Una denuncia penal presentada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) abrió una investigación sobre un presunto caso de mala praxis médica que tuvo como desenlace la amputación de la pierna izquierda de un hombre de 73 años, conocido en el ámbito deportivo por desempeñarse como árbitro de fútbol y que, hasta pocos días antes del episodio, llevaba una vida físicamente activa.

La presentación fue realizada por la abogada Carolina Walker Torres en representación de Luis José Strafella, quien atribuye el grave desenlace a una serie de presuntas falencias ocurridas durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el Samco "Miguel Rueda" de la localidad de Santa Isabel.

La denuncia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del médico identificado con las iniciales F.C., a quien se le atribuye haber descartado reiteradamente la existencia de una urgencia vascular, manteniendo un diagnóstico de desgarro muscular y omitiendo, según sostiene la presentación, disponer una derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El escrito también pide que la investigación abarque la actuación de las autoridades del establecimiento asistencial y de quienes tenían responsabilidades de conducción y supervisión, con el propósito de determinar si existieron eventuales omisiones institucionales.

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 9 de julio, cuando Strafella realizaba su entrenamiento habitual. Mientras corría sufrió un dolor repentino e intenso en la pierna izquierda que, siempre de acuerdo con la versión incorporada a la presentación judicial, estuvo acompañado por un inmediato adormecimiento de la extremidad y la imposibilidad de continuar caminando.

Su hijo debió trasladarlo hasta el hospital, donde fue atendido por el médico ahora denunciado.

Siempre conforme al relato presentado ante la Fiscalía, durante esa primera consulta se le practicó una radiografía y se diagnosticó un presunto desgarro muscular. Como tratamiento recibió medicación antiinflamatoria y corticoides, además de indicaciones para regresar en distintas oportunidades a fin de completar las aplicaciones prescriptas.

La denuncia sostiene que durante aquella evaluación no se habrían realizado maniobras clínicas destinadas a descartar un compromiso vascular agudo, extremo que será materia de investigación.

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es que el paciente volvió en reiteradas ocasiones al mismo centro de salud sin experimentar mejoría.

La reconstrucción efectuada por la denunciante indica que, con el paso de las horas, comenzaron a aparecer signos que preocupaban tanto al paciente como a sus familiares: la pierna permanecía fría, el dolor aumentaba, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad era cada vez más reducida.

Pese a ello, sostiene el escrito, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.

La denuncia afirma que familiares del hombre comunicaron en más de una oportunidad esos síntomas al profesional denunciado, quien habría atribuido el cuadro a la evolución del supuesto desgarro muscular y mantuvo el tratamiento inicialmente indicado.

Durante esas sucesivas consultas —siempre según la presentación penal— tampoco se habrían solicitado estudios complementarios ni dispuesto una interconsulta especializada o una derivación urgente.

La situación dio un giro durante la madrugada del 12 de julio, cuando Strafella regresó nuevamente al hospital debido al agravamiento del cuadro.

En esa oportunidad fue atendido por otro médico de guardia, quien —de acuerdo con la denuncia— realizó una evaluación orientada a verificar la circulación sanguínea del miembro afectado y advirtió la ausencia de pulsos arteriales, además de la marcada frialdad y el cambio de coloración del pie.

Frente a ese escenario resolvió derivar al paciente a un centro asistencial de mayor complejidad para su inmediata atención por especialistas en cirugía vascular.

Ya en ese establecimiento, un ecodoppler confirmó una obstrucción arterial total del miembro inferior izquierdo y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización mediante un bypass arterial, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, siempre conforme a la denuncia, el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro habría provocado un daño irreversible en los tejidos, por lo que finalmente los profesionales resolvieron amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla para preservar la vida del paciente.

Más allá del accionar atribuido al profesional denunciado, la presentación judicial sostiene que la investigación no debería limitarse únicamente al acto médico.

La abogada patrocinante solicita que el Ministerio Público de la Acusación determine si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían a su cargo la conducción del establecimiento sanitario, al considerar que podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y control.

En ese sentido, la denuncia menciona que con anterioridad al caso de Strafella ya habrían existido cuestionamientos públicos sobre el desempeño del médico denunciado. Según el escrito, esos antecedentes se habrían reflejado en reclamos efectuados por pacientes, publicaciones en redes sociales, intervenciones en programas radiales y supuestas anotaciones en el libro de quejas del efector sanitario.

Mientras tanto, Luis José Strafella continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Según la denuncia, además de la amputación debió afrontar nuevas complicaciones clínicas posteriores, entre ellas una hemorragia digestiva que motivó estudios, transfusiones sanguíneas y un nuevo ingreso a terapia intensiva.

La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo que deberá resolver las primeras medidas de investigación para reconstruir el recorrido asistencial del paciente y determinar si existieron responsabilidades penales individuales o institucionales.

Mientras Silvina Luna lucha por su vida en el Hospital Italiano, la Justicia lo inhabilitó de manera provisoria hasta que se confirme o no su condena a 4 años de prisión por mala praxis. Anibal Lotocki no podrá ejercer la medicina hasta tanto se confirme o no la condena que tiene el médico por mala praxis.

El médico cirujano Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina de manera provisoria hasta que se confirme o no la condena de 4 años de prisión que le fue dictada por los delitos de lesiones graves contra Silvina Luna y otras tres famosas.

La decisión fue tomada por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación a pedido del fiscal Sandro Abraldes y del abogado Fernando Burlando, quien había solicitado que se le suspenda de forma provisional la licencia médica a Lotocki, mientras Silvina Luna continúa internada en grave estado.

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El dictamen fiscal fue enviado a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional donde se solicitó que Lotocki no ejerza la medicina y el comercio en el ámbito de la estética y la cosmética mientras se revisa su condena a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por las lesiones sufridas a cuatro pacientes.

En el expediente Nº 50949/2015, el fiscal hace lugar al pedido de la querellante Pamela Estefanía Sosa y ex pareja del cirujano, y destaca que es preocupante que el médico siga atendiendo a pacientes.

"Esta Fiscalía General entiende que la medida cautelar en cuestión resulta procedente y merece ser decretada en forma inmediata por los Sres. Jueces de la Cámara, en atención al peligro latente que se cierne sobre la salud de aquellos que hasta el día de hoy continúan sometiéndose a las intervenciones del médico Lotocki".

También, resalta que "la presunción de acierto de que goza toda sentencia judicial autoriza el dictado de la medida cautelar peticionada" con el objeto de "neutralizar el riesgo potencial que se deriva del ejercicio de la medicina, y de la cirugía estética, puesto que pesa sobre Lotocki una condena fundada precisamente en el quebranto de numerosos deberes inherentes a su actuación profesional".

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La nueva resolución, que inhabilita al médico para ejercer la medicina, fue firmada por los jueces Héctor Mario Magariños y Pablo Jantus.

Lotocki fue condenado en febrero de 2022 por el juez Carlos Rengel Mirat a cuatro años de prisión y le fijó una inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, al encontrarlo culpable de las lesiones graves que sufrieron cuatro pacientes tras hacerse distintos procedimientos quirúrgicos.

El delito en su contra es por "lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades" sobre sus pacientes Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Silvina Luna permanece internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace un mes por una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, la que habría sido originada por las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

Serán tres años de prisión por el estudio que realizó y por el que murió la periodista en febrero de 2018. En tanto, se confirmó la absolución de la anestesista.

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena de tres años de prisión y siete de inhabilitación para ejercer la profesión de médico al anestesista Diego Bialolenkier, quien le realizó un estudio a la periodista Débora Pérez Volpin a raíz del cual murió el 6 de febrero de 2018.

Fue la pena que recibió en juicio el profesional y que ahora ratifica el Tribunal al revisar la condena. Al confirmar la sentencia, los jueces rechazaron el argumento de la defensa, que aseguraba que la perforación que sufrió la periodista no había sido por acción del sobre que la perforación que sufrió Débora no había sido por la acción del endoscopista.

Ahora queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra y donde se prevé apelen la defensa en las próximas horas.

Para la Justicia hubo perforación endoscópica pero también existieron contusiones que refuerzan la idea de una presión indebida de parte del imputado.

Además, consideran que el médico endoscopista alteró los datos en la historia clínica en “un intento por ubicarse en una mejor situación procesal de cara a una eventual responsabilidad penal, como efectivamente sucedió”.

En la misma resolución, los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificaron la absolución de la anestesista Nélida Puente, al considerar que no fue probado que no pudo conectar a la paciente al control cardiológico.

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“Este paso en la causa no es definitivo dado que aún falta que la Corte Suprema tome intervención ya qué hay muchas contradicciones planteadas por la defensa que aún no han sido tratadas como por ejemplo el hecho de que la lesión que se adjudica es imposible que sea producida por un endoscopio, tal como lo afirman los especialistas en la materia en sus declaraciones y que no han sido tenidas en cuenta lo que constituye un claro caso de arbitrariedad”, replicó el abogado Vadim Mischanchuk, quien representa al Sanatorio de la Trinidad donde tuvo lugar el estudio en el que falleció la periodista.

“Todas estas cuestiones y el hecho de que detrás de los expedientes hay personas que están pendientes de cada paso que se da en la justicia, es que hay que ser prudentes y esperar a que los temas sean tratados uno por uno por el máximo tribunal, toda vez que restan varias cuestiones por definir en un tema muy complejo donde interviene factores biológicos de difícil análisis que no se pueden simplificar para dar una explicación sin tener en cuenta todas las pruebas y las declaraciones de expertos en endoscopias y elementos objetivos que surgen del estudio histopatológico que no fueron tenidos en cuenta hasta el momento”, sostuvo el letrado.

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