,39%.

La modalidad presentó una diferencia respecto de operaciones anteriores: Finanzas decidió limitar la emisión a USD 50 millones en la primera ronda y otros USD 50 millones en la segunda, en lugar de permitir colocaciones más amplias como había ocurrido en licitaciones previas.

Según el análisis recogido en la información, el cambio estaría asociado tanto a la volatilidad internacional como a la intención oficial de moderar el costo de financiamiento en dólares.

El programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, contempla afrontar vencimientos por USD 19.200 millones durante 2026, para lo cual se proyectaron emisiones de deuda en el mercado de capitales por USD 6.000 millones.

De ese total, USD 4.000 millones ya fueron obtenidos mediante los Bonar 2027 y 2028. Los USD 2.000 millones restantes forman parte del cupo previsto para colocaciones del Bonar 2029.

Con las emisiones realizadas hasta ahora, Finanzas acumuló USD 1.176 millones a través del AO29, por lo que restan USD 824 millones para completar el objetivo máximo de USD 2.000 millones establecido dentro del esquema vigente.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respondió este jueves a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que la defensa de la producción nacional puede convivir con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

El pronunciamiento se produjo luego de que Caputo calificara de manera despectiva a quienes advierten sobre la caída de la industria y afirmara que la actividad manufacturera había retrocedido entre 2011 y 2023 a pesar de los subsidios aplicados durante ese período.

“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices ni ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar al país adelante”, señaló Rappallini.

El dirigente agregó que “defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

El titular de la UIA aclaró que los planteos de la entidad están orientados a mejorar las condiciones en las que producen y compiten las empresas argentinas.

Entre los principales inconvenientes mencionó la carga impositiva, los costos laborales, las deficiencias de infraestructura, la falta de financiamiento, la competencia desleal, el bajo consumo y la caída de la actividad en distintos sectores. “Nosotros no estamos defendiendo privilegios. Queremos tener las mismas condiciones para competir”, remarcó.

Rappallini también descartó que la central fabril esté reclamando una devaluación o la aplicación indiscriminada de subsidios. Según explicó, el pedido apunta a resolver las distorsiones que afectan a quienes invierten, producen, exportan y generan empleo en el país. “Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, afirmó.

Como fundamento de sus reclamos, Rappallini mencionó un análisis comparativo elaborado por la UIA sobre la presión tributaria que soporta la producción argentina.

De acuerdo con los cálculos difundidos por la entidad, la carga impositiva sobre determinados sectores productivos puede alcanzar el 52 %, un nivel que consideró muy superior al existente en otros países.

El empresario puso como ejemplo los derechos de exportación que deben abonar algunas actividades locales, mientras que distintas economías competidoras aplican incentivos o mecanismos de asistencia a sus industrias.

Desde la UIA señalaron que estas diferencias condicionan la capacidad de las empresas para vender en el exterior, incorporar tecnología y sostener sus niveles de producción.

La central fabril reivindicó la importancia de la actividad manufacturera para el desarrollo económico y fiscal de la Argentina.

Según los datos expuestos por la entidad, la industria representa aproximadamente el 18 % del Producto Bruto Interno, genera el 20 % del empleo y aporta el 27 % de la recaudación impositiva.

“Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, sostuvieron desde la organización empresarial.

Rappallini consideró que la producción industrial es indispensable para construir una economía ordenada, generar puestos de trabajo de calidad, incrementar las exportaciones y promover la innovación.

El intercambio volvió a exponer las diferencias entre el Gobierno nacional y los representantes del sector manufacturero respecto del rumbo de la política industrial.

Caputo planteó que los subsidios implementados durante años anteriores no lograron evitar el retroceso de la actividad. La UIA, en cambio, sostiene que la discusión debe centrarse en generar condiciones competitivas y resolver los problemas estructurales que enfrentan las empresas.

“Las ideas hay que debatirlas y a las personas hay que respetarlas. Debemos construir un clima de respeto para discutir estos problemas”, expresó Rappallini.

La entidad ratificó su disposición a mantener canales de diálogo con el Ejecutivo y presentar propuestas para mejorar la producción, la inversión y la generación de empleo.

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó su rechazo a las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y pidió que la discusión sobre la situación del sector productivo se desarrolle con respeto, datos objetivos y voluntad de alcanzar consensos.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su “más enérgico rechazo” a las expresiones del funcionario, al considerar que calificó de manera despectiva a quienes advierten sobre las dificultades que atraviesa la industria nacional.

Desde la Federación señalaron que las descalificaciones no ofrecen respuestas frente a los problemas que afectan actualmente al aparato productivo.

La FISFE sostuvo que las empresas argentinas enfrentan una realidad compleja, caracterizada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener los puestos de trabajo.

“Quienes representamos al sector industrial tenemos la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y de proponer soluciones”, expresó la entidad.

En ese sentido, consideró que descalificar a quienes plantean cuestionamientos “no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas que permitan recuperar el crecimiento”.

La Federación remarcó el papel estratégico de la actividad manufacturera para el desarrollo económico del país.

“La industria genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por ello, merece ser escuchada con respeto, independientemente de las diferencias que puedan existir”, afirmó.

La entidad santafesina reafirmó además su vocación de diálogo institucional y convocó a los sectores público y privado a sostener un intercambio que permita encontrar respuestas para la coyuntura productiva.

La FISFE planteó que la Argentina necesita un debate basado en información objetiva y orientado a generar condiciones para incrementar la producción, la inversión y el trabajo.

En el cierre del comunicado, la Federación sostuvo que la industria necesita políticas que impulsen el desarrollo y una relación seria entre el Estado y el sector privado.

Tras anunciar que Javier Milei dará una Cadena Nacional el próximo jueves a las 20 horas para dar a conocer el proyecto de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el vocero presidencial, Adrián Ravier, le respondió a El Litoral con respecto a sus dichos sobre la posibilidad de una suba del dólar a 1800 pesos para fin de este año.

El funcionario señaló: “Pienso que la expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. Si bien en los medios han reproducido un extracto muy cortito de mi respuesta, la pregunta que a mí me hicieron en este programa refería a cómo veía yo a la Argentina al momento de la elección en octubre de 2027, cómo llegaba la Argentina, si llegaba holgada, cómo llegaba a octubre de 2027. Mi respuesta fue que, por supuesto, llegamos muy bien, con 3 años de crecimiento económico, en 2025, 2026 y 2027”, explicó.

A la vez, Ravier que añadió que, “simplemente dije que el tipo de cambio real se iba a sostener a octubre de 2027 en los valores actuales, en línea con lo que plantea el relevamiento de expectativas de mercado. Ahora, en ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde puede estar el dólar y mucho menos decir que el dólar va a estar en un valor, o debería estar en un valor hoy o de acá a los próximos meses, hasta diciembre. Siempre me referí a 2027 y no a mi mirada o la del Presidente o la del Gobierno, sino a cómo el mercado lo proyecta a esa fecha”.

Ravier cerró el tema al declarar que, “si me preguntaran cuál es el valor futuro del dólar a una fecha determinada, la respuesta del Gobierno, la respuesta del Presidente, la respuesta del equipo económico, mi respuesta, es que el tipo de cambio flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda”.

Este diario también lo consultó con respecto a la situación -de la que también se hizo eco la titular del FMI, Kristalina Georgieva- en torno a los bajos salarios, la caída del trabajo en blanco junto al consumo, y cómo harían los funcionarios para sobrevivir y llegar a fin de mes con un sueldo -formal- entre $1.300.000 y $1.800.000, o jubilaciones mínimas que rondan los $419.000 (sin el bono de $70 mil).

El portavoz del Poder Ejecutivo Nacional hizo hincapié en la herencia que recibió Milei y remarcó que en ese momento, “no había un tipo de cambio libre sino múltiples tipos de cambio y un tipo de cambio Blue que triplicaba el tipo de cambio oficial. Entonces cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante, todo mejora: la producción, la exportación, los salarios reales, las ventas minoristas ni hablar por supuesto los motores más importantes de agroindustria, energía, minería", afirmó.

En esa línea, se preguntó: “¿Cuál es la trampa? Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023, con respecto a 2017 que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Mauricio Macri o si uno compara con algún momento en el que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad y de ingresos entonces hoy estamos un poquito abajo y ese es el cuestionamiento. Pero se olvidan que estábamos en un pozo del cual salimos. Yo creo que la Argentina logró salir del pozo, logró recuperar los ingresos”.

Asimismo, Ravier le manifestó a este medio: “La pregunta que hacías también la respondió un poco el ‘Toto’ (Luis) Caputo en la última entrevista. Él decía: «Nosotros esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos». Por ahí también se agrega ruido. Yo a veces digo: «Nosotros no estamos de acuerdo con que todos los argentinos, todos los argentinos, no lleguen a fin de mes». Eso no es cierto. Ahora, claramente, en toda la historia argentina siempre ha habido argentinos que no llegan a fin de mes. Hacemos todo este trabajo que describimos cada martes, transformando la Argentina, para que la cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes cada vez sea menor. Y creo que, si uno mira los datos de pobreza y de indigencia, donde se ha reducido a la mitad y a la tercera parte, respectivamente, por suerte podemos mostrar con mucho orgullo que hay cada vez menos gente que no llega a fin de mes”, aseguró, antes de concluir subrayando:

“Nosotros de ninguna manera somos insensibles a estas personas que no la están pasando bien, pero entendemos que el modelo económico liberal va a tener impacto para que las cosas vayan mejorando poco a poco”.

El presidente Javier Milei recibió este lunes 27 de julio en Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la visita oficial de la funcionaria a la Argentina. Del encuentro también participó el ministro de Economía, Luis Caputo, y posteriormente se realizó una reunión de Gabinete ampliado con la presencia de la titular del organismo.

Aunque inicialmente estaba previsto un encuentro más breve, la reunión entre Milei y Georgieva se extendió durante más de una hora y media. Al finalizar, la directora del FMI calificó la conversación como productiva y sostuvo que mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y fomentar la inversión serán aspectos fundamentales para sostener el crecimiento y ampliar las oportunidades en el país.

Antes de llegar a Casa Rosada, Georgieva brindó una conferencia de prensa junto a Caputo en el Ministerio de Economía, donde aseguró que Argentina se encuentra en una posición “mucho más sólida”. Destacó el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la acumulación de reservas, al tiempo que remarcó la importancia de construir márgenes de protección frente a posibles shocks internos y externos.

La funcionaria también descartó que el país necesite financiamiento adicional del FMI en 2027 y planteó que el desafío pasa ahora por consolidar el crecimiento, generar más empleo formal y facilitar el acceso al crédito para familias y pequeñas empresas.

Durante su agenda del lunes, Georgieva también tenía previstas actividades con estudiantes universitarios y representantes del sector privado, en el marco de una visita centrada en evaluar la evolución del programa económico y las perspectivas para los próximos años.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó este lunes la política de acumulación de reservas del Banco Central durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía junto al titular de la cartera, Luis Caputo. 

Al referirse a la necesidad de fortalecer los márgenes de protección de la economía frente a eventuales shocks internos y externos, lanzó un mensaje directo hacia el BCRA: “Sigan comprando, sigan comprando”.

Georgieva sostuvo que Argentina se encuentra en una posición económica más sólida y valoró la disciplina fiscal, el descenso de la inflación y la acumulación de reservas. 

Según las cifras mencionadas por la titular del organismo, el Banco Central sumó alrededor de USD 30.000 millones, mientras que el Tesoro volvió a colocar deuda en los mercados internacionales. También afirmó que no observa una necesidad inmediata de nuevo financiamiento del FMI y planteó que el país podría avanzar hacia una etapa de menor dependencia de los préstamos del organismo.

Más allá del respaldo al programa económico, Georgieva reconoció que el proceso de transformación presenta dificultades y señaló que el próximo desafío pasa por generar empleo, ampliar el acceso al crédito y lograr que el crecimiento llegue a más sectores. En particular, mencionó la necesidad de mejorar las condiciones financieras para familias y pequeñas empresas, desarrollar el mercado de capitales y continuar eliminando obstáculos que limiten la actividad económica.

La visita de la directora del FMI continuará con reuniones junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales. Además, tiene previsto viajar este martes a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, en una agenda que también pondrá el foco sobre el potencial energético argentino y su aporte a la generación de divisas.