En el marco de las acciones que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación. Desde la Provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad públicaAsí lo informaron los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, este viernes al dar a conocer medidas concretas que se tomarán en la Provincia.

“La lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia” consideró Cococcioni, por lo cual aseguró que las medidas “tienen como blanco poblacional gente ligada directamente a la actividad criminal en la provincia y apuntan a resguardar la seguridad pública”.

Es por eso que el funcionario anunció la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de poner en marcha “un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera (es decir, detectar un crecimiento patrimonial inusual) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia”. Para eso, se llevará adelante “un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales”, subrayó Cococcioni. El comité funcionará “en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial”, agregó el titular de Justicia y Seguridad con el objetivo de “reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado”. Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear. 

“Estas no son medidas de investigación penal ni investigación judicial sino que son medidas administrativas para dificultar el financiamiento de la actividad del crimen organizado, mediante un mecanismo que reunirá información de distintos ámbitos del Estado, vinculándola al sistema de Inteligencia e Investigación Criminal, priorizando grupos criminales con capacidad de realizar actos violentos”, sumó Cococcioni.

Por su parte Olivares consideró que el blanqueo anunciado por la Nación “genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%” donde están las organizaciones criminales, por lo que reconoció que “tratando de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad, es donde focalizamos en este 1%”. Además recordó que el Gobierno nacional ya había dispuesto que quienes “quería sacar los ‘dólares del colchón’ tuvieran un blanqueo generoso para hacerlo; lo pudieron hacer e incorporaron esos dólares al circuito formal” por lo cual consideró que “estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca”.

La vicepresidenta se refirió a una nota publicada por diario La Nación. "Una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla", señaló.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las "prácticas mafiosas" en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, a raíz de una nota publicada por el diario La Nación, en la cual "una vez más" se volvió a "amenazar con meter presa" a su hija, Florencia Kirchner.

En un texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria recordó el "episodio mafioso y dramático" del que fuera víctima la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó el número del teléfono celular de una de sus hijas.

Además, la Vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos "no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias".

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"Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla", aseveró la exmandataria en una publicación que compartió en sus redes sociales.

De esta forma, Fernández de Kirchner respondió a la nota publicada hoy en La Nación bajo el título "Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista".

De Hijos, Hijas y Mafias https://t.co/F5uYFEM5iB

La expresidenta compartió el siguiente fragmento de esa información, en la cual se afirma: "Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre".

Cristina Kirchner agregó que en la misma publicación también se puso "en duda que haya dado positiva de Covid".

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"El fragmento reseñado de la nota se refiere a las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío (ya fallecido), el juez sicario, y concluidas por Julian Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero", contextualizó la vicepresidenta haciendo referencia al viaje a Lago Escondido en el que habría participado el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10.

De esta forma la exmandataria hace referencia a Ercolini, quien junto a otros magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación viajó a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

Las personas que realizaron este viaje formaron un grupo de chat, cuyo contenido se difundió en los últimos días, y en el cual los involucrados mantuvieron conversaciones para dar una versión falsa sobre esa la excursión que realizaron a las tierras de Lewis.

El gobierno nacional denunció esta semana a magistrados, funcionarios y empresarios por dádivas, y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare pidió profundizar la investigación sobre estas personas.

"En esas causas (Hotesur y los Sauces), que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito", recordó la titular del Senado.

Además, la Vicepresidenta hizo referencia a las conversaciones del grupo de chats de los involucrados en el viaje a Lago Escondido, y señaló que en una de las conversaciones también participa el juez Pablo Cayssials quien llevó adelante la causa "contra la procuradora fiscal Gils Carbó (ultima designada constitucionalmente en el cargo)" y que originó su renuncia.

"(La causa) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier) conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana", aseguró y compartió una captura del material filtrado.

En dicho fragmento se menciona a una periodista llamada Paz que "corresponde a una periodista del mismo diario" y otro colega que "contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora".

"Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín", remarcó la expresidenta.

Fernández de Kirchner recordó que el fiscal de Cámara, Gabriel de Vedia, declaró que el exasesor presidencial del expresidente Maurcio Macri, Pepín Rodríguez Simón, "fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas".

"Finalmente, como es de público y notorio, la procuradora constitucional renunció", subrayó.

Por último, la exmandataria sostuvo que el fragmento aludido "no trae ninguna originalidad", sino que se trata de "la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante".

"Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias", concluyó.